Perla Maria Vasconcelos Jimenez
Expediente 440/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Perla Maria Vasconcelos Jimenez
Actuaciones
- Principal
MESA IX.- HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, tomando en cuenta que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y se archiva el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicada el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, fracción a), del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental.
- Principal
MESA IX.- con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.
- Principal
ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 2, 33, 35, 37, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve Perla María Vasconcelos Jiménez, contra actos de la siguiente autoridad: 1.- Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. ANOTACIONES Se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 440/2021-IX. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES, RESPECTO DE ASUNTOS TRAMITADOS FÍSICAMENTE, ASÍ COMO PROPUESTA DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, del citado cuerpo colegiado, con relación al periodo de vigencia, del tres de agosto de dos mil veinte, al treinta de junio de dos mil veintiuno, se exhorta a las partes al uso del Portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con apertura total del esquema de "juicio en línea" a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por medios electrónicos. Por otra parte, de conformidad con el diverso 5, fracción I y 22 fracción II, ambos del citado Acuerdo General 21/2020, se invita a las partes que proporcione número de teléfono móvil y/o cuenta de correo electrónico, a fin de que se establezcan comunicaciones no procesales. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado. Además, el acto reclamado no es de aquellos por los que se deba tramitar el incidente de suspensión de manera oficiosa, como lo establece el diverso 127 de la Ley de la materia. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, dese la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes así como de las constancias que sean necesarias para apoyar a los mismos, apercibidas que en caso de omisión, se le impondrá multa de CIEN veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del uno de febrero siguiente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley de Amparo. CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, infórmese a las autoridades responsables que aun cuando no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en los juicios de amparo, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional, incluso, la decisión de notificar conforme a lo previsto en el párrafo anterior deberá reparar en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte, por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, infórmeseles a las autoridades responsables que se encuentran en aptitud de aportar como pruebas toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia; por lo que, podrán adjuntar a sus informes justificados el archivo electrónico de la resolución reclamada; además de indicarle que podrá enviar lo anterior (ya sea suspensión de plano, justificado o cualquier otro requerimiento que se genere a lo largo de la tramitación del presente asunto) al correo institucional 2jdo10cto@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior, a fin de cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita; además de privilegiar el trabajo jurisdiccional con el empleo de herramientas tecnológicas para garantizar la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, entre los servidores públicos y las partes. COMUNICACIÓN DE CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que, en caso que tengan conocimiento de alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; apercibidas que de no hacerlo se les sancionará con multa de CIEN veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del uno de febrero siguiente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley de Amparo. Ahora, cabe señalar que de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, se debe dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; empero, la referida vista es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como de los Tribunales Colegiado de Circuito, según sea el caso, en razón de la facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, este órgano jurisdiccional no se encuentre en el supuesto de dar vista con alguna posible causa de improcedencia en los términos reseñados, pues -como se adelantó la obligación de hacerlo corresponde específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiado de Circuito. Se afirma lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, sostuvo que para que se actualice el supuesto normativo de que se trata se deben presentar ambas hipótesis, es decir, (que la causa de improcedencia no sea alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior) para que surja la obligación del juzgador de dar vista al quejoso con la actualización de la causal de improcedencia detectada de oficio; lo anterior, debido a que la palabra inferior a que se refiere la parte final de la segunda frase cuestionada, se puede interpretar que se refiere a jerarquía de órganos desde el punto de vista jurisdiccional; en ese sentido, en primera no existe órgano inferior dado que en su categoría se encuentran los juzgadores que conocen de primera mano del juicio de amparo de que se trate, es decir, es con los que inicia el juicio, en este medida los Tribunales Colegiados tratándose del amparo indirecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo, tendrán el carácter de superior, cuya característica principal es que por mandato legal conocerán y resolverán de algunos de los recursos de impugnación previstos en la ley en segunda instancia, para que en su caso se revoque, modifique o confirme la decisión revisada, siendo que al órgano inferior se le conoce como juez a quo, dado que su fallo controvertido ante el tribunal superior, cuya denominación de éste es de Ad Quem, pues será el tribunal de alzada que conocerá del recurso interpuesto. De lo expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la obligación prevista en el precepto 64, párrafo segundo, está dirigida particularmente a la segunda instancia de las dos vías de tramitación del juicio de amparo a que alude el numeral 2, párrafo primero de la ley de la materia. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala tercero interesado; sin embargo, se reserva acordar lo conducente, una vez que la autoridad responsable rinda su informe justificado y de él se desprenda su existencia. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la parte quejosa las documentales públicas que anexó a su demanda inicial, así como la presuncional; medios de convicción que se admiten y se desahogas por virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. Por otra parte, en relación a la prueba consistente en la instrumental de actuaciones, no ha lugar a acordar favorable su admisión, toda vez que aún no obran en autos, sin perjuicio de ofrecerlas con posterioridad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su demanda inicial y como autorizados a las personas que ahí menciona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En otro orden de ideas, conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito, para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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