Pernando Garcia Martinez
Expediente 142/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pernando Garcia Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, contra la resolución dictada por este Juzgado de Distrito, el dieciséis de agosto último, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado, y que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, destruyéndose el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general, proceda a la depuración de constancias. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, privilegiando el ahorro y racionalización de los recursos, así como de que resulta innecesario conservar las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, con el objeto de que las mismas puedan ser reutilizadas, devuélvanse las mismas, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6°, de los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de abril de dos mil catorce, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que a la fecha ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que exhibiera la garantía que le fue fijada mediante interlocutoria de seis de marzo de dos mil diecisiete, a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva, sin que a la fecha haya dado cumplimiento con lo ordenado. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales consiguientes. Por otro lado, agréguese el escrito signado por por ********************, endosatario en procuración de la tercero interesada ********************, por medio del cual solicita se declare que ha dejado de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, en virtud de no haber exhibido la garantía requerida por este Juzgado Federal. En atención su contenido, dígase que deberá estarse a lo decretado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria María Guadalupe Salazar Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de diciséis de agosto de dos mil diecisiete, la cual dice: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 142/2017, promovido por Fernando García Martínez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Fernando García Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Juez de Paz del Municipio de Zacatepec, Morelos y Actuaria adscrita al Juzgado de Paz de Zacatepec, Morelos, por los actos que a continuación se transcriben: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la C. JUEZ DE PAZ DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS; Reclamo la Ejecución del Embargo que pudiesen trabar sobre mis bienes muebles e inmuebles sin causa legal alguna derivado de un juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la hoy Tercero Perjudicada C. HÉCTOR HUGO LARIOS PAEZ, y de la C. ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, Reclamo la Ejecución de dicho Embargo Precautorio sin causa legal alguna de dicha orden de constituirse en mi Domicilio y se trabe Formal Embargo sobre bienes Suficientes de mi Propiedad." SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman vulnerados.- La parte impetrante del amparo invocó como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda.- Por auto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías, quedando registrada con el número 142/2017, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso ofrecer documentales, así como precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además por tratarse de un asunto en materia civil en el que se reclama un acto de autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados.- Es menester anotar que las sentencias que se pronuncien en un juicio de garantías deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Con fundamento en ese artículo, el Pleno de nuestro más alto tribunal de justicia, en tesis aislada, sostuvo que para lograr la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, deben armonizarse los datos que emanen del escrito de demanda de garantías, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la información que emane del expediente respectivo, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor. Dicha tesis, para mayor ilustración, se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" (Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Página 255. Tomo: XIX, Abril de 2004. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Bajo esa guisa, del contenido integral del escrito inicial de demanda y constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que los actos reclamados en esta vía constitucional se hacen consistir en: La orden de embargo decretada en contra del quejoso, dentro del juicio de origen, sin que éste hubiese sido notificado o emplazado al mismo. TERCERO. Certeza de actos.- La Juez de Paz Municipal de Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le atribuyen; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las constancias que anexó al mismo, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran los expedientes 29/2016 y 32/2016, relativos al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Héctor Hugo Larios Páez, en su carácter de endosatario en procuración de María de Jesús Salgado Salgado y/o Ma. de Jesús Salgado Salgado en contra de Bertha Martínez Hernández, también conocida como Berta Martínez Hernández en su carácter de deudor principal y Fernando García Martínez deudor solidario o aval (fojas 21 a 43). En ese sentido, se tiene plenamente probado el acto de molestia, Ahora, aún y cuando respecto de la Actuaria no se haya pronunciado sobre la existencia del que se le atribuye, este se encuentra acreditado con las constancias que en copia certificada acompañó la referida Juez, de donde se desprende la existencia del auto de exequendo (fojas 31 a 32 y 41 a 42), controvertido en este asunto. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, en términos de lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Análisis de los conceptos de violación.- De la lectura integral de la demanda, se desprende que el solicitante del amparo expresó como conceptos de violación los que enseguida se sintetiza: Que las autoridades responsables violan en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que éstas tratan de privarle de sus posesiones y derechos, sin que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, ni tampoco se funda ni motiva la causa legal del mismo. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el peticionario de amparo. Lo anterior, en razón de que, si bien es cierto, tal y como se advierte de las constancias remitidas por la Juez responsable como complemento a su informe con justificación, el quejoso es demandado dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, en carácter de deudor solidario o aval, y que, por tanto, se dictó auto de exeqüendo en su contra, a efecto de que fuera requerido de pago, y en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes a garantizar las prestaciones reclamadas. Empero, contrario a lo aducido por el impetrante de amparo, dicha orden de requerimiento de pago y embargo, no es violatoria de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Esto, primeramente porque, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución; debe considerarse que, para la emisión del auto relativo (exequendo), contrario a lo estimado por el peticionario de amparo, no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior, se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación, en septiembre de mil novecientos noventa y siete, visible a tomo VI, página 67; misma que es del tenor literal siguiente: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo." Por otra parte, de igual manera devienen infundados los motivos de inconformidad aquí hechos valer, en el sentido de que el dictado del auto de requerimiento de pago y embargo, decretado en contra del peticionario de amparo, dentro del procedimiento ejecutivo de origen, resulte violatorio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica. Ello es así, si se parte de la idea de que, la citada garantía, contenida en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin que el particular tenga certeza de que el acto de autoridad, lo emitió una autoridad competente, fundada y motivadamente, cumpliendo con todos los requisitos previstos en la legislación aplicable. Y, en ese tenor, tenemos que, el dictado del auto de requerimiento de pago y embargo, reclamado en esta instancia constitucional, no es violatorio de dicha garantía, dado que, el juicio ejecutivo mercantil, está regulado por los artículos 1391 a 1414, del Código de Comercio, los cuales contemplan lo siguiente: El juicio ejecutivo mercantil procede, cuando la demanda se funda en documento que trae aparejada ejecución, entre los cuales, en términos del artículo 5º en relación con el diverso 170, ambos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se encuentra el pagaré, documento que, en este caso, es el fundatorio de la acción natural, de acuerdo con lo que se desprende de autos. Ahora, como se advierte de la literalidad del artículo 1392 del Código de Comercio, para proveer auto de mandamiento de embargo, es indispensable que el actor acompañe a su demanda un título ejecutivo, como en el caso acontece con el pagaré que, como documento base de la acción, exhibió la parte actora dentro del juicio natural. Por lo que, el juez responsable, admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil planteada en contra del aquí quejoso y otra, y dictó auto de exequendo en su contra, con fundamento en el artículo 1392 del Código de Comercio, que a la letra señala: "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste." De ahí que, como ya se dijo, resulte infundado lo alegado por el peticionario de amparo, en el sentido de que la orden de requerimiento de pago y embargo, resulte violatoria de la garantía de legalidad. Todo ello, sin que pase desapercibido para el que resuelve, que a la fecha, no se ha trabado embargo alguno en bienes propiedad del quejoso, dentro del juicio mercantil de origen. Además de que, atendiendo al contenido del artículo 1392 del Código de Comercio, el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, están regulados como actos subsecuentes e inmediatos, no obstante que éstos constituyen actos procesales distintos entre sí que se refieren a temas diferentes del procedimiento. Es decir, el requerimiento de pronto pago, señalamiento de bienes y embargo sobre éstos, es una institución relacionada con la calidad del título base de la acción; en tanto que el emplazamiento, es una institución procesal cuya finalidad no es la celeridad en el procedimiento, sino la natural satisfacción de la garantía de audiencia del demandado, es un acto de autoridad por el cual, el juzgador da noticia completa al demandado respecto de la existencia de un juicio que se inició en su contra, con la finalidad de que aquél acuda a defender sus intereses, aporte pruebas tendientes a ello, oponga los medios de defensa que estime pertinentes y escuche la sentencia que resuelva el pleito. Empero que, no obstante lo anterior, entre éstos sí debe existir una secuencia necesaria constituida primeramente por el requerimiento de pago, posteriormente el señalamiento de bienes, primero por el demandado y ante su negativa por el actor, el embargo, y finalmente, el emplazamiento. Por lo que, es claro que, si todavía no se ha llevado a cabo el requerimiento de pago y embargo, en su caso, ordenado en contra del aquí quejoso, tampoco se ha llevado a cabo el emplazamiento a juicio del mismo, pues es éste, precisamente, el último acto a realizar como cumplimiento del auto de exeqüendo que se dicte dentro de un juicio ejecutivo mercantil. Razones todas estas, para estimar infundados los motivos de inconformidad hechos valer por el impetrante. Ante el resultado de los motivos de inconformidad en estudio, y toda vez que, no se advierte la existencia de alguna violación manifiesta de la ley que dejara sin defensa al quejoso, y que, por tanto, obligara a suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo ordenado por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección federal solicitada por Fernando García Martínez. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107, Constitucionales, 73, 74, 75, 76 y 217 todos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Fernando García Martínez, con respecto al acto y autoridades señaladas en el resultando primero de este fallo, por los motivos expresados en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, captúrese la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien actúa y da fe, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que las labores del juzgado permitieron la elaboración de su engrose.- DOY FE.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: ...Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107, Constitucionales, 73, 74, 75, 76 y 217 todos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Fernando García Martínez, con respecto al acto y autoridades señaladas en el resultando primero de este fallo, por los motivos expresados en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, captúrese la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien actúa y da fe, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que las labores del juzgado permitieron la elaboración de su engrose.
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