Peter Dyck Bergen

Expediente 362/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
362/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Peter Dyck Bergen

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de trece de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Peter Dyck Bergen, contra actos que atribuye a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y otras autoridades; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 362/2022. DESECHAMIENTO. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Asentado lo anterior, Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. Al respecto, se debe precisar que, en el caso, de la interpretación exegética realizada a la demanda de amparo, se advierte que señala como autoridades responsables a las siguientes: La Fiscalía General del Estado de Michoacán, Unidad Administrativa, Fiscalía Regional de Uruapan, y sus distintas agencias del Ministerio Público [con residencia en esta ciudad] H. Ayuntamiento Constitucional de Charapán administración 2021-2024, en particular al Asesor Jurídico del mismo, Licenciado Iván Rodríguez Camacho [con residencia en Charapan, Michoacán]. Luego, como acto reclamado señala el siguiente: En ese sentido, el acto reclamado por la parte quejosa conlleva en su perspectiva la omisión de diversas autoridades de no permitirle acceder a una carpeta de investigación que sospecha se sigue en su contra, a efecto de poder intervenir en la misma, por ende, afirma se le ha negado su derecho de acceso a la justicia, lo que refiere, implica el que no sea informado de la existencia de procedimientos establecidos en su contra. Luego de la narrativa de los hechos expuestos por el quejoso se hace necesario atender al contenido del artículo 218 del Código Nacional de Procedimiento Penales, que refiere a la reserva de los actos de investigación, e indica: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. Eso es, en dicho numeral se indica que los registros de la investigación deben ser estrictamente reservados, pero únicamente tienen acceso a los mismos las partes con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. Pero, por cuanto hace a la víctima u ofendido y su Asesor Jurídico en cualquier momento, es decir, sí tendrán acceso a los registros de la investigación; sin embargo, el quejoso en su demanda de amparo sospecha que él a quien se investiga, por lo que no se le puede ubicar en este primer supuesto. Entonces, para que el imputado y su defensor puedan tener acceso a los registros de la investigación, conforme a lo estipulado en el referido es en los siguientes supuestos: Cuando se encuentre detenido; Sea citado para comparecer como imputado; Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por tanto, a partir de cualquiera de esos momentos señalados con anterioridad ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa; en tal sentido, de los antecedentes de la demanda de amparo, tampoco se revela que el quejoso se encuentre en alguno de esos supuestos normativos, para estar él o su defensa en condiciones de consultar los registros de una investigación que además, no tiene la certeza de su existencia. Ahora, el suscrito juez considera que la improcedencia de aquellas demandas de amparo promovida por quien sospecha ser investigado por un hecho considerado como delito y le niegan el acceso a una carpeta de investigación, pues solo tiene ese derecho hasta que sea privado de su libertad, citado a comparecer o afectado por otro acto de molestia realizado en su contra con el carácter de imputado. Esto es, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. Por tanto, la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado, como las referidas previamente, para que la persona pueda reclamar el acceso a los registros de la investigación. De esta forma, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos solo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigada y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), será procedente desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente, la importancia de que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que la persona juzgadora de amparo debe tener el cuidado de revisar la demanda para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de quien solicite la protección constitucional. En consecuencia, si el quejoso acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos consistentes en la omisión de permitirle participar y tener acceso a la carpeta de investigación, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca DESECHAR EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito inicial de demanda y autorizando en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Anselmo Ruíz Martínez, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a Zoraida Galván Martínez, a quienes se autoriza únicamente para imponerse de los autos y recibir notificaciones, lo anterior, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa en su escrito de demanda. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y/o una cuenta de correo electrónico, para que en caso de ser necesario, establecer contacto para las videoconferencias que llegasen a ser necesarias. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    EN RAZÓN DE QUE PETER DYICK BERGEN O SUS AUTORIZADOS, no generaron cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica; o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Uruapan, Michoacán, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Peter Dyck Bergen, contra actos que atribuye a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y otras autoridades; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 362/2022. DESECHAMIENTO. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Asentado lo anterior, Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. Al respecto, se debe precisar que, en el caso, de la interpretación exegética realizada a la demanda de amparo, se advierte que señala como autoridades responsables a las siguientes: La Fiscalía General del Estado de Michoacán, Unidad Administrativa, Fiscalía Regional de Uruapan, y sus distintas agencias del Ministerio Público [con residencia en esta ciudad] H. Ayuntamiento Constitucional de Charapán administración 2021-2024, en particular al Asesor Jurídico del mismo, Licenciado Iván Rodríguez Camacho [con residencia en Charapan, Michoacán]. Luego, como acto reclamado señala el siguiente: En ese sentido, el acto reclamado por la parte quejosa conlleva en su perspectiva la omisión de diversas autoridades de no permitirle acceder a una carpeta de investigación que sospecha se sigue en su contra, a efecto de poder intervenir en la misma, por ende, afirma se le ha negado su derecho de acceso a la justicia, lo que refiere, implica el que no sea informado de la existencia de procedimientos establecidos en su contra. Luego de la narrativa de los hechos expuestos por el quejoso se hace necesario atender al contenido del artículo 218 del Código Nacional de Procedimiento Penales, que refiere a la reserva de los actos de investigación, e indica: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. Eso es, en dicho numeral se indica que los registros de la investigación deben ser estrictamente reservados, pero únicamente tienen acceso a los mismos las partes con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. Pero, por cuanto hace a la víctima u ofendido y su Asesor Jurídico en cualquier momento, es decir, sí tendrán acceso a los registros de la investigación; sin embargo, el quejoso en su demanda de amparo sospecha que él a quien se investiga, por lo que no se le puede ubicar en este primer supuesto. Entonces, para que el imputado y su defensor puedan tener acceso a los registros de la investigación, conforme a lo estipulado en el referido es en los siguientes supuestos: Cuando se encuentre detenido; Sea citado para comparecer como imputado; Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por tanto, a partir de cualquiera de esos momentos señalados con anterioridad ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa; en tal sentido, de los antecedentes de la demanda de amparo, tampoco se revela que el quejoso se encuentre en alguno de esos supuestos normativos, para estar él o su defensa en condiciones de consultar los registros de una investigación que además, no tiene la certeza de su existencia. Ahora, el suscrito juez considera que la improcedencia de aquellas demandas de amparo promovida por quien sospecha ser investigado por un hecho considerado como delito y le niegan el acceso a una carpeta de investigación, pues solo tiene ese derecho hasta que sea privado de su libertad, citado a comparecer o afectado por otro acto de molestia realizado en su contra con el carácter de imputado. Esto es, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. Por tanto, la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado, como las referidas previamente, para que la persona pueda reclamar el acceso a los registros de la investigación. De esta forma, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos solo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigada y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), será procedente desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente, la importancia de que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que la persona juzgadora de amparo debe tener el cuidado de revisar la demanda para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de quien solicite la protección constitucional. En consecuencia, si el quejoso acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos consistentes en la omisión de permitirle participar y tener acceso a la carpeta de investigación, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca DESECHAR EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito inicial de demanda y autorizando en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Anselmo Ruíz Martínez, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a Zoraida Galván Martínez, a quienes se autoriza únicamente para imponerse de los autos y recibir notificaciones, lo anterior, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa en su escrito de demanda. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y/o una cuenta de correo electrónico, para que en caso de ser necesario, establecer contacto para las videoconferencias que llegasen a ser necesarias. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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