Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve el ***, por conducto de su apoderada legal ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el expediente ***. En consecuencia, se procede a proveer lo conducente respecto de la citada demanda constitucional. Procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente. Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación a los diversos 6 y 7, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la promovente, ***, es una persona moral pública y el acto reclamado solo afecta el ejercicio de su función, no así el de su patrimonio. Para demostrar lo anterior, resulta pertinente transcribir lo que disponen esos preceptos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [...]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Conforme al primero de los artículos reproducidos, el juicio de amparo será improcedente, cuando dicha improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. El siguiente numeral establece que el juicio de amparo solo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, o mediante su representante. Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que dicha afectación solo ocurre cuando aquéllas realizan actividades con el carácter de personas de derecho privado, mas no cuando lo hacen en ejercicio de sus atribuciones. En el caso, la demanda de amparo la promueve ***, apoderada legal del ***, contra la interlocutoria de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación interpuesto dentro del recurso de revisión ***, del registro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por la que se confirmó el auto recurrido de seis de junio de dos mil diecinueve, en el cual se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que exhibieran la documental consistente en copia certificada o cotejada del resolutivo de pensión por invalidez número ***, de ocho de abril del citado año. Ahora bien, debe tomarse en consideración que la quejosa es un organismo público descentralizado que puede actuar con un doble carácter: como autoridad y como persona moral oficial. En el primer caso, su actuación tiene sustento en el ejercicio de facultades de que se halle investida; en el segundo, obra en condiciones similares a las de los particulares. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas, esto se promueve solo cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales; en el caso, el acto reclamado por la promovente es la interlocutoria de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación interpuesto dentro del recurso de revisión ***, del registro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por la que se confirmó el auto recurrido de seis de junio de dos mil diecinueve, en el cual se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que exhibieran la documental consistente en copia certificada o cotejada del resolutivo de pensión por invalidez número ***, de ocho de abril del citado año; lo que no implica una afectación a su interés patrimonial. Esto es, el acto que reclama no afecta si a la entidad pública promovente del amparo, pues en ningún momento se afecta su patrimonio, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 6 y 7, aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en virtud de que, al tratarse de una actuación dentro de juicio, el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b), 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Lo dispuesto en el segundo artículo trascrito, debe interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós fracciones anteriores del artículo 61 de la ley de la materia, solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, de los artículos transcritos se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, será procedente únicamente contra actos que producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la instancia constitucional no se reclamen actos ocurridos dentro del juicio, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; habida cuenta que el juicio de amparo indirecto contra actos dentro del proceso es de carácter excepcional. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que la propia Ley de Amparo en vigor establece que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que no tienen tal característica los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Esto significa que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En este apartado, conviene precisar que las violaciones procesales ocurridas dentro del juicio son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva o laudo final. Luego, si llegado el momento de dilucidar si es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, no se actualiza alguno de los enunciados supuestos, el juicio de derechos fundamentales será improcedente y, en tal condición, el peticionario de amparo deberá esperar hasta que se dicte la resolución definitiva, entendida ésta como la que decida el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado; así, una vez emitida la resolución que revista tal característica, estará en aptitud de controvertir la posible violación cometida a través de la vía directa del juicio de amparo, conforme a las reglas previstas en los artículos 170 a 172 y 174 de la Ley de Amparo en vigor. En otras palabras, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no se ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos sean de imposible reparación, esto es, que incidan inmediatamente en alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal y tratados internacionales y no en los adjetivos. Debiéndose entender por los primeros, aquéllos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son aquellos que solamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con la finalidad de obtener una sentencia favorable, por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del particular. Bajo este óptica, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia definitiva fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. En efecto, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado, siempre que, como se mencionó, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora bien, los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifiesta la quejosa, son los siguientes: - Mediante auto de seis de junio de dos mil diecinueve, la parte quejosa fue emplazada al recurso de revisión ***, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, promovido por ***. - Por escrito de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la aquí quejosa interpuso recurso de revocación contra el auto de seis de junio de dos mil diecinueve, por el cual la responsable le requirió la exhibición de una documental a efecto de resolver lo conducente. - Luego, por resolución de siete de diciembre de dos mil veintiuno, la responsable determinó improcedente dicho medio de impugnación, confirmando el auto recurrido. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, resulta evidente que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, pues la emisión de tal acto, solo afecta derechos de carácter adjetivo o procesal. Por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva que resuelva la controversia respectiva cuando pueda apreciarse si el proceder de la autoridad responsable vulneró o no las defensas de la parte inconforme y, en su caso, si la supuesta violación trascendió al resultado de ese fallo, pues en tal supuesto, entonces sí tendría la posibilidad de combatirla si esta resultara adversa a sus intereses. Así, es inconcuso que el acto reclamado no genera en sí mismo la irreparabilidad que exige la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, para que pueda ser reclamable inmediatamente en la vía indirecta, pues en todo caso trastocaría -presuntivamente- derechos de índole procesal. Esta afirmación se corrobora al tener en cuenta que la situación impugnada por la parte quejosa desaparecerá del mundo fáctico sin trascender a su esfera jurídica en caso de que la responsable dicte sentencia favorable a sus intereses en el juicio natural; circunstancia que, sin género de duda demuestra la ausencia de una afectación irreparable. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión del que resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. En las relacionadas condiciones, se concluye que la actuación que por esta vía constitucional se reclama, es un acto emitido dentro del juicio que no tiene el carácter de imposible reparación al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por el *** por conducto de su apoderada legal ***. Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio (como lo establecen las jurisprudencias citadas); por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con objeto de que la promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de cuenta y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, *** y ***, en virtud de que cuentan con su cédula inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo, se tiene como autorizado solo para oír y recibir notificaciones a ***, por no contar con dicho registro. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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