Perla Selene Acosta Dueñaz
Expediente 1031/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Perla Selene Acosta Dueñaz
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas en Gómez Palacio, Durango, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, siendo que sus efectos son: "1. Deje insubsistente los pagos contenidos en el recibo de trece de mayo de dos mil veinte, expedido por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso con números de referencia 762935037. 2. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva al quejoso las cantidades pagadas en el mencionado recibo. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido." Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos el comunicado que remite el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual informa el seguimiento realizado a lo requerido por este juzgado en proveído de cinco de agosto del año en curso, dentro del incidente de violación a la suspensión; sin que al efecto sea necesario mayor pronunciamiento, toda vez que el diecinueve de agosto del presente año, se resolvió en definitiva dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Sebastián Daniel Vargas Rodríguez, representante legal de Transportes Ranof Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y los actos que a continuación se transcriben: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: . H. Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. IV. ACTOS RECLAMADOS. De la H. Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se le reclama la OMISIÓN de dar contestación y NOTIFICACIÓN al escrito con fecha de acuse de recibo de 13 de enero de 2020." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señalo que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este juzgado Federal. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinte, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 331/2020, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación Adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Ampliación. Mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se admitió la ampliación de demanda en los siguientes términos: "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Presidente del R. Ayuntamiento de Torreón. 2. Secretario del R. Ayuntamiento de Torreón. 3. H. Cabildo del R. Ayuntamiento de Torreón. 4. H. Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. 5. El. C. "Jose Arturo Ruelas M." personal adscrito a la H. Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. III.- ACTOS RECLAMADOS 1.- Del Presidente del R. Ayuntamiento de Torreón, se reclama la promulgación del Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón Coahuila, 29 de agosto de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, así como la Actualización al Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón de 12 de octubre de 2015, en específico el artículo 60, fracción I. 2.- Del Secretario del R. Ayuntamiento de Torreón, se reclama la Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el día 29 de agosto de 2014, así como la Actualización al Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón de 12 de octubre de 2015, en específico el artículo 60, fracción I. 3.- Del H. Cabildo del R. Ayuntamiento de Torreón, se reclama la autorización del Proyecto y aprobación del Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón Coahuila, en específico el artículo 60, fracción I. 4.- De la H. Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza se reclama: a) La negativa de otorgar a mi representada, el permiso solicitado por la hoy quejosa, para que sus vehículos de transporte de carga tipo Rabón y Torton de 07 y 15 toneladas respectivamente, puedan circular en zonas restringidas, realizar maniobras de carga y descarga en cualquier horario, con fundamento en lo establecido en el artículo 60, fracción I, del Reglamento de Movilidad Urbana de Torreón, el cual se tilda de inconstitucional en el presente juicio. b) La certificación ilegal de 08 de octubre de 2020. 5.- Del C. "Jose Arturo Ruelas M." personal adscrito a la H. Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se reclama la ilegalidad de la diligencia de notificación del oficio de respuesta DGMU/CTV/181/2020 practicada supuestamente el día 15 de enero de 2020, mediante el cual se pretendió dar vista a mi representada de la respuesta recaída a la solicitud planteada por la hoy quejosa." Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, por disponerlo los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; los preceptos 52, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los dispositivos 33, 35, 37, 73, 74, 107, fracción I, incisos f) y g), y 124 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. También, se surte competencia conforme al Acuerdo General número 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concerniente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ciertamente, este órgano de control constitucional tiene competencia para substanciar esta acción, al tratarse de un juicio de amparo contra reglamentos municipales; que las responsables son autoridades de naturaleza meramente administrativa; que éstas residen en esta entidad federada, en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción; que son las potestades a quienes la instadora atribuye los actos que aseveró afectan su esfera legal individual; y que ante este órgano judicial se presentó la demanda atinente. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el 13 de enero de 2020. La inconstitucionalidad del artículo 60, fracción I, del Reglamento de Movilidad Urbana de Torreón, que prohíbe y sanciona la circulación de vehículos de carga tipo Rabón y Torton de 07 y 15 toneladas respectivamente, en zonas restringidas, así como realizar maniobras de carga y descarga en cualquier horario. El contenido de la porción normativa tildada de inconstitucional es el siguiente: Artículo 60.- Los conductores de vehículos que transporten carga tienen prohibido lo siguiente: I. Transitar, cargar o descargar de las 07:00 horas a las 22:00 horas en el 1er cuadro de la ciudad, así como en los sectores habitacionales, siempre y cuando la capacidad de carga de dichos vehículos sea superior a las 9 toneladas de carga útil" Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables pues al rendir su informe justificado expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Ahora, con relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia ni alegadas por las partes, es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Decisión judicial. De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo y con apoyo en las reglas de estudio del juicio de amparo contra leyes, este órgano jurisdiccional analizará en su conjunto los argumentos del concepto de violación que la parte justiciable formula contra los actos que reprocha, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin caer en el absurdo de responder los argumentos que se tornen repetitivos, porque ello iría en contra de una tutela judicial pronta y expedita, ya que lejos de solucionar el problema de forma clara crearía confusiones, en razón de que el derecho fundamental de impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y atenderse los temas esencialmente controvertidos que sean necesarios para emitir la decisión correspondiente. Inclusive, es menester asentar que los motivos de disenso serán abordados en la justa dimensión en que fueron formulados, sin que resulte posible introducir planteamientos que rebasen o mejoren lo expresamente argüido por la peticionaria, dada la carga que le asiste de acreditar la inconstitucionalidad de la que tilda a las disposiciones que combate y la presunción de constitucionalidad con la que estas cuentan; esto de acuerdo con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 121/2005, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal Nacional, cuyo rubro es el siguiente: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD". Se actualiza por su orientación, la tesis número 1a. CVIII/2007, de la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País y que establece: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Examen de fondo sobre el artículo 60, fracción I, del Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Se consideran fundados los conceptos de violación que esgrimió la parte quejosa, los cuales se analizarán de acuerdo con el principio de mayor beneficio, es decir, respecto del concepto de violación de fondo que de ser fundado proyectaría sobre la amparista, el máximo beneficio que podría alcanzar; esto bajo la orientación de la tesis número XXIV.2o.7 K (10a.) y que dice: "MAYOR BENEFICIO JURÍDICO. ACORDE CON EL DISEÑO NORMATIVO INMERSO EN LOS ARTÍCULOS 79, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 189 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE APLICARSE AL RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EL RECURSO DE REVISIÓN". En los motivos de disenso, la parte justiciable refiere - de forma medular- que el artículo 60, fracción I, del Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el establecer la prohibición de transitar, cargar y descargar vehículos de carga pesada en el primer cuadro de la ciudad entre las 7:00 y 22:00 horas, sin permitir se otorgue un permiso al quejoso, le impide no ser sancionado por realizar dicha conducta. Es fundado el argumento en comento, pues es insuficientes para asignarles un contenido objetivo, ya que no se trata de conceptos jurídicos determinados, o bien, indeterminados que admitan apreciarse al momento de su aplicación, ni susceptibles de que un órgano jurisdiccional verifique si en el ejercicio de la facultad decisoria, la administración observó o no los límites con los que el derecho acota esa libertad y si, finalmente, la decisión puede considerarse como racionalmente justificada, o como un simple acto arbitrario genera incertidumbre jurídica a sus destinatarios, pues se deja a la apreciación libre y subjetiva de la administración el ejercicio de su facultad discrecional de otorgar permisos para que los vehículos de transporte de carga pesada circulen por las vialidades restringidas del Municipio de Torreón señalados y, con ello, impide el control de la legalidad de su actuación por los órganos jurisdiccionales, en contravención a los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica mencionados. Sobre el tema, -análogamente- el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en la jurisprudencia número IV.2o.A. J/13 (10a.), de rubro: "TRÁNSITO Y VIALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y DE SU ÁREA METROPOLITANA. EL ARTÍCULO 43, FRACCIONES I Y III, DE LOS REGLAMENTOS RELATIVOS, AL DEJAR A LA APRECIACIÓN SUBJETIVA DE LA ADMINISTRACIÓN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DISCRECIONAL PARA OTORGAR O NEGAR LOS PERMISOS PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA PESADA POR VÍAS RESTRINGIDAS Y/O LIMITADAS, CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." Consideró que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversos principios, entre ellos, el de legalidad, conforme al cual, la actuación de las autoridades debe efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y el de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y, en su caso, "saber a qué atenerse". En ese orden de ideas -sostuvo-, que ambos presuponen el "principio de interdicción de la arbitrariedad" en favor del gobernado, a partir del cual, todo acto de autoridad es susceptible de someterse al marco de respeto a los derechos de las personas, pues el ejercicio de la discrecionalidad sólo estará justificado si ésta es legítima, y no cuando se manifiesta como una simple expresión de la voluntad. Asimismo, destacó que la facultad discrecional no es un supuesto de libertad de la administración frente a la norma sino, por el contrario, un acto típico de remisión legal, cuando una norma general otorga esas facultades a la autoridad, debe fijar criterios, directrices o parámetros mínimos dentro de los cuales pueden ejercerse, con el fin de que no se tornen arbitrarias, los gobernados conozcan con certeza las condiciones y los límites a los que deben ajustarse, y su actuación pueda someterla, como todo acto de autoridad, al control de legalidad ante las instancias jurisdiccionales competentes. De tal modo -concluyó-, que la autoridad municipal podrá considerar circunstancias especiales para el otorgamiento del permiso; pues las expresiones "de forma extraordinaria e imprescindible" y "circunstancias especiales" son, por sí mismas, insuficientes para asignarles un contenido objetivo, pues no se trata de conceptos jurídicos determinados, o bien, indeterminados que admitan apreciarse al momento de su aplicación, ni susceptibles de que un órgano jurisdiccional verifique si en el ejercicio de la facultad decisoria, la administración observó o no los límites con los que el derecho acota esa libertad y si, finalmente, la decisión puede considerarse como racionalmente justificada, o como un simple acto arbitrario. En vista de lo anterior, la dificultad de asignar un contenido objetivo a las expresiones indicadas a partir del significado de las palabras empleadas, y la ausencia de criterios o parámetros mínimos acotados por el texto normativo para determinar cuándo existe la prestación de un servicio de forma "extraordinaria e imprescindible" y cuándo se presentan "circunstancias especiales", genera incertidumbre jurídica a sus destinatarios, pues se deja a la apreciación libre y subjetiva de la administración el ejercicio de su facultad discrecional de otorgar permisos para que los vehículos de transporte de carga pesada circulen por las vialidades restringidas del Municipio de Monterrey y los de su área metropolitana señalados y, con ello, impide el control de la legalidad de su actuación por los órganos jurisdiccionales, en contravención a los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. Pues bien, la prohibición o restricción contenida en el numeral 60, fracción I, del Reglamento de Movilidad Urbana para el Municipio de Torreón, vulnera los principios de seguridad jurídica, legalidad, al contener una deficiencia legislativa, al no precisar la extensión y límites de la facultad discrecional de las autoridades municipales para determinar cuáles son aquéllos supuestos en los que procede el otorgamiento de los permisos para la circulación de los vehículos de transporte de carga pesada por vías municipales restringidas y/o limitadas, sino que -sin justificación alguna-, restringe la circulación, carga y descarga en cierto horario y en determinada parte de la ciudad, sin dar margen para que la autoridad aplique arbitrariamente la disposición por no existir sujeción a un criterio dado por el legislador, dejando a discreción de esta última, la clasificación de tales elementos bajo un parámetro de apreciación subjetiva, que no está limitado ni acotado por la propia norma, lo que da pie a la existencia de actos arbitrarios. En efecto, del contenido de los dispositivos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconocen el conjunto de principios instrumentales respecto del ejercicio de los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica. En el caso, se observa que el contenido del derecho sustantivo a la seguridad jurídica, ha sido desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la prerrogativa que tiene toda persona acerca de la certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto, la autoridad debe mantener un margen de intervención mínima y de existir la necesidad de interferir en esa esfera, debe ajustarse a los requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución o las leyes secundarias, que aseguren el respeto a sus derechos humanos, por lo que en ese sentido, debe entenderse que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular las relaciones entre las autoridades y los particulares, además debe contener los elementos mínimos para que el gobernado haga valer sus derechos y la autoridad no incurra en arbitrariedades. Lo anterior, se puede apreciar del contenido de la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 144/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por título: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES". Por su parte, el principio de legalidad, implica que el supuesto normativo debe estar ajustado a la hipótesis del caso, es decir, que el legislador haya previsto que la acción sujeta de regulación (en amplio sentido) sea clara de tal manera que el destinatario de la norma tenga pleno conocimiento sobre el contenido de ésta, los supuestos de derecho que se generan, así como las consecuencias jurídicas que se producen en caso de su inobservancia. Apoya a lo expuesto, la jurisprudencia número 2a./J.106/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES". Así, tenemos que los citados principios conforme al criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal, se encuentran respetados, cuando al momento de creación de una norma, en la cual, el legislador dota de facultades a una autoridad, éstas se encuentran definidas dentro de un límite de actuación donde existe certeza de que no habrá actos arbitrarios, y donde, el destinario de la norma, tendrá la certidumbre del cómo actuará la autoridad y las consecuencias jurídicas de los actos que realiza. Ahora, las autoridades dentro del ámbito de su competencia, pueden ser dotadas de facultades legales tanto regladas como discrecionales. Las primeras, son aquellas en las cuales, el legislador previó todos y cada uno de los supuestos bajo los cuales se rige el marco legal de actuación, es decir, el poder de decisión del ente se encuentra limitado únicamente a aquello que la propia norma le confiere, y por consecuencia, no existe mayor margen de maniobra, más que el que la propia norma indica. En sentido contrario, la facultad discrecional implica un margen libre de apreciación, para la valoración subjetiva de hechos concretos, sobre los cuales pueden recaer conceptos determinados o indeterminados. Es decir, en este tipo de escenarios, la discrecionalidad con que se dota a la autoridad, implica que ésta, puede elegir entre diversas alternativas las cuales serán igualmente justas. Sin embargo, aun la facultad discrecional se encuentra reglada, pues dentro del propio texto de la norma, el legislador debe establecer como parámetros mínimos para su uso correcto, los siguientes: a) la existencia de la potestad discrecional; b) su extensión y límites; y, c) la competencia para usarla. Sobre este tema, se tiene que aun el margen discrecional para fallar en cualquier sentido o apreciar conceptos en abstracto, está sujeto a un control sobre su regularidad, ya que la autoridad administrativa al ejercer tales facultades, debe hacerlo sobre el margen de discrecionalidad acotado por la propia norma, por lo cual, será menester que ésta (la ley) dé los elementos necesarios para que no exista margen a actuaciones arbitrarias. De esto último, es de donde se deprende el control de tal facultad, conocido como interdicción de la arbitrariedad, el cual, sirve como regulador o parámetro para distinguir, cuándo, se está en presencia de un acto discrecional y cuándo se está frente a un acto arbitrario. Entonces, el citado principio derivado de los de seguridad jurídica y legalidad, opera como una garantía para los gobernados, quienes al momento de ser sometidos ante la decisión unilateral de una autoridad, conocen el margen y límite de su actuación, y el aspecto o aspectos que serán valorados de forma discrecional para la toma de la decisión (sin importar el sentido), y por ende, hacer valer su derecho cuando el acto sea considerado como arbitrario o caprichoso. Al tomar en cuenta lo anterior, conviene entonces definir que las facultades discrecionales otorgadas por ley a una autoridad, son constitucionalmente válidas y permitidas, porque éstas sirven para dar margen a las propias decisiones dentro de su marco de competencia delegada, y funcionan como un elemento indispensable para la operatividad de la administración pública al dar margen para la apreciación subjetiva de un hecho. Sin embargo, incluso tal facultad ocupa de límites y márgenes legales para que opere de forma correcta, porque de no ser acotada, los actos de autoridad emitidos en uso de dicha potestad tendrán como único sustento legal la propia voluntad de quien las adopta, es decir, el uso del poder puramente personal, sin que al respecto el gobernado conozca los motivos o supuestos que fueron valorados para la toma de la decisión, y sin posibilidad de someter la misma (la decisión) a un recurso o medio de control de su regularidad. Esta conclusión, encuentra sustento en la tesis histórica de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "FACULTAD DISCRECIONAL O DE ARBITRIO, DEBE RESPETARSE LA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA". Así pues, cuando una decisión basada en una facultad discrecional debe recaer sobre la apreciación subjetiva de aspectos que ameritan la valoración de conceptos poco claros, ambiguos o escasamente definidos dentro de la propia norma, lo mínimo exigible para el legislador, es que en el texto legal fije el parámetro de referencia, evitando la imprecisión o contradicción que dé margen al uso arbitrario de la facultad discrecional, precisamente por carecer de límites o parámetros para su ejercicio, y para el debido control de su legalidad ante la eventual impugnación del administrado que se considere afectado por la decisión. Sobre lo anterior, resulta orientadora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por título: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD". En el caso, la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad del numeral 60, fracción I, del Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, al determinar que violaba los principios de certeza y seguridad jurídica consagrados en el ordinal 16 de la Constitución Federal. Bajo esa perspectiva, la fracción I del arábigo 61 del Reglamentos de Movilidad Urbana para el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, contiene un vicio de constitucionalidad que genera un grado de indefensión en los ciudadanos, quienes no tienen un mínimo de certeza jurídica aceptable o medianamente razonable, acerca de saber a qué atenerse al momento de ingresar una solicitud para la obtención del permiso de circulación para el transporte de carga pesada por vías restringidas y/o limitadas municipales, por no estar previstos los elementos mínimos para que el gobernado pueda conocer cuál es la extensión o límites para el ejercicio de tal facultad discrecional de la autoridad municipal para otorgar los permisos de circulación; entonces, el margen de discrecionalidad opera en un sentido amplio y da paso a la libre voluntad y arbitrariedad de la autoridad, pues vulnera en agravio del afectado, el principio de interdicción de la arbitrariedad, precisamente porque el legislador no previó los criterios o directrices dentro de los cuales la autoridad debe acotar la razonabilidad de su decisión discrecional, para justificar su legalidad. Para corroborar lo anterior, se torna necesario traer a la vista el contenido del numeral 148 del reglamento en cuestión, así como la sanción aplicada a la conducta prohibida por el diverso arábigo 60, fracción I, del mismo reglamento: Artículo 148.- La contravención de las disposiciones del presente Reglamento de Movilidad Urbana para el municipio de Torreón se sancionarán con forme al siguiente tabulador: . "40 HACER SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA FUERA DE HORARIOS Y/O SIN PERMISO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE." Según se desprende de la propia disposición, existe una imprecisión normativa, pues por una parte prohíbe la circulación en cierto horario y en cierta parte de la ciudad, pero en la sanción prevista para esa conducta, hace referencia al permiso correspondiente, de ahí que dicha circunstancia destaca la omisión legislativa destacada, al no establecer en la norma impugnada, la posibilidad de obtener el permiso pertinente para ello. Incluso, es insuficiente la exposición de motivos del reglamento en comento, al señalar: No resulta extraño que habitantes de la ciudad de Gómez Palacio tengan su centro de trabajo en la ciudad de Torreón y viceversa, que una empresa instalada en Ciudad Lerdo cuente con clientes o proveedores ubicados en el Municipio de Matamoros y que por tal motivo, el tránsito entre estas sea continuo y permanente, así, la problemática que significa lidiar con distancias, con aspectos materiales o logísticos propios de las situaciones que se apuntan llega a trascender incluso hasta la seguridad jurídica tanto de los ciudadanos de la región, al igual que a las personas que por ella transitan, lo anterior a consecuencia de una disparidad en la reglamentación aplicable a la materia, la regulación vial en la zona conurbada de la laguna es distinta en cada una de las ciudades que la componen de ahí que las personas que circulan entre estas se convierten en sujetos de derechos y obligaciones diversos, por el solo hecho de cruzar un vado, avenida o calle, situación que hace patente el desconocimiento, confusión y ambigüedad en el destinatario de la norma en demérito de su garantía de seguridad Jurídica. Pues dicha restricción, al no ser analizada bajo el caso concreto a través de la solicitud de permiso que al efecto le realice al peticionario, se podrá verificar la viabilidad del impacto de tránsito vial o la afectación social que en su caso pudiera ocurrir al permitir la conducta prohibida en la porción normativa tildada de inconstitucional. De lo reseñado se advierte que el legislador estableció, en la disposición transcrita, una prohibición que niega los permisos para la circulación de los vehículos de carga pesada por vías restringidas y/o limitadas y por otra, -en la sanción-, se menciona la posibilidad de obtener el permiso necesario para ello. Bajo esta óptica, es claro que al menos las fracción I del citado artículo, dotan a la autoridad administrativa de una facultad discrecional dependiente solamente de su voluntad y apreciación subjetiva sobre la actualización de supuestos abstractos, ambiguos o imprecisos, y que lejos de dar un parámetro de claridad, del margen en que la autoridad debe ejercer la facultad discrecional otorgada, deja la decisión a su voluntad o deseo, puesto que opera sin un límite razonable, que dé garantías de que no se ejercerá de forma arbitraria, sino sometida al principio de legalidad que debe revestir todo acto de autoridad. Así, se tiene que el ejercicio de la facultad discrecional que la autoridad tiene para elegir cuándo sí y cuándo no se está dentro de los supuestos restrictivos, queda a la libre voluntad y subjetividad de ésta, pues la decisión sobre si la carga, descarga y/o prestación de un bien o servicio se lleva de forma "extraordinaria e imprescindible", y si es de los considerados como "circunstancias especiales", dependerá de su libre arbitrio. Tal discrecionalidad, sin límite aparente, genera que ésta opere con un margen amplio, dando lugar a criterios que no pueden ser ajustados a un marco legal, ni refutados por el gobernado bajo el principio de interdicción de la arbitrariedad, porque al no establecerse en el propio texto, los criterios, directrices o límites, bajo los cuales va a operar esa selección de criterios, se genera una incertidumbre jurídica en el destinatario de la norma, y por el otro lado, se da la posibilidad de que la emisión del acto administrativo sea producto de un ejercicio arbitrario del poder. Como se mencionó en líneas de antelación, aun las facultades discrecionales tienen un aspecto reglado, es decir, no son inagotables, sino que operan bajo reglas de mensurabilidad, donde la competencia, el marco de aplicación, su extensión, límite y finalidad son los elementos mínimos que se deben expresar, para que la apreciación subjetiva no se torne arbitraria, sino por el contrario, encuadre dentro del propio rango de razonabilidad para el que fue dotada. Entonces, la extensión, marco, límite o lineamiento bajo el cual se debería regir la decisión, es lo que se traduce en la interdicción de la arbitrariedad, lo que frena o pone un necesario margen legal a la discrecionalidad para que ésta no se vuelva desmedida, sino razonable y ajustada a derecho. Por ende, el hecho de que la norma adolezca de tal criterio, hace que la decisión no pueda ser sometida a control, pues bajo qué rango se juzgaría el criterio, sobre qué base se podría establecer el parámetro, cómo se podría decir: qué es lo extraordinario, lo imprescindible y las circunstancias especiales. De lo anterior se sigue, que la inconstitucionalidad que se advierte de la norma, no pasa únicamente por una falta de definición de conceptos, sino por el hecho de que la facultad discrecional para elegir, prevista por el legislador, carece de punto de referencia, directriz, criterio o parámetro dentro del cual habrá de ajustarse la decisión interna de la autoridad, para ponderar y determinar en cada caso si es algo extraordinario, si es imprescindible, o si se trata de circunstancias especiales, pues son supuestos de una disposición normativa previstos en un reglamento técnicamente especializado en el transporte, a la que no aplica sin más, la lógica o el sentido común de las personas. Incluso, la ausencia de los elementos mínimos para regular el indicado ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad, no se puede suplir ni acudiendo a la interpretación integral del reglamento, para poder deducir lo que en sentido contrario, sería entendido como una actividad ordinaria (en oposición a lo extraordinario), prescindible (en oposición a lo imprescindible), y qué puede ser considerado como una circunstancia normal (en oposición a las especiales). Sobre el tema, resultan ilustrativas las jurisprudencias 2a./J. 94/2017 (10a.) y la tesis P. LXXVI/2010 de la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tituladas: "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN. RESULTAN VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, CUANDO NO ESTABLECEN EL CRITERIO PARA CLASIFICAR LOS TIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ATENDIENDO A SU CALIDAD DE LUJO, SUPERIOR, MEDIA O ECONÓMICA PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES" y "LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NO TUTELA QUE LA DEBIDA DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN TRIBUTO SE HAGA BAJO UN ENTORNO PROPORCIONAL Y EQUITATIVO". Con base en lo narrado, lo que importa para este tipo de casos, donde el gobernado somete su petición a la voluntad de la autoridad, es que por lo menos, el destinario de la norma conozca con claridad a qué atenerse o bien, conocer bajo qué límite o parámetro será evaluado y sobre la base de cuál criterio de libre elección para apreciar un hecho subjetivo, la autoridad emitirá su respuesta. En ese sentido, la facultad discrecional de la autoridad administrativa para apreciar las circunstancias que llevan a la obtención del permiso mencionado para cada caso en particular, no encuentra límite dentro de la propia norma, y por ende, dota indiscriminadamente a la potestad municipal de un poder que lesiona los derechos de los ciudadanos que requieren de la autorización referida, porque se desconoce sin posibilidad de interpretación alguna si no está en el supuesto de ser necesario o imprescindible su conducta, cuáles son los servicios extraordinarios e imprescindibles o bien, cuáles son las circunstancias especiales que en su caso pudieran ocurrir. Así, el contenido del ordinal 60, fracción I, del Reglamento de Movilidad Urbana para el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, da margen para que la autoridad aplique arbitrariamente la disposición por no existir sujeción a un criterio dado por el legislador, dejando a discreción de esta última, la clasificación de los elementos bajo un parámetro de apreciación subjetiva, que no está limitado ni acotado por la propia norma; en consecuencia, tal indefinición legislativa sobre los supuestos que se deben dar para acceder al permiso, deja al arbitrio de su discrecionalidad subjetiva, la elección de cuándo sí y cuándo no se dan tales hechos circunstanciales, sin que el interesado conozca el parámetro o criterio que se empleó para tal fin. Bajo este orden de ideas, se concluye que el arábigo 60, fracción I, del Reglamento de Movilidad Urbana para el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, contiene un vicio de constitucionalidad mismo que afecta a los diversos numerales que disponen las reglas y excepciones a la circulación de los vehículos de carga pesada por las vías municipales, y por ende, la mecánica para la obtención del permiso de circulación con el cual se evitan restricciones y limitaciones al transporte de carga pesada por las vías municipales; entonces, al violentarse directamente los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los principios de legalidad y seguridad jurídica. Sin que sea necesario estudiar los demás conceptos de violación, pues no se obtendría un mayor beneficio que el previsto en esta ejecutoria. ÉPTIMO. Efectos. En términos de lo dispuesto por el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder a la quejosa Transportes Ranof, Sociedad Anónima de Capital Variable; el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, -una vez cause ejecutoria-, para los efectos siguientes: que las autoridades responsables -en el ámbito de sus competencias-, no apliquen la sanción correspondiente a la conducta prevista en el numeral 60, fracción I, del Reglamento de Movilidad Urbana de Torreón, Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto resuelvan sí otorgan o no permiso a la parte quejosa para circular, cargar y descargar, en el primer cuadro de la ciudad entre las 7:00 y 22:00 horas, derivado de que se trate de una actividad extraordinaria, imprescindible o especial e incluso, -de no tratarse de alguna de las anteriores,- le justifique el impacto en la movilidad urbana en aquella zona en el mencionado horario, la negativa de permitirle dicha conducta. Efectos anteriores que se justifican con la imprecisión legislativa destacada en las consideraciones de esta ejecutoria, pues en todo caso, es la autoridad competente quien en principio debe verificar las circunstancias del caso concreto, para justificar la permisibilidad de la conducta reclamada con relación a la prohibición y restricción tildadas de inconstitucionales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los ordinales 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los arábigos 1º, 5º, 6º, 33, 35, 37, 61 a 63, 73 a 77, 79, 107, 117, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Transportes Ranof, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero y segundo para los efectos precisados en el último apartado de esta ejecutoria. Notifíquese y personalmente.
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