Perla Jazmín Parra Cervantes
Expediente 457/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Perla Jazmín Parra Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, específicamente las constancias que en alcance a su informe justificado remitió la Agente del Ministerio Público I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Tarimoro, Guanajuato, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama el citatorio de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta de investigación ********** del índice de la Agencia del Ministerio Público I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Tarimoro, Guanajuato, para que la solicitante del amparo compareciera ante esa representación social a fin de recabar su entrevista, en calidad de querellante, para estar en posibilidades de esclarecer los hechos. Sin embargo, dicha citación no afecta personal y directamente alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, dado que la representante social se encuentra facultada y obligada en términos de lo previsto por el artículo 21 de la Constitución General de la República, para investigar y perseguir los delitos que pudieran cometerse; y, en esa tesitura, las actuaciones que se realicen en ejercicio de la citada función con la finalidad de integrar la carpeta de investigación no le deparan perjuicio al particular, en el caso concreto a **********; toda vez que es la parte ofendida en la referida indagatoria y únicamente se le citó para que manifestara si contaba con algún otro dato de prueba a efecto de resolver en definitiva. Por ello, como se señaló en líneas precedentes, la sola integración de la carpeta de investigación no afecta las derechos fundamentales de la aquí quejosa, dado que no se vislumbra la posibilidad de que resulte vulnerada su libertad, posesiones o derechos y, por lo mismo, el juicio de amparo promovido resulta improcedente. En las relatadas condiciones, queda demostrado que se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, del ordenamiento legal en consulta, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente las constancias que en alcance a su informe justificado remitió la Agente del Ministerio Público I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Tarimoro, Guanajuato, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama el citatorio de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta de investigación ********** del índice de la Agencia del Ministerio Público I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Tarimoro, Guanajuato, para que la solicitante del amparo compareciera ante esa representación social a fin de recabar su entrevista, en calidad de querellante, para estar en posibilidades de esclarecer los hechos. Sin embargo, dicha citación no afecta personal y directamente alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, dado que la representante social se encuentra facultada y obligada en términos de lo previsto por el artículo 21 de la Constitución General de la República, para investigar y perseguir los delitos que pudieran cometerse; y, en esa tesitura, las actuaciones que se realicen en ejercicio de la citada función con la finalidad de integrar la carpeta de investigación no le deparan perjuicio al particular, en el caso concreto a **********; toda vez que es la parte ofendida en la referida indagatoria y únicamente se le citó para que manifestara si contaba con algún otro dato de prueba a efecto de resolver en definitiva. Por ello, como se señaló en líneas precedentes, la sola integración de la carpeta de investigación no afecta las derechos fundamentales de la aquí quejosa, dado que no se vislumbra la posibilidad de que resulte vulnerada su libertad, posesiones o derechos y, por lo mismo, el juicio de amparo promovido resulta improcedente. En las relatadas condiciones, queda demostrado que se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, del ordenamiento legal en consulta, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Tarimoro, Guanajuato, a fin de que estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses; por tanto, se difiere la misma y se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración.
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