Perla Elizabeth Salinas Mendoza
Expediente 80/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Perla Elizabeth Salinas Mendoza
Actuaciones
- Principal
MESA II "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante auto de ocho de marzo pasado (fojas 40 a 43), se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, el cual se notificó a la parte quejosa, el catorce de marzo siguiente (foja 47 a 49); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este Órgano Jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B "... Visto el estado procesal actual de los autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado con el informe justificado de la autoridad responsable; y que, en el caso, se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo...En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. En ese contexto, de la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se advierte que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En el caso, la parte peticionaria de amparo reclama la falta de ejecución del laudo de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 569/2011 (4). Ahora bien, al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia certificada del auto de veintitrés de enero del año en curso, donde se señalaron las diez horas con treinta minutos del dieciséis de febrero pasado, para requerir el cumplimiento de aquel, así como de la diligencia respectiva de dieciséis de febrero pasado, suscrita por el actuario adscrito a la citada Junta (fojas 30 a 34), a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, donde se advierte que dicho funcionario, se constituyó en el domicilio de la parte demandada Servicios de Salud de Oaxaca (aquí tercera interesada), para requerir la expedición de la constancia de antigüedad a favor de la aquí quejosa, Perla Elizabeth Salinas Mendoza, en cumplimiento al acuerdo de veintitrés de enero del año que trascurre, dictado por la Junta Especial Número Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, asimismo, efectuó el requerimiento de pago correspondiente. Con lo cual, se destruyeron todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el cual, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. Sin que sea el caso de requerir la ampliación de la demanda en relación a las constancias remitidas por la responsable, toda vez que respecto de los citados actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; que disponen...En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, con fundamento en los artículos 63, fracción V, 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77 y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque en el último de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo..." NOT. PREVIO AVISO
- Principal
MESA II "... Vistos; cómo transcurre el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable Presidente de la Junta especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en auto de dieciséis de enero del año en curso, para que rinda su informe respectivo, tomando en consideración que fue notificada de dicho auto, el veinticinco de enero pasado; se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para tal efecto.
- Principal
MESA II "... Vista la demanda de amparo promovida por PERLA ELIZABETH SALINAS MENDOZA, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 80/2017. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, respecto del acto reclamado consistente en la falta del acuerdo de su escrito de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, presentado ante la Junta en cita, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último, aplicado en sentido contrario...La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto, cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación"... Luego, como en la especie la parte quejosa en esta instancia constitucional, señala como acto reclamado la falta de acuerdo a su escrito de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, presentado ante la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en el cual solicitó se le haga entrega de la constancia de antigüedad y al mismo tiempo se ejecute laudo dictado en el expediente laboral 569/2011 del índice de la citada junta de arbitraje, esto es, la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una petición inmersa en un procedimiento jurisdiccional; por ende es inconcuso que la misma no satisface el carácter de irreparable para los efectos del juicio de garantías que se intenta, al no afectar de manera material derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, en perjuicio del inconforme. En efecto, la omisión de que se duele en un procedimiento jurisdiccional, donde el actuar de la autoridad se rige tanto por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, como en los plazos y términos establecidos en las disposiciones secundarias, resulta improcedente el amparo indirecto al no afectar derechos sustantivos del impetrante, ni le impide el libre ejercicio de éstos, pues constituye únicamente una violación de carácter adjetivo, que puede atenderse conforme a las reglas previstas en la legislación ordinaria a fin de constreñir a la autoridad a dar respuesta a la petición elevada. En consecuencia, respecto del acto citado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante la misma se pretende ejercitar. En cambio, respecto al diverso acto reclamado consistente en la falta de ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 569/2011 (4), del índice de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con apoyo en lo resuelto por Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, en la ejecutoria de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de queja 351/2016, donde ordenó admitir a trámite la demanda de amparo promovida por VIANEY CRUZ ROMAN y otros, contra la omisión reclamada al Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; así como, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías; tramítese SIN incidente de suspensión por no haberse solicitado. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 51 55260, al cual también, en su caso, puede mandar su informe, vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en caso de convenir en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Se fijan las ONCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIESIETE, para celebrar la audiencia constitucional. Dése la intervención que conforme al numeral 5°, fracción IV, de la ley de la materia, corresponde a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Mediante oficio que al efecto se libre, emplácese a Servicios de Salud de Oaxaca, en su carácter de tercero interesado. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable en caso de que admita la existencia de los actos reclamados para que en el plazo de tres días, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra los actos reclamados o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas; de existir, exprese el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más de un inculpado, también informe, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable. Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, le hace entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se le impondrá una multa de cien a mil días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; lo anterior, sin perjuicio que al rendir su respectivo informe, precise su denominación correcta o manifieste la inexistencia de la autoridad responsable conforme a su organigrama y/o reglamento interno; con la precisión que la sustitución de funciones de la autoridad no constituye inexistencia de la autoridad. Se apercibe a la parte quejosa, para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste al rendir su informe o devuelva el oficio que se le dirija, en lo sucesivo se le tendrá aquí como inexistentes y no se les dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica y por autorizadas en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..." NOT. PREVIO AVISO
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