Perfecto Urbano Bello
Expediente 386/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Perfecto Urbano Bello
- Juez de la Unidad de Gestión Judicial Especializado En Ejecución de Sanciones Penales 2 En el Reclusorio Norte En la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 8353/2021, signado por la secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, se provee: Se tiene al juzgado Federal oficiante acusando recibo del comunicado 292 (con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 386/2021 y los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Perfecto Urbano Bello, registrándola bajo el número de expediente 498/2021 de su estadística. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente cuaderno de antecedentes, en el que se declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 386/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula Puebla, promovido por Perfecto Urbano Bello, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno (fojas 2 a 5), mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día y recibido el día siguiente en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Perfecto Urbano Bello, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que precisó en la demanda de garantías. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, desahogo, admisión y trámite del asunto. En acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno (fojas 6 a 11) se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 386/2021 de este índice, y se previno al quejoso para que: i) aclarara el acto reclamado al Juez de la Unidad de Gestión Judicial, Especializado en Ejecución de Sanciones Penales 2 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México; ii) si es su deseo señalar como autoridad responsable a alguna perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; iii) si estaba privado de la libertad. Por escritos presentados el cuatro y once de mayo de la presente anualidad (fojas 13, 20 y 21) el quejoso pretendió desahogar la prevención, pero como no la desahogó completamente, en autos de seis y doce de mayo de dos mil veintiuno (fojas 14 a 16 y 22 a 24) se requirió nuevamente al peticionario de amparo para que atendiera todos los requerimientos formulados; finalmente, por escrito presentado el catorce de mayo del año en curso (fojas 28 y 29), desahogó la prevención. Por lo anterior, en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 30 a 33), se admitió a trámite la demanda, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 38). TERCERO. Cita para sentencia. En acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 99 vuelta), la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos) se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Incompetencia legal para conocer del asunto. En este apartado se examinará si en el caso, este órgano jurisdiccional es legalmente competente, para conocer del presente asunto, en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de estudio preferente a la cuestión planteada. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que carece de competencia legal por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados por el quejoso. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los siguientes criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: -De la autoridad ordenadora 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora: a) La orden de aprehensión o reaprehensión dictada dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020; b) La orden de identificarlo administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020; c) La omisión de notificarle la orden de identificarlo administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020 -De la autoridad responsable 2. Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, con sede en el Reclusorio Norte (Ciudad de México), Juan Ramón Novoa Hernández: d) La ejecución de la orden de identificarlo administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020; -De la autoridad responsable 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla: e) La ejecución de la orden de aprehensión. En ese sentido, el suscrito juzgador advierte actualizado el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Esto es, dado que los actos reclamados a la autoridad ordenadora entrañan una ejecución material (aprehensión e identificación administrativa), debe atenderse al lugar donde el acto pretenda ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En efecto, de autos se aprecia que no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que, por una parte, la orden de aprehensión reclamada no existe y el mandamiento judicial para identificarlo administrativamente dentro de la carpeta EJEC-NTE/1370/2020, no tiene ejecución en el Estado de Puebla. Se afirma lo anterior, pues las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados, rindieron su informe justificado de la siguiente manera: No. Autoridades responsables Sentido del informe Fojas 1 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora Aceptó únicamente por la orden de identificarlo administrativamente y negó por los restantes actos que se le reclaman 47 y 48 2 2. Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Gestión de Sanciones Penales Dos, con sede en el Reclusorio Norte (Ciudad de México), Juan Ramón Novoa Hernández Negó 43 3 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla Negó 39 y 48 Ahora, cabe señalar que lo que en un momento dotó de competencia a este órgano jurisdiccional, fue la ejecución de la orden aprehensión reclamada, que se reclamó de una autoridad residente en Puebla, es decir, el quejoso alegó que posiblemente la orden de captura podría tener ejecución en esta Entidad. Sin embargo, de la tabla que antecede, se colige que la autoridad responsable ejecutora 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, con residencia en el Estado de Puebla, negó el acto que se le reclama. Incluso, el juez penal a quien se atribuyó la emisión de la orden de captura, negó haber emitido mandamiento alguno para privar de la libertad al quejoso, por lo que resulta evidente que dicho acto de autoridad no existe. Por su parte, el 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora, aceptó haber ordenado identificar administrativamente a Perfecto Urbano Bello, con motivo del sustitutivo de la pena a la que se acogió dicho sentenciado dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020. Ahora, de la lectura de las constancias remitidas por las autoridades responsables, consistentes en copia de diversas actuaciones que obran en la citada carpeta de ejecución, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; se advierte que el 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora, en auto de treinta de octubre de dos mil veinte (fojas 73 reverso a 77), tuvo al sentenciado Perfecto Urbano Bello, por acogido al beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena y, entre otras cosas, indicó que el sentenciado debía realizar lo siguiente: Presentarse ante la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, sede Reclusorio Norte (Ciudad de México) a recibir el oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; Una vez recibido el oficio aludido, contaría con tres días para acudir ante la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad (Ciudad de México), a darse de alta para dar seguimiento al beneficio concedido; y, Devolver a la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, sede Reclusorio Norte (Ciudad de México), el acuse de recibo correspondiente para verificar el cumplimiento de las obligaciones ante dichas. Por su parte, la autoridad responsable 2. Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, con sede en el Reclusorio Norte (Ciudad de México), Juan Ramón Novoa Hernández, indicó que en cumplimiento al referido auto, emitió el oficio EJEC-NTE/4518/2020-F (foja 45), mediante el cual instruyó al Jefe de Identificación Humana de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (de la Ciudad de México), para realizar la identificación administrativa ordenada por el 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora; mismo que entregó a Perfecto Urbano Bello, el treinta de octubre de dos mil veinte. En esa tesitura, es evidente que si bien existe un mandamiento de la autoridad jurisdiccional para identificar administrativamente, y un oficio emitido por el Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, para llevar a cabo dicha identificación, y tales actos entrañan una ejecución material, que consiste en que Perfecto Urbano Bello, acuda ante el Jefe de Identificación Humana de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (de la Ciudad de México) y ante la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad a darse de alta y realizar la integración de su expediente. Lo cierto es que dichas autoridades no residen dentro del territorio del Estado de Puebla, sino que se encuentran en la demarcación territorial de la Ciudad de México; por lo que resulta evidente que no existe acto que se haya ejecutado, se esté ejecutando o deba tener ejecución en esta Entidad Federativa. Lo anterior, se insiste, la autoridad residente en el Estado de Puebla, 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, negó el acto que se le reclamó, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión, sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar la negativa, por lo que aquel acto que dotaba de competencia a este órgano de control constitucional, resultó inexistente. Mientras que los diversos actos reclamados, no han de ejecutarse en el territorio del Estado de Puebla, sino en la Ciudad de México. No pasa inadvertido que uno de los actos reclamados por el quejoso, consiste en la omisión de notificarle la orden de identificarse administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020, el cual, por su naturaleza, no entraña por sí solo una ejecución material. Sin embargo, al ser encontrarse ligado intrínsecamente a la determinación judicial que ordenó la identificación, se actualiza la figura de continencia de la causa indivisible, pues parten de un mismo hecho generador, que consiste en la obligación impuesta por el juez penal al sentenciado para que acuda a identificarse. De ahí que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, carece de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de garantías, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Cobran aplicación las jurisprudencias del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia PC. I.P. J/39 P(10ª.), emitida por Plenos de Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución". No pasa inadvertido que el quejoso expresó en su demanda de garantías que se presentaron en su domicilio (sin precisar cuál) agentes ministeriales con la intención de detenerlo y llevarlo a la Ciudad de México; pero ello no es óbice para lo expuesto, pues la sola circunstancia de que el quejoso pudiera tener su domicilio en esta Entidad, no es suficiente para dotar de competencia legal a este juzgado, pues como se expresó, aquella autoridad a quien se atribuyó la ejecución de la orden de captura, negó la existencia del acto reclamado y el quejoso no desvirtuó tal negativa. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En ese contexto, se advierte que de conformidad con en el punto Primero, fracción I, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito, corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos que tiene ejecución en esa demarcación territorial, como acontece en la especie. En esas condiciones, resulta evidente que, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo indirecto; en consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, por razón de territorio, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el original del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito que corresponda, por razón de turno. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse recibo del presente expediente. Así mismo, se hace del conocimiento que en interlocutoria de siete de junio de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión derivado de este controvertido, por lo que se ordena remitir los cuadernos original y duplicado de dicho incidente, para lo efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia certificada de las actuaciones conducentes, fórmense los cuadernos correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SEGUNDO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 37 y 74 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara que carece de competencia legal por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por Perfecto Urbano Bello, en los términos precisados en el considerando primero de esta sentencia. SEGUNDO. Remítanse el original del presente expediente, junto con el original y duplicado del incidente de suspensión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; para que por su conducto, los remita al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso, por oficio a las autoridades responsables, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, asistido por el secretario Raúl Bonilla Hernández, quien autoriza y da fe. Doy fe. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 386/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula Puebla, promovido por Perfecto Urbano Bello, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno (fojas 2 a 5), mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día y recibido el día siguiente en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Perfecto Urbano Bello, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que precisó en la demanda de garantías. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, desahogo, admisión y trámite del asunto. En acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno (fojas 6 a 11) se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 386/2021 de este índice, y se previno al quejoso para que: i) aclarara el acto reclamado al Juez de la Unidad de Gestión Judicial, Especializado en Ejecución de Sanciones Penales 2 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México; ii) si es su deseo señalar como autoridad responsable a alguna perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; iii) si estaba privado de la libertad. Por escritos presentados el cuatro y once de mayo de la presente anualidad (fojas 13, 20 y 21) el quejoso pretendió desahogar la prevención, pero como no la desahogó completamente, en autos de seis y doce de mayo de dos mil veintiuno (fojas 14 a 16 y 22 a 24) se requirió nuevamente al peticionario de amparo para que atendiera todos los requerimientos formulados; finalmente, por escrito presentado el catorce de mayo del año en curso (fojas 28 y 29), desahogó la prevención. Por lo anterior, en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 30 a 33), se admitió a trámite la demanda, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 38). TERCERO. Cita para sentencia. En acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 99 vuelta), la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos) se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Incompetencia legal para conocer del asunto. En este apartado se examinará si en el caso, este órgano jurisdiccional es legalmente competente, para conocer del presente asunto, en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de estudio preferente a la cuestión planteada. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que carece de competencia legal por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados por el quejoso. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los siguientes criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: -De la autoridad ordenadora 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora: a) La orden de aprehensión o reaprehensión dictada dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020; b) La orden de identificarlo administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020; c) La omisión de notificarle la orden de identificarlo administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020 -De la autoridad responsable 2. Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, con sede en el Reclusorio Norte (Ciudad de México), Juan Ramón Novoa Hernández: d) La ejecución de la orden de identificarlo administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020; -De la autoridad responsable 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla: e) La ejecución de la orden de aprehensión. En ese sentido, el suscrito juzgador advierte actualizado el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Esto es, dado que los actos reclamados a la autoridad ordenadora entrañan una ejecución material (aprehensión e identificación administrativa), debe atenderse al lugar donde el acto pretenda ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En efecto, de autos se aprecia que no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que, por una parte, la orden de aprehensión reclamada no existe y el mandamiento judicial para identificarlo administrativamente dentro de la carpeta EJEC-NTE/1370/2020, no tiene ejecución en el Estado de Puebla. Se afirma lo anterior, pues las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados, rindieron su informe justificado de la siguiente manera: No. Autoridades responsables Sentido del informe Fojas 1 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora Aceptó únicamente por la orden de identificarlo administrativamente y negó por los restantes actos que se le reclaman 47 y 48 2 2. Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Gestión de Sanciones Penales Dos, con sede en el Reclusorio Norte (Ciudad de México), Juan Ramón Novoa Hernández Negó 43 3 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla Negó 39 y 48 Ahora, cabe señalar que lo que en un momento dotó de competencia a este órgano jurisdiccional, fue la ejecución de la orden aprehensión reclamada, que se reclamó de una autoridad residente en Puebla, es decir, el quejoso alegó que posiblemente la orden de captura podría tener ejecución en esta Entidad. Sin embargo, de la tabla que antecede, se colige que la autoridad responsable ejecutora 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, con residencia en el Estado de Puebla, negó el acto que se le reclama. Incluso, el juez penal a quien se atribuyó la emisión de la orden de captura, negó haber emitido mandamiento alguno para privar de la libertad al quejoso, por lo que resulta evidente que dicho acto de autoridad no existe. Por su parte, el 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora, aceptó haber ordenado identificar administrativamente a Perfecto Urbano Bello, con motivo del sustitutivo de la pena a la que se acogió dicho sentenciado dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020. Ahora, de la lectura de las constancias remitidas por las autoridades responsables, consistentes en copia de diversas actuaciones que obran en la citada carpeta de ejecución, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; se advierte que el 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora, en auto de treinta de octubre de dos mil veinte (fojas 73 reverso a 77), tuvo al sentenciado Perfecto Urbano Bello, por acogido al beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena y, entre otras cosas, indicó que el sentenciado debía realizar lo siguiente: Presentarse ante la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, sede Reclusorio Norte (Ciudad de México) a recibir el oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; Una vez recibido el oficio aludido, contaría con tres días para acudir ante la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad (Ciudad de México), a darse de alta para dar seguimiento al beneficio concedido; y, Devolver a la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, sede Reclusorio Norte (Ciudad de México), el acuse de recibo correspondiente para verificar el cumplimiento de las obligaciones ante dichas. Por su parte, la autoridad responsable 2. Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, con sede en el Reclusorio Norte (Ciudad de México), Juan Ramón Novoa Hernández, indicó que en cumplimiento al referido auto, emitió el oficio EJEC-NTE/4518/2020-F (foja 45), mediante el cual instruyó al Jefe de Identificación Humana de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (de la Ciudad de México), para realizar la identificación administrativa ordenada por el 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora; mismo que entregó a Perfecto Urbano Bello, el treinta de octubre de dos mil veinte. En esa tesitura, es evidente que si bien existe un mandamiento de la autoridad jurisdiccional para identificar administrativamente, y un oficio emitido por el Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, para llevar a cabo dicha identificación, y tales actos entrañan una ejecución material, que consiste en que Perfecto Urbano Bello, acuda ante el Jefe de Identificación Humana de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (de la Ciudad de México) y ante la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad a darse de alta y realizar la integración de su expediente. Lo cierto es que dichas autoridades no residen dentro del territorio del Estado de Puebla, sino que se encuentran en la demarcación territorial de la Ciudad de México; por lo que resulta evidente que no existe acto que se haya ejecutado, se esté ejecutando o deba tener ejecución en esta Entidad Federativa. Lo anterior, se insiste, la autoridad residente en el Estado de Puebla, 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, negó el acto que se le reclamó, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión, sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar la negativa, por lo que aquel acto que dotaba de competencia a este órgano de control constitucional, resultó inexistente. Mientras que los diversos actos reclamados, no han de ejecutarse en el territorio del Estado de Puebla, sino en la Ciudad de México. No pasa inadvertido que uno de los actos reclamados por el quejoso, consiste en la omisión de notificarle la orden de identificarse administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020, el cual, por su naturaleza, no entraña por sí solo una ejecución material. Sin embargo, al ser encontrarse ligado intrínsecamente a la determinación judicial que ordenó la identificación, se actualiza la figura de continencia de la causa indivisible, pues parten de un mismo hecho generador, que consiste en la obligación impuesta por el juez penal al sentenciado para que acuda a identificarse. De ahí que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, carece de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de garantías, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Cobran aplicación las jurisprudencias del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia PC. I.P. J/39 P(10ª.), emitida por Plenos de Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución". No pasa inadvertido que el quejoso expresó en su demanda de garantías que se presentaron en su domicilio (sin precisar cuál) agentes ministeriales con la intención de detenerlo y llevarlo a la Ciudad de México; pero ello no es óbice para lo expuesto, pues la sola circunstancia de que el quejoso pudiera tener su domicilio en esta Entidad, no es suficiente para dotar de competencia legal a este juzgado, pues como se expresó, aquella autoridad a quien se atribuyó la ejecución de la orden de captura, negó la existencia del acto reclamado y el quejoso no desvirtuó tal negativa. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En ese contexto, se advierte que de conformidad con en el punto Primero, fracción I, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito, corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos que tiene ejecución en esa demarcación territorial, como acontece en la especie. En esas condiciones, resulta evidente que, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo indirecto; en consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, por razón de territorio, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el original del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito que corresponda, por razón de turno. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse recibo del presente expediente. Así mismo, se hace del conocimiento que en interlocutoria de siete de junio de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión derivado de este controvertido, por lo que se ordena remitir los cuadernos original y duplicado de dicho incidente, para lo efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia certificada de las actuaciones conducentes, fórmense los cuadernos correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SEGUNDO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 37 y 74 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara que carece de competencia legal por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por Perfecto Urbano Bello, en los términos precisados en el considerando primero de esta sentencia. SEGUNDO. Remítanse el original del presente expediente, junto con el original y duplicado del incidente de suspensión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; para que por su conducto, los remita al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso, por oficio a las autoridades responsables, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, asistido por el secretario Raúl Bonilla Hernández, quien autoriza y da fe. Doy fe." V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 386/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula Puebla, promovido por Perfecto Urbano Bello, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno (fojas 2 a 5), mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día y recibido el día siguiente en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Perfecto Urbano Bello, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que precisó en la demanda de garantías. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, desahogo, admisión y trámite del asunto. En acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno (fojas 6 a 11) se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 386/2021 de este índice, y se previno al quejoso para que: i) aclarara el acto reclamado al Juez de la Unidad de Gestión Judicial, Especializado en Ejecución de Sanciones Penales 2 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México; ii) si es su deseo señalar como autoridad responsable a alguna perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; iii) si estaba privado de la libertad. Por escritos presentados el cuatro y once de mayo de la presente anualidad (fojas 13, 20 y 21) el quejoso pretendió desahogar la prevención, pero como no la desahogó completamente, en autos de seis y doce de mayo de dos mil veintiuno (fojas 14 a 16 y 22 a 24) se requirió nuevamente al peticionario de amparo para que atendiera todos los requerimientos formulados; finalmente, por escrito presentado el catorce de mayo del año en curso (fojas 28 y 29), desahogó la prevención. Por lo anterior, en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 30 a 33), se admitió a trámite la demanda, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 38). TERCERO. Cita para sentencia. En acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 99 vuelta), la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos) se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Incompetencia legal para conocer del asunto. En este apartado se examinará si en el caso, este órgano jurisdiccional es legalmente competente, para conocer del presente asunto, en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de estudio preferente a la cuestión planteada. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que carece de competencia legal por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados por el quejoso. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los siguientes criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: -De la autoridad ordenadora 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora: a) La orden de aprehensión o reaprehensión dictada dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020; b) La orden de identificarlo administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020; c) La omisión de notificarle la orden de identificarlo administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020 -De la autoridad responsable 2. Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, con sede en el Reclusorio Norte (Ciudad de México), Juan Ramón Novoa Hernández: d) La ejecución de la orden de identificarlo administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020; -De la autoridad responsable 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla: e) La ejecución de la orden de aprehensión. En ese sentido, el suscrito juzgador advierte actualizado el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Esto es, dado que los actos reclamados a la autoridad ordenadora entrañan una ejecución material (aprehensión e identificación administrativa), debe atenderse al lugar donde el acto pretenda ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En efecto, de autos se aprecia que no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que, por una parte, la orden de aprehensión reclamada no existe y el mandamiento judicial para identificarlo administrativamente dentro de la carpeta EJEC-NTE/1370/2020, no tiene ejecución en el Estado de Puebla. Se afirma lo anterior, pues las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados, rindieron su informe justificado de la siguiente manera: No. Autoridades responsables Sentido del informe Fojas 1 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora Aceptó únicamente por la orden de identificarlo administrativamente y negó por los restantes actos que se le reclaman 47 y 48 2 2. Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Gestión de Sanciones Penales Dos, con sede en el Reclusorio Norte (Ciudad de México), Juan Ramón Novoa Hernández Negó 43 3 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla Negó 39 y 48 Ahora, cabe señalar que lo que en un momento dotó de competencia a este órgano jurisdiccional, fue la ejecución de la orden aprehensión reclamada, que se reclamó de una autoridad residente en Puebla, es decir, el quejoso alegó que posiblemente la orden de captura podría tener ejecución en esta Entidad. Sin embargo, de la tabla que antecede, se colige que la autoridad responsable ejecutora 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, con residencia en el Estado de Puebla, negó el acto que se le reclama. Incluso, el juez penal a quien se atribuyó la emisión de la orden de captura, negó haber emitido mandamiento alguno para privar de la libertad al quejoso, por lo que resulta evidente que dicho acto de autoridad no existe. Por su parte, el 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora, aceptó haber ordenado identificar administrativamente a Perfecto Urbano Bello, con motivo del sustitutivo de la pena a la que se acogió dicho sentenciado dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020. Ahora, de la lectura de las constancias remitidas por las autoridades responsables, consistentes en copia de diversas actuaciones que obran en la citada carpeta de ejecución, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; se advierte que el 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora, en auto de treinta de octubre de dos mil veinte (fojas 73 reverso a 77), tuvo al sentenciado Perfecto Urbano Bello, por acogido al beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena y, entre otras cosas, indicó que el sentenciado debía realizar lo siguiente: Presentarse ante la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, sede Reclusorio Norte (Ciudad de México) a recibir el oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; Una vez recibido el oficio aludido, contaría con tres días para acudir ante la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad (Ciudad de México), a darse de alta para dar seguimiento al beneficio concedido; y, Devolver a la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, sede Reclusorio Norte (Ciudad de México), el acuse de recibo correspondiente para verificar el cumplimiento de las obligaciones ante dichas. Por su parte, la autoridad responsable 2. Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, con sede en el Reclusorio Norte (Ciudad de México), Juan Ramón Novoa Hernández, indicó que en cumplimiento al referido auto, emitió el oficio EJEC-NTE/4518/2020-F (foja 45), mediante el cual instruyó al Jefe de Identificación Humana de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (de la Ciudad de México), para realizar la identificación administrativa ordenada por el 1. Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, Gerardo Espinosa Zamora; mismo que entregó a Perfecto Urbano Bello, el treinta de octubre de dos mil veinte. En esa tesitura, es evidente que si bien existe un mandamiento de la autoridad jurisdiccional para identificar administrativamente, y un oficio emitido por el Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, para llevar a cabo dicha identificación, y tales actos entrañan una ejecución material, que consiste en que Perfecto Urbano Bello, acuda ante el Jefe de Identificación Humana de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (de la Ciudad de México) y ante la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad a darse de alta y realizar la integración de su expediente. Lo cierto es que dichas autoridades no residen dentro del territorio del Estado de Puebla, sino que se encuentran en la demarcación territorial de la Ciudad de México; por lo que resulta evidente que no existe acto que se haya ejecutado, se esté ejecutando o deba tener ejecución en esta Entidad Federativa. Lo anterior, se insiste, la autoridad residente en el Estado de Puebla, 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, negó el acto que se le reclamó, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión, sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar la negativa, por lo que aquel acto que dotaba de competencia a este órgano de control constitucional, resultó inexistente. Mientras que los diversos actos reclamados, no han de ejecutarse en el territorio del Estado de Puebla, sino en la Ciudad de México. No pasa inadvertido que uno de los actos reclamados por el quejoso, consiste en la omisión de notificarle la orden de identificarse administrativamente dentro de la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1370/2020, el cual, por su naturaleza, no entraña por sí solo una ejecución material. Sin embargo, al ser encontrarse ligado intrínsecamente a la determinación judicial que ordenó la identificación, se actualiza la figura de continencia de la causa indivisible, pues parten de un mismo hecho generador, que consiste en la obligación impuesta por el juez penal al sentenciado para que acuda a identificarse. De ahí que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, carece de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de garantías, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Cobran aplicación las jurisprudencias del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia PC. I.P. J/39 P(10ª.), emitida por Plenos de Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución". No pasa inadvertido que el quejoso expresó en su demanda de garantías que se presentaron en su domicilio (sin precisar cuál) agentes ministeriales con la intención de detenerlo y llevarlo a la Ciudad de México; pero ello no es óbice para lo expuesto, pues la sola circunstancia de que el quejoso pudiera tener su domicilio en esta Entidad, no es suficiente para dotar de competencia legal a este juzgado, pues como se expresó, aquella autoridad a quien se atribuyó la ejecución de la orden de captura, negó la existencia del acto reclamado y el quejoso no desvirtuó tal negativa. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En ese contexto, se advierte que de conformidad con en el punto Primero, fracción I, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito, corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos que tiene ejecución en esa demarcación territorial, como acontece en la especie. En esas condiciones, resulta evidente que, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo indirecto; en consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, por razón de territorio, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el original del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito que corresponda, por razón de turno. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse recibo del presente expediente. Así mismo, se hace del conocimiento que en interlocutoria de siete de junio de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión derivado de este controvertido, por lo que se ordena remitir los cuadernos original y duplicado de dicho incidente, para lo efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia certificada de las actuaciones conducentes, fórmense los cuadernos correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SEGUNDO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 37 y 74 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara que carece de competencia legal por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por Perfecto Urbano Bello, en los términos precisados en el considerando primero de esta sentencia. SEGUNDO. Remítanse el original del presente expediente, junto con el original y duplicado del incidente de suspensión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; para que por su conducto, los remita al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso, por oficio a las autoridades responsables, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Perfecto Urbano Bello y, en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase copia certificada a su costa de las constancias que indica en su escrito de cuenta, por conducto de las personas que autoriza para tal efecto. En la inteligencia que, para la entrega de las copias certificadas en las instalaciones del órgano jurisdiccional, deberá ajustarse a lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, respecto a la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de siete de junio de la presente anualidad, se ordenó dar vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México (denominación correcta); y, 2. Director de la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales Dos, con sede en el Reclusorio Norte, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, auto que se notificó por lista a las partes el ocho siguiente. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que se encuentran señaladas las nueve horas con veintidós minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; por lo que resulta evidente que en esa data, estará transcurriendo el plazo de ocho días para que las partes se impongan del contenido de dichos informes. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con veintidós minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista a las partes.
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