Perrine Victoire Marie Albarrán Coutos

Expediente 364/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
364/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Perrine Victoire Marie Albarrán Coutos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de cuenta, se advierte que las partes a quienes pudiera causar perjuicio la determinación pronunciada por este Juzgado de Distrito el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la que se resolvió el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto en autos, no se inconformaron en los términos que establecen los artículos 97, fracción I, inciso e), 98 y 99 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la citada ley, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, remite testimonio de la resolución pronunciada el veinte de enero del año en curso, en el recurso de queja con el toca número Q.A.-232/2022. Se hace del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, tomando conocimiento de su contenido, Se acusa recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 2, del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por otro lado, y toda vez que la parte quejosa anexó documento original en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previa compulsa y certificación de la copia fotostática que para tal efecto exhiba, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del acuerdo de referencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa

  2. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia de alegatos relativa al incidente de nulidad de notificación promovido en el juicio de amparo número 364/2022-VI, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, con fundamento en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Amparo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, escrito registrado con el número de promoción 8706, por el que la parte quejosa promovió incidente de nulidad de la notificación de ocho de marzo de dos mil veintidós, relativa al proveído dos de marzo de dos mil veintidós; proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, por el que se dio trámite al incidente de nulidad referido, constancias de notificación respectivas, proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, por el que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos relativa al incidente de nulidad tramitado en autos, y constancias de notificación respectivas. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias de autos. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas que obran en autos. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. En período de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se declara desierto este periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia de alegatos relativa al incidente de nulidad de notificación en términos de esta, procediendo al dictado de la sentencia: Vistos para resolver, en los autos del juicio de amparo 364/2022-VI, el incidente de nulidad de notificación promovido por Oscar Ricardo Robledo Mendoza, en su carácter de autorizado del quejoso Perrine Victoire Marie Albarrán Coutos, en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito recibido el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este Juzgado de Distrito por razón de turno, Perrine Victoire Marie Albarrán Coutos, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos ahí precisados. SEGUNDO. Por auto de dos de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 364/2022-VI, y se requirió a la quejosa para que subsanara diversas irregularidades que se advirtieron de la demanda, apercibida que de no desahogar esa prevención, se tendría por no presentada la demanda y se ordenó notificarle de forma personal dicho acuerdo. TERCERO. En auto de siete de marzo de dos mil veintidós, se dio cuenta con la razón del actuario judicial Ricardo de Jesús Lima Reynoso de tres de marzo de dos mi veintidós, mediante la cual manifestó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa el auto de dos de marzo de dos mil veintidós, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, y por las razones expuestas en ésta, por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, en dicho auto, este Juzgado Federal ordenó realizar la citada notificación, así como las subsecuentes, por medio de lista, hasta en tanto el quejoso señalara nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. CUARTO. El ocho de marzo de dos mil veintidós, el actuario Ricardo de Jesús Lima Reynoso, en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en el auto de siete de marzo de dos mil veintidós, notificó por lista a la quejosa el acuerdo de prevención de dos de marzo de dos mil veintidós. QUINTO. En proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, dado que la quejosa no desahogó el acuerdo de prevención de dos de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado Federal, tuvo por no presentada la demanda de amparo. SEXTO. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, interpuso incidente de nulidad de notificaciones en contra de la notificación de ocho de marzo de dos mil veintidós, realizada por Ricardo de Jesús Lima Reynoso, Actuario Judicial adscrito a éste juzgado. SÉPTIMO. Por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se admitió el incidente de referencia, y se corrió traslado a Ricardo de Jesús Lima Reynoso, Actuario Judicial adscrito a éste juzgado, a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de que surtiera efectos su notificación, ofrecieran pruebas y formularan alegatos, lo cual no desahogó. OCTAVO. Trascurrido el término referido en el resultando anterior, el ocho de junio de dos mil veintidós, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de alegatos, la cual tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede y concluye con la presente resolución; y C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del presente incidente de nulidad de notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, 66, y 67 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. El autorizado en términos amplios por la parte quejosa tiene legitimación para promover este incidente de nulidad de notificaciones dentro del presente juicio de amparo, pues acreditó encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho conforme lo establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. TERCERO El incidente de nulidad de que se trata tiene como objeto examinar la legalidad de una notificación realizada en el juicio de amparo, a través de un incidente de especial pronunciamiento, el cual se resuelve en forma autónoma al fondo del juicio de amparo, es decir, aquella notificación que, a decir de la parte quejosa, se realizó en contravención a lo dispuesto por la ley de la materia y la legislación que resulta aplicable de manera supletoria. Para efectos de la procedencia del incidente, es importante citar el contenido de los artículos 68 y 69 de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. (.)" "Artículo 69. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada." De los preceptos transcritos se desprende que antes del dictado de la sentencia definitiva, o bien, con posterioridad a ella, las partes pueden pedir en la siguiente actuación en que comparezcan la nulidad de notificaciones cuando estimen que no se realizaron en las formas y términos que establecen las disposiciones que rigen el juicio de amparo, por lo que de declararse la nulidad de una notificación se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada. En este contexto, se advierte que se establecen dos momentos procesales para la presentación de la nulidad aducida: a) Antes del dictado de la sentencia, es decir, solicitar la nulidad en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezca cualquiera de las partes. b) Una vez que se dictó la sentencia, esto es, solicitar la nulidad respecto de notificaciones efectuadas con posterioridad a aquélla, en la siguiente actuación en que comparezca cualquiera de las partes. Así, por regla general, la nulidad de notificaciones se puede presentar contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, debiéndose, por lo tanto, resolver antes de dictarse aquélla, a efecto de que el juzgador resuelva la cuestión efectivamente planteada. Por otro lado, también se puede promover después de dictada la sentencia, pero respecto de notificaciones que se aduzcan incorrectas y que se lleven a cabo en forma posterior a aquélla. La parte quejosa promueve el presente incidente al considerar que la notificación del acuerdo de dos marzo de dos mil veintidós, por el cual se le requirió para que subsanara diversas irregularidades que se advirtieron de la demanda, no se realizó legalmente de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Amparo. Siendo así, es inconcuso que es improcedente el presente incidente respecto de la notificación del acuerdo de dos de marzo del año en curso, pues dicho acuerdo se emitió con anterioridad a la resolución definitiva de cinco de abril de dos mil veintidós, por la cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, las violaciones aducidas por el quejoso deben hacerse valer en el recurso que proceda en contra de dicha resolución definitiva, de ahí que no se actualicen los supuestos de procedencia del incidente de nulidad propuesto. Apoya a lo anterior, por analogía, la tesis III.5o.C.73 C, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1816, del Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, con número de registro digital 180569, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. ES IMPROCEDENTE EN JUICIOS CIVILES CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 20/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", es factible la interposición de un incidente de nulidad para atacar la notificación de la sentencia de amparo aun cuando ésta hubiera alcanzado la firmeza de la cosa juzgada, ello obedece a que, aparte de que dicho Alto Tribunal en la contradicción de tesis respectiva sólo interpretó el artículo 32 de la Ley de Amparo, aludió al caso en que el tercero perjudicado no emplazado puede interponer la revisión (dentro de término) contra la sentencia definitiva del Juez de Distrito, aun cuando ya hubiere sido declarada firme. De no ser así, el afectado quedaría indefenso puesto que no podría promover el juicio de garantías, dado que éste no procede contra lo actuado en otro proceso de la misma naturaleza, lo que sí es factible hacer tratándose de un juicio del orden común, habida cuenta que el perjudicado tiene la posibilidad de intentar el juicio constitucional por ser un medio extraordinario de defensa; por tanto, cuando en un juicio civil ya se dictó el auto que declara ejecutoriada la sentencia, no es admisible la incidencia señalada para impugnar alguna actuación practicada entre el fallo definitivo y dicho acuerdo, toda vez que de aceptarse aquél se destruiría la autoridad de la cosa juzgada que ha adquirido la sentencia." A mayor abundamiento, también es improcedente el presente incidente ya que el incidentista no combate con argumento alguno la imposibilidad que tuvo el actuario para notificar de manera personal el acuerdo de dos marzo de dos mil veintidós, pues únicamente manifiesta que no se realizó legalmente de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Amparo, atento a lo siguiente: 1) Señala que el proveído de cinco de abril de dos mil veintidós es ilegal porque si bien en la certificación se señala venció el plazo de cinco días concedido al promovente en el proveído de dos de marzo de dos mil veintidós; en el mismo acuerdo se hace referencia a un supuesto acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 2) Manifiesta que en su escrito inicial de demanda señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Paseo de la Reforma, número cuatrocientos ochenta y tres (483), piso veinticuatro (24), oficina dos mil cuatrocientos dos (2402), colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por lo que no existe justificación alguna para que no fuera notificado de manera personal el acuerdo de dos de marzo del año en curso. 3) El acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós no se encuentra en el expediente electrónico, lo cual lo deja en estado de indefensión. Esto es, la parte quejosa no controvierte que se le impidió el acceso al actuario en el domicilio ubicado en la calle Paseo de la Reforma número cuatrocientos ochenta y tres (483), interior dos mil cuatrocientos dos (2402), colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en razón de que la recepcionista no cuenta con su registro o de autorizado alguno. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Es improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por Oscar Ricardo Robledo Mendoza, en su carácter de autorizado del quejoso Perrine Victoire Marie Albarrán Coutos, en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, en contra de la diligencia y por los motivos señalados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa y personalmente a Ricardo de Jesus Lima Reynoso, actuario judicial adscrito a este juzgado. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de Ramiro Betancourt Olmos, actuario judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual, informa la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por los argumentos expuestos en ésta. Como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la citada notificación, así como las subsecuentes, por medio de lista electrónica de este juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, que es del rubro y datos de localización siguiente: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. (No. Registro: 169,843, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página: 238). Notifíquese y por lista electrónica a la parte quejosa, así como el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta en que el Secretario del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A.211/2021, interpuesto en contra del acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno, con el apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se agrega para que obre como corresponda. Acúsese el recibo de estilo vía interconexión. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal resolvió: ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, se acusa el recibo de estilo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y dado que es un hecho notorio, en términos del artículo 88 del citado código adjetivo, que Yolanda Carolina Salcedo Pérez, asumió el cargo de Directora General de Recursos Humanos el uno de febrero de este año, según lo manifestado en el oficio FGJCDMX/CGJDH/DGJCISJP/DA/SAA/501/6081/2022-02, que obra agregado en el juicio de amparo 1005/2018 del índice de este Juzgado, lo procedente es requerir a la nueva Titular de la autoridad obligada al acatamiento del fallo protector. Apoya la anterior determinación, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 257819, del rubro siguiente: INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR, OBLIGA A NUEVO REQUERIMIENTO. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 257819, Instancia: Pleno, Sexta Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XC, Primera Parte, página 11, Tipo: Aislada). En ese sentido, atendiendo al sentido del fallo de amparo, se considera que el artículo 46, apartado A, inciso C de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, establece que la naturaleza jurídico-política de tal Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es de un organismo autónomo, que cuenta con plena autonomía y capacidad para decidir sobre el ejercicio presupuestario y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público que las autoridades responsables y toda que tengan intervención en la misma, están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente. Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En ese sentido, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, se otorga el plazo de DOCE DÍAS a las siguientes autoridades: responsable, vinculadas y sus respectivos superiores jerárquicos, para que, en el ámbito de su competencia den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para lo cual, se determina como plazos razonables y determinados para realizar cada uno de los actos siguientes: 1.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquico Coordinadora General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: ? Acreditar que se cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada y comprometida para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, a favor del quejoso por la cantidad de $65,358.67 (sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 67/100 moneda nacional), por diferencias pensionarias. 2.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquico Coordinadora General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: ? Elaborar la Cuenta por Pagar a nombre del quejoso 3.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su respectivo superior jerárquico Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍA, para realizar lo siguiente: ? Expedir el título de crédito por la cantidad correspondiente a nombre del quejoso. 4.- Respecto de la autoridad directamente responsable Directora General de Recursos Humanos, la autoridad vinculada Director de Relaciones Laborales y Prestaciones y su superior jerárquico Coordinadora General de Administración, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: ? Citar y entregar el cheque respectivo al quejoso, por la cantidad que le corresponde. Por lo tanto, toda vez que ya se otorgó el término prudente y determinado, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que, de no demostrar que llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley de la materia Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

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