Perla Esperanza Ocampo Perez
Expediente 1114/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Perla Esperanza Ocampo Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe precisar que aun cuando no obra la constancia de notificación de la sentencia definitiva a todas las autoridades responsables, lo cierto es que ellas carecen de legitimación para promover el recurso de revisión por tratarse de una autoridad jurisdiccional, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva se determinó concederlas. Ahora bien, tomando en consideración que de autos se advierte que se encuentra en este juzgado un anexo que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe, y habiéndose declarado este juicio de garantías con el carácter de cosa juzgada, no existe motivo alguno por el cual deban de permanecer dichas constancias, motivo por el cual se ordena remitir las mismas a la autoridad responsable remitente, sin que sea necesario acuse de recibo. Finalmente, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que hubieran exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito de treinta de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el mismo día hábil, que por turno correspondió conocer a esta autoridad federal Perla Esperanza Ocampo Pérez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec y Director del Sistema de Conservación, Agua Potable, Saneamiento de Zacatepec, ambos con residencia en Zacatepec, Morelos. Actos reclamados: "1.- SE RECLAMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS, LOS ACTOS ILEGALES CONSISTENTES EN LA CLAUSURA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA RED PRINCIPAL QUE EMITIERON A TRAVEZ DEL SISTEMA DE CONSERVACION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS, AL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO "DESARROLLO BOVEDAS ALTAS", DEL CUAL SOY HABITANTE ESPECIFICAMENTE EN DIRECCION CALLE BOVED.AS ALTAZ MZA. 8, NO. EXT. 142, NO. INT, LAZARO CARDENAS - GALEANA, C.P 62785, LOCALIDAD GALEANA, AUN Y CUANDO HE CUBIERTO EL PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS DEL SUMINISTRO DE AGUA ANTE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LAS CUALES HAN DEJADO DE OBSERVAR LA EJECUCIÓN DEL Artículo 4. EL INCONSTITUCIONAL CORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, QUE ME AFECTA EN MI ESFERA PERSONAL JURÍDICA, EN MI VIVIENDA, EN MI FAMILIA Y EN EL DESARROLLO DE MI PERSONALIDAD EN CUANTO AL CIERRE DE LA VALVULA QUE SUMINISTRA EL AGUA AL CONJUNTO DE VIVIENDAS DEL DESARROLLO BOVEDAS ALTAS, EL CUAL YA SE ENCUENTRA CERRADO." SEGUNDO. El dos de diciembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió a trámite la demanda de amparo, radicó el asunto con el consecutivo 1114/2020, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la adscripción y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La clausura del suministro de agua potable efectuado el nueve de noviembre de dos mil veinte, a través del corte y cierre de la válvula que suministra el citado líquido al CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO "DESARROLLO BOVEDAS ALTAS", del cual refiere es HABITANTE ESPECIFICAMENTE EN DIRECCION CALLE BOVED ALTAZ MZA. 8, NO. EXT. 142, NO. INT, LAZARO CARDENAS - GALEANA, C.P 62785, LOCALIDAD GALEANA. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec y Director del Sistema de Conservación, Agua Potable, Saneamiento de Zacatepec, ambas con residencia den Zacatepec, Morelos, al rendir el informe justificado, negaron el acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuada dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. Los artículos 62, 63, fracción IV, y 74 fracciones I y IV de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;" Ahora bien, de una interpretación armónica de los numerales 62, 63, fracción IV, y 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada, o no, la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo, cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de sobreseimiento o de improcedencia, o bien los aspectos de fondo de la controversia. Por lo anterior, en esta instancia constitucional la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de los derechos humanos que alega, ya que el que presenta una demanda de amparo está obligada a establecer directamente o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados; sin que la parte impetrante del amparo haya demostrado la existencia de la orden de clausura, corte o suspensión del suministro de agua potable a la vivienda de la que dice es poseedora, dentro del Conjunto Habitación que describe. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual, incumbe a quien afirma, probar su dicho, debe recordarse que la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/308, del otrora segundo Tribunal Colegiado del sexto circuito, de registro 210769, visible en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, tomo 80, agosto de 1994, cuyo rubro y texto, a la letra dicen: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En el caso, la parte quejosa comparece al sumario ostentándose como poseedora del inmueble ubicado en dirección CALLE BOVEDA ALTAZ MZA. 8, NO. EXT. 142, NO. INT, LAZARO CARDENAS - GALEANA, C.P 62785, LOCALIDAD GALEANA, ubicado dentro del CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO "DESARROLLO BOVEDAS ALTAS", en el Municipio de Zacatepec, Morelos, reclamando la clausura, el corte y/o cierre de la válvula que suministra el agua potable, por parte de las autoridades responsables. Sin embargo, no aportó elemento de convicción del que se aprecie que las autoridades responsables realizaron el corte del suministro del vital líquido. Por consiguiente, se sobresee en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las responsables consistente en la clausura, corte y/o cierre de la válvula que suministra el agua potable en el domicilio de la parte quejosa, resulta inconcuso que tales actos son inexistentes, no obstante que tal carga procesal le corresponde, lo procedente como se ha señalado es sobreseer el juicio de amparo. Consecuentemente, ante el hecho que la parte quejosa no ofreció pruebas que acreditaran la existencia de los actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy catorce de enero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, toda vez que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo otorgado mediante auto de treinta y uno de agosto del año en curso, por el cual se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable el Director General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las diez horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por el Director General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos; al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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