Perla Carolina Bohorquez Rosales
Expediente 32/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Perla Carolina Bohorquez Rosales
- Director de la Clínica Hospital de Tehuantepec, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sus áreas de Médico Familiar y de Especialidades
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de febrero del año en curso (fojas 57-66), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. V-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los escritos signados por la quejosa Perla Carolina Bohorquez Rosales, en cuanto al primero, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental, consistente en su petición de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, así como la instrumental de actuaciones judiciales y la presuncional legal y humana; las que dada su propia y especial naturaleza en este acto se desahogan, sin perjuicio de relacionarlas al dictarse sentencia. Por lo que hace al segundo, objeta el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en su atención, no ha lugar a tenerle objetando dicho informe, toda vez que los informes sólo pueden ser objetados de falso en cuanto a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. Funda lo expuesto la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página diez, del Tomo XIII, correspondiente al mes de enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.- El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido". Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que alude en su escrito, los que serán tomados en consideración en la audiencia respectiva. Notifíquese. VII-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el complemento del informe justificado que rinde la Directora de la Clínica Hospital B del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en Tehuantepec, Oaxaca, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. En ese sentido, el complemento del informe justificado de la referida autoridad responsable, no fue rendido por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, atento a lo establecido en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con quince minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, para llevarla a cabo. Notifíquese. VII-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por oficio SEADS/047/2019, de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, signado por el Magistrado Fernando Silva García, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria celebrada en esa fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que con efectos a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve, la Titularidad de este órgano jurisdiccional estará a cargo del Juez Mario Alberto Gómez Rétiz; en consecuencia, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para que puedan hacer valer las manifestaciones que en su caso estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. VII-A
Quedan 5 actuaciones en este expediente
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