Perla Guadalupe Lizbeth Ávalos Reyes
Expediente 1041/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2022
Partes del expediente
- Perla Guadalupe Lizbeth Ávalos Reyes
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, y que así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. se celebra..se dicta sentencia...cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente....Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Perla Guadalupe Lizbeth Ávalos Reyes, contra la omisión que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, ante la inexistencia del acto reprochado
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado 5609/2022, que signa el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, allegando copia certificada del proveído de tres de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente 382/2017, en que entre otras cosas, previno a las partes a efecto de que den cumplimiento con el régimen de convivencia, bajo apercibimiento que en caso de hacerlo se impondrá a Rubén López Rodríguez, una multa por el importe que resulte de calcular diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual se duplicara en caso de reincidencia, en virtud de su desobediencia a una orden de carácter judicial; en lo que respecta a Nohemí Vargas López, se hará efectivo el apercibimiento efectuado en el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós y en caso de reincidencia se realizará la consignación de hechos correspondiente ante la autoridad correspondiente; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Efectos de la sentencia de amparo. En acatamiento a la resolución emitida por Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, dentro de los autos de la inconformidad 8/2021, es necesario destacar lo siguiente: "Es decir, el Juez declaró cumplida la sentencia de amparo sin conocer el éxito que al efecto se hubiera obtenido con las medidas que al efecto dictó el Juez rector del procedimiento; dicho de otra forma, no constato que las órdenes de la autoridad de origen hubieren sido cumplidas tanto por el Secretario Ejecutor de su adscripción, como por las diversas dependencias y personas morales. En efecto, no existe la constancia por parte del Secretario en la que certifique el resultado de la encomienda que se le dio, como tampoco obra minuta y acuse de recibo alguno del cual se aprecie la elaboración de los oficios direccionados a las diversas dependencias y empresas, aun menos algún comunicado que informe lo requerido. Sostener que es innecesario que el Juez Federal recabe el resultado de las diligencias ordenadas, para declarar cumplida la ejecutoria de aparo, se traduciría en dar continuidad a lo que ha ocurrido en el procedimiento de origen y que por cierto fue lo que motivó la concesión de la protección Federal. No debe olvidarse que desde marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable se encuentra realizado varias diligencias tendentes a lograr el cumplimiento de la convivencia familiar que al efecto pactaron los progenitores del menor de edad, donde convinieron en establecer un régimen de visitas a través de las cuales el menor de edad podría fortalecer el lazo que le une con su progenitor Rubén López Rodríguez, sin embargo, han resultado infructuosas, ante la falta de cooperación de Noemí Varas Flores, no obstante que se le ha apercibido con los diversos medios de apremio que la ley contempla, que van desde multa y ha llegado hasta el arresto; de las cuales, por cierto, no se tiene constancia alguna que refleja que han sido ejecutadas en su contra. Entonces, conforme a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y atendiendo que está por medio el interés superior del menor, no es factible tener por cumplida la sentencia de amaro en la que el único propósito es vincular a la autoridad responsable a que realice todos aquellos actos tendentes a materializar la convivencia familiar entre el progenitor Rubén López Rodríguez, y menor de edad R.L.V.; y de las constancias que remitió el Juez de origen para demostrar haber dado cumplimiento, tan solo se aprecia el dictado de un acuerdo del cual por cierto no se tiene conocimiento alguno sobre la forma en que se ejecutaron las diversas órdenes contenidas en esa resolución. Por ello, no puede declararse cumplida a cabalidad la ejecutoria de amparo, pues, es menester atender a su núcleo esencial y no es otro que en el juicio de origen se dicten las medidas pertinentes que garanticen el cumplimiento de la convivencia a que tiene derecho, lo que no puede decirse que queda satisfecho con el dictado de un acuerdo que instruye al Secretario Ejecutor para que se constituya en un domicilio y procure entrevistarse con la tercera interesada para requerirle para que facilite la aludida convivencia, y por otro lado ordena girar oficios para localizar el domicilio actual de la aludida tercera. Es así, ya que para estar en aptitud de determinar que las medidas ordenadas por la autoridad responsable son certeras y conducen a materializar la convivencia entre el menor de edad y su progenitor, es menester conocer el resultado de éstas, de suerte tal, que si no se obtiene el resultado esperado, deberá actuarse de manera pronta y precisa para procurar su cumplimiento. En esa línea de pensamiento, se arriba a la conclusión de que es ilegal el acuerdo en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, al no estar en plena posibilidad de verificar si fueron o no acatadas las órdenes que al efecto dio la autoridad judicial y además si lograron frutos. En la inteligencia de que no representa obstáculo alguno, que en los efectos fijados en la sentencia de amparo, el Juez Federal hubiera precisado que para cumplir con la ejecutoria de amparo, la autoridad deberá emitir un acuerdo en el que dicte las medidas concretas para materializar la aludida convivencia, lo que no puede ser concebido en el sentido de que, para tener por cumplida la sentencia de amparo, bastará el pronunciamiento de una resolución judicial que disponga las medidas tendentes a lograr la convivencia familiar, sino que es necesario que dichas medidas resulten ser aquellas que brinden al quejoso y menor de edad la posibilidad de disfrutar de tan importante evento familiar, pues, no debe perderse de vista que la custodia la ejerce Nohemí Vargas Flores, a quien por cierto se ha requerido en múltiples ocasiones y no se ha logrado dicho objetivo. Es por ello que, el alcance que debe darse al efecto que fijó el Juez Federal en la ejecutoria de amparo, en cuanto a que se pronuncie un acuerdo en el cual se dicten las medidas concretas que permitan la convivencia familiar, es aquél en que se dicten medidas que resulten efectivas para el objetivo perseguido. En ese contexto, se declara fundado el recurso de inconformidad planteado por el quejoso Rubén López Rodríguez." Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el plazo de diez días, contado a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite las gestiones que está llevando para acatar el fallo protector. Ello porque debe dictar las medidas pertinentes que garanticen el cumplimiento de la convivencia a que tiene derecho, lo que no puede decirse que queda satisfecho con el dictado de un acuerdo que requiere al actor para que proporcione domicilio donde encontrar a la demandada -aquí tercera interesada- para requerirle que facilite la aludida convivencia, esto, porque tiene a su alcance medios de investigación, para tratar de localizar a la tercera y realizar las medidas de apremio para lograr el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Merced de que la convivencia no puede estar suspendida por no localizar a la demandada, ya que debe mover el aparato judicial para lograr la encomienda. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. II. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son: [.] A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53, fracción XIV, 73, fracción VI, 79, fracción III, 80, 87, fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa en el caso y en lo futuro, la aplicación del artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2022 dos mil veintidós; 2. Desaplique a la parte quejosa, la sobre tasa de cien por ciento, para el pago del impuesto predial, de los predios "no edificados" que se encuentran amparados en el pago en los recibos oficiales 6105417 AA, 6105418 AA y 6105419 AA, de trece de enero de dos mil veintidós. 3. Por consiguiente, deberá devolverse la cantidad, restante de la sobre tasa que resulte de cada uno de los pagos realizados en los recibos de referencia. [.] III. Requerimiento a la autoridad responsable. Por otra parte, toda vez que el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y el Congreso del Estado de Jalisco, tienen imposibilidad jurídica para efectuar actos de cumplimiento, en razón de las funciones legislativas que desempeñaron; y, dado que al carecer el juicio de amparo, de fuerza vinculatoria para obligar a las autoridades que intervinieron en dicho proceso, a efecto de derogar o dejar sin efectos dicho ordenamiento, resulta ocioso exigirles su cumplimiento en ese sentido, así como el acto de aplicación por no ser autoridades ejecutoras, por lo que no se les requiere cumplimiento alguno. Sirve de apoyo, la tesis ejecutoria 2ª. CXV/97, aplicada por analogía, visible en la página 414 del tomo VI, Octubre de 1997, novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (REFRENDO Y PUBLICACIÓN), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulta inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". En tal virtud, se requiere a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, para que dentro de tres días contados a partir de que de que reciba la notificación del presente auto, cumpla con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Tienen aplicación al caso las siguientes tesis: "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones deba de intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del artículo 107 de la Ley de Amparo, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la ejecutoria de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de ese fallo." "AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NO TIENEN EL CARÁCTER DE TERCERAS INTERESADAS NI SE EQUIPARAN A LAS RESPONSABLES, POR ENDE, ES INNECESARIO EMPLAZARLAS AL JUICIO, AL NO TENER LA CALIDAD DE PARTE. El artículo 197 de la Ley de Amparo dispone que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para tal fin. Ahora bien, como lo señala Ignacio Burgoa Orihuela en su libro "El Juicio de Amparo", cuadragésima edición, Editorial Porrúa, México, 2005, página 553 "la obligatoriedad para acatar una sentencia de amparo (impuesta) a cualquier autoridad del Estado, aunque no haya sido responsable en el juicio correspondiente, se funda en el principio que establece que el cumplimiento del fallo constitucional es una cuestión de orden público", por lo que puede afirmarse que los conceptos: autoridades vinculadas al cumplimiento y autoridades responsables, no son sinónimos, pues aquéllas no se equiparan a éstas ni tienen el carácter de terceras interesadas, ya que su eventual intervención en el acatamiento de la ejecutoria de amparo no las hace titulares de un interés jurídico en que subsista el acto reclamado que les resulta ajeno. Además, cualquier cuestión que puedan invocar respecto al cumplimiento de la ejecutoria, podrán plantearla en la fase de ejecución del juicio; por ende, es innecesario emplazarlas en el amparo, al no tener la calidad de parte." IV. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de ser omiso a lo anterior, se hará acreedor a las sanciones previstas en el numeral 193 de la Ley de la materia.
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