Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

Expediente 535/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
535/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Se declara que el proveído por el que se desechó por improcedente la demanda de amparo ha causado estado, en consecuencia, queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvanse los autos de origen a la autoridad responsable.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, mediante el cual rinde informe justificado y remite la demanda de amparo promovida por el Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por conducto de su apoderada, contra la resolución de quince de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el expediente administrativo 1181/2018-2, en la cual declaró la nulidad relativa de la resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, signada por el Director General de Pensiones Civiles del Estado, asimismo, la nulidad de los actos administrativos consistentes en la omisión de pagar a la recurrente Amalia de la Cruz Pozos, los montos relativos a las prestaciones reclamadas. Se concluye que quien promueve este juicio constitucional, es el Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, quien con su investidura de autoridad, acude en defensa, no de un interés patrimonial, sino como autoridad demandada en un procedimiento con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitó el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de sus funciones. De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y por autorizados a las personas que menciona. Finalmente, con relación a su solicitud de devolución del documento que menciona, dígasele que se acuerda favorablemente su petición, dejando en su lugar copia certificada del mismo. Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por el Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por conducto de su apoderada, contra la resolución de quince de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el expediente administrativo 1181/2018-2.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. En Apizaco, Tlaxcala, uno de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 220 y 221 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe y agrega el oficio de cuenta, mediante el cual rinde informe justificado y remite la demanda de amparo promovida por el Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por conducto de su apoderada SHT, contra la resolución de quince de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el expediente administrativo 1181/2018-2, en la cual declaró la nulidad relativa de la resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, signada por el Director General de Pensiones Civiles del Estado, asimismo, la nulidad de los actos administrativos consistentes en la omisión de pagar a la recurrente AdlCP, los montos relativos a las prestaciones reclamadas; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. Ahora, del referido expediente se advierten los antecedentes siguientes: 1. AdlCP, por propio derecho, mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión contra el Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, respecto del acto administrativo consistente en: "la omisión del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, para cumplir y pagar diversas prestaciones a que tengo derecho" (foja 1 a 18 del expediente 1181/2018-2). 2. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el Magistrado de la sala responsable registró el asunto con el número 1181/2018-2, lo admitió a trámite, ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, las requirió para que en el término de cinco días remitieran su informe sobre el acto recurrido, presentaran las pruebas que se relacionaran con el mismo y las apercibió para que señalaran domicilio para recibir notificaciones (fojas 66 a 69 ídem). 3. Seguida la secuela procesal, el quince de mayo de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, dictó la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos, en lo conducente, son: "PRIMERO. Se ha procedido legalmente en la tramitación del presente Recurso de Revisión interpuesto por AdlCP.-SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando VII de la presente resolución, se declara la nulidad relativa de la resolución de fecha de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, signada por el DIRECTOR GENERAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO; así como la nulidad absoluta de los actos administrativos impugnados consistentes en 1) La omisión de pagar al recurrente los montos que le corresponden por concepto de canasta básica y quinquenio, a partir de la fecha de otorgamiento de su pensión; 2) La omisión del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, de establecer en la citada resolución el otorgamiento del 100% (cien por ciento) de los aumentos concedidos a los trabajadores en activo, a la hoy recurrente; y 3) La omisión de pagar a la recurrente un total de tres despensas al año; dejando intocadas las consideraciones que no fueron objeto de nulidad en el presente asunto, así como las que no hayan sido materia de controversia en el mismo.- TERCERO. En consecuencia, se ordena al Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por su conducto o por conducto de quien legalmente lo represente, a dar cumplimiento a esta resolución, en los términos precisados en el considerando VIII de la misma.- CUARTO.- QUINTO." (fojas 142 a 162 del expediente administrativo 1181/2018-2). 4. En contra de la anterior determinación, el Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por conducto de su apoderada SHT, promueve el presente juicio de amparo. Señalado lo anterior, de acuerdo con los antecedentes expuestos, se concluye que quien promueve este juicio constitucional, es el Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, quien con su investidura de autoridad, acude en defensa, no de un interés patrimonial, sino como autoridad demandada en un procedimiento con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitó el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación lo expuesto con la Jurisprudencia PC.XXX. J/16 A (10a.), de los Plenos de Circuito, Décima Época, número de registro 2013683, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro treinta y nueve, Febrero de dos mil diecisiete, en Materia Común y Administrativa, página seiscientos ochenta y tres, cuya vigencia se sostiene, que a letra dice: "AMPARO DIRECTO. LA PERSONA MORAL QUE TUVO EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, AUN CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN IMPUGNE LA CALIDAD QUE SE LE DIO EN DICHO JUICIO. Conforme a los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, 6o. y 7o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de defensa instituido para proteger a los particulares contra la acción del Estado que perjudique sus derechos fundamentales, por lo que, por regla general, los órganos del Estado carecen de legitimación para promoverlo, al no ser titulares de esos derechos. Por tanto, aun cuando el artículo 7o. aludido confiera a las personas morales públicas la posibilidad de solicitar amparo, ésta sólo se limita al supuesto en que la norma general, acto u omisión reclamado, afecte sus intereses patrimoniales, siempre que su relación con el particular se encuentre en un plano de igualdad, es decir, cuando el asunto derive de su actuación en el juicio ordinario como persona de derecho privado, pero no cuando participen con el carácter de autoridades demandadas, toda vez que la actividad que desplegaron en su emisión, derivó de una relación de supra a subordinación; esto con independencia de que controviertan precisamente la calidad que como autoridad se le confirió en el juicio contencioso administrativo, pues ello no motiva ni les otorga legitimidad para acudir a la instancia constitucional, porque sería tanto como permitirles defender la legalidad de un acto que emitieron como entes de derecho público en una relación que no se desarrolló en un plano de igualdad con el particular." Asimismo, tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 45/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda; y por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Finalmente, con relación a su solicitud de devolución del documento que menciona, dígasele que con apoyo en el diverso 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda favorablemente su petición, dejando en su lugar copia certificada del mismo. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por el Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por conducto de su apoderada SHT, contra la resolución de quince de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el expediente administrativo 1181/2018-2.

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