Perla Oyucki Saguchi Sandoval
Expediente 334/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Perla Oyucki Saguchi Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que en proveído de veintiuno de septiembre del dos mil diecisiete, en cumplimiento al fallo protector se requirió a la parte quejosa, para que en el término de tres días acudiera a las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad, a recoger el cheque expedido a su favor; en tales circunstancias, el veintiocho de septiembre del año en curso, fue notificada por lista el acuerdo memorado, sin que hubiera dado cumplimiento al requerimiento en cita; por tanto, hágase efectivo el apercibimiento con el que se conminó en dicho proveído. Por consiguiente, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." - Efectos del fallo protector - Al respecto, debe decirse que en diecisiete de agosto del año en curso (fojas 67 a 91), se dictó sentencia constitucional donde se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Perla Oyucki Saguchi Sandoval, para el efecto de que las autoridades responsables Recaudador de Rentas, Congreso y Gobernador todos del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, llevara a cabo los siguientes efectos: Que el quejoso cubra la cuota mínima fijada a los individuos que reciben el mismo servicio en términos de la disposición legal de que se trata, a saber, la cantidad de $528.98 pesos (quinientos veintiocho pesos 98/100 Moneda Nacional) fijada para el trámite de las motocicletas por el ejercicio fiscal del dos mil diecisiete. El Recaudador de Rentas en Mexicali, Baja California, deberá devolver la cantidad excedente que cubrió el quejoso por los servicios prestados por concepto de expedición de licencia para conducir de automovilista, consignado en el recibo de ingresos con número de folio 11X10757-0000, expedido el quince de mayo de dos mil diecisiete, por la oficina de Recaudación de Rentas del Estado, monto que deberá devolver debidamente actualizado; desincorporando de esta forma de su esfera jurídica la porción normativa del precepto reclamado que resultó inconstitucional, la que no le será aplicada mientras se encuentre vigente. Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de pagar el impuesto que se establece en los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California y el artículo 8 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, que son los que estimó inconstitucionales. Se le devuelva la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de los preceptos que fueron declarados inconstitucionales. Resolución que causó ejecutoria el siete de septiembre del año en curso, fecha en que se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento a la misma. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- Respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, mediante oficio recibido en este juzgado el doce de septiembre de dos mil diecisiete (foja 115), el Procurador Fiscal del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó que procedió a desincorporar de la esfera jurídica a la quejosa la obligación contenida en los artículos 8, 12, fracción II, inciso a), numeral 2, de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, así como los 152, 153, y 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California y que envió oficio a la Dirección de Ingresos del Estado de Baja California para que en un plazo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas realice las gestiones necesarias para efecto de que la Dirección de Egresos del Estado de Baja California emita el cheque correspondiente a favor de la quejosa. Por oficio recibido en este juzgado el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 121), el Procurador Fiscal del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó que el once de septiembre de dos mil diecisiete expidió el cheque 0116186, mismo que se encontraba a disposición de la quejosa Perla Oyucki Saguchi Sandoval para su cobro en las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Seguidamente, se requirió a la quejosa Perla Oyucki Saguchi Sandoval, para que acudiera a las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad, a recoger el cheque que fue puesto a su disposición. Ahora, de las referidas constancias se advierte que la parte quejosa a la fecha no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional no obstante de haber quedado legamente notificada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. En ese tenor, previo a determinar si se cumplió o no con el fallo por parte de las autoridades responsables, conviene identificar cuándo se está en presencia de imposibilidad material y jurídica de cumplir con el mismo: a) Habrá imposibilidad material para el cumplimiento de un sentencia ejecutoriada de amparo, cuando las autoridades responsables se encuentren impedidas para dar cumplimiento a las sentencias de amparo por factores externos que destruyan la materia protegida en la sentencia de amparo, de tal forma que la responsable aun y cuando esté en condiciones de realizar actividades mecanizadas tendientes al cumplimiento de la ejecutoria, no sea ello posible porque la materia de amparo dejó de existir como, verbigracia: los cambios orográficos, físicos, demográficos y urbanísticos del lugar en donde deba cumplirse la ejecutoria de garantías. b) Imposibilidad jurídica se entiende como aquella disposición, acto de autoridad competente e independiente de las autoridades responsables o situación de derecho que extingue la materia del amparo, restaría eficacia a la garantía procesal de los derechos fundamentales que, cuando se concede un amparo por la actuación arbitraria de la autoridad, en tanto causa un acto de molestia, incluso privativo, sin respetar el principio de autoridad competente, de legalidad y de audiencia, se concediera validez a un acto igualmente arbitrario tendiente a desacatar la sentencia de la autoridad. Dado que la situación jurídica que imperaba el momento del otorgamiento del amparo, ha cambiado por causas ajenas a la responsable, ya que la quejosa Perla Oyucki Saguchi Sandoval no dio cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional no obstante de haber quedado legamente notificada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 127). En consecuencia, acorde con los antecedentes anteriores, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que hay imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, en los términos de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en el presente juicio. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. Derivado de lo aquí determinado, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido de conformidad con el penúltimo párrafo del ordinal 196 de la Ley de Amparo; hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Registro de Juicios de Amparo, así como en la carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración a partir del seis de octubre dos mil veintidós, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. Finalmente, se ordena la devolución del documento original exhibido por la parte quejosa; consistente en recibo de pago 10757* expedido a favor de Perla Oyucki Saguchi Sandoval por la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Baja California, de quince de mayo de dos mil diecisiete, con sello original de entregado de la misma fecha; hágase de su conocimiento, que deberá apersonarse ante este juzgado a recogerlos dentro del término de noventa días, previniéndose que de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al presente proveído, se gira el siguiente oficio: 17276, 17284, 17285 y 17286
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio que firma el Sub-Recaudador de Rentas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado en Mexicali, Baja California, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, informa a este órgano jurisdiccional que hasta la presente fecha la parte quejosa no ha acudido a cobrar el cheque que se puso a su disposición.
- Principal
...procedo a notificar a primera hora hábil, por lista en los Estrados de este Juzgado, y lista en una página electrónica a la quejosa Perla Oyucki Saguchi Sandoval, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete...Agréguese a los autos el oficio signado por el Procurador Fiscal del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad , mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que el once de septiembre de dos mil diecisiete se expidió cheque 0116186, mismo que está a disposición de la quejosa Perla Oyucki Saguchi Sandoval para su cobro en las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Atento a lo anterior, a efecto de dar total cumplimiento al fallo protector emitido en este Juicio de Amparo, requiérase a la quejosa Perla Oyucki Saguchi Sandoval, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad, a recoger el cheque referido en el párrafo que antecede; en el entendido de que la peticionaria de amparo deberá informar a este órgano jurisdiccional que dio cumplimiento con lo anterior, apercibida que de no hacer manifestación alguna se dará la vista relativa al cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable Recaudador Auxiliar de Rentas del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, mismo que se computa a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional si la parte quejosa acudió a recoger el cheque expedido a su favor; con el apercibimiento que de no hacerlo en el referido término, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diez de enero de dos mil diecisiete, misma que asciende a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior, al multiplicarse la Unidad de Medida y Actualización de $75.49 (setenta y cinco pesos con 49/100 moneda nacional) por cien veces la unidad de medida y actualización, conforme lo establece el artículo 258 de la Ley de Amparo. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 16272
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Procurador Fiscal del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que procedió a desincorporar de la esfera jurídica a la quejosa la obligación contenida en los artículos 8, 12, fracción II, inciso a), numeral 2, de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, así como los 152, 153, y 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Asimismo, informa que envió oficio a la Dirección de Ingresos del Estado de Baja California para que en un plazo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas realice las gestiones necesarias para efecto de que la Dirección de Egresos del Estado de Baja California emita el cheque correspondiente a favor de la quejosa; de igual manera, solicita ampliación de término para dar cumplir con el fallo protector dictado dentro del presente juicio, dada la complejidad del presente asunto; por lo antes expuesto, se tiene a la responsable en vías de cumplir la ejecutoria dicta. Ahora, al advertirse que la Dirección de Ingresos del Estado de Baja California y la Dirección de Egresos del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, tienen intervención para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, se les vincula al cumplimiento de la misma. Por ello, a fin de dar cumplimiento cabal a la ejecutoria dictada en autos, con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Recaudador de Rentas, Dirección de Ingresos y la Dirección de Egresos, todos del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, así como a su superior jerárquico, siendo el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado, con residencia en esta ciudad; a las primeras tres de ellas para que: Que el quejoso cubra la cuota mínima fijada a los individuos que reciben el mismo servicio en términos de la disposición legal de que se trata, a saber, la cantidad de $528.98 pesos (quinientos veintiocho pesos 98/100 Moneda Nacional) fijada para el trámite de las motocicletas por el ejercicio fiscal del dos mil diecisiete. El Recaudador de Rentas en Mexicali, Baja California, deberá devolver la cantidad excedente que cubrió el quejoso por los servicios prestados por concepto de expedición de licencia para conducir de automovilista, consignado en el recibo de ingresos con número de folio 11X10757-0000, expedido el quince de mayo de dos mil diecisiete, por la oficina de Recaudación de Rentas del Estado, monto que deberá devolver debidamente actualizado; desincorporando de esta forma de su esfera jurídica la porción normativa del precepto reclamado que resultó inconstitucional, la que no le será aplicada mientras se encuentre vigente. Se le devuelva la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de los preceptos que fueron declarados inconstitucionales. En cuanto a la última autoridad, de conformidad con el artículo 194 de la Ley de Amparo, en su calidad de superior jerárquico, quien se encuentra obligado a conminar a aquélla a dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, instruya a la autoridad responsable, así como a las vinculadas. En virtud de lo anterior, infórmese a las autoridades requeridas en este auto que de conformidad con el artículo 193 y 194, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se les otorga por única ocasión el término de cinco días, contados a partir de que reciban el presente proveído, a fin de que den cumplimiento a la ejecutoria de mérito; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior de acuerdo con el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: Articulo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 16004, 16005, 16013 y 16014
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