Perla Dalia Martínez Villanueva

Expediente 2177/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2177/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
09/10/2015

Partes del expediente

  • Perla Dalia Martínez Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto; por cuanto ve a la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiera recurrido el auto dictado por este Juzgado, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de garantías; por lo que con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición del artículo 2º del ordenamiento legal invocado, se declara que HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito. . .IV

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por el Juez Primero Menor Civil de Querétaro, por medio del cual rinde su respectivo informe justificado; con lo anterior, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la ley reglamentaria invocada, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza jurídica, la prueba que exhibe dicha autoridad responsable; sin perjuicio de que sea tomadas en consideración, en el momento procesal oportuno. Ahora bien, tomando en consideración que del contenido del informe de la citada autoridad, así como de las pruebas documentales que se exhibe, se advierte la actualización de una causal de improcedencia del presente juicio de amparo, manifiesta e indudable, por lo que se procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en los términos que a continuación se exponen. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 35, 37 y 107 fracción I de la Ley reglamentaria invocada: 48, 51, 52 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste último en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 30/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los cinco juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, en Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y en Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad y sede en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común; dado que se reclaman actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. Ahora bien, del artículo 63 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el dos de abril de dos mil trece, dispone: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (... ) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En ese sentido, de la debida interpretación del numeral en comento conduce a la conclusión de que es factible que en el trámite del juicio de amparo, antes de que se celebre la audiencia constitucional pueda resolverse sobre el sobreseimiento del juicio, por actualizarse una causal de improcedencia, que haga manifiesto e indudable que, aun cuando se siga el trámite del juicio hasta la audiencia, se llegaría a la misma conclusión. La esencia de dicho supuesto se sustenta en evitar en la medida de lo posible el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterio que se corrobora aún más, con lo dispuesto por el inciso d), fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo en torno a que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo que deja entrever la posibilidad del dictado de autos como en el que nos ocupa. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Precisado lo anterior, es conveniente destacar que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo, a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis que estatuye: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Tesis número VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XIX, Abril de 2004, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). Así, se estima pertinente puntualizar que el quejoso reclama la orden de emplazamiento y embargo de bienes de su propiedad, particularmente en el domicilio ubicado en San Diego, número 108, interior 4, colonia Felipe Carrillo Puerto, con residencia en esta ciudad. Y a juicio del infrascrito, se estima que en el presente juicio de amparo, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V de la ley reglamentaria invocada, que se evidencia es indudable y manifiesta por lo siguiente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo es improcedente:.XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así, en el caso particular, se estima que opera la causal de improcedencia aludida, porque de constancias de autos se advierte que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional combatida, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa, ya que la afectación al derecho fundamental que invoca ya no existe. Se estima así, pues, el promovente del amparo, instó la presente instancia constitucional, al señalar que le causaba perjuicio la orden de emplazamiento y embargo sobre bienes de su propiedad, particularmente en el domicilio ubicado en San Diego, número 108, interior 4, colonia Felipe Carrillo Puerto, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, es de destacarse que como se indicó al inició del presente auto, la autoridad responsable, Juez Primero Menor Civil de Querétaro, mediante oficio 2219/2015, de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, informó, que en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, dentro del juicio de origen número 1309/2015, se tuvo a la parte actora BANCO AHORRO FAMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, desistiéndose de la instancia, por lo que, se ordenó la devolución del documento base de la acción y en la misma fecha, ordenó el archivo del expediente como totalmente concluido; y para así acreditarlo, adjuntó al efecto, copias certificadas deducidas de tal determinación. De ahí que, en el caso, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, lo que da lugar a la actualización de la causal en comento, por haber dejado de existir el objeto de lo reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Asimismo, la diversa tesis sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obra en la página 241 del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Se arriba a tal conclusión, en razón de que, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, como si no hubiese invadido la esfera jurídica del particular y la cesación no dejó ninguna huella en su esfera de derechos, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está vigente, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 103, visible en la página 81, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por otro lado, en lo que se refiere a los Jueces Segundo y Tercero de Menor Civil, así como el Actuario adscrito a los Juzgados Menores Civiles, todos con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados, consecuentemente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en lo que respecta a las citadas autoridades responsables, lo anterior, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo mencionada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo", se decreta el sobreseimiento en el presente juicio.". Aunado a que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le dio con los informes de las responsables, siendo que es a dicha parte, a quien corresponde la carga de la prueba. Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias; razón por la cual se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, siendo a las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. . .IV

  3. Incidental

    Visto lo de cuenta, se tiene que el día la fecha se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en los autos del juicio de amparo del que derivan los cuadernos incidentales en que se actúan, por lo que resulta evidente que en el particular se agotó la materia de la suspensión. En consecuencia, se dejan sin efectos las medidas decretadas en autos, sin que resulte indispensable celebrar la audiencia programada para el día de hoy a las diez horas con veinte minutos del once de septiembre de dos mil quince. Agréguese únicamente para constancia, el informe previo rendido por Juez Primero Menor Civil en el Estado de Querétaro, en virtud de lo determinado en líneas que anteceden. Finalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo vigésimo fracción lll del Acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la presente resolución. Y se establece que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración en términos del primer párrafo de la fracción lll del artículo Vigésimo Primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede. . .IV

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 18/09/2015 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 10/09/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por el Juez Primero Menor Civil de Querétaro, por medio del cual rinde su respectivo informe justificado; con lo anterior, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la ley reglamentaria invocada, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza jurídica, la prueba que exhibe dicha autoridad responsable; sin perjuicio de que sea tomadas en consideración, en el momento procesal oportuno. Ahora bien, tomando en consideración que del contenido del informe de la citada autoridad, así como de las pruebas documentales que se exhibe, se advierte la actualización de una causal de improcedencia del presente juicio de amparo, manifiesta e indudable, por lo que se procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en los términos que a continuación se exponen. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 35, 37 y 107 fracción I de la Ley reglamentaria invocada: 48, 51, 52 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste último en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 30/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los cinco juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, en Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y en Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad y sede en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común; dado que se reclaman actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. Ahora bien, del artículo 63 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el dos de abril de dos mil trece, dispone: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (... ) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En ese sentido, de la debida interpretación del numeral en comento conduce a la conclusión de que es factible que en el trámite del juicio de amparo, antes de que se celebre la audiencia constitucional pueda resolverse sobre el sobreseimiento del juicio, por actualizarse una causal de improcedencia, que haga manifiesto e indudable que, aun cuando se siga el trámite del juicio hasta la audiencia, se llegaría a la misma conclusión. La esencia de dicho supuesto se sustenta en evitar en la medida de lo posible el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterio que se corrobora aún más, con lo dispuesto por el inciso d), fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo en torno a que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo que deja entrever la posibilidad del dictado de autos como en el que nos ocupa. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Precisado lo anterior, es conveniente destacar que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo, a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis que estatuye: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Tesis número VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XIX, Abril de 2004, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). Así, se estima pertinente puntualizar que el quejoso reclama la orden de emplazamiento y embargo de bienes de su propiedad, particularmente en el domicilio ubicado en San Diego, número 108, interior 4, colonia Felipe Carrillo Puerto, con residencia en esta ciudad. Y a juicio del infrascrito, se estima que en el presente juicio de amparo, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V de la ley reglamentaria invocada, que se evidencia es indudable y manifiesta por lo siguiente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo es improcedente:.XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así, en el caso particular, se estima que opera la causal de improcedencia aludida, porque de constancias de autos se advierte que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional combatida, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa, ya que la afectación al derecho fundamental que invoca ya no existe. Se estima así, pues, el promovente del amparo, instó la presente instancia constitucional, al señalar que le causaba perjuicio la orden de emplazamiento y embargo sobre bienes de su propiedad, particularmente en el domicilio ubicado en San Diego, número 108, interior 4, colonia Felipe Carrillo Puerto, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, es de destacarse que como se indicó al inició del presente auto, la autoridad responsable, Juez Primero Menor Civil de Querétaro, mediante oficio 2219/2015, de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, informó, que en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, dentro del juicio de origen número 1309/2015, se tuvo a la parte actora BANCO AHORRO FAMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, desistiéndose de la instancia, por lo que, se ordenó la devolución del documento base de la acción y en la misma fecha, ordenó el archivo del expediente como totalmente concluido; y para así acreditarlo, adjuntó al efecto, copias certificadas deducidas de tal determinación. De ahí que, en el caso, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, lo que da lugar a la actualización de la causal en comento, por haber dejado de existir el objeto de lo reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Asimismo, la diversa tesis sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obra en la página 241 del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Se arriba a tal conclusión, en razón de que, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, como si no hubiese invadido la esfera jurídica del particular y la cesación no dejó ninguna huella en su esfera de derechos, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está vigente, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 103, visible en la página 81, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por otro lado, en lo que se refiere a los Jueces Segundo y Tercero de Menor Civil, así como el Actuario adscrito a los Juzgados Menores Civiles, todos con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados, consecuentemente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en lo que respecta a las citadas autoridades responsables, lo anterior, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo mencionada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo", se decreta el sobreseimiento en el presente juicio.". Aunado a que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le dio con los informes de las responsables, siendo que es a dicha parte, a quien corresponde la carga de la prueba. Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias; razón por la cual se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, siendo a las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. . .IV

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