PERLA GUADALUPE JIMÉNEZ MARTÍNEZ y Otros.

Expediente 1494/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1494/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • PERLA GUADALUPE JIMÉNEZ MARTÍNEZ y Otros.
  • L.D. G. J.
  • Perla Guadalupe Jiménez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Hecho notorio. De la consulta de los autos del incidente de suspensión 1494/203-V, derivado del presente juicio de amparo, el cual se invoca como hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se advierte que mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés se tuvo al Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, informando el cumplimiento a la suspensión definitiva decretada en dicho incidente. Contenido de informe. Ahora bien, del contenido del informe de referencia, se desprende que mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de origen *, del índice de la autoridad responsable, entre otras cosas, se ordenó llevar a cabo el emplazamiento del incidente de modificación de régimen de convivencias promovido por * (aquí tercero interesado) y admitido a trámite el veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el entendido que fue ordenado emplazar y dar vista a * aquí quejosa), para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas manifieste si es cierta o no la omisión de presentarse en el domicilio convenido para que se lleven a cabo las convivencias entre el niño de identidad reservada e iniciales * Requerimiento. En relatadas condiciones, a fin de contar con mayores datos para efecto de resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juzgado Primero de lo Familiar en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, que se le concede de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, remita a este juzgado copia certificada de las constancias relativas al aludido incidente de modificación de régimen de convivencias promovido por Juan Daniel García Contreras y admitido a trámite el veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el expediente *, de su índice, con posterioridad al veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260 fracción I de la Ley en cita. Diferimiento. A efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma.

  2. Incidental

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días hábiles concedido a la autoridad responsable Director de Catastro del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, para que remita las constancias solicitadas mediante proveído de dieciséis de los corrientes. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y, en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que la misma tenga verificativo. Se agrega escrito. Visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa José Pablo Acosta Delgado, a través del cual hace diversas manifestaciones, resérvese hacer pronunciamiento alguno hasta en tanto, la autoridad responsable señalada en líneas que anteceden desahogue la vista ordenada en dieciséis de los corrientes. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1494/2023-V, promovido por Perla Guadalupe Jiménez Martínez, en representación del niño de identidad reservada e iniciales L.D.G.J.; contra la omisión del Juez Primero de lo Familiar, en requerir a Juan Daniel García Contreras, para el cumplimiento de régimen de convivencias acordado por convenio judicial de dos de junio de dos mil veintidós, que estimó violatoria de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Precisión de los actos. Con fundamento en el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, el acto que la parte quejosa reclama en este incidente de suspensión consiste en la omisión del Juez Primero de lo Familiar, en requerir a *, para el cumplimiento de régimen de convivencias acordado por convenio judicial de dos de junio de dos mil veintidós. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Estado, ya que así lo manifestó expresamente al rendir el informe previo que le fue requerido. Tiene aplicación por analogía de razón, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente 1078/2020, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar en esta ciudad, que fue remitido en el oficio con el que se dio cuenta en la audiencia incidental que precede; documental que tiene pleno valor probatorio, acorde con lo previsto en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de actuaciones judiciales, emitidas por una autoridad en el ejercicio y con motivo de sus funciones. TERCERO. Estudio de la suspensión definitiva. Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva a fin de que Juan Daniel García Contreras de cumplimiento al régimen de convivencias acordado por convenio judicial de dos junio de dos mil veintidós y la quejosa pueda ejercer dicho régimen de convivencias con el niño de identidad reservada e iniciales L.D.G.J. Por tanto, procédase a pronunciarse sobre la medida cautelar bajo los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) , que dispone: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". En primer término, debe destacarse que para la procedencia de la suspensión, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Requisitos los anteriores que siempre deben concurrir en su totalidad para que sea procedente la suspensión solicitada, pues de no satisfacerse alguno de ellos, haría jurídicamente imposible la concesión de la referida medida cautelar. Pues bien, por lo que hace al primero de los citados requisitos, debe decirse que en la especie se satisface cabalmente, toda vez que la medida cautelar fue solicitada por Perla Guadalupe Jiménez Martínez, quien aduce ser madre del menor de edad de identidad reservada. Extremo que se acredita con la documental que aportó a su escrito de demanda, de la que se advierte que la aquí quejosa es progenitora del niño de identidad reservada e iniciales L.D.G.J. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones . Con relación al segundo de ellos, debe precisarse que el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa, sosteniendo que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia quinientos veintidós, visible en la página trescientos cuarenta y tres, Tomo VI, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, con el rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA". Asimismo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 383, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece en su rubro "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA". Frente a ello, cabe destacar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo, y lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 15/96 , para resolver sobre la concesión de la medida cautelar se debe de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho; y, 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Sobre el particular, cabe destacar lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Del anterior precepto legal, se desprende que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Asimismo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En torno a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, que dispone: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". Ahora bien, los artículos 11 y 269 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, establecen que los menores de edad y todos los que estén sujetos a la patria potestad, tienen derecho a mantener la convivencia cotidiana con su madre, y para lo cual la autoridad judicial deberá tomar siempre las medidas necesarias para proteger dichos derechos de convivencia. De dichos preceptos se sigue que el derecho de convivencia entre padre e hijos no es sólo un derecho de aquél, sino también de éstos (en la especie, de los menores de edad a que se refiere el juicio natural). A mayor ilustración, veáse la jurisprudencia 1a./J. 97/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, fuente tomo XXXI, enero de 2010, página 176, que dispone: "PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES. Una de las consecuencias de la pérdida de la patria potestad es que el progenitor condenado no tenga derechos respecto de sus hijos, es decir, la privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia y el respeto de los menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración de sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a los aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad. Sin embargo, independientemente de las consecuencias apuntadas -que se relacionan directamente con los derechos que otorga al progenitor el ejercicio de la patria potestad-, de ello no se aprecia que su pérdida conlleve indefectiblemente que deba impedirse al menor ejercer el derecho de convivencia con sus progenitores en tanto que, por un lado, ese derecho no es exclusivo de los padres, sino también de los hijos y, por el otro, no todas las causales de pérdida de la patria potestad son de la misma gravedad. En ese orden de ideas resulta indispensable atender al interés superior del menor, para lo cual deben propiciarse las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la mayoría de los casos implica la convivencia con ambos progenitores, independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre aquél; de ahí que el juez de lo familiar habrá de atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor, en el entendido de que si determina dicha pérdida pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia." Tal derecho inclusive está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual este país es signante, según la cual, sólo puede ser limitado o suspendido atendiendo a su interés superior, como lo establece en su artículo 9.3: "Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño". Así las cosas, resulta claro que el niño de identidad reservada e iniciales L.D.G.J., tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con su madre de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior. Esto tiene razón de ser en que el derecho de convivencia del padre o madre que no cohabita con los hijos, pero cuya guarda ha sido otorgada al otro progenitor, tiene por fin mantener un contacto personal con los menores de la manera más óptima que las circunstancias del caso permitan, ya que la consolidación de los sentimientos paterno-filiales y los vínculos familiares que de ellos derivan normalmente propenden a una estructuración más sólida y equilibrada en el desarrollo psíquico de aquéllos (sus hijos menores de edad). Aquello, a su vez, reside en la necesidad de fomentar el afecto, estabilizar los vínculos familiares, fomentar su subsistencia efectiva y eficaz, de manera que se procure que la relación paterno-filial se proyecte desde el mero aspecto formal del título de estado a la vida real, en este caso para que la figura del padre adquiera la dimensión humana que evite que con el correr del tiempo se transforme en un extraño, a quien lo une un vínculo jurídico, sin significación esencial en el trato cotidiano real. Por otra parte, los diversos numerales 1138 y 1139 , del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, establecen que el juez de lo familiar se encuentra facultado para intervenir en los asuntos del orden familiar, especialmente tratándose de menores de edad, decretando las medidas precautorias que tiendan a proteger a los miembros de las familias, supliendo las deficiencia de las partes en los planteamientos de derecho, sin requerir formalidades especiales para lograr su intervención judicial. Así las cosas, en atención al interés superior del menor de edad y, de conformidad con los numerales inmediatamente citados, el juez responsable tiene facultades legales para decretar un régimen de convivencias entre un menor de edad y su madre, en pro del derecho humano del primero citado a desarrollarse integralmente. Apoyan las consideraciones precedentes, la tesis 1a. CCCVI/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la tesis II.2o.C.209 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo criterio comparte este órgano colegiado y estima analógicamente aplicable al caso, tesis que respectivamente a la letra dicen: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR. Ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El legislador, teniendo en consideración lo anterior, ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones se encuentran la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad." "MENORES DE EDAD. EN JUICIO SOBRE SU GUARDA Y CUSTODIA ES NECESARIO ESTABLECER UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA CON SUS PADRES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a la legislación del Estado de México, el régimen de convivencia del menor no emancipado encuentra sustento en el artículo 267 del Código Civil que prevé su instauración como consecuencia al decretamiento del divorcio de los padres. No obstante, tratándose de juicio sobre guarda y custodia del menor, debe hacerse extensiva la aplicación de ese régimen por actualizarse idéntica situación derivada de la separación de los ascendientes, que si bien como objeto principal obliga a establecer la guarda del menor a favor de uno, en forma complementaria conlleva a la necesidad de fijar las circunstancias en torno a las cuales el diverso ascendiente habrá de convivir con su hijo y de cumplimentar sus obligaciones derivadas de la patria potestad que sobre el mismo mantiene." Sobre tales bases, a efecto de evitar que el menor de edad sufra afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del juicio, con fundamento en los artículos 128, 138, fracción I, y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el juez responsable dé continuidad a los requerimientos a Juan Daniel García Contreras para que dé cumplimiento al régimen de convivencias acordado por convenio judicial de dos junio de dos mil veintidós y la quejosa pueda ejercer dicho régimen de convivencias con el niño de identidad reservada e iniciales L.D.G.J.; debiendo tomar las medidas necesarias que a su criterio considere idóneas para que se lleven éstas, a fin de salvaguardar su integridad física y emocional. En la inteligencia que para el dictado de todas las decisiones concernientes al menor, el Juez deberá considerar lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y, en su caso, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, entre otros. Cobra aplicación la tesis CLXIII/2011 de la propia Primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 225, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social". Así como la tesis 1a. CCCVII/2013 (10a.) de la propia Primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1064, que establece lo siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados". No ha lugar a decretar garantía como requisito de efectividad, en términos del numeral 132 de la Ley de Amparo, en razón que de los antecedentes expresados por la quejosa se advierte que los efectos del acto reclamado versan sobre la vigilancia de que se cumpla un convenio en lo conducente a la convivencia de un menor de edad con su madre. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 28/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 264 del Tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA SUFICIENTE CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL Y LA MEDIDA CAUTELAR PUEDA OCASIONAR DAÑOS O PERJUICIOS AL PATRIMONIO DEL TERCERO PERJUDICADO. La necesidad de fijar una garantía al conceder la suspensión en el juicio de amparo contra la ejecución de una orden de arresto decretada como medida de apremio en un procedimiento de naturaleza civil o mercantil depende de la naturaleza del requerimiento que se haya formulado al quejoso, en tanto que en ese tipo de procedimientos pueden dictarse requerimientos que, de no cumplirse, afectan los bienes o derechos de la contraparte. En ese tenor, en la hipótesis referida es necesario condicionar la concesión de la suspensión a la exhibición de garantía suficiente para la reparación e indemnización de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado, en caso de que la dilación en el cumplimiento del requerimiento -origen de la orden de arresto- no sólo implique un retraso en el trámite del procedimiento natural, sino una afectación directa a los bienes o derechos del tercero perjudicado que se traduzca en un daño a su patrimonio; regla que debe entenderse referida únicamente al supuesto de las partes en el juicio natural, esto es, actor y demandado". La medida cautelar surtirá sus efectos de inmediato, y hasta en tanto se notifique a la responsable la que resolución que se dicte sobre el fondo del asunto ha causado ejecutoria. Requerimiento. El cumplimiento a lo anterior, se deberá informar por oficio a este juzgado, para lo cual el juez responsable deberá acompañar las constancias que así lo acrediten en el término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente en que se le notifique la presente resolución. Apercibimiento a la autoridad responsable Apercibido que de no cumplir lo anterior, dentro del plazo concedido o no manifestar la imposibilidad que tenga, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por *, en representación del niño de identidad reservada e iniciales L.D.G.J., en contra de la autoridad señalada en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos citados en el diverso tercero de esta resolución.

  4. Principal

    Agrega escrito (22488). Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por el administrador único de la quejosa Futuro San Luis Media Group, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual desahoga la vista ordenada en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Manifestaciones. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa realizando las manifestaciones que desarrolla en su escrito de cuenta, relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. 1. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1.1. El seis de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".a) Emita la respuesta que en derecho corresponda a la solicitud que le fue presentada el veintinueve de junio de dos mil veintidós; y, b) Le notifique dicha determinación al inconforme en términos de ley, debiendo remitir a este Juzgado de Distrito las constancias respectivas." 1.2. Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió el testimonio de la ejecutoria de cuatro de agosto de dos mil veintitrés emitida en el amparo en revisión 590/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual confirmó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, de manera que se requirió a la autoridad responsable Ayuntamiento de San Luis Potosí para que informara el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 1.3. Luego, en auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Primer Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en el entendido de que se vinculó a dicho cumplimiento a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por los motivos ahí expuestos. 2. Cumplimiento parcial. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional determinó que la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí, cumplió únicamente con un solo punto de la solicitud de información de la quejosa Futuro San Luis Media Group, sociedad anónima de capital variable, materia del presente cumplimiento. Motivo por el cual, en dicho auto se ordenó requerir nuevamente a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio, en el sentido de dar respuesta conforme a derecho al escrito que le fue presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el entendido que dicha respuesta debe guardar congruencia con lo ahí solicitado, particularmente con los puntos siguientes: a. Cuál es el procedimiento que tiene establecido para la contratación de Medios de Comunicación. b. Cuáles son los Medios de Comunicación Contratados para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal. c. Cuáles son los montos asignados a los Medios de Comunicación contratados para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal. d. Cuáles son los métodos, periodicidad y forma de pago a los Medios de Comunicación contratados para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal. Todos ellos, de acuerdo con lo establecido por los Presupuestos de Egresos para los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como por el marco normativo generado por la Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 3. Informe sobre el cumplimiento. Mediante oficio recibido el treinta de octubre de dos mil veintitrés y registrado con el número de correspondencia interna 21920, el Director de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí, rindió su informe respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al cual acompañó el oficio DCS-CA-481/2023 emitido el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en respuesta a la solicitud de información de la quejosa Futuro San Luis Media Group, sociedad anónima de capital variable. 4. Valoración probatoria. Documental a la cual se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2. Ahora, en términos de la ejecutoria de amparo, se estima que la misma no ha quedado cumplida, en virtud de que la aludida respuesta emitida por la autoridad responsable no guarda congruencia con lo solicitado en el escrito presentado por la parte quejosa. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia con número 2a./J. 62/2022, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro 2025580, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO". En efecto, del escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se desprende que la quejosa solicitó al Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, informara de forma clara, precisa y documentada, lo siguiente: a. Cuál es el procedimiento que tiene establecido para la contratación de Medios de Comunicación. b. Cuáles son los Medios de Comunicación Contratados para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal. c. Cuáles son los criterios objetivos establecidos para la contratación de Medios de Comunicación para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal. d. Cuáles son los montos asignados a los Medios de Comunicación contratados para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal. e. Cuáles son los métodos, periodicidad y forma de pago a los Medios de Comunicación contratados para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal. Todos los puntos anteriores, de acuerdo con lo establecido por los Presupuestos de Egresos para los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como por el marco normativo generado por la Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Por su parte, el Director de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través del oficio DCS-CA-481/2023 emitido el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, pretende dar contestación a la solicitud de la quejosa detallada con antelación. Sin embargo, se estima que con dicha información la autoridad de referencia continúa dando únicamente respuesta al punto de la solicitud de la quejosa identificado previamente con el inciso "c", relativo a los criterios objetivos establecidos para la contratación de Medios de Comunicación para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal; sin que exista una respuesta congruente por parte de la autoridad a la solicitud de la quejosa, particularmente en los puntos identificados con los incisos "a, b, d y e" igualmente descritos con antelación. 5. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado determina que no se encuentra demostrado el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no acreditarse que la respuesta emitida guarde congruencia con lo solicitado por la quejosa. 6. Requerimiento. Atento a ello, con apoyo en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Director de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, se sirva informar el cumplimiento a los efectos de la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de: I. La respuesta que emita conforme a derecho al escrito que le fue presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, que guarde congruencia con lo ahí solicitado, particularmente con los puntos identificados con los incisos "a, b, d y e" siguientes: a. Cuál es el procedimiento que tiene establecido para la contratación de Medios de Comunicación. b. Cuáles son los Medios de Comunicación Contratados para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal. d. Cuáles son los montos asignados a los Medios de Comunicación contratados para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal. e. Cuáles son los métodos, periodicidad y forma de pago a los Medios de Comunicación contratados para la difusión de obras y acciones de gobierno municipal. Todos ellos, de acuerdo con lo establecido por los Presupuestos de Egresos para los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como por el marco normativo generado por la Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. II. Le notifique dicha determinación a la inconforme en términos de ley. 7. Apercibimiento. En caso de no atender el requerimiento que antecede, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Por otro lado, en cuanto a la petición de la parte quejosa en el sentido de aplicar las medidas de apremio decretadas en contra de la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria, por los motivos que expone; dígasele que dichas medidas de apremio se harán efectivas en tanto la autoridad responsable sea omisa en dar cumplimiento a los requerimientos de este órgano jurisdiccional, situación que hoy en día no ha acontecido. Agrega diverso escrito (22581). Finalmente, agréguese a los autos el diverso escrito de cuenta signado electrónicamente por el administrador único de la quejosa Futuro San Luis Media Group, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual solicita realizar el procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo, por el incumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, dígasele que no ha lugar en abrir a trámite el incidente que refiere, de conformidad con las manifestaciones desarrolladas en el presente proveído, toda vez que este órgano jurisdiccional ha determinado que hoy en día no se ha cumplido la ejecutoria de amparo, motivo por el cual se requirió de nueva cuenta a la autoridad vinculada a ello para su cumplimiento, lo anterior, bajo un análisis preciso, definido y concreto de los puntos en los que versa la petición de la quejosa presentada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, motivo del presente cumplimiento.

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