Perla Lizeth Núñez Gutiérrez
Expediente 123/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Chihuahua
- Perla Lizeth Núñez Gutiérrez
- Perla Lizeth Núñez Gutiérrez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término dispuesto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes se inconformara con el proveído mediante el cual se declaró enteramente cumplido el fallo protector de amparo, de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, o hayan hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se declara que dicho auto causa estado y queda firme para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro correspondiente. En tal sentido, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, atento a la resolución que puso fin al presente juicio, y a lo dispuesto en los numerales 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, se declara que el mismo es depurable, por lo que se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, así como la de la fecha de archivo. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación que antecede de la que se observa que, ha transcurrido el término de tres días que se le concedió por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, a la quejosa Amelia Reyes Velázquez, por conducto de su apoderada Perla Lizeth Núñez Gutiérrez, de lo que quedó notificada el trece de enero de dos mil veintitrés, y el término de tres días le transcurrió del dieciséis al dieciocho de enero del año en curso, Asimismo, el agente del Ministerio Publico de la Federación, quedó notificado el once de enero de dos mil veintitrés, sin que a la fecha hubieren informado inconformidad a este Juzgado, por tanto, con las constancias que obran en autos se procede a efectuar el análisis de cumplimiento del fallo protector que nos atañe. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 y en apego al criterio jurisprudencial 26/2000, Aprobado por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, bajo el rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Con base a lo anterior, este Juzgado de Distrito, se avoca al análisis del cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la responsable citada ut supra. Mediante resolución terminada de engrosar el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, dictó sentencia en este juicio, en la que, en base a las consideraciones ahí expuestas, sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Amelia Reyes Velázquez, por conducto de su apoderada Perla Lizeth Núñez Gutiérrez, para los siguientes efectos: ".Por lo que, con base a lo anterior, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado. Ahora bien, toda vez que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo la sentencia de amparo debe restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de la imprecisión destacada. Por ello, con la finalidad de precisar los efectos de la concesión decretada, es importante decir que aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango, revelan la capacidad contributiva mínima establecida para cada una de ellas. Por ende, la inconstitucionalidad declarada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte agraviada el rubro que le corresponda de la tabla de valores, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado, sin contemplar alguna otra subclasificación adicional, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, en razón de que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria de la contribuyente. Ahora, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga a la parte quejosa al pago de menor cuantía establecido en la categoría de que se trate, resulta inconcuso que en cumplimiento a la ejecutoria, las autoridades ejecutoras deberán restituirle la diferencia que exista entre el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Es necesario precisar que a la cantidad que deba devolverse a la parte agraviada, se deben adicionar las diferencias que resulten por los rubros accesorios al cobro del impuesto predial que se realizaron, ya que la cantidad que pagó por ese tributo representó la base para el cobro de dichos conceptos accesorios. Sin embargo, a fin de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarle la diferencia de la cantidad que cubrió por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquélla se efectuó, y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Es así, porque sólo a través de la actualización se devolverán a la parte quejosa las cantidades que enteró a la autoridad exactora bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenían al momento en que se erogó.". Así las cosas, con fecha dieciocho de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió el debido cumplimiento del fallo protector a las autoridades exactoras vinculadas a su cumplimiento. Y no obstante de que por auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad exactora informando sobre las gestiones que se encontraba realizando para dar cabal cumplimiento al fallo protector de amparo, mediante diverso proveído de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Y mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe de la autoridad, Tesorera Municipal, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación, adscrito a la Dirección de Catastro, del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que expresaron que la cantidad que corresponde devolver a la impetrante de amparo por concepto de pago en exceso del impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil veintidós, asciende a $428.34 (cuatrocientos veintiocho pesos 34/100 moneda nacional). Luego, de nueva cuenta mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, se requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo y fue mediante proveído de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintidós cuando, se tuvo a la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Juárez, informando que la cantidad a devolver a la parte quejosa, ya actualizada, es la de $460.03 (cuatrocientos sesenta pesos 03/100 moneda nacional), por concepto del impuesto predial correspondiente a la clave catastral de la parte quejosa, respecto al ejercicio fiscal dos mil veintidós, y remitiendo al efecto copia del formato múltiple de pago, realizado por la Dirección de Egresos del Municipio de Juárez, por la cantidad antes mencionada. Por último, mediante acuerdo de fecha nueve de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, manifestando, que en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, ha puesto a disposición de la quejosa Amelia Reyes Velázquez, en la Caja General de la Tesorería Municipal, el cheque número 0013940, a cargo de la institución Bancaria "Citibanamex", valioso por la cantidad de $460.03 (cuatrocientos sesenta pesos 03/100 moneda nacional), por concepto de pagos totales y actualizaciones que la parte quejosa realizó del impuesto predial, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, haciendo del conocimiento de este Juzgado Federal que la quejosa podía acudir a recoger el cheque de mérito para su buen cobro. Así, las documentales aludidas que fueron remitidas en instrumental de actuaciones, poseen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia. Con lo anterior, por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, a la quejosa Amelia Reyes Velázquez, por conducto de su apoderada Perla Lizeth Núñez Gutiérrez, de lo que quedó notificada el trece de enero de dos mil veintitrés, y el término de tres días le transcurrió del dieciséis al dieciocho de enero del año en curso, Asimismo, el agente del Ministerio Publico de la Federación, quedó notificado el once de enero de dos mil veintitrés, sin que a la fecha hubieren informado inconformidad a este Juzgado, Corolario a lo expuesto, como se advierte la parte quejosa, no formuló escrito de inconformidad expresa, en el sentido de que está satisfecha con haber recogido el título valor de referencia, y con base a lo informado por la responsable de mérito, es declarar CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, pues se colmó el núcleo esencial de las obligaciones exigidas a la autoridad responsable. Lo antes expuesto es en acatamiento, a lo establecido en el artículo 192, de la Ley de Amparo, a la Jurisprudencia 2a. CXIV/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Octubre de 1997, página 414, de rubro y texto dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos del tercer párrafo del arábigo 201, fracción I, y 202 primer párrafo de la Ley de Amparo, en la inteligencia que de no inconformarse dentro del plazo de quince días que prevé el citado numeral, legalmente computado, se tendrá por consentido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy Fe. FSC.
- Principal
Se tiene a la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, manifestando, que en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, ha puesto a disposición de la quejosa ********************, en la Caja General de la Tesorería Municipal, el cheque número 0013940, a cargo de la institución Bancaria "Citibanamex", valioso por la cantidad de ********************por concepto de pagos totales y actualizaciones que la parte quejosa realizó del impuesto predial, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós; en tal virtud, hágase del conocimiento de la quejosa en cita, la anterior manifestación de la autoridad informante, para el efecto de que acuda a recoger el cheque de mérito e informe a este Juzgado, en un término de tres días a partir del en que quede notificada del presente proveído, lo relativo a la entrega que del mismo se le haga, así como a su buen cobro. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos los oficios y anexo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Se tiene a la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Juárez, informando sobre las gestiones realizadas tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, comunicando que la cantidad a devolver a la parte quejosa, ya actualizada, es la de ********************por concepto del impuesto predial correspondiente a la clave catastral de la parte quejosa, respecto al ejercicio fiscal dos mil veintidós. Asimismo, remitiendo al efecto copia del formato múltiple de pago, realizado por la Dirección de Egresos del Municipio de Juárez, por la cantidad antes mencionada, el cual se encuentra en revisión para su autorización, advirtiéndose en la copia simple de referencia, que el formato múltiple de pago fue elaborado el veintidós de diciembre del año en curso, por lo que refiere que una vez que se cuente con el cheque correspondiente, se procederá a informar a este juzgado. Por último, tomando en consideración las manifestaciones que esgrime la autoridad responsable Tesorera Municipal de Juárez, con residencia en esta ciudad en el oficio que signa, y como lo solicita en términos del artículo 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se otorga prórroga para dar cabal cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, y se le concede un plazo de diez días a fin de que esté en aptitud de cumplir con la referida ejecutoria, en el entendido de que para el caso de ser omisa al respecto, se hará acreedora al apercibimiento decretado mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós. En tales condiciones, dese vista con lo anterior a la quejosa ********************y requiérasele para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto a las manifestaciones de la responsable en cita, tendientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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