Perla Rubi Martin Solis
Expediente 1697/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1697/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Perla Rubi Martin Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa, sin que cumpliera con el requerimiento formulado en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término otorgado para dar cumplimiento al requerimiento antes citado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo en comento, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo a que este asunto se refiere. Por otra parte, en relación al escrito signado por Perla Rubí Martín Solís, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que antecede, por lo que se agrega el mencionado escrito únicamente para que obre como corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VIII. Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ******************, la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 1697/2021-VIII, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, que dice: Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa, sin que cumpliera con el requerimiento formulado en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término otorgado para dar cumplimiento al requerimiento antes citado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo en comento, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo a que este asunto se refiere. Por otra parte, en relación al escrito signado por Perla Rubí Martín Solís, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que antecede, por lo que se agrega el mencionado escrito únicamente para que obre como corresponda. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo número 305/2021 y su acumulado 483/2021, promovidos el primero por Isidro Pérez López, y el segundo por la Comisión Federal de Electricidad, contra actos que reclaman de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; por transgresión a los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 22, 25, 26, 123 y 133 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se recibió de la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, la demanda de amparo promovida por Isidro Pérez López; por otra parte, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se recibió de la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, la demanda de amparo promovida por el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad; ambos en contra de los actos que reclamaron de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de las demandas. Por autos de tres y veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se admitieron a trámite las demandas, se ordenó solicitar a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, emplazar a la parte tercero interesada, dar la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional. Segundo. Acumulación de los juicios de amparo. Mediante escrito presentado ante este Juzgado el trece de abril de dos mil veintiuno, el quejoso Isidro Pérez López, solicitó la acumulación del juicio 483/2021, al diverso 305/2021, ambos del índice de este Juzgado, por lo que una vez realizado el trámite correspondiente, en resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, se determinó procedente dicha acumulación, por lo que se ordenó reanudar el procedimiento señalándose fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo conforme al acta que antecede, por lo que se procede a pronunciar sentencia; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto con ejecución material dentro de la residencia en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de las demandas de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: La resolución de nueve de febrero de dos mil veintiuno, que se emitió en autos del juicio laboral 700/2016, por medio de la cual se dictó el incidente de liquidación correspondiente a lo laudado. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en su informe de ley, manifestó ser cierto el acto reclamado, lo que se corrobora de las constancias que adjuntó a su informe justificado a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del ordinal 2º de la Ley de Amparo, de ahí que el acto que se le reclama deba considerarse existente. Cuarto. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo causales de improcedencia que invoquen las partes, o que este Juzgado advierta de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en su demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos. Ahora bien, el quejoso Isidro Pérez López en sus conceptos de violación señala en esencia lo siguiente: 1). Que la Junta responsable infringe en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, en relación con los artículos 842 y 843 de la Ley Federal de Trabajo, toda vez que soslaya el principio de firmeza legal de cosa juzgada del laudo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en franca violación de los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Dice lo anterior, toda vez que la junta responsable incumple con el principio de congruencia que debe regir en sus resoluciones, toda vez que en el laudo se determinará el salario que sirva de base a la condena; esto es, el incidente de liquidación debe ajustarse y concretarse a lo resuelto en el laudo, teniendo únicamente por objeto la determinación en cantidades líquidas mediante simples operaciones numéricas de las prestaciones condenadas en el laudo, sin que constituya una nueva oportunidad para ampliar la controversia o introducir elementos ajenos a los que ya fueron decididos en el laudo. Sigue manifestando que la Junta responsable no se ajusta a derecho porque indebidamente acepta y otorga valor legal probatorio a pruebas ofrecidas por la demandada fuera del periodo procesal correspondiente, y por ende, dichas pruebas resultan ilegales, toda vez que la responsable estima que la demandada acredita el pago de las prestaciones condenadas en el laudo y condena a la demandada al pago de las diferencias de dichas prestaciones, cambiando el sentido del laudo donde se condenó a la demandada pagar dichas prestaciones, porque al dar contestación a la demanda, expresó haberlas cubierto pero no lo acreditó con ninguna de sus pruebas, ya que si bien ofreció la inspección sobre los recibos de pago de nómina, sin embargo, no los exhibió en el momento procesal oportuno, por lo que en el laudo se tuvo por desierta dicha prueba. Por lo que si en la audiencia incidental de liquidación celebrada con posterioridad al laudo, la demandada exhibió las documentales consistentes en setenta y ocho recibos de pago de nómina, la parte actora objetó el valor legal y probatorio de tales recibos de pago por no ser el momento procesal oportuno de su ofrecimiento, y que en el laudo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho se declaró la deserción de dichas pruebas documentales y la nulidad de los contratos individuales de trabajo, es que resulta ilegal que la Junta estime que la demandada acredita con los recibos de pago de nómina, el pago de las prestaciones condenadas en el laudo y por ende resulta ilegal el monto de las cantidades que la junta responsable descuenta a cada una de las prestaciones por concepto de pago. Sigue argumentando que la autoridad responsable soslaya que existe cosa juzgada respecto al laudo en el que se declaró la deserción de dichas pruebas documentales y se condenó al pago de las prestaciones, por lo que se encuentra jurídicamente impedida para alterar o modificar los términos determinados en el laudo, y en consecuencia resulta ilegal resolver en el incidente de liquidación el pago de las diferencias de las prestaciones. Además que aceptar como válidas las pruebas documentales ofrecidas por la parte demandada implicaría una nueva oportunidad en perjuicio del trabajador. Por otro lado, la parte quejosa refiere que la resolución incidental de la junta responsable resulta incongruente con la firmeza legal del laudo e introduce elementos ajenos a los que ya fueron decididos en el laudo, cuando estima y resuelve modificar las fechas hasta las cuales debían cuantificarse el pago de las prestaciones motivo de la condena, soslayando lo establecido al respecto en el laudo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho que constituye cosa juzgada y variando el sentido del laudo, por lo que vulnera en su perjuicio el derecho fundamental de seguridad jurídica, ya que en el laudo se determinó que el pago debía hacerse de las prestaciones (no de sus diferencias) y que debía abarcar hasta la fecha de liquidación y cumplimiento del laudo y no de una fecha diversa como incorrectamente señala la autoridad responsable. Se estiman fundados los motivos de inconformidad expresados por la parte quejosa, en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo al ser dicho quejoso la parte trabajadora. Para constatar tal aserto, se estima necesario citar los antecedentes del presente asunto, para una mejor comprensión: Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, Isidro Pérez López, demandó diversas prestaciones a la Comisión Federal de Electricidad, y en el quinto hecho de la mencionada demanda, se reclamó como salario diario la cantidad de $350.13 (trescientos cincuenta pesos, con trece centavos, moneda nacional), misma que fue admitida el quince de julio de dos mil dieciséis (fojas 1 a 4 del cuaderno auxiliar I). Una vez que fue emplazada la Comisión Federal de Electricidad, contestó la demanda y en lo referente al salario del trabajador, lo señaló como falso, manifestando que el salario diario tabulado era de $142.89 (ciento cuarenta y dos pesos, con ochenta y nueve centavos, moneda nacional) (fojas 31 del cuaderno auxiliar I). Posteriormente, la demandada Comisión Federal de Electricidad con el fin de acreditar que el salario del actor era la cantidad que refirió en su contestación de demanda, así como que pagó las prestaciones de los conceptos de ayuda de renta, de despensa, de energía eléctrica, de transporte, de incentivo de puntualidad, de primas dominicales, de compensación por jornada nocturna y de compensación por tiempo extra, mediante escrito de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, ofreció la prueba de inspección que desahogaría el actuario adscrito a la Junta responsable en el domicilio de la demandada, por lo que la junta responsable en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, admitió dicha prueba y señaló las once horas del diecinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 147, 148 y 165 vueta del cuaderno auxiliar I). Después, el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el actuario adscrito a dicha junta se constituyó en el domicilio de la demandada con el fin de desahogar la prueba de inspección ofrecida por ésta, misma que no fue posible llevarla a cabo en razón de que no fueron exhibidos los documentos que se solicitaron para el desahogo de dicha inspección (fojas 167 del cuaderno auxiliar I). Posteriormente, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se emitió el laudo correspondiente, y en lo relativo a la valoración de las pruebas ofrecidas por la parte demandada, y en específico sobre la inspección ofrecida ésta, se estableció que no beneficiaba a los intereses de su oferente, dado que en diligencia de diecinueve de enero de dos mil dieciocho la demandada no exhibió los documentos para el desahogo de la prueba, teniéndose por desierta dicha probanza; asimismo, se resolvió que se declaraba la nulidad de los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado celebrados por el actor Isidro Pérez López con la demandada Comisión Federal de Electricidad y se condenó a dicha demandada a reconocer al actor una antigüedad laboral a su servicio a partir del día dieciséis de mayo de dos mil cinco, así como a considerar que la relación de trabajo que la une a dicho actor es por tiempo indeterminado, por lo que debería aplicar a su relación laboral el contrato colectivo de trabajo único y pagarle las prestaciones de tiempo extraordinario, ropa de trabajo, aguinaldo, vacaciones, descanso obligatorio, fondo de ahorro, fondo de previsión, renta de casa, energía eléctrica, ayuda de despensa, ayuda para transporte, días festivos, y prima dominical, a partir de la fecha en la cual resultó improcedente la prescripción que fue el dieciséis de junio de dos mil quince, hasta la fecha de dicho laudo, más lo que se siga generando hasta el cumplimiento total del laudo, para lo cual se ordenó la apertura del incidente de liquidación (fojas 180 a 183 del cuaderno auxiliar I). Inconforme con dicho laudo, la Comisión Federal de Electricidad promovió juicio de amparo directo, mismo que fue radicado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el número de toca 510/2018, el cual le fue negado a la referida demandada (fojas 185 a 197 del cuaderno auxiliar I). Por escrito presentado ante la Junta responsable el doce de julio de dos mil diecinueve, el actor Isidro Pérez López exhibió su planilla de liquidación en la cual realizó sus operaciones aritméticas respecto a las prestaciones condenadas en el laudo, tomando como base el salario de $350.13 (trescientos cincuenta pesos, con trece centavos, moneda nacional), (fojas 200 a 202 del cuaderno auxiliar I). Posteriormente, la demandada Comisión Federal de Electricidad exhibió su planilla de liquidación, en la cual manifestó que el salario a tomarse en consideración era el diario tabulado de $142.89 (ciento cuarenta y dos pesos, con ochenta y nueve centavos, moneda nacional), realizando sus operaciones aritméticas y exhibiendo como pruebas setenta y ocho recibos de pago de nómina del actor Isidro Pérez López (fojas 303 a 309 del cuaderno auxiliar I). Finalmente, el nueve de febrero de dos mil veintiuno, la Junta responsable resolvió sobre el incidente de liquidación en el cual determinó darle valor probatorio a las pruebas ofrecidas por la parte demandada, y tomó como base para la cuantificación del salario la cantidad de $142.89 (ciento cuarenta y dos pesos, con ochenta y nueve centavos, moneda nacional), asimismo, consideró que la parte demandada había acreditado con los recibos de nómina que cubrió al actor algunas de las prestaciones condenadas en el laudo, las cuales serían descontadas, para otorgar al actor las diferencias que correspondan de las prestaciones que se reclaman, procediendo a la cuantificación correspondiente en la cantidad total de $445,983.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y tres pesos, sin centavos, moneda nacional) (fojas 313 a 321 del cuaderno auxiliar I). La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, se dice que son fundados los conceptos de violación del quejoso Isidro Pérez López debido a lo siguiente: El incidente de liquidación tiene como único fin el de cuantificar la condena establecida en el laudo; esto es, que no puede abarcar o incluir en la cuantificación conceptos sobre los cuales no haya condena expresa. Además, el incidente de liquidación del juicio laboral no es una nueva oportunidad de ampliar la controversia o introducir nuevos elementos en ella, pues su finalidad es cuantificar la condena formulada en el laudo que se trata de liquidar, por lo que la actividad de la Junta respectiva debe concretarse a verificar si la liquidación propuesta por el interesado es correcta o no, en la inteligencia de que la circunstancia de que el demandado no objete la multicitada liquidación no implica que la acepte, porque ninguna disposición legal lo ordena así. Por otro lado, la tramitación del incidente de liquidación tiene como función la de cuantificar en cantidad liquida los conceptos de la condena decretada en el laudo definitivo. Por lo tanto, la autoridad responsable al dictar la resolución incidental correspondiente, tiene la obligación, en primer lugar, de verificar que los conceptos contenidos en la planilla de liquidación que presente el actor, coincida con la condena establecida en el laudo, independientemente de que la parte demandada haga valer o no alguna objeción al respecto, pues la omisión de la autoridad de verificar esa situación, es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se obliga al patrón a pagar algo a lo que no fue condenado. Además, el objeto de este incidente es tan sólo cuantificar la condena impuesta en el laudo dictado en el juicio laboral, por lo que si en éste se fijó el salario base de la misma, no es procedente que en la resolución incidental se tome en cuenta un salario diferente, aunque el que se precisó en dicho laudo no haya sido el correcto, si no se promovió amparo directo en contra del propio laudo. Los anteriores argumentos tienen sustento en las jurisprudencias siguientes: "INCIDENTE DE LIQUIDACION. SUS ALCANCES LOS DETERMINA EL LAUDO." "INCIDENTE DE LIQUIDACION. SU CONTENIDO" "INCIDENTE DE LIQUIDACION. MATERIA DEL." "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, SALARIO QUE DEBE CONSIDERARSE EN EL." Ahora bien, en el presente caso como se ha visto en los antecedentes del acto reclamado en el quinto hecho de la demanda se reclamó como salario diario la cantidad de $350.13 (trescientos cincuenta pesos, con trece centavos, moneda nacional), y la parte demandada Comisión Federal de Electricidad no desvirtuó la cantidad reclamada, pues aun y cuando en su contestación de demanda dijo que el actor ganaba la cantidad diaria tabulada de $142.89 (ciento cuarenta y dos pesos, con ochenta y nueve centavos, moneda nacional) no aportó prueba alguna para así acreditarlo. Tan es así que en el laudo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en lo relativo a la valoración de las pruebas ofrecidas por la parte demandada, y en específico sobre la inspección ofrecida ésta, se estableció que no beneficiaba a los intereses de su oferente, dado que en diligencia de diecinueve de enero de dos mil dieciocho la demandada no exhibió los documentos para el desahogo de la prueba, teniéndose por desierta dicha probanza; asimismo, se resolvió que se declaraba la nulidad de los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado celebrados por el actor Isidro Pérez López con la demandada Comisión Federal de Electricidad y se condenó a dicha demandada a reconocer al actor una antigüedad laboral a su servicio a partir del día dieciséis de mayo de dos mil cinco, así como a considerar que la relación de trabajo que la une a dicho actor es por tiempo indeterminado, por lo que debería aplicar a su relación laboral el contrato colectivo de trabajo único y pagarle las prestaciones de tiempo extraordinario, ropa de trabajo, aguinaldo, vacaciones, descanso obligatorio, fondo de ahorro, fondo de previsión, renta de casa, energía eléctrica, ayuda de despensa, ayuda para transporte, días festivos, y prima dominical, a partir de la fecha en la cual resultó improcedente la prescripción que fue el dieciséis de junio de dos mil quince, hasta la fecha de dicho laudo, más lo que se siga generando hasta el cumplimiento total del laudo, para lo cual se ordenó la apertura del incidente de liquidación. Debido a lo anterior, es que se considera que el salario que debe imperar para realizar la cuantificación de lo laudado es el salario diario de $350.13 (trescientos cincuenta pesos, con trece centavos, moneda nacional), más no así la diversa cantidad de $142.89 (ciento cuarenta y dos pesos, con ochenta y nueve centavos, moneda nacional). Considerar lo contrario, sería tanto como desconocer lo establecido en el laudo, y contravenir la cosa juzgada en el mismo. Además de que no sería dable que otorgue valor a las pruebas documentales ofrecidas por el demandado para acreditar el salario, ya que esto fue materia de prueba en el trámite del juicio sin que la parte demandada haya demostrado que efectivamente el actor percibía la cantidad que refirió al momento de contestar su demanda, pues dales valor probatorio a dichas pruebas documentales sería una nueva oportunidad de ampliar la controversia o introducir nuevos elementos en ella, pues su finalidad es cuantificar la condena formulada en el laudo que se trata de liquidar, de ahí que no sea válido darles el valor probatorio. Cabe hacer mención que no pasa inadvertido para el que resuelve que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido que sí es posible que en el incidente de liquidación de sentencia admitir y desahogar pruebas ofrecidas por las partes para poder resolverlo, pero hace la acotación de que éstas siempre deben guardar relación con los hechos que se pretenden acreditar y con el fin mismo del incidente de liquidación, es decir, que sirvan para determinar el cálculo contenido en la planilla de liquidación pero sin afectar la cosa juzgada. Debido a lo anterior es que en el presente caso no se podrían tomar en consideración las pruebas ofrecidas por la demandada en el incidente de liquidación, ya que de hacerlo sí se afectaría la cosa Juzgada, pues como se ha dicho el salario propuesto por la demandada en el incidente de liquidación ya no sería materia de controversia pues éste quedó implícito en el laudo y se tiene que respetar. Lo anterior tiene sustento en la siguiente jurisprudencia: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE)." Por otro lado, tampoco se considera ajustado a derecho lo sustentado por la Junta responsable en el sentido de señalar que con los recibos de nómina se acreditó que el demandado cubrió al actor algunas de las prestaciones condenadas en el laudo, las cuales serían descontadas para otorgar al actor las diferencias que correspondan. Pues de igual forma estos pagos se debieron acreditar en la secuela procesal para que fueran establecidos en el laudo y en su caso se ordenara su descuento al momento de fijar la condena, es decir, se condenó en el laudo a pagarle al actor las prestaciones de tiempo extraordinario, ropa de trabajo, aguinaldo, vacaciones, descanso obligatorio, fondo de ahorro, fondo de previsión, renta de casa, energía eléctrica, ayuda de despensa, ayuda para transporte, días festivos, y prima dominical, a partir de la fecha en la cual resultó improcedente la prescripción que fue el dieciséis de junio de dos mil quince, hasta la fecha de dicho laudo, más lo que se siga generando hasta el cumplimiento total del laudo; más no así se condenó a pagar las diferencias, de ahí que no sea dable que la junta realice ningún descuento ya que el cálculo se deberá realizar en cuanto a las prestaciones pues así se estableció en el laudo, más no sobre sus deferencias. En las condiciones apuntadas, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso Isidro Pérez López, lo procedente es conceder la protección constitucional instada. Por otro lado, la quejosa Comisión Federal de Electricidad, en sus conceptos de violación aduce lo siguiente: Que la resolución reclamada transgrede sus derechos de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no funda ni motiva, es decir, no cita ningún precepto aplicable, asimismo no motiva su dicho en ninguna parte de la resolución. Sigue argumentando que de los recibos exhibidos se desprende que por dicho periodo al actor se le pago por concepto de tiempo extra constante y jornada nocturna; ropa de trabajo; aguinaldo; descanso obligatorio; vacaciones y días adicionales; fondo de ahorro; fondo de previsión; renta de casa; energía eléctrica; ayuda para la despensa; ayuda de transporte; prima dominical; diversas cantidades por lo que deberá hacer los cálculos correctos cuantificando así las diferencias entre lo que se debió pagar y lo que ya se pagó, es decir, la autoridad responsable deberá restar a los cálculos que determinó las cantidades pagadas, además de que no tomó en cuenta correctamente los recibos de nómina que se exhibieron en el juicio debiéndose tomar en cuenta las correctas cuantificaciones, así como tampoco tomó en cuenta la confesión expresa de la parte actora en su escrito inicial de demanda respecto al salario quincenal percibido durante el periodo del dieciséis de junio de dos mil quince al catorce de octubre del dos mil diecinueve. Hasta aquí los motivos de inconformidad de la parte quejosa Comisión Federal de Electricidad. Los cuales se consideran infundados de acuerdo a lo siguiente: Como ya se estableció en párrafos que anteceden en el laudo se condenó a pagarle al actor las prestaciones de tiempo extraordinario, ropa de trabajo, aguinaldo, vacaciones, descanso obligatorio, fondo de ahorro, fondo de previsión, renta de casa, energía eléctrica, ayuda de despensa, ayuda para transporte, días festivos, y prima dominical, a partir de la fecha en la cual resultó improcedente la prescripción que fue el dieciséis de junio de dos mil quince, hasta la fecha de dicho laudo, más lo que se siga generando hasta el cumplimiento total del laudo; más no así se condenó a pagar las diferencias, de ahí que no sea dable que la junta realice ningún descuento ya que el cálculo se deberá realizar en cuanto a las prestaciones pues así se estableció en el laudo, más no sobre sus deferencias. Además de que no sería dable otorgarle valor probatorio a los recibos que exhibió para acreditar el salario del actor, así como las prestaciones pagadas, pues esto tuvo que acreditarse en la secuela procesal y que así se determinara en el laudo, por lo que admitirse lo contrario cambiaría el sentido del laudo y de la cosa juzgada, ya que como se ha dicho se condenó al pago de las prestaciones, más no al pago de sus diferencias, de ahí que no sea dable que la juna responsable realice ningún ajunte de descuento. Además de que la confesión a que hace referencia por parte del actor, también se tuvo que haber expuesto ante la Junta responsable en la secuela procesal para que en el laudo fuera tomada en consideración, por lo que no es el momento procesal para valorarla. En las condiciones apuntadas, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso Comisión Federal de Electricidad, lo procedente es negar la protección constitucional instada. Quinto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad deberá realizar lo siguiente: Dejar insubsistente la resolución de nueve de febrero de dos mil veintiuno, que se emitió en el juicio laboral 700/2016, de su índice. Dictar una nueva resolución en la que cuantifique el incidente de liquidación en base al salario diario de $350.13 (trescientos cincuenta pesos, con trece centavos, moneda nacional), más no así una diversa cantidad. Asimismo, se deberá cuantifica el pago de las prestaciones de tiempo extraordinario, ropa de trabajo, aguinaldo, vacaciones, descanso obligatorio, fondo de ahorro, fondo de previsión, renta de casa, energía eléctrica, ayuda de despensa, ayuda para transporte, días festivos, y prima dominical, a partir de la fecha en la cual resultó improcedente la prescripción que fue el dieciséis de junio de dos mil quince, hasta la fecha de dicho laudo, más lo que se siga generando hasta el cumplimiento total del laudo; es decir las prestaciones completas sin ningún descuento, tomando como base que se condenó al pago de las prestaciones, más no así de las diferencias, por lo que no deberá realizar descuento alguno. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por tanto, con apoyo en los artículos 73, 74, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Para los efectos precisados en el quinto considerando, la justicia de la unión ampara y protege a Isidro Pérez López, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de nueve de febrero de dos mil veintiuno que se dictó en autos del juicio laboral 700/2016; lo anterior por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a la Comisión Federal de Electricidad, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de nueve de febrero de dos mil veintiuno que se dictó en autos del juicio laboral 700/2016; lo anterior por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con el Secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy (cuatro de octubre de dos mil veintiuno) en que lo permitieron las labores del juzgado.
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AVISO .. Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veintiuno. V i s t o s, los autos del presente juicio de amparo 1168/2020-VII-II, para resolver si se ha cumplido o no la sentencia dictada en este asunto; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoriada de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, para los efectos siguientes: ".Fije una nueva fecha dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral número 160/2020 de su índice, que promovió la aquí quejosa Lucía Guadalupe Martínez Itza." Segundo. Por oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo anexó en copia certificada el acuerdo que emitió el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente 160/2020 de su índice. Mediante proveído de nueve de junio del año en curso, se dio vista a las partes con tales documentos para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y, C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Del examen de la documental consistente en el acuerdo emitido por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente 160/2020 de su índice, la cual merece pleno valor, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalándose en la misma audiencia fecha y hora para llevarse a cabo la de ofrecimiento y admisión de pruebas. De lo anterior, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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