Perla Cano Elizondo

Expediente 1509/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1509/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Perla Cano Elizondo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Magistrada Presidenta y del Magistrado Representante del Estado, ambos del aludido Tribunal, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegados a las personas que mencionan en el oficio de cuenta. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad remitiendo copia certificada del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el expediente laboral ********************, de su índice. Ahora, de la constancia que se acompaña al informe justificado correspondiente al expediente ********************, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, se advierte que el referido Tribunal el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés acordó el escrito del apoderado de la parte actora -aquí quejosa- presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, por el que solicitó la ejecución del laudo de siete de junio de dos mil veintitrés y, proveyó respecto a la continuación de la audiencia de liquidación de laudo señalando las once horas del once de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo dicha audiencia, asimismo, a fin de continuar con el procedimiento de ejecución de laudo señaló las diez horas del doce de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la parte actora ******************** -aquí quejosa-, en su última fuente de empleo, en los términos indicados en el propio proveído. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de señalar fecha para la continuación de la audiencia de liquidación de laudo dentro del expediente laboral ********************, y la omisión de señalar fecha para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la parte actora ******************** -aquí quejosa-; y, de la constancia que se acompañó como complemento del informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta y Magistrado Representante del Estado, ambos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés se acordó el escrito del apoderado de la parte actora -aquí quejosa- presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, por el que solicitó la ejecución del laudo de siete de junio de dos mil veintitrés y, proveyó respecto a la continuación de la audiencia de liquidación de laudo señalando las once horas del once de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo dicha audiencia, asimismo, a fin de continuar con el procedimiento de ejecución de laudo señaló las diez horas del doce de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la parte actora ******************** -aquí quejosa-, en su última fuente de empleo, en los términos indicados en el propio proveído. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse acordado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés el escrito del apoderado de la parte actora -aquí quejosa- presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, por el que solicitó la ejecución del laudo de siete de junio de dos mil veintitrés y, proveído respecto a la continuación de la audiencia de liquidación de laudo señalando las once horas del once de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo dicha audiencia, asimismo, para continuar con el procedimiento de ejecución de laudo señaló las diez horas del doce de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la parte actora ******************** -aquí quejosa-, en su última fuente de empleo, en los términos indicados en el propio proveído, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si las omisiones reclamadas no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente a la quejosa y por oficio a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Magistrada Presidenta y del Magistrado Representante del Estado, ambos del aludido Tribunal, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegados a las personas que mencionan en el oficio de cuenta. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad remitiendo copia certificada del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el expediente laboral ********************, de su índice. Ahora, de la constancia que se acompaña al informe justificado correspondiente al expediente ********************, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, se advierte que el referido Tribunal el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés acordó el escrito del apoderado de la parte actora -aquí quejosa- presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, por el que solicitó la ejecución del laudo de siete de junio de dos mil veintitrés y, proveyó respecto a la continuación de la audiencia de liquidación de laudo señalando las once horas del once de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo dicha audiencia, asimismo, a fin de continuar con el procedimiento de ejecución de laudo señaló las diez horas del doce de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la parte actora ******************** -aquí quejosa-, en su última fuente de empleo, en los términos indicados en el propio proveído. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de señalar fecha para la continuación de la audiencia de liquidación de laudo dentro del expediente laboral ********************, y la omisión de señalar fecha para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la parte actora ******************** -aquí quejosa-; y, de la constancia que se acompañó como complemento del informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta y Magistrado Representante del Estado, ambos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés se acordó el escrito del apoderado de la parte actora -aquí quejosa- presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, por el que solicitó la ejecución del laudo de siete de junio de dos mil veintitrés y, proveyó respecto a la continuación de la audiencia de liquidación de laudo señalando las once horas del once de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo dicha audiencia, asimismo, a fin de continuar con el procedimiento de ejecución de laudo señaló las diez horas del doce de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la parte actora ******************** -aquí quejosa-, en su última fuente de empleo, en los términos indicados en el propio proveído. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse acordado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés el escrito del apoderado de la parte actora -aquí quejosa- presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, por el que solicitó la ejecución del laudo de siete de junio de dos mil veintitrés y, proveído respecto a la continuación de la audiencia de liquidación de laudo señalando las once horas del once de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo dicha audiencia, asimismo, para continuar con el procedimiento de ejecución de laudo señaló las diez horas del doce de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la parte actora ******************** -aquí quejosa-, en su última fuente de empleo, en los términos indicados en el propio proveído, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si las omisiones reclamadas no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente a la quejosa y por oficio a la parte tercera interesada.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, este órgano judicial ordenó emplazar a la parte tercera interesada Heber Castillo Quiñonez o María Heber Castillo Quiñonez o María Hebeher Castillo Quiñonez, mediante despacho girado al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, sin que a la fecha en que se actúe obre la diligencia encomendada. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a la llegada de la comunicación oficial de mérito, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro digital: 238725, instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 48, Tercera Parte, página 65, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EFECTOS." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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