Perla Rubí Rodríguez Brito
Expediente 1000/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Perla Rubí Rodríguez Brito
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ésta ha CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, tomando en consideración que NO existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el numeral 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de CONSERVACIÓN, toda vez que si bien se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, lo cierto es, que se CONCEDIÓ la suspensión de plano a la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar definitiva, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva. Asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, procédase a su transferencia para la CONSERVACIÓN del expediente principal, en términos del artículo 17, primer párrafo del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al secretario y/o actuario judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito con firma electrónica de Juan Ríos Pérez, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, hace del conocimiento que la quejosa ********************ya no se encuentra en el Centro Penitenciario Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, debido a que dejó de estar sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue revocada por el Juez de Control de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca en la audiencia de revisión de la medida cautelar celebrada dentro de la causa penal ******************** el tres de octubre del año en curso, por lo que dicha quejosa obtuvo su libertad personal; de lo cual, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de la Directora del Centro Penitenciario Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por medio del cual informa a este órgano jurisdiccional que la quejosa egresó de dicho centro penitenciario el pasado tres de octubre del año en curso, en cumplimiento al oficio ********************, firmado por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en el cual queda en libertad, al haber quedado sin efecto la medida cautelar definitiva consistente en la prisión preventiva impuesta a la aquí quejosa. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa. Ahora bien, vistas las constancias que obran en este asunto, este órgano jurisdiccional estima ha operado en el presente juicio de amparo una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de manera que procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" En primer término, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera en la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de derechos humanos, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Al respecto, para que se actualice la causal de improcedencia invocada se requiere que ante la subsistencia del acto reclamado por no haberlo revocado expresamente la autoridad responsable, no exista posibilidad de que sus efectos legales o materiales se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir o haber desaparecido totalmente el objeto o la materia de dicho acto, de modo tal que el amparo que en su caso se otorgara carecería de efectos, al ser jurídicamente imposible restituir al agraviado en el goce de la garantía individual violada, o bien, que los efectos jurídicos de esa restitución fueran intrascendentes; requiriendo necesariamente para ello los siguientes elementos: a) Que subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. b) Que los efectos del referido acto de autoridad no se hayan concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se vayan a concretar en lo subsecuente, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se haya emitido. Bajo esa tesitura, es evidente que la causa de improcedencia en comento se actualiza cuando se advierte que los efectos del acto reclamado no se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, al grado de que aun cuando se determinara que dicho acto es inconstitucional, sería jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime transgredido o bien ningún efecto jurídico tendría el fallo protector, haciendo ocioso el juicio de amparo; lo que generalmente sucede cuando subsistiendo el acto de autoridad impugnado, la situación jurídica que surgió con motivo del mismo varía, impidiendo que pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Además, de la diversa tesis 2ª. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora bien, de las constancias remitidas por la Directora del Centro Penitenciario Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se advierte que la quejosa ********************ingresó al centro penitenciario Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el pasado diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, derivado de la causa penal ******************** del índice del Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; sin embargo, el pasado tres de octubre del año en curso, siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, fue puesta en libertad, en cumplimiento al oficio ********************, por el cual se deja sin efecto la medida cautelar definitiva consistente en la prisión preventiva impuesta a la aquí quejosa; constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, se aprecia que la quejosa fue puesta en libertad, por lo que ya no se encuentra reclusa en el Centro Penitenciario Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Cabe precisar que la quejosa reclamó en el presente juicio de amparo a la autoridad responsable los siguientes actos: La omisión de brindarle la atención médica necesaria y adecuada que requiere, en particular en su ojo izquierdo La omisión de alimentarla de forma adecuada. En ese tenor, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues aunque subsisten los actos reclamados, empero, no pueden producir efecto legal o material alguno, de modo que, una eventual concesión del amparo no se concretaría o trascendería a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que se produjo una modificación del entorno dentro del cual se emitió el acto cuya constitucionalidad se cuestiona, es decir, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. De aquí que, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues aunque subsistan las omisiones reclamadas, empero, no pueden producir efecto legal o material alguno, de modo que, una eventual concesión del amparo no se concretaría o trascendería a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que se produjo una modificación del entorno dentro del cual se generaron tales omisiones que se cuestionan; es decir, en caso de concluirse que éstas son inconstitucionales, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Se afirma lo anterior, pues a ningún fin práctico redundaría para la quejosa una sentencia protectora a fin de constreñir a la autoridad responsable para que cese el actuar omisivo que se le atribuye, cuando dicho actuar se encuentra íntimamente relacionado con la calidad de reclusa que tenía la quejosa en el referido centro penitenciario, pues es precisamente en atención a esa calidad específica que la referida autoridad, como encargada del centro penitenciario, estaba obligada a proporcionarle la atención médica y alimentación, cuya omisión de atender motivó la presentación de la demanda de amparo. De esta forma, si como ya se adelantó, la aquí quejosa ya no se encuentra reclusa en el centro penitenciario aludido, las omisiones que reclama ya no pueden producir efecto legal o material alguno, de modo que, una eventual concesión del amparo no se traduciría en un beneficio en la esfera jurídica de la quejosa. Con base en lo expuesto, se estima improcedente la acción de amparo, dado que, reitérese, para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trata, virtud de que proceder de la responsable se relaciona directamente con una calidad específica -la de reclusa- con la que ya no cuenta la quejosa. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 197245, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXII, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el juicio en que se actúa, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de la misma ley de la materia. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse la captura correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial adscrito a firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la diligencia de treinta de septiembre de la actual anualidad, levantada por el actuario judicial adscrita, en la que la directa quejosa Perla Rubí Rodríguez Brito, ratificó la demanda de amparo que presentó a su favor Juan Ríos Pérez, contra actos del Director del Centro Penitenciario Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo. Apertura del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, toda vez que por auto de treinta de septiembre del año en curso, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados por los que fue solicitado. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, en la inteligencia de que podrá enviarlo vía correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remita a este Juzgado de Distrito: - Copia certificada, en orden, completas y legibles, de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia se le impondrá multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, por el monto de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74) moneda nacional. En la inteligencia de que, los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que, al momento de rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este órgano judicial, si ya se promovieron diversos juicios de amparo en contra de los actos aquí reclamados, o provenientes del expediente de origen del cual emanan los mismos; de ser afirmativa su respuesta, proporcione el número de juicio, así como el Juzgado que conoció éste; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. De igual forma, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes, para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Requerimiento a la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento con la Jurisprudencia V.3º.P.A. J/1 (10a.), del Tercer Tribunal colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 2171, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL QUE RECLAMA ACTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y ASESORADO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO."; previo a designar a un defensor público y dado que no se cuenta con mayor información respecto al proceso de la parte quejosa; mediante oficio que al efecto se emita, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días contado legalmente, informe la partida jurídica de la quejosa Perla Rubí Rodríguez Brito, a fin de proveer lo conducente. Apercibiéndola que de no hacerlo así dentro del término concedido, o informe el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de diez Unidades de Medida de Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 238 de la Ley de Amparo. Notificación a la autoridad responsable. Por otra parte, se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento al juicio, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquéllas que se consideren trascendentes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Tomo II, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Notificación al Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, por esta ocasión, notifíquese este auto de forma personal corriéndose traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándosele copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Practíquense las subsecuentes notificaciones a la citada agente del Ministerio Público, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". En el entendido que, este órgano jurisdiccional con fundamento en el citado numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de la materia, ordenará se practiquen de manera personal a la referida representación ministerial las determinaciones que a juicio de este Juzgado así lo ameriten. Tercero interesado. Acorde con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la Tesis XXVII.9K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1131 del Tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO.". Autorizados. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que señala, por así haberlo solicitado expresamente Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario Juanrios en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. Correo electrónico y número telefónico. En relación con el número telefónico y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Respecto de la Solicitud para la promoción del juicio en línea, Habilitación de días y horas inhábiles, Medios Electrónicos, Transparencia y Gratuidad en el Servicio. Deberá estarse a lo acordado en auto de treinta de Septiembre del año en curso, en el que se proveyó al respecto. informe de suspensión de plano. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de la Directora del Centro Penitenciario Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; mediante el cual, en atención a la suspensión de plano decretada en autos, rinde su correspondiente informe. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintitrés. SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y SE ORDENA RATIFICACIÓN DE DEMANDA.
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