Perla Guzmán Echeverría

Expediente 1587/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1587/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad.
  • Perla Guzmán Echeverría

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que SOBRESEYÓ EN EL JUICIO, HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E." Por otra parte, hágase la devolución de las constancias del expediente laboral ********************, a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, sin que haya lugar a requerirle acuse de recibo, por tratarse de copias certificadas. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de amparo, archívese el mismo. Por otra parte, vistas las constancias de autos, se advierte que el expediente en que se actúa carece de valor institucional e histórico, en términos del normativo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. En otro orden, se declara que el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente proveído, en términos de lo que prevé el artículo 20, fracción 1, del Acuerdo General antes referido. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 34 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1587/2022, promovido por Perla Guzmán Echeverría, por conducto de su apoderado legal Rufino Lucas Luna, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Séptimo de Distrito, Perla Guzmán Echeverría, por conducto de su apoderado legal Rufino Lucas Luna, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Residente en Chilpancingo, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "1.- LA NEGATIVA DE ACTUALIZAR LA PENA CONVENCIONAL EN EL AUTO DE 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS), PACTADA EN EL CONVENIO DE FECHA 10 (DIEZ) DE MARZO DEL 2015 (DOS MIL QUINCE), DE $600.00 POR LA DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EN COMENTO, HASTA LA FECHA LA FECHA EN QUE SE ACTUA, DERIVADO DE QUE EL CONVENIO SIGUE SIN SER CUMPLIDO RESPECTO DE LA CANTIDAD PACTADA." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda como juicio de amparo indirecto 1587/2022 y se admitió a trámite la misma, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, se tuvo como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diversos diferimientos, se inició en términos de ley y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo las siguientes. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el acto que se reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral a la demanda de amparo y constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que de manera categórica la quejosa se duele: Del auto de trece de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 525/2008, que negó actualizar la pena convencional en la forma propuesta por la parte actora. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y solo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de estas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En esa tesitura, se tiene, que es cierto el acto reclamado pues así lo admitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado; certeza que se corrobora con las copias certificadas que allegó al expediente en que se actúa, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia, esta juzgadora de oficio advierte que en el caso se actualiza la hipótesis normativa prevista en el en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." El normativo jurídico invocado, establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando los actos reclamados no puedan ser remediados por la protección federal, pues con motivo de la ejecución de dichos actos los perjuicios que resintió la parte quejosa, ya no se le podrían resarcir de manera alguna y por ello, se encuentran irreparablemente consumados. Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su presidenta, se aprecia que en el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós (fojas 69 de autos), en el expediente laboral 525/2008, la autoridad responsable hizo referencia que en comparecencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, la ahora quejosa Perla Guzmán Echeverría, se dio por pagada de la totalidad de la condena y prestaciones pactadas con la parte demandada. También se advierte del señalado auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que la autoridad responsable ordenó el archivo del expediente laboral 525/2008, como asunto total y definitivamente concluido por quedar sin materia el mismo. De lo anterior se obtiene que el acto reclamado, consistente en el auto de trece de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 525/2008, que negó actualizar la pena convencional en la forma propuesta por la parte actora, se consumó de manera irreparable, ya que las cosas no podrían retrotraerse al estado que tenían al momento de cometerse la violación constitucional de la que se duele la parte quejosa, y ordenar que cumpla con su obligación constitucional, esto es, que la autoridad responsable dejara sin efecto el acto combatido y que emitiera otra resolución, pues en la actualidad surte efectos la determinación de orden de archivo por tratarse de un asunto concluido definitivamente, lo que trajo consigo la terminación del juicio laboral. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia Común, Tesis I.4o.C.45 K, Página 2002, que dice: "ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE. TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, NO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del quejoso que intervino en el juicio de origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, verbigracia, cuando se persigue la admisión de un incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva que, incluso, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que el acto reclamado quedó consumado de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de la garantía violada, por virtud de la cosa juzgada que impera en lo decidido sobre la acción y excepción planteadas en el juicio de origen. Esto es así porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, mientras que la fracción IX del artículo 73 de la propia ley prevé la improcedencia del juicio de garantías contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. De ahí que, en casos como el indicado al principio se justifique declarar la improcedencia del juicio de garantías. Por tanto, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, y por ello se procede a sobreseer en el presente sumario constitucional, con fundamento en el numeral 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación que expresó el impetrante de amparo, para demostrar las violaciones que alega, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Página 335, Materia Común, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista el veinticuatro del mes y año antes citado, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVI, 62 y 63, fracción V, de de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Perla Guzmán Echeverría, por conducto de su apoderado legal Rufino Lucas Luna, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, que signa la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento que se le formuló en auto de diecisiete de este mes y año, en el que se le requirieron copias certificadas a partir del laudo dictado en el expediente 525/2008. Con las constancias antes referidas, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora bien, con las constancias certificadas del expediente laboral citado con antelación, fórmense por separado el tomo I de pruebas, mismo que se pone a la vista para su consulta, cuando así lo soliciten.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del incidente de suspensión en que se actúa, de los que se aprecia que para el día de la fecha, se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en virtud que no se cuenta con la constancia de notificación del oficio 1521/2023, de diecisiete de enero del año en curso, que se giró a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual se le hace la devolución del expediente original y se le requieren copias certificadas del mismo en atención al requerimiento de treinta de noviembre de dos mil veintidós. Para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Común, página 1253, registro digital: 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

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