Perla Rocío Huerta Navarro
Expediente 484/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Perla Rocío Huerta Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de la cual se desprende la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte quejosa, el proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, toda vez que al constituirse en el domicilio ubicado en la calle Santos Pérez Abascal, número mil seiscientos cinco, en el local uno guion A, del segundo piso, con esquina Ricardo Flores Magón, de la colonia Ignacio Zaragoza en Veracruz, Veracruz, la actuaria advirtió que el inmueble en el se han realizado diversas notificaciones de otros asuntos del índice de este juzgado, se encuentra desocupado. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós y, se ordena a la actuaria de la adscripción realizar la notificación del proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes incluidas las personales, por medio de la lista de acuerdos, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale un nuevo domicilio procesal donde oír y recibir notificaciones. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa, tercero interesado y representante especial de los menores de identidades reservadas de iniciales B.S.H, M.S.H. y L.S.H., mediante proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo cual realizó la representante especial de los menores de identidades reservadas de iniciales B.S.H, M.S.H. y L.S.H. con antelación mediante escrito recibido en línea a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el doce de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Perla Rocío Huerta Navarro por propio derecho y en representación de sus menores hijos. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, el que en sesión ordinaria virtual de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, revocó la sentencia recurrida, en la que se sobreseyó en el presente asunto, para en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Perla Rocío Huerta Navarro por propio derecho y en representación de sus menores hijos, en los términos siguientes: ".En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: La autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada. En su lugar, dicte otra en la que analice de nueva cuenta los elementos probatorios referidos en esta ejecutoria, pero determinando de manera fundada y motivada sus alcances. Atendiendo al principio de interés superior de los menores, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto del régimen de convivencias." En consecuencia, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, a la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de siete de junio del año en curso, se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 4179 signado por la Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que remitió copia certificada del acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, por el cual dejó insubsistente la resolución emitida el dos de mayo de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1595/2019 de su índice. Asimismo, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa propia fecha, esto es, el cinco de junio de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en el sentido de revocar el acto impugnado por el aquí tercero interesado Marco Antonio Ruiz Villar. De la resolución reclama se advierte que la jueza responsable, atendiendo a que en el caso intervienen menores de edad, procedió a analizar los agravios esgrimidos a la luz de los principios del interés superior de la infancia y suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo que supliendo la deficiencia de la queja en beneficio de los menores que intervienen en ese procedimiento, la jueza responsable estimó declarar procedente el recurso de revocación que planteó JOSE LUIS SAAVEDRA ROMERO -aquí tercero interesado- por lo que estimó que el auto reclamado de once de enero de dos mil veintidós carecía de la debida fundamentación y motivación ya que para su emisión únicamente se tuvo en cuenta las recomendaciones de la psicóloga Ana Laura Gutiérrez Ruiz. Consecuentemente, se advierte que la jueza responsable estableció como antecedentes del caso los siguientes: "A).- Que por audiencia celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se fijó como regla de convivencia provisional, por video llamadas y asistida por parte del personal del Centro de Convivencia Familiar de este DistritoJudicial, a suceder los días sábados y domingos de cada semana en un horario de diecisiete a dieciocho horas, ordenándose desde aquél momento, la práctica de estudios psicológicos a las partes y al mayor de sus hijos; además se fijó una convivencia provisional de forma presencial entre los menores y el progenitor los días sábados y domingos de cada quince días en un horario de trece a dieciocho horas.B).- Que consta en autos, que el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se ordena girar oficio al Centro de Convivencia Familiar para llevar a cabo los estudios psicológicos a las partes y a bus menores hilos /en tanto que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordena requerir a la actora en lo principal para el cumplimento a las convivencias en autos.-C). Que en proveído de once de enero de dos mil veintidós, en atención al escrito de diez de enero del año próximo pasado y a las constancias psicológicas expedidas por la psicóloga ANA LAURA GUTIERREZ RUiz, con el fin de no ocasionar daño psicológico a los niños aquí involucrados se suspendió provisionalmente la convivencia señalada en la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó girar oficio al DIF Municipal, del lugar donde reside gila actora, para una valoración psicológica a los menores y obtener una segunda opinión acerca del estado psicológico de los menores; de igual manera se ordenó girar oficio al CECOFAM, para la suspensión de las convivencia virtual señalada." Respecto de dichas medidas, la autoridad responsable manifestó que no debían subsistir, ello en razón de que su emisión atenta contra el interés superior de los menores de edad involucrados en el asunto, ya que si bien, la actora por escrito de diez de enero del año dos mil veintidós refirió situaciones que atribuye al progenitor y que desde su óptica afectan de forma psicológica y emocional a sus hijos menores de edad, quienes le han referido que no quieren estar en la computadora con su papá, tornándose irritables y agresivos para con ella, lo que motivó la toma de terapias con la psicóloga ANA LAURA GUTIERREZ RUIZ, quien expidió a la promovente constancias de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, en las que refirió que "de forma contundente sugiere que ya no haya contacto entre los niños y el progenitor hasta que logren crecer y madurar en la parte de manejar sus emociones ante la presencia de su padre" también estima la juez responsable que deviene verídico que para pdoer emitir un auto que ordene la suspensión de las reglas provisionales de convivencia, debía basarse en medios de convicción que patentizaran que efectivamente es el progenitor no custodio quien está generando situaciones de maltrato o riesgo psicológico a los infantes que impiden una sana interacción con los progenitores. En ese sentido, la responsable consideró que las constancias que anexó la promovente -aquí quejosa- y que le fueran extendidas por la referida psicóloga en modo alguno constituían un elemento de convicción a valorar por ese juzgado puesto que, todo medio probatorio que se introduce al litigio debía ofrecerse en los términos y formas que prevé la ley adjetiva civil local, por así disponerlo los numerales 232, 235 y 236 del código en comento, por lo que correspondía a la contraparte su derecho de objetar ese medio de convicción, de ahí que estimó que no era posible apoyar una decisión judicial en una opinión que externa una especialista en psicología que no fue designada por esa autoridad para evaluar a los menores de edad aquí involucrados, más aún porque de las constancias no se advierte las técnicas o métodos empleados para concluir en los términos que lo hizo como tampoco deriva que hubiera entrevistado a todos los miembros de la familia en conflicto, como para atribuirle responsabilidad al progenitor. En razón de lo anterior, la jueza responsable desestimó las constancias expedidas por la psicóloga ANA LAURA GUTIERREZ RUIZ, ello sin dejar de observar que en un primer momento se apoyó en sus resultados para ordenar emitir el auto ahora impugnado. Por otra parte, la jueza responsable consideró que procedía la revocación del auto impugnado en virtud de que en autos del Tomo V del expediente 1595/2019, a foja mil uno a mil nueve, corre agregado el oficio DIFMB/PROCU-10/2022, de trece de abril de dos mil veintidós, al que se adjuntó el resultado de los estudios psicológicos practicados por la Psicóloga adscrita al DIF Municipal de Medellín, Veracruz, a los niños M.S.H., B.S.H. y L.S. H. incluyéndose en dichos informes, el nombre de la técnica psicológica aplicada, esto es, "Entrevista Estructurada. Test Dibujo de la Familia. Test HTP", de igual manera se incluía el resultado de esos test y la conclusión a la que se arribó, en la que coincidió la psicóloga en precisar que "...no se recomienda convivencia con el padre hasta que se le realice una valoración y terapia que permita la sana convivencia" sin embargo, estimó que de esos estudios psicológicos no se evidenciaba cuál era la forma de perjuicio, o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación de los niños, que pudieran llevarle a concluir que deben suspenderse las relaciones padre-hijos. Pues la jueza responsable consideró que solo se emitió la recomendación en el sentido de suspender las convivencias, ante el rechazo que refieren los infantes, sin indagar sobre el origen o motivo del rechazo, si se trata de una conducta que adoptan por situaciones propias, vividas o aprendidas, ya que solo se asentó lo que refirieron los infantes, por cuanto a que no quieren ver a su papá, porque grita o pega, basándose en esas manifestaciones para supeditar la interacción con el progenitor hasta que tome terapia psicológica que permita una sana convivencia; por lo que estimó que si a ello se adiciona que en autos también consta que el veintisiete de octubre de dos mi veintiuno, personal adscrito al Centro de Convivencia Familiar de este Distrito Judicial, practicó estudios psicológicos al niño B.S.H. precisándose en dicho informe, las técnicas o instrumentos psicológicos empleados, el análisis de cada uno de ellos, y las conclusiones, destacándose que respecto del infante: se recomendó "es importante que se valore en psicoterapia la narrativa de duelo y pleitos referidos por el menor a fin de que en caso necesario sean tratados con carácter de urgente para su bienestar psicosocial y para los ajustes que su familia considere hacer". Por otra parte, la autoridad responsable señaló que por cuanto al señor JOSE LUIS SAAVEDRA ROMERO -tercero interesado- de igual manera se indicó en el estudio practicado las técnicas/métodos utilizados, así como las conclusiones y sugerencias, por cuanto a que ".las convivencias de primera intención presenciales y asistidas permitirían observar a detalle la interacción con sus hijos. En caso de ser necesario, la orientación familiar y la psicoterapia favorecerían los recursos parentales que más tarde podrían beneficiar a sus hijos y su relación con ellos". Y, por cuanto a PERLA ROCIO HUERTA NAVARRO-quejosa- quien según lo señalado por la responsable, fue evaluada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se concluyó que: "...su estilo de afrontamiento es marcadamente evasivo, mostrando baja tolerancia a la frustración, de tal manera que cuando las cosas no salen como espera se refleja en un comportamiento irritable, voluble, impaciente y displicente, encerrándose en ella misma y teniendo dificultades para discernir, para responder con compromiso e incluso teniendo conductas infantiles." Así, la jueza responsable valoró de conformidad con el artículo 332 de la ley de procedimientos civiles local todos esos medios probatorios, mismos que valorados en su conjunto, le permitieron llegar a la conclusión que en el caso concreto debían conservarse las reglas provisionales de convivencia que de manera virtual se tenían establecidas, puesto que en los casos donde intervienen menores de edad y está en controversia los derechos de guarda, custodia y convivencia, la sola manifestación de rechazo sin evidencia de que esa medida pueda suscitar algún perjuicio o abuso físico o mental hacia los menores de edad, lo que procedía era conservar la convivencia con restricciones. Asimismo, la jueza responsable consideró que debía tomarse en cuenta que los niños tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano que se encuentre en condiciones que permitan su bienestar y desarrollo para lograr estabilidad emocional, físico, mental y en todos los ámbitos, por lo que las autoridades tienen la obligación de realizar las acciones y tomar medidas conforme con los principios establecidos en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual en su artículo 2 fracción II establece que se debe promover la participación y tomar en cuenta la opinión de todo menor en todos aquellos asuntos que sean de su incumbencia de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, destacando el principio del interés superior de la niñez, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como también el acceso a una vida libre de violencia, contemplados en el artículo 6 de la citada ley; de igual modo debía tenerse presente que conforme al artículo 9º de la Convención sobre los Derechos del Niño, corresponde a los Estados velar porque los menores de edad no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo que mediante determinación judicial se adopte dicha medida y que para ello deben seguirse los procedimientos establecidos en la legislación. Por lo que, en el caso concreto, la juez de origen tomó en consideración las pruebas psicológicas realizadas a ambos progenitores así como a los infantes en cuestión, asimismo señaló que se encuentra decretada una medida por auto de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintidós, misma a la cual las partes contendientes debían respetar dado que se encuentra subsistente; lo anterior, en atención al interés superior de la infancia, misma que debía tomarse en cuenta de forma inmediata por progenitores y dada la presunción a favor de la necesidad de protección de los infantes y el riesgo de que sean sometidos a conductas violentas, puesto que no debe exponerse a los menores a ningún tipo de riesgo de ser alejados del entorno que actualmente persisten, máxime a que cobra relevancia las situaciones de conflicto en las que viven dichos infantes ante la relación de los progenitores, las cuales estimó no aptas para el desenvolvimiento físico, emocional y psicológico del mismo. Por lo que, la jueza responsable estableció que, a fin de proporcionarles de manera inmediata a los menores involucrados un lugar tranquilo y seguro mientras se decreta el régimen de convivencia de forma definitiva y se decide su situación familiar, por ende, fin de no obstaculizar la convivencia entre el progenitor no custodio e hijo pero ante la situación que se está viviendo sobre los hijos de ambos menores identificados con las iniciales B.S.H., L.S.H. y M.S.H estimó pertinente variar las reglas provisionales de convivencia de virtual a presencial asistida en el Centro de Convivencia Familiar, por lo que ordenó girar oficio a la Coordinadora Distrital del Centro de Convivencia Familiar de ese Distrito Judicial, para que brinde los servicios de Convivencia PRESENCIAL SUPERVISADA, los días MIERCOLES de cada SEMANA, EN UN HORARIO DE DIECISIETÉ HORAS CON TREINTA MINUTOS A DIECINUEVE HORAS, con el objetivo que terceras personas neutrales y especializadas en materia de psicología establezcan los mecanismos y/o protocolos para la Re-vinculación entre el padre no custodio y los menores de edad y así pueden emitir una opinión especializada y a su vez materializar dichas reglas. Asimismo, señaló que no le pasa desapercibido que existen manifestaciones de rechazo de los menores hacia su progenitor, por lo que además es necesario crear canales de comunicación con ambos padres a través terapias personales de ambos progenitores involucrándose y participando cabalmente en la necesidad de los niños favoreciendo su desarrollo integral SANO propiciando que los infantes aborden la situación de manera asertiva y acorde a su edad. Por lo que en ese sentido, la juez responsable indicó a ambos progenitores, que debían de llevar terapia enfocada en atender algún posible daño psicológico, inclusive corregirlo si lo hubiere sobre sus hijos menores de edad de referencia y sobre las acciones que como padres han cometido o cometen a fin no de seguir violentando a los mismos, ello ante el Personal adscrito al DIF MUNICIPAL de Veracruz, Veracruz, a quien también ordenó girar oficio para que programe las terapias a fin de que se le comunique con toda oportunidad las fechas programadas y así estar en condiciones de notificarles a las partes, con los apercibimientos de ley. En ese contexto, la juez responsable manifestó que resulta importante que los padres de los menores de edad, lleguen a concientizar que ante los problemas que presenta o presentó su relación de pareja, los hijos resultan ser los menos responsables, no obstante, puede ser las que más lo resientan en el ámbito psicológico, social y económico. Por lo que, señaló que en aras de ese supremo derecho que tienen los niños de ser amados y respetados sin condición alguna, los cuales se encuentran consagrados en los artículos 1 y 4 de esta Ley Fundamental, las partes deben procurar un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto para con su hijos, despojándose de todo resentimiento que llegase a perjudicarles, de modo tal que la convivencia de los infantes con uno y otro de sus padres pueda obtenerse de la manera más sana, sin generarle ningún desequilibrio emocional sino, por el contrario, que al convivir con cada uno de ellos se sientan queridos, respetados y protegidos. nunca manipulados o utilizados para satisfacer diversos intereses; por consiguiente, a fin de prevenir algún posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que lo hubiere, los padres deben asumir una responsabilidadde que el hecho de que se encuentren separados de ningún modo implica que no puedan ser excelentes guías paternales, incluso mejores que si vivieran juntos, por cuanto se encuentran obligados a compensar el terrible inconveniente que a los niños les produce la separación de aquéllos. De igual manera, estableció que son los progenitores los que deben de ayudar a su hijo para que no sufran incertidumbre alguna respecto de su futuro y crezca tranquila y sana en todos los ámbitos personales y ante la sociedad, procurando actuar de forma honesta y responsablemente en cuanto a sus sentimientos filiales, prescindir de egoísmos al disputarse alguno de los derecho inherentes a los citados infantes, a fin de fortalecer los lazos de amor y respeto. Así, la jueza responsable señaló que al ser la convivencia un Derecho-Deber puesto que los niños tienen el derecho a convivir con ambos padres en tanto que estos tienen la obligación de permitir esa convivencia y estar presente a fin de que los infantes crezcan en un ambiente sano y tranquilo, que les permita desarrollarse de acuerdo a su edad, por ende, conminó a ambos progenitores Perla Rocio Huerta Navarro y Jose Luis Saavedra Romero, para que cumplan las reglas alejados de cualquier resentimiento que pudiera obstruir la sana convivencia, y para que evité hacer comentarios negativos respecto del otro frente/ a su hijo. Incluso, hizo del conocimiento de las partes que conforme a los artículos 345 y 346 del Código Civil en vigor, a las conductas que uno o ambos padres en proceso de separación o separados, ejerza sobre sus hijas o hijos, con el objeto de obstaculizar o destruir sus vínculos con alguno de ellos, se le llamará manipulación y aleccionamiento parental, el cual puede ser sancionado con la suspensión de la guarda y custodia, en caso de que eso se acredite. Finalmente, la jueza responsable señaló que deberían acatar de inmediato esta orden judicial, a efecto de cumplir con las convivencias ordenadas en esa resolución, pues en caso contrario se harían acreedores de las medidas de apremio que consagradas en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles, asimismo, se dará vista al Procurador de la Defensa del Menor del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz y al Fiscal Adscrito a ese Juzgado, a fin de que realicen las manifestaciones pertinentes y inherentes al beneficio del Interés Superior de los infantes en cuestión. Por todo lo anterior, la Juez responsable resolvió revocar el auto impugnado. En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el dos de mayo de dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil 1595/2019 y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad respecto del régimen de convivencias, analizando de nueva cuenta los elementos probatorios referidos en la ejecutoria dictada por la Superioridad, determinando de manera fundada y motivada sus alcances. Lo anterior, atendiendo al principio de interés superior de los menores. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la representante especial de los menores de identidades reservadas de iniciales B.S.H, M.S.H. y L.S.H. mediante el escrito presentado ante este Juzgado Federal el doce de junio de dos mil veintitrés, pues este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente original de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data nueve de junio de dos mil veintidós (fojas 24-27 del original del incidente de suspensión), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 484/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa, tercero interesado y representante especial de los menores de identidades reservadas de iniciales B.S.H, M.S.H. y L.S.H., mediante proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo cual realizó la representante especial de los menores de identidades reservadas de iniciales B.S.H, M.S.H. y L.S.H. con antelación mediante escrito recibido en línea a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el doce de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Perla Rocío Huerta Navarro por propio derecho y en representación de sus menores hijos. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, el que en sesión ordinaria virtual de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, revocó la sentencia recurrida, en la que se sobreseyó en el presente asunto, para en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Perla Rocío Huerta Navarro por propio derecho y en representación de sus menores hijos, en los términos siguientes: ".En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: La autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada. En su lugar, dicte otra en la que analice de nueva cuenta los elementos probatorios referidos en esta ejecutoria, pero determinando de manera fundada y motivada sus alcances. Atendiendo al principio de interés superior de los menores, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto del régimen de convivencias." En consecuencia, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, a la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de siete de junio del año en curso, se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 4179 signado por la Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que remitió copia certificada del acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, por el cual dejó insubsistente la resolución emitida el dos de mayo de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1595/2019 de su índice. Asimismo, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa propia fecha, esto es, el cinco de junio de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en el sentido de revocar el acto impugnado por el aquí tercero interesado Marco Antonio Ruiz Villar. De la resolución reclama se advierte que la jueza responsable, atendiendo a que en el caso intervienen menores de edad, procedió a analizar los agravios esgrimidos a la luz de los principios del interés superior de la infancia y suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo que supliendo la deficiencia de la queja en beneficio de los menores que intervienen en ese procedimiento, la jueza responsable estimó declarar procedente el recurso de revocación que planteó JOSE LUIS SAAVEDRA ROMERO -aquí tercero interesado- por lo que estimó que el auto reclamado de once de enero de dos mil veintidós carecía de la debida fundamentación y motivación ya que para su emisión únicamente se tuvo en cuenta las recomendaciones de la psicóloga Ana Laura Gutiérrez Ruiz. Consecuentemente, se advierte que la jueza responsable estableció como antecedentes del caso los siguientes: "A).- Que por audiencia celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se fijó como regla de convivencia provisional, por video llamadas y asistida por parte del personal del Centro de Convivencia Familiar de este DistritoJudicial, a suceder los días sábados y domingos de cada semana en un horario de diecisiete a dieciocho horas, ordenándose desde aquél momento, la práctica de estudios psicológicos a las partes y al mayor de sus hijos; además se fijó una convivencia provisional de forma presencial entre los menores y el progenitor los días sábados y domingos de cada quince días en un horario de trece a dieciocho horas.B).- Que consta en autos, que el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se ordena girar oficio al Centro de Convivencia Familiar para llevar a cabo los estudios psicológicos a las partes y a bus menores hilos /en tanto que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordena requerir a la actora en lo principal para el cumplimento a las convivencias en autos.-C). Que en proveído de once de enero de dos mil veintidós, en atención al escrito de diez de enero del año próximo pasado y a las constancias psicológicas expedidas por la psicóloga ANA LAURA GUTIERREZ RUiz, con el fin de no ocasionar daño psicológico a los niños aquí involucrados se suspendió provisionalmente la convivencia señalada en la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó girar oficio al DIF Municipal, del lugar donde reside gila actora, para una valoración psicológica a los menores y obtener una segunda opinión acerca del estado psicológico de los menores; de igual manera se ordenó girar oficio al CECOFAM, para la suspensión de las convivencia virtual señalada." Respecto de dichas medidas, la autoridad responsable manifestó que no debían subsistir, ello en razón de que su emisión atenta contra el interés superior de los menores de edad involucrados en el asunto, ya que si bien, la actora por escrito de diez de enero del año dos mil veintidós refirió situaciones que atribuye al progenitor y que desde su óptica afectan de forma psicológica y emocional a sus hijos menores de edad, quienes le han referido que no quieren estar en la computadora con su papá, tornándose irritables y agresivos para con ella, lo que motivó la toma de terapias con la psicóloga ANA LAURA GUTIERREZ RUIZ, quien expidió a la promovente constancias de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, en las que refirió que "de forma contundente sugiere que ya no haya contacto entre los niños y el progenitor hasta que logren crecer y madurar en la parte de manejar sus emociones ante la presencia de su padre" también estima la juez responsable que deviene verídico que para pdoer emitir un auto que ordene la suspensión de las reglas provisionales de convivencia, debía basarse en medios de convicción que patentizaran que efectivamente es el progenitor no custodio quien está generando situaciones de maltrato o riesgo psicológico a los infantes que impiden una sana interacción con los progenitores. En ese sentido, la responsable consideró que las constancias que anexó la promovente -aquí quejosa- y que le fueran extendidas por la referida psicóloga en modo alguno constituían un elemento de convicción a valorar por ese juzgado puesto que, todo medio probatorio que se introduce al litigio debía ofrecerse en los términos y formas que prevé la ley adjetiva civil local, por así disponerlo los numerales 232, 235 y 236 del código en comento, por lo que correspondía a la contraparte su derecho de objetar ese medio de convicción, de ahí que estimó que no era posible apoyar una decisión judicial en una opinión que externa una especialista en psicología que no fue designada por esa autoridad para evaluar a los menores de edad aquí involucrados, más aún porque de las constancias no se advierte las técnicas o métodos empleados para concluir en los términos que lo hizo como tampoco deriva que hubiera entrevistado a todos los miembros de la familia en conflicto, como para atribuirle responsabilidad al progenitor. En razón de lo anterior, la jueza responsable desestimó las constancias expedidas por la psicóloga ANA LAURA GUTIERREZ RUIZ, ello sin dejar de observar que en un primer momento se apoyó en sus resultados para ordenar emitir el auto ahora impugnado. Por otra parte, la jueza responsable consideró que procedía la revocación del auto impugnado en virtud de que en autos del Tomo V del expediente 1595/2019, a foja mil uno a mil nueve, corre agregado el oficio DIFMB/PROCU-10/2022, de trece de abril de dos mil veintidós, al que se adjuntó el resultado de los estudios psicológicos practicados por la Psicóloga adscrita al DIF Municipal de Medellín, Veracruz, a los niños M.S.H., B.S.H. y L.S. H. incluyéndose en dichos informes, el nombre de la técnica psicológica aplicada, esto es, "Entrevista Estructurada. Test Dibujo de la Familia. Test HTP", de igual manera se incluía el resultado de esos test y la conclusión a la que se arribó, en la que coincidió la psicóloga en precisar que "...no se recomienda convivencia con el padre hasta que se le realice una valoración y terapia que permita la sana convivencia" sin embargo, estimó que de esos estudios psicológicos no se evidenciaba cuál era la forma de perjuicio, o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación de los niños, que pudieran llevarle a concluir que deben suspenderse las relaciones padre-hijos. Pues la jueza responsable consideró que solo se emitió la recomendación en el sentido de suspender las convivencias, ante el rechazo que refieren los infantes, sin indagar sobre el origen o motivo del rechazo, si se trata de una conducta que adoptan por situaciones propias, vividas o aprendidas, ya que solo se asentó lo que refirieron los infantes, por cuanto a que no quieren ver a su papá, porque grita o pega, basándose en esas manifestaciones para supeditar la interacción con el progenitor hasta que tome terapia psicológica que permita una sana convivencia; por lo que estimó que si a ello se adiciona que en autos también consta que el veintisiete de octubre de dos mi veintiuno, personal adscrito al Centro de Convivencia Familiar de este Distrito Judicial, practicó estudios psicológicos al niño B.S.H. precisándose en dicho informe, las técnicas o instrumentos psicológicos empleados, el análisis de cada uno de ellos, y las conclusiones, destacándose que respecto del infante: se recomendó "es importante que se valore en psicoterapia la narrativa de duelo y pleitos referidos por el menor a fin de que en caso necesario sean tratados con carácter de urgente para su bienestar psicosocial y para los ajustes que su familia considere hacer". Por otra parte, la autoridad responsable señaló que por cuanto al señor JOSE LUIS SAAVEDRA ROMERO -tercero interesado- de igual manera se indicó en el estudio practicado las técnicas/métodos utilizados, así como las conclusiones y sugerencias, por cuanto a que ".las convivencias de primera intención presenciales y asistidas permitirían observar a detalle la interacción con sus hijos. En caso de ser necesario, la orientación familiar y la psicoterapia favorecerían los recursos parentales que más tarde podrían beneficiar a sus hijos y su relación con ellos". Y, por cuanto a PERLA ROCIO HUERTA NAVARRO-quejosa- quien según lo señalado por la responsable, fue evaluada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se concluyó que: "...su estilo de afrontamiento es marcadamente evasivo, mostrando baja tolerancia a la frustración, de tal manera que cuando las cosas no salen como espera se refleja en un comportamiento irritable, voluble, impaciente y displicente, encerrándose en ella misma y teniendo dificultades para discernir, para responder con compromiso e incluso teniendo conductas infantiles." Así, la jueza responsable valoró de conformidad con el artículo 332 de la ley de procedimientos civiles local todos esos medios probatorios, mismos que valorados en su conjunto, le permitieron llegar a la conclusión que en el caso concreto debían conservarse las reglas provisionales de convivencia que de manera virtual se tenían establecidas, puesto que en los casos donde intervienen menores de edad y está en controversia los derechos de guarda, custodia y convivencia, la sola manifestación de rechazo sin evidencia de que esa medida pueda suscitar algún perjuicio o abuso físico o mental hacia los menores de edad, lo que procedía era conservar la convivencia con restricciones. Asimismo, la jueza responsable consideró que debía tomarse en cuenta que los niños tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano que se encuentre en condiciones que permitan su bienestar y desarrollo para lograr estabilidad emocional, físico, mental y en todos los ámbitos, por lo que las autoridades tienen la obligación de realizar las acciones y tomar medidas conforme con los principios establecidos en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual en su artículo 2 fracción II establece que se debe promover la participación y tomar en cuenta la opinión de todo menor en todos aquellos asuntos que sean de su incumbencia de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, destacando el principio del interés superior de la niñez, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como también el acceso a una vida libre de violencia, contemplados en el artículo 6 de la citada ley; de igual modo debía tenerse presente que conforme al artículo 9º de la Convención sobre los Derechos del Niño, corresponde a los Estados velar porque los menores de edad no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo que mediante determinación judicial se adopte dicha medida y que para ello deben seguirse los procedimientos establecidos en la legislación. Por lo que, en el caso concreto, la juez de origen tomó en consideración las pruebas psicológicas realizadas a ambos progenitores así como a los infantes en cuestión, asimismo señaló que se encuentra decretada una medida por auto de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintidós, misma a la cual las partes contendientes debían respetar dado que se encuentra subsistente; lo anterior, en atención al interés superior de la infancia, misma que debía tomarse en cuenta de forma inmediata por progenitores y dada la presunción a favor de la necesidad de protección de los infantes y el riesgo de que sean sometidos a conductas violentas, puesto que no debe exponerse a los menores a ningún tipo de riesgo de ser alejados del entorno que actualmente persisten, máxime a que cobra relevancia las situaciones de conflicto en las que viven dichos infantes ante la relación de los progenitores, las cuales estimó no aptas para el desenvolvimiento físico, emocional y psicológico del mismo. Por lo que, la jueza responsable estableció que, a fin de proporcionarles de manera inmediata a los menores involucrados un lugar tranquilo y seguro mientras se decreta el régimen de convivencia de forma definitiva y se decide su situación familiar, por ende, fin de no obstaculizar la convivencia entre el progenitor no custodio e hijo pero ante la situación que se está viviendo sobre los hijos de ambos menores identificados con las iniciales B.S.H., L.S.H. y M.S.H estimó pertinente variar las reglas provisionales de convivencia de virtual a presencial asistida en el Centro de Convivencia Familiar, por lo que ordenó girar oficio a la Coordinadora Distrital del Centro de Convivencia Familiar de ese Distrito Judicial, para que brinde los servicios de Convivencia PRESENCIAL SUPERVISADA, los días MIERCOLES de cada SEMANA, EN UN HORARIO DE DIECISIETÉ HORAS CON TREINTA MINUTOS A DIECINUEVE HORAS, con el objetivo que terceras personas neutrales y especializadas en materia de psicología establezcan los mecanismos y/o protocolos para la Re-vinculación entre el padre no custodio y los menores de edad y así pueden emitir una opinión especializada y a su vez materializar dichas reglas. Asimismo, señaló que no le pasa desapercibido que existen manifestaciones de rechazo de los menores hacia su progenitor, por lo que además es necesario crear canales de comunicación con ambos padres a través terapias personales de ambos progenitores involucrándose y participando cabalmente en la necesidad de los niños favoreciendo su desarrollo integral SANO propiciando que los infantes aborden la situación de manera asertiva y acorde a su edad. Por lo que en ese sentido, la juez responsable indicó a ambos progenitores, que debían de llevar terapia enfocada en atender algún posible daño psicológico, inclusive corregirlo si lo hubiere sobre sus hijos menores de edad de referencia y sobre las acciones que como padres han cometido o cometen a fin no de seguir violentando a los mismos, ello ante el Personal adscrito al DIF MUNICIPAL de Veracruz, Veracruz, a quien también ordenó girar oficio para que programe las terapias a fin de que se le comunique con toda oportunidad las fechas programadas y así estar en condiciones de notificarles a las partes, con los apercibimientos de ley. En ese contexto, la juez responsable manifestó que resulta importante que los padres de los menores de edad, lleguen a concientizar que ante los problemas que presenta o presentó su relación de pareja, los hijos resultan ser los menos responsables, no obstante, puede ser las que más lo resientan en el ámbito psicológico, social y económico. Por lo que, señaló que en aras de ese supremo derecho que tienen los niños de ser amados y respetados sin condición alguna, los cuales se encuentran consagrados en los artículos 1 y 4 de esta Ley Fundamental, las partes deben procurar un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto para con su hijos, despojándose de todo resentimiento que llegase a perjudicarles, de modo tal que la convivencia de los infantes con uno y otro de sus padres pueda obtenerse de la manera más sana, sin generarle ningún desequilibrio emocional sino, por el contrario, que al convivir con cada uno de ellos se sientan queridos, respetados y protegidos. nunca manipulados o utilizados para satisfacer diversos intereses; por consiguiente, a fin de prevenir algún posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que lo hubiere, los padres deben asumir una responsabilidadde que el hecho de que se encuentren separados de ningún modo implica que no puedan ser excelentes guías paternales, incluso mejores que si vivieran juntos, por cuanto se encuentran obligados a compensar el terrible inconveniente que a los niños les produce la separación de aquéllos. De igual manera, estableció que son los progenitores los que deben de ayudar a su hijo para que no sufran incertidumbre alguna respecto de su futuro y crezca tranquila y sana en todos los ámbitos personales y ante la sociedad, procurando actuar de forma honesta y responsablemente en cuanto a sus sentimientos filiales, prescindir de egoísmos al disputarse alguno de los derecho inherentes a los citados infantes, a fin de fortalecer los lazos de amor y respeto. Así, la jueza responsable señaló que al ser la convivencia un Derecho-Deber puesto que los niños tienen el derecho a convivir con ambos padres en tanto que estos tienen la obligación de permitir esa convivencia y estar presente a fin de que los infantes crezcan en un ambiente sano y tranquilo, que les permita desarrollarse de acuerdo a su edad, por ende, conminó a ambos progenitores Perla Rocio Huerta Navarro y Jose Luis Saavedra Romero, para que cumplan las reglas alejados de cualquier resentimiento que pudiera obstruir la sana convivencia, y para que evité hacer comentarios negativos respecto del otro frente/ a su hijo. Incluso, hizo del conocimiento de las partes que conforme a los artículos 345 y 346 del Código Civil en vigor, a las conductas que uno o ambos padres en proceso de separación o separados, ejerza sobre sus hijas o hijos, con el objeto de obstaculizar o destruir sus vínculos con alguno de ellos, se le llamará manipulación y aleccionamiento parental, el cual puede ser sancionado con la suspensión de la guarda y custodia, en caso de que eso se acredite. Finalmente, la jueza responsable señaló que deberían acatar de inmediato esta orden judicial, a efecto de cumplir con las convivencias ordenadas en esa resolución, pues en caso contrario se harían acreedores de las medidas de apremio que consagradas en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles, asimismo, se dará vista al Procurador de la Defensa del Menor del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz y al Fiscal Adscrito a ese Juzgado, a fin de que realicen las manifestaciones pertinentes y inherentes al beneficio del Interés Superior de los infantes en cuestión. Por todo lo anterior, la Juez responsable resolvió revocar el auto impugnado. En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el dos de mayo de dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil 1595/2019 y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad respecto del régimen de convivencias, analizando de nueva cuenta los elementos probatorios referidos en la ejecutoria dictada por la Superioridad, determinando de manera fundada y motivada sus alcances. Lo anterior, atendiendo al principio de interés superior de los menores. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la representante especial de los menores de identidades reservadas de iniciales B.S.H, M.S.H. y L.S.H. mediante el escrito presentado ante este Juzgado Federal el doce de junio de dos mil veintitrés, pues este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente original de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data nueve de junio de dos mil veintidós (fojas 24-27 del original del incidente de suspensión), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado electrónicamente por Patricia Araceli Díaz Rodríguez, asesora Jurídica Federal en su carácter de representante especial de de los menores de identidades reservadas de iniciales B.S.H, M.S.H. y L.S.H. en el presente asunto, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de siete de junio del año en curso y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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