Perla García Cruz
Expediente 930/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Perla García Cruz
- Perla García Cruz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mesa IV-B * "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Vistos los autos y las dos primeras certificaciones de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo, origen de este expediente, sin que lo haya hecho. Se declara que dicho auto ha causado estado. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto y vigésimo primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que conforme a la tercera certificación señalada en la nota de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del propio acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
...Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, a la parte QUEJOSA, en el presente juicio de amparo, atendiendo al apercibimiento que se le hizo en el AVISO que se dejó previamente en su domicilio, para los efectos legales a que haya lugar... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 930/2017 . Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por XXXXXXX, porque en relación con los actos reclamados consistentes en la omisión de desahogar las pruebas de inspección ocular y periciales, así como de recabar los datos de pruebas en las carpetas de investigación XXXXXXXXXXXrelacionadas con los hechos ocurridos el pasado tres de julio en las viviendas que señalan son de su propiedad ubicadas en la colonia xxxxxx, de la agencia xxxxxxxx, Oaxaca, que atribuyen a la Fiscalía General del Estado y al coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista en el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que los inconformes no observaron el principio de definitividad que rige a este medio extraordinario de defensa. La disposición legal invocada establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [...]" El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, mediante una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Los principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo están previstos por el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. El principio de definitividad establece que el juicio de amparo es procedente únicamente contra actos definitivos; es decir, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su promoción los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, ya que el juicio de protección de derechos fundamentales se forjó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Por ello, la Carta Magna y la Ley de Amparo restringen la procedencia del juicio de amparo al atribuirle el carácter de instancia extraordinaria; esto es, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado los recursos ordinarios o medios de defensa. Tal postulado se regula en el arábigo 107, fracción IV, del Pacto Federal, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" Así, antes de acudir a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación debe darse la posibilidad a los Tribunales ordinarios o a otras autoridades del Estado -tanto jurisdiccionales como administrativas- de dirimir la controversia, a fin de que los primeros actúen únicamente cuando se trate de actos definitivos que no sean susceptibles de modificarse, anularse o revocarse; es decir, que sólo se puede acudir a los Tribunales de amparo cuando la violación que se alega no pueda ser examinada a través de otros medios legales de impugnación. Cabe señalar que el incumplimiento del deber de agotar todos los recursos y medios de defensa que la ley establezca para combatir un acto de autoridad antes de ejercer la acción constitucional provoca la improcedencia del amparo y, por ende, el sobreseimiento en el juicio respectivo. Las consideraciones anteriores se sustentan en la jurisprudencia 451 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Ahora, de los ordinales 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se obtiene que el juicio de protección de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueva contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las propias leyes se suspendan los efectos de tales actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley que norma a este medio procesal de tutela constitucional y sin exigir mayores requisitos que los que esta última legislación consigna para conceder la suspensión definitiva, ni señale un plazo mayor que el que la ley de la materia establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la legislación que norma a este juicio constitucional. Asimismo, esas normas establecen que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución General de la República o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. También debe destacarse que el precepto legal invocado prescribe que operará la excepción al principio de definitividad cuando la autoridad responsable señale en su informe justificado la fundamentación y la motivación del acto reclamado. Enseguida es necesario señalar que el numeral 20 de la Carta Magna establece los principios y las directrices que rigen el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravia, como se advierte de las fracciones II y VII, que establecen lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. [.]" Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal- también reconoce los derechos de la víctima u ofendido y en su ordinal 109, fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige en el Estado de Oaxaca, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad y, en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita procederá el juicio de amparo. En apoyo de lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 118/2010 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , con el rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." Ahora, como agente investigador el Ministerio Público debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación; durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que en su caso la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control, como así lo disponen los numerales 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indican: "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Asimismo, es pertinente señalar que los medios de impugnación son los actos procesales, cuya finalidad es combatir la actuación de determinada autoridad y lograr que se realice un examen de lo actuado y, con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -que son el género- destacan los recursos -que constituyen la especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad y son interpuestos mediante un trámite específico para subsanar las omisiones, los excesos, los defectos y en general cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Así, la facultad de impugnar prevista en el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal- y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos en esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación es impugnable en términos de lo previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, dado que el citado dispositivo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Por tanto, si en la especie los quejosos reclaman la omisión de desahogar las pruebas de inspección ocular y periciales, así como de recabar los datos de pruebas en las carpetas de investigación xxxxxxxxx derivado de los hechos que denunciaron y que consideran constituyen un delito que les agravió resulta inconcuso que sí cuentan con un medio de impugnación que deben agotar previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el aludido normativo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, este órgano colegiado considera que los actos omisivos reclamados deben ser impugnados en la vía jurisdiccional ordinaria, porque como lo establecen los normativos 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y 109 fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público, lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar los actos que señalan los disisdentes, por lo que es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso previo al ejercicio de la acción de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De esta forma, si bien las omisiones y dilaciones que alegan los inconformes constituyen una afectación al derecho fundamental previsto en el ordinal 17 del Pacto Federal, éstas no pueden ser analizadas de manera inmediata a través del juicio de amparo, porque como ya se dijo la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión; en tanto que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el arábigo 258 en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del propio ordenamiento. Además, debe destacarse que no considerarlo así se impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación, ya que en la forma propuesta luego de una audiencia, el juez de control resolvería lo conducente; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica además del desconocimiento del contenido de la Ley Suprema, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial con la dilación que ello conlleva, para llegar eventualmente al mismo resultado. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito , que expone: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." De acuerdo con lo expuesto es factible sostener que el Código Nacional de Procedimientos Penales reglamentó lo relativo a la impugnación de las omisiones en que incurra el agente del Ministerio Público en la fase de investigación, por lo que si el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación de los quejosos de agotar los medios de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que hayan observado el referido principio rector, por tanto, en la especie el juicio constitucional es improcedente. Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxx contra la omisión de desahogar las pruebas de inspección ocular y periciales, así como de recabar los datos de pruebas en las carpetas de investigación xxxxxxxx relacionadas con los hechos ocurridos el pasado tres de julio en las viviendas que señalan son de su propiedad ubicadas en la colonia xxxxxx, de la agencia xxxxxxxx, Oaxaca, que atribuyen a la Fiscalía General del Estado y al coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia. Representante común de los quejosos. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de los inconformes a xxxxxxx. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pilar Gómez Hernández, quien se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que los quejosos, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de esta resolución se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
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