Perla Ivoone González Garza

Expediente 1341/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1341/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Perla Ivoone González Garza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    De la certificación que antecede, se desprende que a la fecha transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Luego, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, se ordena su archivo definitivo. Debido a que el presente juicio se encuentra concluido, es necesario analizar lo relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Luego, en atención al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de referencia; se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio; y no encuadra en los supuestos de relevancia documental a que se refiere el numeral 15 del invocado Acuerdo. Finalmente, se ordena la devolución del tomo de pruebas que se ordenó formar en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, con motivo de las constancias que remitió el Juez Segundo responsable, en apoyo a su informe con justificación.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1341/2021, de acuerdo con los siguientes: ANTECEDENTES. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre dos mil veintiuno ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, recibida el veintiséis de octubre siguiente, Perla Ivoone González Garza solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de justicia del Estado, con residencia en Gómez Palacio, Durango y otras autoridades, que hizo consistir en la resolución dictada el uno de octubre de dos mil veintiuno emitida en el toca civil 025CC/2021 y la inconstitucionalidad del artículo 674 del Código Procesal Civil del Estado de Durango. La parte quejosa invocó como preceptos constitucionales vulnerados, los establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. TERCERO. La audiencia constitucional en sus fases de pruebas y alegatos consta en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza; es competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, porque se reclaman actos que se ejecutaron en Gómez Palacio, Durango, correspondiente al Circuito al que pertenece este Juzgado Federal. SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en las sentencias de amparo, el juzgador debe fijar en forma clara y precisa el acto reclamado. En el caso particular, los actos reclamados consisten en: 1.- De la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Gómez Palacio, Durango, la sentencia emitida el uno de octubre de dos mil veintiuno, en el toca civil 025CC/2021 en la que ordenó la reposición del procedimiento del juicio ordinario civil 363/2017 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta, con sede en Lerdo, Durango. 2.- Del Juez Segundo de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta, con sede en Lerdo, Durango, la ejecución de la anterior resolución. 3.- Del Congreso del Estado de Durango, la discusión, aprobación y expedición del artículo 674 del Código Procesal Civil para el Estado de Durango. 4.- Del Gobernador del Estado de Durango, la sanción y publicación de dicha norma. TERCERO. Es inexistente el acto identificado en el numeral 4, del considerando que antecede, consistente en la publicación del artículo reclamado por la parte quejosa, y que se atribuye al Gobernador del Estado de Durango; pues, dentro del proceso legislativo, dicho acto es competencia del Periódico Oficial del Estado de Durango. Desde esta óptica, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el juicio, respecto del acto de publicidad, ante su inexistencia. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Gómez Palacio, Durango; Juez Segundo de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Lerdo; Congreso y Gobernador ambos del Estado de Durango, residentes en Victoria Durango capital, pues así se desprende del contenido de sus respectivos informes. Además la existencia de lo anterior queda corroborada con las constancias que remitieron las autoridades judiciales relacionadas con el toca civil y el juicio ordinario civil de origen, las que tienen pleno valor probatorio en términos de los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por tratarse de la reproducción de actuaciones practicadas en ejercicio de sus funciones. Además se corrobora debido a que intervienen en el proceso legislativo de creación de las leyes combatidas, y dicha existencia se acredita plenamente sin necesidad de prueba, ello al ser autoridades legislativas y participar en el proceso y formación del cuerpo de leyes tildado de inconstitucional, lo cual se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se reproducen enseguida: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis VII.3o.C.16 K publicada en la página 1343, del Tomo XVIII, Septiembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." QUINTO. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De los preceptos anteriores se colige que no procede el juicio de amparo cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador estableció de manera precisa que los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tal virtud, dentro de ellos se encuentran la integridad personal, libertad en sus diversas manifestaciones, posesión o propiedad, dado que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues ello sería imposible por la falta de materia, dado que no existiría aspecto alguno que reparar porque las violaciones ya se habrían consumado en forma irreparable. Por ello, en modo alguno pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos son meramente formales, pues dentro de la expresión de imposible reparación de ninguna manera pueden ubicarse las violaciones que sólo recaen sobre derechos procesales, al no originar afectación a derechos fundamentales, ni dejar huella en la esfera jurídica del particular, de forma que sólo podrían repararse a través del juicio de amparo directo, junto con la sentencia de fondo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia con registro 917723, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, en la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, al precisar el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, conlleva a afirmar que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra éstos, los que, para ser calificados de esa manera, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Además, refirió que un acto es considerado de imposible reparación, cuando recae sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Señaló, que la interpretación de la referida porción normativa de la actual Ley de Amparo, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La jurisprudencia en mención es localizable en la página 39, la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Pues bien, en sentencia de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable en el toca civil 025CC/2021, de su índice, se revisó la sentencia de primera instancia y al advertir diversas violaciones procesales, la dejó insubsistente y ordenó reponer el procedimiento relativo al juicio ordinario civil 363/2017, incoado ante el Juez Segundo de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta, con sede en Lerdo, Durango. Esto es, se volvió a poner el juicio natural en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de substanciación, específicamente, sostuvieron los integrantes de la Sala que la insubsistencia del juicio seria a partir del auto de doce de octubre de dos mil veinte, para efecto de señalar fecha y hora para el desahogo únicamente de las pruebas ofrecidas por el tercero llamado a juicio, relativas a la confesional a cargo de Perla González Garza y testimonial de Norma Leticia Parra Ponce y Rosa María Esparza M, las que se habían admitido el tres de abril de dos mil dieciocho; hecho lo anterior el juez debería continuar por sus etapas procesales y emitir nueva sentencia. En ese contexto, este Juzgado de Distrito en un examen ponderado de la determinación reclamada, concluye que sus efectos son meramente procesales o adjetivos, ya que su dictado no produce una afectación material a derechos sustantivos, porque no impide un libre ejercicio en forma presente, que amerite su análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Como se advierte, en la resolución impugnada no se hizo un análisis del fondo del asunto, pues la revocación de la determinación apelada, tiene como efecto directo e inmediato ordenar la reposición del procedimiento para desahogar pruebas confesional y testimonial que se habían admitido con anterioridad, lo que lleva a concluir que se trata de una actuación de carácter puramente procesal. En efecto, la resolución anterior no es un acto de los que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tiene la naturaleza de un acto procesal. Se dice lo anterior, pues la reposición del procedimiento a fin de que se desahoguen pruebas dentro del juicio de origen, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sus efectos son susceptibles de ser reparados en el dictado de la nueva sentencia definitiva, por lo que sus efectos son de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias pueden extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos de la disconforme y sin dejar huella en su esfera jurídica, si se obtiene resolución favorable, ya que el efecto de la resolución reclamada es que el juicio se siga por sus trámites legales en el cual las partes serían oídas. Esto es, el acto reclamado sólo implica infracción a derechos adjetivos, lo que únicamente produce consecuencias dentro del procedimiento, las cuales como se dijo, pueden ser reparadas, sin afectación a la aquí inconforme, pues ello será así, si obtienen sentencia favorable. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/91 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, página 25, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo.". Por otro lado, se debe precisar que el eventual retardo en la administración de justicia expedita establecido en el artículo 17 constitucional, que pudiera entrañar la resolución reclamada, no justifica la procedencia del presente juicio de amparo, toda vez que la reposición del procedimiento de que se duele la parte quejosa, se decretó a fin de subsanar el desahogo de pruebas antes señalada; de tal suerte que dicha reposición sólo implica una dilación del procedimiento en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, página 593, del tenor siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Consecuentemente, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, y al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con relación al acto reclamado en estudio. Sobreseimiento que se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Juez Segundo de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta, de Lerdo, Durango, por no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada. En lo que hace al diverso acto reclamado consistente en el precepto 674 del Código Procesal Civil del Estado de Durango, debe señalarse que no es posible desvincular la norma reclamada del acto de aplicación, ya que por sí solo no afecta derechos de la parte quejosa, porque es un ordenamiento general considerado en abstracto, por lo que, debe hacerse extensivo el sobreseimiento del juicio respecto a esa disposición legal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y cinco, del Tomo XII, Agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Además de ello, el juicio de amparo contra una norma será procedente siempre y cuando la amparista acredite el acto de aplicación del numeral 674 del Código Procesal Civil del Estado de Durango, lo que no acontece en el caso. En efecto, el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo establece expresamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de amparo, específicamente en su artículo 5, fracción I, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a los gobernados que aduzcan ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo colectivo, siempre que aleguen que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional en el que sea parte el Estado Mexicano, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o debido a su especial situación frente al orden jurídico. En el caso concreto del análisis de la resolución de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictada por los integrantes de la Sala Colegiada Mixta, en el toca civil 025/2021 en la que se ordenó la reposición del juicio ordinario civil 363/2017, no se advierte que se haya aplicado el precepto invocado, si se tiene en cuenta que establece lo siguiente: "Artículo 674. La revocación debe pedirse por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, dándose vista a la contraria por un término igual y la resolución del juez deberá pronunciarse dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad." En ese sentido, el estudio de la ley tildada de inconstitucional debe realizarse a partir del acto de aplicación de ésta, tal como lo ordena la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala del alto Tribunal. De ahí que el juzgador de amparo deba analizar, en principio, si el juicio resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, esto es, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él se actualiza una diversa causa de improcedencia; de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y, por consecuencia, de la norma impugnada. Como ya se dijo, la resolución dictada por la Sala Colegiada es insuficiente para acreditar el extremo pretendido por la solicitante del amparo. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el primer acto de aplicación que permite controvertir a través del juicio de amparo la constitucionalidad de una disposición de observancia general es aquél que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. De la anterior tesis deriva que en caso de presentarse la interrogante sobre si la peticionaria de amparo realmente resintió la individualización de la norma controvertida en la resolución emitida en segunda instancia sobre la reposición del procedimiento de origen, el juzgador de amparo debe analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica de la quejosa para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir si se afecta o no su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente o no su impugnación. Así, al no haber demostrado la parte quejosa haber sufrido el primer acto de aplicación del precepto descrito, surge en el presente juicio de manera clara la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII. En consecuencia y ante la actualización de las causas de improcedencia invocada, lo que procede es sobreseer en el juicio por dichos actos, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, ambos numerales de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta innecesario proceder analizar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, porque el sobreseimiento que se decreta releva a este Juzgado Federal de su estudio, como lo dispone la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, de la Séptima Época, Materia Común, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Perla Ivoone González Garza, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese por medio de lista acorde a lo dispuesto por los artículos 29 de la Ley de Amparo y 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía oficio a las autoridades responsables; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  3. Principal

    Por recibido el escrito signado por ..., en su carácter de autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al proveído de ... de febrero del presente año, proporciona el domicilio donde puede ser emplazado la tercera interesada ... y manifiesta que la parte quejosa carece de medios económicos para cubrir el costo de los edictos que se pudieran ordenar para emplazar a la tercera interesada. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle ..., de la localidad de Bermejillo, municipio de Mapimí, Durango, a efecto de que emplace a la persona tercera interesada mencionada en el párrafo que antecede; corriéndole traslado con las constancias que resulten necesarias. Asimismo, se le instruye para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en este acuerdo, como de la persona a notificar, proceda en los términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con la razón conducente. En la inteligencia, que en acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se habilitaron los días y horas inhábiles que resultaren necesarios para que la actuaria judicial pueda notificar los autos dictados dentro del presente juicio de amparo. Por último, en relación a lo solicitado por la parte quejosa, este juzgado federal se reserva a pronunciarse respecto de dicho estudio socio económico, hasta en tanto se llegue el momento procesal oportuno. Notifíquese por medio de lista acorde a lo dispuesto por los artículos 29 de la Ley de Amparo y 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal; y personalmente a la parte tercera interesada.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA B.M. DEL N., S.A., I. DE B.M., G.F.B., POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE, EN EL CUAAL SE PROVEYÓ: El estado de autos revela que al día de hoy ha transcurrido el término de seis meses que señala la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada promoviera el incidente respectivo e hiciera efectiva la responsabilidad proveniente de la póliza de fianza que otorgó en su momento la parte quejosa para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que fue concedida en autos. Luego, antes de proceder a la devolución de dicha garantía, se da vista a la parte tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este auto, manifieste lo que a su interés convenga; bajo apercibimiento que desahogada o no dicha vista, se dará el destino respectivo a la citada garantía. En la inteligencia que, si bien es cierto que el numeral en cita establece que se dará vista a las partes antes de dar destino a las garantías, es evidente que en el caso concreto, quien tiene el derecho a exigir la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión, es la parte tercera interesada; de ahí que únicamente se ordene notificar personalmente a ésta.

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