Pensiones Civiles del Estado

Expediente 760/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
760/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2017

Partes del expediente

  • Pensiones Civiles del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Roberto Armas Arámburu, representante de la Institución denominada PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, mediante el cual solicita el amparo y la protección de la justicia en contra actos del Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 760/2017-V-B. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. En el presente asunto, el aquí quejoso Roberto Armas Arámburu, representante de la Institución denominada PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como acto reclamado lo siguiente: "IV. EL ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- De la autoridad responsable, reclamo la falta de notificación de la ejecutoria de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro del Recurso de Reclamación radicado con el número 28/2016 de los índices del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito." Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Asimismo, los artículos 7º, y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la lectura del primero de los numerales en comento revela que las personas morales oficiales, como la Institución denominada PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, tiene legitimación para la promoción del juicio de amparo, sólo que a diferencia de las personas morales privadas, esta facultad se encuentra limitada a los casos en que se afecten los intereses patrimoniales del ente público. A fin de explicar con mayor detalle los alcances que tiene dicha limitación procesal, es necesario traer a colación lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión del veintitrés de junio de dos mil nueve, el amparo directo en revisión 1070/2005, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, en donde sostuvo: "Lo anterior porque las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías según las bases del artículo 9° de la Ley de Amparo, cuyo precepto legal nació desde la vigencia de la ley publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, para distinguir la forma como podrían promoverlo las personas morales privadas y las oficiales, en los siguientes términos: "ARTÍCULO 8o. Las personas morales privadas podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes." "ARTÍCULO 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas." Como puede observarse, la Ley de Amparo distinguió entre personas morales privadas y personas morales oficiales, para los efectos de su representación, por lo que es básico señalar que el único ordenamiento que define a las personas morales también llamadas colectivas o jurídicas es la Convención Interamericana sobre personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el derecho internacional privado, publicada el diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, de la siguiente forma: "ARTÍCULO 1°. La presente Convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los Estados Partes, entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución.--- Se aplicará esta convención sin perjuicio de convenciones específicas que tengan por objeto categorías especiales de personas jurídicas." Estas personas jurídicas, a título enunciativo, están previstas en el Título Segundo del Código Civil Federal, de la forma siguiente: TÍTULO SEGUNDO.--- De las personas morales.--- "ARTÍCULO 25. Son personas morales:--- I. La Nación, los Estados y los Municipios;--- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;--- III. Las sociedades civiles o mercantiles;--- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;--- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;--- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.--- VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736." Del anterior precepto se advierte que el Código Civil Federal no define el tipo de personas jurídicas colectivas, pero sí enuncia a las de "carácter público" y "de naturaleza privada", que en la doctrina se pretenden definir de la siguiente forma: "C L A S E S --- 5) Clases. --- Las personas jurídicas pueden ser: públicas (de Derecho público) o privadas (de Derecho privado); asociaciones o fundaciones; de interés público o de interés privado.--- 6) Públicas y privadas.--- Se discute cuál es el criterio acertado para distinguir las personas en públicas y privadas. En nuestra opinión:--- Personas jurídicas públicas son las entidades que teniendo personalidad están encuadradas en la organización estatal, formando parte de la misma en uno u otro sector. Por ejemplo, una provincia, un municipio, una Universidad, el Instituto Nacional de Industria, el Patrimonio forestal del Estado y otras muchas Entidades autónomas.--- La existencia, además del Estado, de pluralidad de personas públicas se debe a que aquél para la consecución de sus fines ha de servirse de organismos colaboradores y auxiliares, y, por ello, aceptar la existencia de entes menores o, a veces, crearlos él mismo o, incluso en ocasiones, incorporar a la maquinaria estatal, entes que existían desde antes como organizaciones privadas.--- Personas jurídicas privadas son las que no forman parte de la organización estatal, como un club de recreo o una sociedad mercantil." (La Persona Jurídica. Manual Albaladejo García. Civitas. España 1974). "CAPÍTULO V --- LA PERSONA MORAL. - CORPORACIONES. - FUNDACIONES. - DEFINICIÓN DE PERSONAL MORAL.--- En el Capítulo anterior fijamos el concepto de persona física, partiendo del punto de que la persona es el sujeto capaz de derechos y obligaciones, en virtud de que está dotada de razón y voluntad.--- Para el estudio de la persona moral e indispensable examinar y conocer primeramente las más importantes personas morales marcadas en nuestra legislación.--- Nuestro Código Civil vigente, en su artículo 25, nos enumera quiénes son personas morales. Son personas morales:--- I. La Nación, los Estados y los Municipios;--- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley;--- III. Las sociedades civiles o mercantiles;--- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; (la fracción XVI del 123 constitucional previene: "Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.").--- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;--- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la Ley.--- Las personas morales comprendidas en la fracción I del artículo 25 que acabo de transcribir encajan dentro de la clasificación de personas morales de Derecho Público. Dado la brevedad de este trabajo, trato de explicar en él únicamente a la persona moral de Derecho Privado, no estudiaré ni analizaré a la Nación, a los Estados y a los Municipios, así como a las demás corporaciones de carácter público comprendidas en la fracción II del citado artículo 25." (Tesis para obtener el grado de licenciado en derecho de Rubén Talamantes P., titulada "Naturaleza de las personas morales", Escuela Libre de Derecho). En tal virtud, las personas jurídicas públicas son aquellas entidades que teniendo personalidad están comprendidas en la organización estatal, formando parte de ella en uno u otro sector y, por exclusión, son personas jurídicas privadas aquéllas que, por su naturaleza, no tienen estas características. Entre las primeras, se ubican las señaladas en las fracciones I y II del artículo 25 del Código Civil Federal, y las segundas, las restantes que se enuncian en este numeral. Bajo esa óptica, la persona jurídica pública recae en un ente indeterminado denominado Estado-Gobierno, el cual se compone de diversos órganos públicos que dependen de él; por ende, para analizar si alguno de estos últimos, por su estructura, constituye una persona moral pública, debe atenderse a sus particularidades esenciales, dado que la actuación estatal es demasiado compleja para precisar en un solo postulado cuándo reúne los matices para ser considerada persona moral pública. Así, las personas jurídicas públicas -nombre jurídicamente correcto-, también son llamadas personas jurídicas oficiales, que en esencia, están referidas a la entidad Estado-Gobierno. Esta concepción genérica fue adoptada en la Ley de Amparo, en especial, en su artículo 9°, que actualmente, dice: "ARTÍCULO 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.--- Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes." El párrafo segundo del artículo transcrito se reformó mediante Decreto publicado el uno de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en cuya exposición de motivos, se estableció: "Exposición de motivos.--- Entre estas importantes aportaciones son especialmente relevantes:--- La adición del segundo párrafo del artículo 9º, para que las personas morales oficiales estén exentas de otorgar las garantías que la Ley de Amparo exige, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles." Por su parte, el señalado artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevé: "ARTÍCULO 4º. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes.--- Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.--- La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador General de la República o uno de sus Agentes, con cualquier carácter o representación." Con base en lo expuesto puede concluirse que las personas morales oficiales pueden actuar en un doble carácter como entes dotados de poder público, y esencialmente, como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hayan investidos, mientras que los segundos obran en condiciones similares a los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Lo anterior significa que las personas morales oficiales, por regla general, tratándose de asuntos del orden civil en el que sean demandadas, al incorporarse con esta calidad en el juicio, lógico es que tienen la misma situación que el actor particular; por ende, actúan como persona moral de derecho privado, siendo evidente que contra las determinaciones que les sean desfavorables puede promover juicio de amparo y, de igual manera, por la naturaleza de la relación tributaria, el contribuyente, aunque sea una persona moral oficial, puede promover también juicio de amparo contra el cobro respectivo, ya que actúa en un plano de derecho privado al quedar ceñido al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, la afectación a los intereses patrimoniales no debe verse como una situación estricta vinculada a la privación de algún derecho de propiedad o posesión, sino en sentido amplio cualquier situación especial que pudiera afectar esos intereses, por tanto, si al Consejo de la Judicatura Federal se le pretenden cobrar tributos de carácter local o municipal es indudable que se ubica en la regla prevista en el artículo 9° de la Ley de Amparo, porque se trata de una persona moral oficial perteneciente a un poder público, el que no desarrolla su objeto al tener la calidad de obligado tributario en un determinado ordenamiento legal, es decir, tiene la calidad de cualquier otro contribuyente de derecho privado. Luego, el Consejo de la Judicatura Federal es una persona moral oficial, por lo que en caso de que estime que se afecten sus intereses patrimoniales, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, puede acudir como parte quejosa a un juicio de garantías, siempre que actúe como personal oficial de derecho privado como puede suceder tratándose del cobro de contribuciones, ya que lo hace en su calidad de sujeto pasivo, sin que se soslaye que desde la Quinta Época hasta la actual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las contribuciones no forman parte del patrimonio privado del Estado en su carácter de persona moral al no ubicarse en la Ley General de Bienes Nacionales y, por ende, el juicio de amparo que intente es improcedente, lo cual obedece a que lo promueve como un ente dotado de poder público, esto es, con su calidad de sujeto activo de la relación tributaria, siendo por estos matices que no estaría en aptitud legal de promover el juicio a diferencia de la presente hipótesis donde el quejoso actúa en un plano tributario de subordinación." Del precedente de mérito es posible advertir que la procedencia del juicio de amparo promovido por cualquier persona moral pública, como las denomina el artículo 7° de la Ley de Amparo, se encuentra limitada a aquellos casos en que la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En ese sentido, de igual manera se emitió la tesis XXXIX/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 311 del tomo XXXIII, abril de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ÓRGANOS DEL ESTADO. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE UN JUICIO CIVIL EN EL QUE PARTICIPAN SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD, EN DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE AMPARO). En los términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales sólo pueden promover un juicio de amparo cuando el acto o ley que se reclame afecte sus "intereses patrimoniales". Ahora bien, debido a la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control del poder público a favor de los gobernados, los órganos del Estado no pueden acudir al amparo para defender la legalidad de actos de autoridad; en cambio, sí están legitimados para promover juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva que resuelve una acción civil, ejercida por alguno de ellos para reclamar prestaciones de carácter patrimonial que corresponden al erario público, pues en esta hipótesis se colman los requisitos de legitimación que establece el indicado artículo 9." También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número XV.2o.J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Septiembre de 1999, página 715, del rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES. El juicio de garantías promovido por las autoridades resulta improcedente, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, así como el 1o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio deben ser siempre, como actor, un particular y, como demandado, una autoridad. El demandado en el juicio de amparo tiene que ser siempre una autoridad, porque el juicio tiene como objeto salvaguardar las garantías individuales de los gobernados, que son limitaciones al poder del Estado; más aún, debe dejarse establecido que en los casos de las fracciones II y III del artículo 103 constitucional, que se refieren a la protección mediante el amparo, de las respectivas jurisdicciones federal y local, las invasiones a las mismas tienen que reclamarse y pedirse su reparación por el individuo afectado, según lo establece el artículo 107 constitucional." Los criterios señalados son claros en delimitar los alcances del artículo 7º, de la Ley de Amparo, precisando que la legitimación de las personas morales oficiales para la promoción de juicios de amparo, se encuentra limitada a aquellos casos en que los actos u omisiones afecten su patrimonio; esto es, la noción de afectación a los derechos patrimoniales se encuentra íntimamente relacionada con el ejercicio de sus atribuciones como ente público. Lógicamente tales límites no pueden ser exigibles por los propios integrantes del Estado, pues si bien éste tiene la obligación de conducirse conforme al principio de legalidad, ello no implica que una violación a aquél trastoque los derechos fundamentales de los entes del Estado, ya que, se insiste, éstas son prerrogativas que se encuentran reservadas para el particular. De ahí que no basta la afectación al patrimonio de una persona moral oficial para la procedencia del juicio de amparo, sino que es necesario que dicho menoscabo derive de su actuación como particular, desprovisto de su carácter de órgano público, pues si el acto se emitió en una relación de igualdad entre entes del Estado, el juicio de amparo será improcedente, aun cuando pueda trastocar el patrimonio del órgano en cuestión. Una conclusión en el sentido contrario desnaturalizaría el juicio de amparo como garantía de los derechos fundamentales de los particulares, pues permitiría que los propios órganos del Estado se erigieran como particulares frente a sí mismos, reclamando derechos que son propios de los gobernados e imponiéndole límites al Estado en su actuación, situación que, además de colisionar con la lógica de los derechos fundamentales como límites frente al Poder, imposibilitaría la marcha de la administración pública e, incluso, desactivaría la posibilidad de cualquier reforma estatal, en tanto resultaría imposible privar a un órgano de una facultad sin vulnerar, concomitantemente, la prohibición a la retroactividad de normas. Con base en estas premisas, se llega a la conclusión de que el juicio de amparo resulta improcedente, pues el acto que reclama el aquí quejoso no incide en su esfera patrimonial como si se tratara de un particular, toda vez que se hizo consistir en la falta de notificación de la ejecutoria de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro del Recurso de Reclamación número 28/2016, del índice del Tribunal colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por tanto, se trata de un acto propio de su naturaleza (notificar) de ente de derecho público encargado de la función pública encomendada por la Ley. En apoyo a lo antes expuesto, se cita tesis IV.2o.A.46 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 2243, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO PROMOVIDO POR LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS, EL DISTRITO FEDERAL, LOS MUNICIPIOS O CUALQUIER PERSONA MORAL PÚBLICA. LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, SON APLICABLES PARA SU PROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY VIGENTE. El artículo 7o. de la Ley de Amparo vigente, es similar al 9o. del ordenamiento en la materia abrogado, y las diferencias existentes entre ambas disposiciones estriban en que la referencia a: "personas morales oficiales" de éste, como legitimadas para promover el juicio, fue sustituida, en aquél, por: "la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública"; asimismo, en lugar de aludirse únicamente al "acto o a ley que se reclame", ahora se hace referencia a "norma general, acto u omisión", como reclamables y, finalmente, en la disposición vigente se expresa que la afectación patrimonial debe ser en las "relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares", sin que el Poder Reformador expresara el motivo que dio lugar a la modificación de la disposición en comento. No obstante, debe considerarse que la intención del propio legislador al crear el artículo 9o. referido, con una redacción diferente a la utilizada antes de su entrada en vigor, no implica variación alguna en su sentido y alcance que amerite darle una interpretación distinta, por lo que los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en relación con el amparo solicitado por las personas morales oficiales, al emitir la tesis de rubro: "ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR EL."; la jurisprudencia 2a./J. 45/2003 y las tesis aisladas P. XXV/2010, 1a. XXXIX/2011, 2a. XLVII/2013 (10a.) y 1a. CXIII/2013 (10a.), en el sentido de que están legitimadas para acudir al juicio, por cualquier situación especial que pudiera afectar sus intereses patrimoniales en la que se ubiquen en un plano de derecho equiparable al de cualquier persona del derecho privado e, incluso, ante otros entes jurídicos oficiales, siguen vigentes de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, pues no contrarían sus disposiciones. Esto es así, porque conforme al artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 1987, y a las disposiciones del título segundo del libro primero del Código Civil Federal, que hace referencia a las personas jurídicas de carácter público y de naturaleza privada, la persona jurídica pública recae en un ente indeterminado denominado Estado-gobierno que se compone de diversos órganos públicos que dependen de él, por lo que las personas morales o jurídicas públicas, como se denominan en la ley actual, también son llamadas personas morales o jurídicas oficiales, como se señalaban en la ley abrogada y, en esencia, están referidas a la entidad Estado-gobierno, por lo que la variación en la redacción de la norma en vigor no implica un entendimiento distinto al sentido que la legislación anterior indicaba. Además, el hecho de que actualmente se precise que esas personas morales públicas pueden promover amparo contra toda norma general, acto u omisión de la autoridad, cuando la previa refería a las "leyes o actos", implica lógicamente la adecuación en la redacción con las demás disposiciones que integran el ordenamiento fuente y, finalmente, el hecho de que se añadiera que el amparo procede contra una norma general, acto u omisión, que afecten a aquéllas en su patrimonio, "respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares", tampoco implica dar una interpretación diversa al sentido de la norma, pues esa precisión válidamente puede derivar de los múltiples criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos precisados, máxime que en la propia iniciativa en que se propuso la norma como fue publicada, se indicó que el antecedente de la propuesta era el proyecto de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde, a su vez, se integró el numeral 6o. con redacción similar al ahora publicado, motivándose en el sentido de que se optó por permitir a los entes ahí mencionados el acceso al amparo cuando actúen en un plano de igualdad con los particulares, porque en tales casos se han despojado de sus facultades de imperio." Bajo esa tesitura, es palmario la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, y con apoyo en el dispositivo 113 antes transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a los promoventes que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de mérito; y por autorizadas, para los mismos efectos, a las personas que designa, en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    *****Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Roberto Armas Arámburu, representante de la Institución denominada PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, mediante el cual solicita el amparo y la protección de la justicia en contra actos del Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 760/2017-V-B. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. En el presente asunto, el aquí quejoso Roberto Armas Arámburu, representante de la Institución denominada PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como acto reclamado lo siguiente: "IV. EL ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- De la autoridad responsable, reclamo la falta de notificación de la ejecutoria de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro del Recurso de Reclamación radicado con el número 28/2016 de los índices del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito." Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Asimismo, los artículos 7º, y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la lectura del primero de los numerales en comento revela que las personas morales oficiales, como la Institución denominada PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, tiene legitimación para la promoción del juicio de amparo, sólo que a diferencia de las personas morales privadas, esta facultad se encuentra limitada a los casos en que se afecten los intereses patrimoniales del ente público. A fin de explicar con mayor detalle los alcances que tiene dicha limitación procesal, es necesario traer a colación lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión del veintitrés de junio de dos mil nueve, el amparo directo en revisión 1070/2005, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, en donde sostuvo: "Lo anterior porque las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías según las bases del artículo 9° de la Ley de Amparo, cuyo precepto legal nació desde la vigencia de la ley publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, para distinguir la forma como podrían promoverlo las personas morales privadas y las oficiales, en los siguientes términos: "ARTÍCULO 8o. Las personas morales privadas podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes." "ARTÍCULO 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas." Como puede observarse, la Ley de Amparo distinguió entre personas morales privadas y personas morales oficiales, para los efectos de su representación, por lo que es básico señalar que el único ordenamiento que define a las personas morales también llamadas colectivas o jurídicas es la Convención Interamericana sobre personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el derecho internacional privado, publicada el diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, de la siguiente forma: "ARTÍCULO 1°. La presente Convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los Estados Partes, entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución.--- Se aplicará esta convención sin perjuicio de convenciones específicas que tengan por objeto categorías especiales de personas jurídicas." Estas personas jurídicas, a título enunciativo, están previstas en el Título Segundo del Código Civil Federal, de la forma siguiente: TÍTULO SEGUNDO.--- De las personas morales.--- "ARTÍCULO 25. Son personas morales:--- I. La Nación, los Estados y los Municipios;--- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;--- III. Las sociedades civiles o mercantiles;--- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;--- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;--- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.--- VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736." Del anterior precepto se advierte que el Código Civil Federal no define el tipo de personas jurídicas colectivas, pero sí enuncia a las de "carácter público" y "de naturaleza privada", que en la doctrina se pretenden definir de la siguiente forma: "C L A S E S --- 5) Clases. --- Las personas jurídicas pueden ser: públicas (de Derecho público) o privadas (de Derecho privado); asociaciones o fundaciones; de interés público o de interés privado.--- 6) Públicas y privadas.--- Se discute cuál es el criterio acertado para distinguir las personas en públicas y privadas. En nuestra opinión:--- Personas jurídicas públicas son las entidades que teniendo personalidad están encuadradas en la organización estatal, formando parte de la misma en uno u otro sector. Por ejemplo, una provincia, un municipio, una Universidad, el Instituto Nacional de Industria, el Patrimonio forestal del Estado y otras muchas Entidades autónomas.--- La existencia, además del Estado, de pluralidad de personas públicas se debe a que aquél para la consecución de sus fines ha de servirse de organismos colaboradores y auxiliares, y, por ello, aceptar la existencia de entes menores o, a veces, crearlos él mismo o, incluso en ocasiones, incorporar a la maquinaria estatal, entes que existían desde antes como organizaciones privadas.--- Personas jurídicas privadas son las que no forman parte de la organización estatal, como un club de recreo o una sociedad mercantil." (La Persona Jurídica. Manual Albaladejo García. Civitas. España 1974). "CAPÍTULO V --- LA PERSONA MORAL. - CORPORACIONES. - FUNDACIONES. - DEFINICIÓN DE PERSONAL MORAL.--- En el Capítulo anterior fijamos el concepto de persona física, partiendo del punto de que la persona es el sujeto capaz de derechos y obligaciones, en virtud de que está dotada de razón y voluntad.--- Para el estudio de la persona moral e indispensable examinar y conocer primeramente las más importantes personas morales marcadas en nuestra legislación.--- Nuestro Código Civil vigente, en su artículo 25, nos enumera quiénes son personas morales. Son personas morales:--- I. La Nación, los Estados y los Municipios;--- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley;--- III. Las sociedades civiles o mercantiles;--- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; (la fracción XVI del 123 constitucional previene: "Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.").--- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;--- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la Ley.--- Las personas morales comprendidas en la fracción I del artículo 25 que acabo de transcribir encajan dentro de la clasificación de personas morales de Derecho Público. Dado la brevedad de este trabajo, trato de explicar en él únicamente a la persona moral de Derecho Privado, no estudiaré ni analizaré a la Nación, a los Estados y a los Municipios, así como a las demás corporaciones de carácter público comprendidas en la fracción II del citado artículo 25." (Tesis para obtener el grado de licenciado en derecho de Rubén Talamantes P., titulada "Naturaleza de las personas morales", Escuela Libre de Derecho). En tal virtud, las personas jurídicas públicas son aquellas entidades que teniendo personalidad están comprendidas en la organización estatal, formando parte de ella en uno u otro sector y, por exclusión, son personas jurídicas privadas aquéllas que, por su naturaleza, no tienen estas características. Entre las primeras, se ubican las señaladas en las fracciones I y II del artículo 25 del Código Civil Federal, y las segundas, las restantes que se enuncian en este numeral. Bajo esa óptica, la persona jurídica pública recae en un ente indeterminado denominado Estado-Gobierno, el cual se compone de diversos órganos públicos que dependen de él; por ende, para analizar si alguno de estos últimos, por su estructura, constituye una persona moral pública, debe atenderse a sus particularidades esenciales, dado que la actuación estatal es demasiado compleja para precisar en un solo postulado cuándo reúne los matices para ser considerada persona moral pública. Así, las personas jurídicas públicas -nombre jurídicamente correcto-, también son llamadas personas jurídicas oficiales, que en esencia, están referidas a la entidad Estado-Gobierno. Esta concepción genérica fue adoptada en la Ley de Amparo, en especial, en su artículo 9°, que actualmente, dice: "ARTÍCULO 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.--- Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes." El párrafo segundo del artículo transcrito se reformó mediante Decreto publicado el uno de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en cuya exposición de motivos, se estableció: "Exposición de motivos.--- Entre estas importantes aportaciones son especialmente relevantes:--- La adición del segundo párrafo del artículo 9º, para que las personas morales oficiales estén exentas de otorgar las garantías que la Ley de Amparo exige, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles." Por su parte, el señalado artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevé: "ARTÍCULO 4º. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes.--- Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.--- La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador General de la República o uno de sus Agentes, con cualquier carácter o representación." Con base en lo expuesto puede concluirse que las personas morales oficiales pueden actuar en un doble carácter como entes dotados de poder público, y esencialmente, como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hayan investidos, mientras que los segundos obran en condiciones similares a los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Lo anterior significa que las personas morales oficiales, por regla general, tratándose de asuntos del orden civil en el que sean demandadas, al incorporarse con esta calidad en el juicio, lógico es que tienen la misma situación que el actor particular; por ende, actúan como persona moral de derecho privado, siendo evidente que contra las determinaciones que les sean desfavorables puede promover juicio de amparo y, de igual manera, por la naturaleza de la relación tributaria, el contribuyente, aunque sea una persona moral oficial, puede promover también juicio de amparo contra el cobro respectivo, ya que actúa en un plano de derecho privado al quedar ceñido al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, la afectación a los intereses patrimoniales no debe verse como una situación estricta vinculada a la privación de algún derecho de propiedad o posesión, sino en sentido amplio cualquier situación especial que pudiera afectar esos intereses, por tanto, si al Consejo de la Judicatura Federal se le pretenden cobrar tributos de carácter local o municipal es indudable que se ubica en la regla prevista en el artículo 9° de la Ley de Amparo, porque se trata de una persona moral oficial perteneciente a un poder público, el que no desarrolla su objeto al tener la calidad de obligado tributario en un determinado ordenamiento legal, es decir, tiene la calidad de cualquier otro contribuyente de derecho privado. Luego, el Consejo de la Judicatura Federal es una persona moral oficial, por lo que en caso de que estime que se afecten sus intereses patrimoniales, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, puede acudir como parte quejosa a un juicio de garantías, siempre que actúe como personal oficial de derecho privado como puede suceder tratándose del cobro de contribuciones, ya que lo hace en su calidad de sujeto pasivo, sin que se soslaye que desde la Quinta Época hasta la actual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las contribuciones no forman parte del patrimonio privado del Estado en su carácter de persona moral al no ubicarse en la Ley General de Bienes Nacionales y, por ende, el juicio de amparo que intente es improcedente, lo cual obedece a que lo promueve como un ente dotado de poder público, esto es, con su calidad de sujeto activo de la relación tributaria, siendo por estos matices que no estaría en aptitud legal de promover el juicio a diferencia de la presente hipótesis donde el quejoso actúa en un plano tributario de subordinación." Del precedente de mérito es posible advertir que la procedencia del juicio de amparo promovido por cualquier persona moral pública, como las denomina el artículo 7° de la Ley de Amparo, se encuentra limitada a aquellos casos en que la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En ese sentido, de igual manera se emitió la tesis XXXIX/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 311 del tomo XXXIII, abril de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ÓRGANOS DEL ESTADO. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE UN JUICIO CIVIL EN EL QUE PARTICIPAN SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD, EN DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE AMPARO). En los términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales sólo pueden promover un juicio de amparo cuando el acto o ley que se reclame afecte sus "intereses patrimoniales". Ahora bien, debido a la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control del poder público a favor de los gobernados, los órganos del Estado no pueden acudir al amparo para defender la legalidad de actos de autoridad; en cambio, sí están legitimados para promover juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva que resuelve una acción civil, ejercida por alguno de ellos para reclamar prestaciones de carácter patrimonial que corresponden al erario público, pues en esta hipótesis se colman los requisitos de legitimación que establece el indicado artículo 9." También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número XV.2o.J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Septiembre de 1999, página 715, del rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES. El juicio de garantías promovido por las autoridades resulta improcedente, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, así como el 1o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio deben ser siempre, como actor, un particular y, como demandado, una autoridad. El demandado en el juicio de amparo tiene que ser siempre una autoridad, porque el juicio tiene como objeto salvaguardar las garantías individuales de los gobernados, que son limitaciones al poder del Estado; más aún, debe dejarse establecido que en los casos de las fracciones II y III del artículo 103 constitucional, que se refieren a la protección mediante el amparo, de las respectivas jurisdicciones federal y local, las invasiones a las mismas tienen que reclamarse y pedirse su reparación por el individuo afectado, según lo establece el artículo 107 constitucional." Los criterios señalados son claros en delimitar los alcances del artículo 7º, de la Ley de Amparo, precisando que la legitimación de las personas morales oficiales para la promoción de juicios de amparo, se encuentra limitada a aquellos casos en que los actos u omisiones afecten su patrimonio; esto es, la noción de afectación a los derechos patrimoniales se encuentra íntimamente relacionada con el ejercicio de sus atribuciones como ente público. Lógicamente tales límites no pueden ser exigibles por los propios integrantes del Estado, pues si bien éste tiene la obligación de conducirse conforme al principio de legalidad, ello no implica que una violación a aquél trastoque los derechos fundamentales de los entes del Estado, ya que, se insiste, éstas son prerrogativas que se encuentran reservadas para el particular. De ahí que no basta la afectación al patrimonio de una persona moral oficial para la procedencia del juicio de amparo, sino que es necesario que dicho menoscabo derive de su actuación como particular, desprovisto de su carácter de órgano público, pues si el acto se emitió en una relación de igualdad entre entes del Estado, el juicio de amparo será improcedente, aun cuando pueda trastocar el patrimonio del órgano en cuestión. Una conclusión en el sentido contrario desnaturalizaría el juicio de amparo como garantía de los derechos fundamentales de los particulares, pues permitiría que los propios órganos del Estado se erigieran como particulares frente a sí mismos, reclamando derechos que son propios de los gobernados e imponiéndole límites al Estado en su actuación, situación que, además de colisionar con la lógica de los derechos fundamentales como límites frente al Poder, imposibilitaría la marcha de la administración pública e, incluso, desactivaría la posibilidad de cualquier reforma estatal, en tanto resultaría imposible privar a un órgano de una facultad sin vulnerar, concomitantemente, la prohibición a la retroactividad de normas. Con base en estas premisas, se llega a la conclusión de que el juicio de amparo resulta improcedente, pues el acto que reclama el aquí quejoso no incide en su esfera patrimonial como si se tratara de un particular, toda vez que se hizo consistir en la falta de notificación de la ejecutoria de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro del Recurso de Reclamación número 28/2016, del índice del Tribunal colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por tanto, se trata de un acto propio de su naturaleza (notificar) de ente de derecho público encargado de la función pública encomendada por la Ley. En apoyo a lo antes expuesto, se cita tesis IV.2o.A.46 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 2243, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO PROMOVIDO POR LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS, EL DISTRITO FEDERAL, LOS MUNICIPIOS O CUALQUIER PERSONA MORAL PÚBLICA. LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, SON APLICABLES PARA SU PROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY VIGENTE. El artículo 7o. de la Ley de Amparo vigente, es similar al 9o. del ordenamiento en la materia abrogado, y las diferencias existentes entre ambas disposiciones estriban en que la referencia a: "personas morales oficiales" de éste, como legitimadas para promover el juicio, fue sustituida, en aquél, por: "la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública"; asimismo, en lugar de aludirse únicamente al "acto o a ley que se reclame", ahora se hace referencia a "norma general, acto u omisión", como reclamables y, finalmente, en la disposición vigente se expresa que la afectación patrimonial debe ser en las "relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares", sin que el Poder Reformador expresara el motivo que dio lugar a la modificación de la disposición en comento. No obstante, debe considerarse que la intención del propio legislador al crear el artículo 9o. referido, con una redacción diferente a la utilizada antes de su entrada en vigor, no implica variación alguna en su sentido y alcance que amerite darle una interpretación distinta, por lo que los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en relación con el amparo solicitado por las personas morales oficiales, al emitir la tesis de rubro: "ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR EL."; la jurisprudencia 2a./J. 45/2003 y las tesis aisladas P. XXV/2010, 1a. XXXIX/2011, 2a. XLVII/2013 (10a.) y 1a. CXIII/2013 (10a.), en el sentido de que están legitimadas para acudir al juicio, por cualquier situación especial que pudiera afectar sus intereses patrimoniales en la que se ubiquen en un plano de derecho equiparable al de cualquier persona del derecho privado e, incluso, ante otros entes jurídicos oficiales, siguen vigentes de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, pues no contrarían sus disposiciones. Esto es así, porque conforme al artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 1987, y a las disposiciones del título segundo del libro primero del Código Civil Federal, que hace referencia a las personas jurídicas de carácter público y de naturaleza privada, la persona jurídica pública recae en un ente indeterminado denominado Estado-gobierno que se compone de diversos órganos públicos que dependen de él, por lo que las personas morales o jurídicas públicas, como se denominan en la ley actual, también son llamadas personas morales o jurídicas oficiales, como se señalaban en la ley abrogada y, en esencia, están referidas a la entidad Estado-gobierno, por lo que la variación en la redacción de la norma en vigor no implica un entendimiento distinto al sentido que la legislación anterior indicaba. Además, el hecho de que actualmente se precise que esas personas morales públicas pueden promover amparo contra toda norma general, acto u omisión de la autoridad, cuando la previa refería a las "leyes o actos", implica lógicamente la adecuación en la redacción con las demás disposiciones que integran el ordenamiento fuente y, finalmente, el hecho de que se añadiera que el amparo procede contra una norma general, acto u omisión, que afecten a aquéllas en su patrimonio, "respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares", tampoco implica dar una interpretación diversa al sentido de la norma, pues esa precisión válidamente puede derivar de los múltiples criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos precisados, máxime que en la propia iniciativa en que se propuso la norma como fue publicada, se indicó que el antecedente de la propuesta era el proyecto de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde, a su vez, se integró el numeral 6o. con redacción similar al ahora publicado, motivándose en el sentido de que se optó por permitir a los entes ahí mencionados el acceso al amparo cuando actúen en un plano de igualdad con los particulares, porque en tales casos se han despojado de sus facultades de imperio." Bajo esa tesitura, es palmario la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, y con apoyo en el dispositivo 113 antes transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a los promoventes que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de mérito; y por autorizadas, para los mismos efectos, a las personas que designa, en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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