Perla Yesenia Olivar Juárez
Expediente 536/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/07/2021
Partes del expediente
- Perla Yesenia Olivar Juárez
Actuaciones
- Principal
..En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido..
- Principal
SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... Por otra parte, visto el estado de autos y tomando en consideración la constancia de notificación personal practicada por el Actuario adscrito a este Juzgado, se advierte que la parte quejosa ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por ***, contra actos del Fiscal de Trata de Personas, dependiente de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades. Además, precisó que su nombre correcto es ***. INFORMES DE SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguense a los autos los informes de suspensión del Subdirector de la Fiscalía Contra la Trata de Personas y, Director Jurídico de la Policía Especializada, en ausencia del Director General y Fiscal General, todos con sede en esta ciudad. En tal virtud, se tienen por rendidos los informes de suspensión de plano solicitados a través de los oficios 10418/2021, 10419/2021 y 10420/2021, y, con su contenido, dése vista a las partes, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que mencionan las autoridades responsables. Además, con fundamento en el numeral 119 del mismo ordenamiento, se tienen por exhibidas y admitidas las documentales que anexan las autoridades, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional. Asimismo, agréguense a los autos únicamente para que obren como corresponda los informes rendidos por el Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Subdirector de Amparos, en ausencia del Fiscal General del Estado de Chiapas, que se requirieron a fin de encontrar a la parte quejosa, toda vez que ya fue localizada.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos y tomando en consideración la constancia de notificación personal practicada por el Actuario adscrito a este Juzgado, se advierte que la parte quejosa ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Carlos Abner Juárez Hernández, contra actos del Fiscal de Trata de Personas, dependiente de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades. Además, precisó que su nombre correcto es Perla Yesenia Olivar Juárez; al efecto se provee. INFORMES DE SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguense a los autos los informes de suspensión del Subdirector de la Fiscalía Contra la Trata de Personas y, Director Jurídico de la Policía Especializada, en ausencia del Director General y Fiscal General, todos con sede en esta ciudad. En tal virtud, se tienen por rendidos los informes de suspensión de plano solicitados a través de los oficios 10418/2021, 10419/2021 y 10420/2021, y, con su contenido, dése vista a las partes, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que mencionan las autoridades responsables. Además, con fundamento en el numeral 119 del mismo ordenamiento, se tienen por exhibidas y admitidas las documentales que anexan las autoridades, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional. Asimismo, agréguense a los autos únicamente para que obren como corresponda los informes rendidos por el Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Subdirector de Amparos, en ausencia del Fiscal General del Estado de Chiapas, que se requirieron a fin de encontrar a la parte quejosa, toda vez que ya fue localizada. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la privación de la libertad que refirió emitida fuera de procedimiento. No se soslaya que en auto de dos de julio de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano de los actos consistentes en la incomunicación y tortura, pues ello solamente se realizó en aras de maximizar la protección de la quejosa en el hipotético caso de que se encontrara bajo ese supuesto. Sin embargo, del contenido integral de la demanda, se observa que el promovente únicamente manifestó el temor de que la directa quejosa fuera objeto de incomunicación y tortura, asimismo, narró la forma en la que se efectuó su detención, pero no reclamó de manera destacada la incomunicación y tortura ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, sino que los refirió sólo como una posibilidad de que ocurrieran dado que no conocía su paradero, pues según el promovente en la Fiscalía de Trata de Personas negaron tenerla detenida, incluso refirió que ninguna autoridad le dada informes sobre su paradero, por lo que, temía que estuviera incomunicada o que se hubiera tratado de un acto de la delincuencia organizada. Máxime que de la constancia de notificación realizada por la actuaria adscrita a este Juzgado, misma que refiere lo siguiente: "que no cuenta con golpes en el cuerpo únicamente un ligero rasguño en la parte posterior del dedo índice de la mano derecha que refiere es producto de un jaloneo al momento de su detención, asimismo refiere que fue detenida en su domicilio aproximadamente a las siete de la noche del jueves uno de julio sin que hasta el momento haya visto únicamente y tenido comunicación con familiar alguno. Únicamente vio a un defensor de oficio a las 9:30 de la mañana de hoy viernes 2 de julio, ratifica el domicilio y a su autorizado +++ en términos del 12."; se pone de manifiesto la inexistencia de los citados actos reclamados, pues es evidente que la quejosa no estaba siendo sujeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ya que únicamente señala un rasguño en la mano producto de un jaloneo al momento de su detención. Bajo ese contexto, es dable patentizar, que la CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EL DIA DIEZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, en su artículo primero, definió la tortura, de la siguiente manera: "Artículo 1 1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. De modo que, si tomamos en cuenta, que acorde a dicha convención, por "tortura" debe entenderse todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales; puede colegirse, de manera presuntiva, que dicho rasguño puede considerarse que es propio de la posible fuerza que pueda ejercer un agente captor, al momento de efectuar la detención de una persona, por tanto, esas cuestiones pueden resultar propias de la naturaleza de dicha acción, más no pueden calificarse como afectaciones de carácter graves, y que además, fueran infligidas intencionalmente con un propósito determinado. Así también, del dictamen médico del perito médico legista, de uno de julio de dos mil veintiuno, remitido por el Director General de la Policía Especializada, no se advierte que la quejosa haya sido objeto de tortura, pues indica lo siguiente: "PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: REALIZAR EXAMEN DE INTEGRIDAD FÍSICA. MATERIAL DE ESTUDIO: AL MOMENTO DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA SIENDO LAS 22:20 HORAS SE PRACTICÓ RECONOCIMIENTO MÉDICO A QUIEN DIJO LLAMARSE PERLA YESSENIA OLIVAR MARTÍNEZ DE 19 AÑO DE EDAD. INTEGRIDAD FÍSICA: NO PRESENTA HUELLA DE LESIONES EXTERNAS RECIENTES VISIBLES." (.) De igual forma, se advierte que la quejosa no se encontraba incomunicada, al tomar en consideración que el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado se entrevistó con ella, en el lugar donde se encontraba recluida. Aunado a lo anterior, se observa el acta de lectura de derechos del imputado de uno de julio del año en curso, en la que se le informó, entre otros, el derecho a comunicarse con un familiar y ser asistida por un defensor. Tan es así, que la propia quejosa manifestó al Actuario adscrito a este juzgado que vio a un defensor de oficio a las nueve horas con treinta minutos del dos de julio del año en curso. Por tanto, es evidente que la citada quejosa no estaba siendo objeto de incomunicación. De ahí que, es obvio que la peticionaria del amparo no se encontraba incomunicada ni era objeto de tortura a la presentación de la demanda, por lo que, como se dijo, se advierte que la intención del promovente era reclamar únicamente la privación de la libertad de la directa peticionaria del amparo y no la incomunicación y tortura, ni algún otro de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Cabe precisar que respecto de tales actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no resultó necesario dar vista al Representante Social Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, para que iniciara la indagatoria correspondiente por la posible comisión del ilícito de tortura, porque como se indicó en el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dichos actos fueron reclamados por el representante de la quejosa, partiendo de la premisa de que tenía el temor que se estuviesen desplegando en contra de la quejosa; lo que, en la especie, como ya quedó evidenciado en párrafos precedentes, no ocurrió así. Por tanto, a criterio de este juzgado, se estima que en la especie con relación al acto reclamado consistente en la privación de la libertad, que la parte quejosa consideró emitida fuera de procedimiento, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 63 fracción IV de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de lo Estados Unidos mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; (.)". Lo anterior es así, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Subdirector de la Fiscalía Contra la Trata de Personas y Director Jurídico de la Policía Especializada, en ausencia del Director General, residentes en esta ciudad, en apoyo a su informe de suspensión de plano, valoradas con antelación, destaca en lo que interesa, lo siguiente:Que el diez de junio de dos mil veintiuno el Juez de Control del Tribunal y Enjuiciamiento Región, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, giró orden de aprehensión en la causa penal 153/2021, en contra de Perla Yessenia Oliva Martínez y/o Perla Yesenia Oliva Martínez, por su probable participación en el hecho considerado como delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena. Así también, que en cumplimiento a la orden de aprehensión antes citada, el uno de julio del año que transcurre, mediante oficio 4997/2021 de diez de junio de dos mil veintiuno, los Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Comandancia Contra la Trata de Personas pusieron a disposición del Juzgado de Control, Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, físicamente a la quejosa Perla Yessenia Oliva Martínez y/o Perla Yesenia Oliva Martínez. No se soslaya que las autoridades responsables negaron los actos reclamados con relación a la quejosa Perla Yesenia Oliva Juárez, por lo que, en su caso, los actos reclamados por dicha quejosa serían inexistentes. Empero, no pasa inadvertido que la quejosa refiere que su nombre correcto es Perla Yesenia Olivar Juárez, pero del contenido de los autos se desprende que los datos que se señalaron en su demanda y lo manifestado por la quejosa al ratificarla, coinciden con la información sobre su detención proporcionada por las autoridades responsables, de ahí que se advierte que Perla Yessenia Oliva Martínez y/o Perla Yesenia Oliva Martínez y Perla Yesenia Olivar Juárez se trata de la misma persona. Al respecto, cabe señalar que la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. De este modo, para el caso de que el Ministerio Público solicite y el juez decida librar una orden de aprehensión, indefectiblemente deben quedar colmados a cabalidad todos y cada uno de los requisitos para su emisión, pues de lo contrario se vulneraría el derecho a la libertad en perjuicio del gobernado. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis 1a. CXCIX/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 547, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2006478, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional." Por otro lado, tratándose de los supuestos de flagrancia o urgencia, la privación de la libertad personal del imputado no ha sido sometida a un control judicial previo, lo cual, como se dijo, sí ocurre tratándose de órdenes de aprehensión, las cuales en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben librarse por la autoridad judicial competente. Derivado de lo anterior y atendiendo a que el bien jurídico tutelado por la Constitución Federal en ese supuesto, es la libertad personal del inculpado, se debe llevar a cabo la audiencia de control de detención con la finalidad de proteger esa prerrogativa, esto, en los supuestos en que no existe un mandamiento judicial, tomando en cuenta que la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público (en caso urgente) o ejecutada por cualquier persona (flagrancia), por lo que la consecuencia en caso de que se determinara su ilegalidad sería la libertad con reservas de ley. Mientras que en el caso de las órdenes de aprehensión, la privación de la libertad ya se encuentra justificada legalmente. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el control de la detención únicamente procede cuando la privación de la libertad personal del imputado tiene como antecedentes casos de flagrancia o urgencia, sin que pueda hacerse extensivo a las órdenes de aprehensión. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 32/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 79, Octubre de 2020 Tomo I, visible en la página 149, con registro 2022158, del rubro y testo siguiente: "DETENCIÓN, CONTROL DE SU LEGALIDAD. NO PROCEDE EJERCERLO RESPECTO DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN (ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de los amparos en revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si el control de legalidad de la detención previsto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los casos de flagrancia o urgencia, se debe realizar tratándose de órdenes de aprehensión. Criterio jurídico: Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el criterio que debe prevalecer, es que este control únicamente procede cuando la privación de la libertad personal del imputado tiene como antecedentes casos de flagrancia o urgencia, sin que pueda hacerse extensivo a las órdenes de aprehensión. Esto no significa que sea inviable alegar vicios cometidos en la ejecución de una orden de aprehensión, o bien, que el Juez de Control esté impedido para analizar oficiosamente violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cumplimiento de dichas órdenes. Justificación: Ello, porque en los supuestos de flagrancia o urgencia, la privación de la libertad personal del imputado no ha sido sometida a un control judicial previo, como sí ocurre tratándose de órdenes de aprehensión, las cuales en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben librarse por la autoridad judicial competente. La razón se estructura atendiendo a que el bien jurídico tutelado por la Constitución Federal en ese supuesto, es la libertad personal de los inculpados, por lo que la finalidad de la audiencia es proteger esa prerrogativa, en los supuestos en que no existe un mandamiento judicial, tomando en cuenta que la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público (en caso urgente) o ejecutada por cualquier persona (flagrancia), por lo que la consecuencia en caso de que se determinara su ilegalidad sería la libertad con reservas de ley. Mientras que en el caso de las órdenes de aprehensión, la privación de la libertad ya se encuentra justificada legalmente. Sin embargo, no escapa a la consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la ejecución de una orden de aprehensión pudieran surgir cuestiones que la autoridad judicial deba analizar, incluso de oficio; por ejemplo, cuando se alega que aquélla se materializó contra diversa persona (verbigracia, un homónimo), o bien, con posibles violaciones a derechos humanos. En este último supuesto, el Juez deberá actuar en términos de la normatividad aplicable, sin que la decisión respectiva forme parte del control de la legalidad de la detención a que se refiere el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, como se dijo, solamente resulta procedente tratándose de las detenciones en flagrancia o caso urgente." (Énfasis añadido). De igual forma, apoya a lo anterior la tesis XXX.3o.4 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época, Tomo: Libro 67, Junio de 2019 TomoVI, visible a página 5144, con registro 2019991, del tenor siguiente: "CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN. SÓLO DEBE EFECTUARSE POR EL JUEZ DE CONTROL EN CASOS DE URGENCIA O FLAGRANCIA, SIN QUE COMPRENDA LA DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN, AUN EN ARAS DE PREVENIR SU REALIZACIÓN ARBITRARIA, CON TORTURA Y/O MALOS TRATOS (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA, SISTEMÁTICA Y CONFORME DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO, PRIMERA PARTE Y TERCERO DEL ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La primera parte del párrafo primero del artículo citado dispone que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. Por su parte, su tercer párrafo señala que ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. Ahora bien, de la interpretación teleológica, sistemática y conforme de ambas porciones normativas, se concluye que el control de legalidad de la detención sólo debe efectuarse por el Juez de control en casos de urgencia o flagrancia, lo cual resulta congruente con la finalidad de que se justifiquen las razones de la detención de una persona, pues en el primero de los supuestos (caso urgente), la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público y, en el segundo (flagrancia), puede ejecutarse por cualquier persona; de ahí que se colija que, a fin de evitar arbitrariedades en su ejecución, es que esas actuaciones deben ser motivo de escrutinio judicial por el Juez de control, para verificar su legalidad. Por el contrario, si se trata de una orden de aprehensión, el estudio y la emisión de dicho acto de autoridad ya fueron realizados previamente por el propio Juez de control; máxime que sería contra la lógica que el propio Juez de control que la emite, tenga que justificar ante sí mismo, que cumplió con los requisitos constitucionales y legales para su libramiento, pues no debe pasar inadvertido que de conformidad con el artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que la hubiere expedido. Otra razón más para arribar a esa conclusión es que la sanción para el caso de que se califique de ilegal la detención en los supuestos de caso urgente o flagrancia, es la ilicitud de las pruebas que se hubiesen obtenido con motivo directo de dicha detención ilegal; por el contrario, para el caso de que la autoridad encargada de ejecutar una orden de aprehensión no ponga al imputado a disposición del Juez, sin dilación alguna, tiene como consecuencia, que se actualice la configuración del delito por parte de la autoridad que la ejecutó ilegalmente, conforme al artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Federal. Finalmente, no es obstáculo para arribar a esta conclusión que el imputado alegue actos de violencia o tortura, en tratándose del cumplimiento de órdenes de aprehensión, pues el eventual proceder ilegal -ejecución de actos violentos, tortura o malos tratos- por parte de las autoridades encargadas de ejecutar una orden de aprehensión emitida por un Juez de control, deben considerarse, en todo caso, realizadas en forma posterior a la ejecución misma del mandamiento de captura, por lo que ello no formaría parte de la calificación de la legalidad de la detención. Lo anterior, con independencia de la eventual declaración de ilicitud de las pruebas que se puedan recabar con posterioridad a la detención del imputado, derivadas de la tortura, pero no así de la ejecución de la orden de aprehensión". Establecidas las anteriores consideraciones, resulta patente reiterar que en el presente asunto el impetrante del amparo reclamó la privación de la libertad, lo cual, como se evidenció en párrafos que anteceden es inexistente; ello, en razón de que la detención realizada a la quejosa fue en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por el Juez de Control Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, dentro de los autos de la causa penal 153/2021, por el hecho delictivo denominado trata de personas en la modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena, mandamiento de captura que fue emitido dentro de procedimiento, el cual, como se hizo ver en párrafos que preceden su estudio y emisión fue realizado previamente por el propio Juez de control; lo anterior, excluye como tal que dicha detención haya sido realizada fuera de procedimiento. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.P.14 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia ¨Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época Libro XXIII, Agosto de 2013 Tomo 3, página 1688, Registro digital: 2004269, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL CONSTITUIR UN ACTO DICTADO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO. Cualquier acto dictado fuera o dentro de un procedimiento, en relación con la restricción o privación de la libertad, implica una lesión cierta e inmediata a ese derecho sustantivo y, por ende, se ubica dentro de los considerados como de imposible reparación, lo que es suficiente para considerar que el amparo indirecto interpuesto en su contra puede promoverse sin limitación temporal alguna. Por otro lado, de conformidad con el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales y en las leyes, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, traduciéndose este último en la prohibición de cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de los derechos humanos. Así, atento a dicho principio, si con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, la abrogada ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, establecía como requisito para que operara la excepción al término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo, que los actos importaran ataques a la libertad personal, sin acotarlos a que hubieran sido dictados fuera de procedimiento, no puede adoptarse una postura restrictiva respecto del término para la interposición de la demanda tratándose de ese tipo de actos, pues ello implicaría un retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de ese derecho sustantivo. Consecuentemente, si la orden de aprehensión constituye un acto dictado dentro de un procedimiento que afecta la libertad personal, es innegable que debe ubicársele en la excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente y, por ende, la demanda en su contra puede promoverse en cualquier tiempo". De lo que se concluye, que la privación de la libertad fuera de procedimiento reclamada no existe, por lo que, lejos de adelantar tiempos, el admitir a trámite la demanda sería en detrimento de la quejosa, pues en todo caso concluiría con un sobreseimiento, lo que implicaría pérdida innecesaria de recursos y tiempo, tanto para la justiciable, como para este órgano. No pasa inadvertido que la inexistencia del acto reclamado es una causa de sobreseimiento cuyo análisis corresponde realizarlo, por regla general, en la audiencia constitucional, con base en el cúmulo de pruebas; sin embargo, en el caso se considera actualizada atendiendo a que obra prueba fehaciente que no existía la privación de la libertad fuera de procedimiento al momento en que fue presentada la demanda. Así, en el caso, el acto reclamado por la parte promovente era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso la tesis XIII.1o.P.T.4 K, visible en la página 4648, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época con número de registro 2020347, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Así como la diversa tesis número I.16o.T.7 K, visible en la página 2646, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019142, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Aunado a que, aun si la quejosa ampliara la demanda por cuanto a la orden de aprehensión dictada en su contra, ese acto reclamado también sería improcedente, pues a la fecha de presentación de la demanda, la orden de aprehensión ya había sido cumplimentada y la quejosa había sido puesta a disposición del Juez de Control, de ahí que la orden de aprehensión había cesado en sus efectos y cambiado la situación jurídica de la quejosa al encontrarse su libertad ahora sujeta a la determinación del juez de control. En efecto, la nueva situación jurídica a que se ha hecho mención, se sustenta en sus propios motivos y fundamentos, con independencia de lo ponderado en su momento por el Juez de Control cuando se pronunció sobre la orden de aprehensión, de manera que es inconcuso que se trata de una nueva situación jurídica. Al respecto, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia invocada; por lo que, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado EDUARDO GARIBAY ALARCÓN, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Humberto Zavala Calderón, Secretario con quien actúa y da fe.
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..SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, no obstante que su demanda de amparo no es clara, debe tomarse en consideración que el promovente solicitó la suspensión de los actos reclamados que precisó como TORTURA E INCOMUNICACIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTOY VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA. Por tanto, atendiendo a los actos señalados, así como a lo manifestado en el apartado de suspensión del escrito inicial de demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los actos reclamados consistentes en incomunicación, tortura, así como cualquiera de los previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que sea objeto la quejosa ..., los cuales deberán cesar de inmediato. Ahora, si se tratara de privación de la libertad, se concede la suspensión de plano en los siguientes términos:a) Si la detención es ordenada y ejecutada por autoridades administrativas con motivo de la comisión de algún delito, dicha quejosa deberá ser inmediatamente remitida al Fiscal del Ministerio Público que corresponda; en ese supuesto, quedará a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que respecta a su libertad personal en el lugar en el que se encuentre recluida. b) Si la detención sólo deriva de cuestiones de índole administrativa (sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, a que se refiere el artículo 21, cuarto párrafo, constitucional), deberá ser puesta en libertad de inmediato. c) Si los actos reclamados emanan de algún Fiscal del Ministerio Público, la accionante del amparo podrá ser retenida hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, séptimo párrafo, de la Constitución Federal, a partir del momento en que fueron puestos a disposición, plazo en el que deberá ponérsele a disposición de la autoridad judicial u ordenarse su libertad. d) Si la detención no está ordenada por autoridad judicial, y tampoco se trata de flagrancia o urgencia, habiendo transcurrido el plazo indicado en el párrafo que antecede, el Fiscal del Ministerio Público deberá ordenar la libertad inmediata del solicitante del amparo. En caso de ordenar su libertad, ello no impide la integración de la carpeta de investigación correspondiente. e) Si la quejosa ya se encuentra a disposición de autoridad judicial, ésta deberá resolver su situación jurídica en un plazo que no podrá exceder de setenta y dos horas, a partir de que haya sido puesta a su disposición, plazo que podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado. En el entendido que la suspensión no surtirá efectos si con posterioridad a la presentación de la demanda (dos horas con siete minutos del dos de julio de dos mil veintiuno) la quejosa es sorprendida en flagrante delito. Dicha medida cautelar, surtirá sus efectos de inmediato, sin necesidad de fijar garantía, toda vez que no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y de ejecutarse el acto, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que quede notificada del presente proveído, informen respecto de la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión, precisando la fecha y hora exacta de la detención, así como de la puesta a disposición ante el Juez o Ministerio Público o, en su caso, de la libertad, agregando copia certificada de las constancias relativas. Comuníquese a las autoridades responsables que la violación de este mandato es sancionable con pena de hasta nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación. Además, se precisa a las autoridades responsables que en caso de no recibir el oficio o comunicaciones que les sean remitidos, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables por falta de cumplimiento de la resolución que contengan, de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se imponga multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el numeral 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que, dada la exhortación a las partes para tramitar el juicio en línea, las autoridades responsables deberán remitir su informe y constancias respectivas preferentemente al expediente en línea, haciendo uso de su firma electrónica, con la finalidad de evitar al máximo la entrega de oficios de manera personal de acuerdo a las medidas establecidas para evitar el contagio y propagación del virus COVID-19. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que informen su dirección de correo electrónico institucional, a fin que en su caso, este juzgado esté en condiciones de remitirles comunicaciones en esa vía y, de así estimarlo, en caso de no ser posible la remisión de sus comunicados vía "juicio en línea", podrán enviar sus informes y constancias respectivas vía correo electrónico (e-mail) a la dirección 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, previa llamada telefónica con el Secretario de guardia, para corroborar que fueron recibidos. Además, únicamente de no ser posible el envío de los informes de manera electrónica, podrán remitirlos físicamente a este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ubicado en boulevard Ángel Albino Corzo número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040, atendiendo las medidas necesarias para evitar el contagio y propagación del virus COVID-19, previa comunicación telefónica con el Secretario de guardia, para programar su recepción. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que realice la entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, debiendo recabar los sellos respectivos, en tanto localice a la autoridad ante quien la directa quejosa se encuentra detenida, en el entendido de que los oficios que hasta ese momento no se hubieran entregado, podrán ser remitidos a las autoridades correspondientes, por conducto de la Unidad de Notificadores Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas. Se faculta al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que las denominaciones que aparecen en los oficios a través de los cuales se comunica este proveído, sean incorrectas, se sirva en testar las mismas y, en su lugar, señalar sus denominaciones debidamente; a efecto de que no se encuentre impedido para realizar la entrega de los oficios ordenados. FE DE INTEGRIDAD FÍSICA Al efecto, en virtud a que de la certificación secretarial de cuenta, denota que al realizar una llamada telefónica al número celular 9611482528, que es el mismo del cual se comunicaron para la presentación de la presente demanda, para solicitar la CURP de la directa quejosa ..., por lo que la persona que atendió la llamada telefónica, refirió que desconoce la Clave Única de Población de la impetrante del amparo, y que al momento de la detención, se llevaron todos los documentos de la solicitante del amparo, no fue posible realizar la búsqueda de la directa quejosa en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana https://consultasdetenciones.sspc.gob.mx/Resultados.aspx, para verificar en su caso, el lugar donde esta pudiera estar detenida. Por tanto, atendiendo a que de la demanda de amparo, el promovente refiere que la quejosa ..., fue detenida en esta ciudad, el uno de julio de los actuales, se faculta al actuario judicial adscrito a este juzgado para que se constituya a en las instalaciones policiales y de detención de la Fiscalía General del Estado y Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía de Trata de Personas, así como a la Fiscalía de la Mujer, con sede en esta ciudad y se avoque a obtener información que permita la localización de la quejosa ... Por lo tanto, una vez que sea localizada:El fedatario dará fe de la integridad física de la directa quejosa, así como, de ser posible tomará fotografías, y se le requerirá para que al momento de la notificación; o bien, por escrito dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifique la demanda de amparo que fue promovida en su favor por ..., apercibida que de no hacerlo dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas. Asimismo, el fedatario judicial deberá cuestionar a la quejosa si fue objeto de tortura e incomunicación, para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y, en su caso, utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde pueda quedar registro, asimismo, si ha tenido contacto con sus familiares o sus abogados. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales y en auxilio de este Juzgado Federal, en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la Ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. De igual manera, el fedatario judicial deberá requerir a la quejosa para que manifieste, bajo protesta de decir verdad, si ella o alguna persona distinta ha promovido diverso juicio de amparo o medio de defensa en contra de los actos reclamados. También, deberá requerirle para que manifieste si es su deseo señalar a ..., como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón a que el carácter con el que el primero promovió el asunto es provisional, en términos del artículo 15 de la Ley de la materia y si ratifica el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Asimismo, para mejor proveer respecto a la diligencia encomendada, se allega la siguiente información proporcionada por el promovente, consistente en:?Fecha de nacimiento de la directa quejosa: 30/abril/2002?Lugar de nacimiento: Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas SOLICITUD DE INFORMACIÓN En ese sentido, como medida preventiva, GÍRESE OFICIO a la autoridad Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, se sirva informar si la quejosa ..., se encuentra interna en cualesquiera de los Centros de Reinserción Social de esta entidad federativa a su cargo, en caso de ser afirmativa la respuesta, indique a disposición de qué autoridad se encuentra. Además, tomando en consideración que la promovente refiere una posible desaparición de la directa quejosa, a efecto de mejor proveer, requiérase al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas informe a este juzgado si tiene o tuvo a su disposición a la referida quejosa, en cualesquiera de las fiscalías a su cargo, y cuál es su paradero actual, debiendo remitir copia certificada de las diligencias practicadas para la investigación de la ubicación de la peticionaria del amparo. Apercibidas ambas autoridades que, de no hacerlo, se les impondrá en lo individual, multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el dispositivo 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido de que, en caso de que el actuario judicial localice a la directa quejosa antes de que estos últimos oficios sean diligenciados, resultará innecesaria su entrega, por lo que sólo deberá levantarse la certificación correspondiente....
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