Perla Patricia Ramírez Salazar

Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
340/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Perla Patricia Ramírez Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto dictado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. Se establece que el juicio no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo, pues en el presente asunto SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmada electrónicamente por ************, sin copias, con ochenta y tres anexos, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que, por su voluminosidad, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 340/2021. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Ciertamente, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda; y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Al respecto, sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, e pertinente establecer que los término "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente, Perla Patricia Ramírez Salazar, reclama de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Integrantes del Pleno y Secretario de Acuerdos, todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, lo siguiente: 1) El oficio 003868 de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, firmado por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por medio del cual se hace de conocimiento a la licenciada Lizzet Ponce Hernández, que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria de once de marzo del año en curso, aprobó su nombramiento como secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por el término de tres meses, en sustitución de Perla Patricia Ramírez Salazar (aquí quejosa), por vencimiento de nombramiento. 2) Acta de Pleno extraordinaria de once de marzo de dos mil veintiuno, que aprobó el nombramiento de Lizzet Ponce Hernández, como secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, cargo que venía desempeñando la promovente. 3) La omisión de renovar su nombramiento como secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. 4) La falta de pago de salario y otras prestaciones económicas y no económicas, como lo son, Servicios Médicos y de Seguridad Social, toda vez que no se le realizó el pago correspondiente a la primera quincena del mes de abril. 5) La orden de cambio de adscripción a un Juzgado lejano a su domicilio particular ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, ante una eventual admisión de la demanda de cuenta y concesión de la suspensión. Asimismo, de los anexos y de los hechos que la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, se advierte que desde el año dos mil uno, comenzó a trabajar en diversos puestos para el Poder Judicial del Estado de Veracruz, teniendo como último cargo a partir del once de enero del año en curso hasta el treinta y uno de marzo siguiente, el de secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de este Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. Que el treinta de marzo del año en curso, se le hizo de su conocimiento el acuerdo dictado en el cuadernillo administrativo 139/2021, emitido por el Titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, que contenía el oficio 003868 de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, firmado por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el que nombran a la licenciada Lizzet Ponce Hernández, como secretaria de acuerdos adscrita a ese órgano jurisdiccional, en sustitución de la quejosa por vencimiento de nombramiento. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De tales preceptos, interpretados contrario sensu, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, sostuvo lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De conformidad con el criterio anterior, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre el promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Ahora, en el asunto que nos ocupa, los actos reclamados por la quejosa fueron derivados de una relación de coordinación, originada por un vínculo laboral; es decir, devienen de una relación entre particulares respecto de los derechos laborales de un trabajador, en la que ambos están en un mismo plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, de tal suerte que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas de estos. En efecto, la actuación que se atribuye a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Integrantes del Pleno y Secretario de Acuerdos, todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se vincula con los trabajadores de éste como Estado-patrón, por lo que es claro que para efectos del juicio de amparo no se les puede considerar como autoridades responsables. No pasan inadvertidos los vicios que la inconforme atribuye a dichos actos; sin embargo, éstos no cambian ni transforman la naturaleza de la relación laboral de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad. De ahí que no se encuentra a discusión si fue correcta o no la determinación de dar por terminado su nombramiento como secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, así como las consecuencias jurídicas y materiales que le atribuye, pues lo que en el caso importa para la procedencia del juicio de amparo, es que no se trata de actos de autoridad, y como ya se dijo, tiene naturaleza laboral acorde con el marco jurídico que define la relación preexistente en el servidor público y la dependencia patronal, es decir, constituye una determinación unilateral del Estado-patrón. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 28/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3707, de rubro y texto siguientes: "SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, MEDIANTE LA CUAL SON CESADOS O SEPARADOS DE SU CARGO, POR HABER INCURRIDO EN FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTIFICADAS, ES DE NATURALEZA LABORAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los regímenes laboral y administrativo de los servidores públicos del Estado no deben confundirse entre sí, porque tienen génesis jurídicas diferentes, reconocen distintas causales de suspensión y remoción, e implementan disímiles procedimientos. En la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos se distinguen esos sistemas, a los que están sujetos los servidores públicos judiciales, conocidos como personal de la administración de justicia, entre los que se encuentran los secretarios de acuerdos, actuarios y empleados de oficinas administrativas; resultando aplicables supletoriamente, las Leyes del Servicio Civil y Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Morelos, respectivamente. Ahora bien, el examen comparativo de ambos regímenes jurídicos permite afirmar que las faltas de asistencia sin causa justificada, por determinado número de días en un periodo definido, en que incurra el personal de la administración de justicia del Tribunal Superior de Justicia, constituyen un hecho que se despliega en el ámbito laboral de la relación jurídica que une al servidor público con el Poder Judicial, al encontrarse vinculado a la obligación que tiene todo trabajador de prestar un trabajo personal y subordinado. Por tanto, la resolución del Consejo de la Judicatura Estatal, mediante la cual decreta el cese o separación de un servidor público, por haber incurrido en faltas de asistencia sin causa justificada, constituye un acto jurídico de naturaleza laboral; de donde se sigue que la vía para impugnarla es el juicio laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje". También se invoca como apoyo, la jurisprudencia ... visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 1956, número de registro 2011343, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, al declarar fundado el recurso de queja 112/2017, interpuesto en el juicio de amparo 532/2017, del índice de este juzgado, por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en contra del auto que admitió la demanda de amparo, en la que se reclamaba el cese de un nombramiento como secretario de acuerdos adscrito a un Juzgado de Primera Instancia perteneciente al Poder Judicial del Estado de Veracruz, y sus consecuencias. Es pertinente indicar que la presente determinación se toma -además- en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, conduce a desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PROMOVENTE. Se tiene como autorizado de su parte con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Álvaro González Salas, al haber acreditado tener su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en toda la República. Como lo solicita, las notificaciones se realizarán electrónicamente, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de le Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, en términos de los artículos 34, 35 y 36 del referido Acuerdo General. Lo anterior, en razón de que proporciona el nombre de usuario "Perla741", por lo que se presume que ya dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario denominado Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisados en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea//. En tales circunstancias, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el número telefónico y correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Integrantes del Pleno y Secretario de Acuerdos, todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

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