Pescadores del Rosita, Sociedad Civil de L. R.
Expediente 2257/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2257/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Pescadores del Rosita, Sociedad Civil de L. R.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se ordenó la suspensión del procedimiento de ejecución dentro del juicio en el que se actúa, para que dentro del plazo de sesenta días, compareciera la sucesión del quejoso ********************para continuar con la defensa de los derechos en litigio del fallecido en esta instancia constitucional, sin que dentro de dicho término compareciera persona alguna. En razón de lo expuesto, lo procedente es levantar la suspensión del procedimiento, por ende, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten si tienen información respecto de algún juicio sucesorio promovido a bienes del quejoso ********************; en caso afirmativo, indiquen el nombre y domicilio del albacea del mismo, con el objeto de establecer los medios de su llamamiento a esta instancia constitucional y no dejarle inaudito. Bajo apercibimiento DE LEY CUMPLAN CON LO REQUERIDO Lo anterior, pues, por otro lado, el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo puede considerarse como "representante legal" de aquél, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 15/2020 (10a), registro digital 2022486, visible en la página 14, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "REPRESENTACIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO NO PUEDE SER EQUIPARADO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL FALLECIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar si el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo puede considerarse como "representante legal" para los efectos del artículo 16 de la propia legislación, llegaron a soluciones contrarias. Criterio jurídico: El autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo no puede equipararse al representante legal a que hace referencia el artículo 16 de la propia legislación, para efectos de la representación del quejoso que fallece. Justificación: El representante legal tiene originariamente las facultades y obligaciones para instaurar el procedimiento, por lo que esa figura no es equiparable a la del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, entre otras razones, porque los requisitos previstos para la representación legal o el otorgamiento del mandato no pueden tenerse por satisfechos con la sola presentación de una promoción como en el caso de las autorizaciones que se otorgan en términos amplios, aun cuando puedan acompañarse de facultades para intervenir en el juicio en el que se le autoriza. Por tanto, el representante legal del fallecido es el único que puede continuar con el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, no así el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la propia legislación."
- Incidental
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adjunto al cual remite testimonio de la resolución dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés en el toca de revisión principal número ********************, promovido por la parte quejosa, de la que se observa que concluyó en los siguientes puntos resolutivos: " PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por el ********************, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria." Consecuentemente, se ordena agregar a los autos para los efectos legales procedentes, glósese el cuaderno de antecedentes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y expídase a la superioridad el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Incidental
Vistas las copias simples de cuenta, y como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125 y 128, de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2257/2023-I, con fundamento en el artículo 138 fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia simple de la presente demanda de amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 138, fracción II. Por otra parte, como se ordenó en el cuaderno principal, previo cotejo y compulsa que este juzgado de Distrito realice de las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las mismas, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrarse la audiencia incidental. Previamente a entrar a la materia de la suspensión, es necesario señalar que los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de constitucional contra actos de autoridad que violen garantías individuales. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisfacen los requisitos que establece el segundo de los preceptos citados, esto es, la solicitó la parte quejosa, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte quejosa y, además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal, se concede a ********************, la suspensión provisional, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se demuela la ********************, amparada bajo la concesión número ******************** número de expediente ********************, emitida por el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros; hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa acreditó indiciariamente su interés suspensional con el acta de asamblea extraordinaria número de folio mercantil ********************. En la inteligencia de que la concesión de la medida precautoria se otorga conforme a las condiciones autorizadas en la licencia que le fue otorgada; de tal manera que esta suspensión no permite, ni faculta a la parte quejosa para que modifique fácticamente los términos que la ley y las autoridades le permitieron, de ahí que no autoriza a la parte quejosa para que lleve a cabo una diversa actividad a la permitida en la licencia, toda vez que la medida suspensional no tiene en forma alguna efectos constitutivos de derechos a favor de la parte agraviada, respecto de los cuales no es titular, los cuales no son propios de este órgano jurisdiccional, sino de las autoridades administrativas correspondientes. Por ello, la concesión de esta medida paralizadora no faculta al inconforme a inobservar las disposiciones legales en materia fiscal, penal o administrativa, ya que en ese aspecto, las autoridades respectivas conservarán intactas sus facultades de velar por la observancia de las diversas legislaciones o reglamentos que en esas áreas rigen, pues la medida cautelar aquí otorgada, de ninguna manera limita o restringe las facultades de las autoridades mencionadas para cumplir las disposiciones legales aplicables y acatar sus determinaciones, entre ellas, el ordenar de manera fundada y motivada, medidas de seguridad, en caso de vigencia comprobada, visitas administrativas, así como la revocación del permiso; una vez seguido el procedimiento previsto por la ley para tal efecto. La medida cautelar solicitada surte sus efectos desde luego, siempre y cuando los actos reclamados no se hayan consumado ni provengan de autoridades distintas de las indicadas o por motivos diversos a los señalados en la demanda de garantías o bien, si deriva de un procedimiento administrativo ya resuelto y notificado a la parte quejosa. Ahora bien, de acuerdo a la certificación de cuenta, se tiene como autorizados de la quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con cédula profesional de abogado registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito en la materia penal, civil, mercantil, y administrativa; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, por no contar con dicho registro. En otro aspecto, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, en términos de los artículos 257, fracción I y 263, fracción II, ambos del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, EN EL CAPÍTULO NOVENO, ARTÍCULO 2, FRACCIÓN I, BIS DEL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Conforme a lo dispuesto por los numerales 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe con justificación dentro del término de quince días contados a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se refiere el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendir su informe justificado, en la sentencia que en el asunto se dicte se tomará en cuenta tal omisión, sancionable en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; esto es, se presumirá la certeza del acto reclamado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acompañar a su informe justificado, copias certificadas completas y legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, en el entendido que de no rendirse éste, de no acompañar las copias, o que éstas se encuentren ilegibles, total o parcialmente; se les impondrá una multa a cada omisa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, hágase saber a las partes que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deben manifestarlo así, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, bajo apercibimiento que de no cumplir con esta obligación, al omiso se le impondrá una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en el artículo 251 de la ley invocada, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión, según lo dispone el precepto legal 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, sin que en la especie haya lugar a formar duplicado del cuaderno incidental, de conformidad con lo establecido en el numeral 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Ahora bien, respecto del reconocimiento de los terceros interesados, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe de ley, obren constancias y se tenga la certeza de que existe dicha parte, así como su domicilio. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, con copia de la demanda de amparo, vía electrónica, por así haberlo solicitado en su oficio registrado con el número 4720, y acordado en proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente varios 1/2023 del índice de este juzgado, a través del usuario *, el cual se tiene como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo. En el entendido de que, dichas notificaciones se tendrán por hechas a partir de que la persona autorizada consulte el expediente electrónico, o, de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente la constancia de notificación ante la falta de consulta a dicho expediente dentro del plazo máximo de dos días a partir del envío de la resolución para notificarse; y, surtirán efectos de conformidad al artículo 31 fracción II y III de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Ténganse por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que el quejoso anexó a su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio procesal el que indica la parte quejosa en su demanda de amparo. En otro aspecto, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, en términos de los artículos 257, fracción I y 263, fracción II, ambos del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, EN EL CAPÍTULO NOVENO, ARTÍCULO 2, FRACCIÓN I, BIS DEL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar.
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