Perla Cristal Salazar Coral

Expediente 156/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
156/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
24/05/2017

Partes del expediente

  • Perla Cristal Salazar Coral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 47 a 50), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que hayan hecho valer medio de impugnación la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, una vez transcurrido el plazo de cinco años.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el dos de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintiocho de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, por medio del cual, rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, las documentales consistentes en copia certificada de: Auto de tres de junio de dos mil trece, oficio 424/2017 de veintitrés de enero del año en curso, oficio 1520/2017 de trece de marzo de dos mil diecisiete, exhorto civil 2/2017 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Isla Mujeres, Quintana Roo, y proveído de once de abril de dos mil diecisiete, mismas que obran dentro del juicio laboral DIT-096/2013. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de diligenciar el exhorto número STYPS/TCA/062/2017 girado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, y como consecuencia no emplazar a la parte demandada al juicio laboral DIT-096/2013, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAME (ACTO RECLAMADO): El acto que se reclama es la omisión por parte de las Autoridades Responsables de proporcionar a la parte quejosa la justicia pronta y expedita, en virtud de que hasta la presente fecha, dichas autoridades no ha comisionado ni ordenado al C. Actuario adscrito a su autoridad responsable a fin de constituirse en el domicilio de la demandadas señaladas en escrito inicial de demanda, para los efectos notificación y emplazamiento al juicio laboral número DIT-096/2013, seguido ante la responsable el H. Responsable el H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO." Esto es, la parte quejosa reclama la omisión de diligenciar el exhorto número STYPS/TCA/062/2017 girado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, y como consecuencia no emplazar a la parte demandada al juicio laboral DIT-096/2013. Del análisis de las copias certificadas enviadas por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de tres de junio de dos mil trece, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo ordenó el emplazamiento de la parte demandada al juicio laboral DIT-096/2013, asimismo, que mediante oficio 424/2017 de veintitrés de enero del año en curso, la Secretaria Auxiliar en Funciones de Fedataria, de la Unidad de Gestión de Exhortos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, remitió el exhorto STYPS/TCA/062/2017 al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Isla Mujeres, Quintana Roo, mismo que al recibir el exhorto en comento, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete creó el diverso 2/2017 de su índice, en el que ordenó la diligenciación del exhorto STYPS/TCA/062/2017, exhorto del que se advierte según de la constancia de notificación de trece de febrero de la presente anualidad que se emplazó a la parte demandada al juicio laboral DIT-096/2013, y que finalmente fue remitido a la autoridad de origen es decir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, cabe señalar, que a la fecha de la presentación de la demanda si existían los actos reclamados por la parte quejosa según se advierte de la papeleta de turno, toda vez que si bien la diligenciación del exhorto se realizó el trece de febrero, es decir, antes de presentación de la demanda, lo cierto es que hasta el once de abril de la presente anualidad fue agregado a los autos del juicio laboral DIT-096/2013. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Isla Mujeres, Quintana Roo, diligenciaron el exhorto número STYPS/TCA/062/2017 girado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, y como consecuencia emplazaron a la parte demandada al juicio laboral DIT-096/2013, en segundo lugar, al haber emplazado a la parte demandada al juicio laboral DIT-096/2013, y haber remitido las constancias de diligenciación del mismo al Tribunal exhortante, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional el día tres de mayo de dos mil diecisiete a las nueve horas con veinte minutos.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, por medio del cual, rinde informe justificado el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva.

  4. Principal

    Visto el contenido del acta de comparecencia de cuenta, se advierte que la quejosa ***, se presentó ante las instalaciones que ocupa este órgano de control constitucional a efecto de reconocer la firma que calza el escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, el día dieciséis de marzo del año en curso (fojas 13 a 15), así como de ratificar el contenido del mismo, en ese contexto, en relación al escrito que nos ocupa, se provee lo siguiente: Se tiene a la parte quejosa, dando cumplimiento a la prevención inmersa en proveído de ocho de marzo del año en curso (fojas 7 a 10), pues, bajo protesta de decir verdad, adujo lo siguiente: ***. Sentado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, en los términos en que fue aclarada; y del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio. Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los artículos 107, fracción XV, Constitucional, y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan nueve horas con veinte minutos del tres de mayo de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.

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