Peggy Sue Lepine Y Nervarez

Expediente 1324/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 37 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1324/2021
Año
2021
Actuaciones
37
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Peggy Sue Lepine Y Nervarez
  • Andres Jan Lepine

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de mayo de dos mil veintidós; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1324/2021, y R E S U L T A N D O 1. Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintiuno, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, el cual lo recibió ese mismo día, se tiene que Peggy Sue Lepine y Narvaez, en representación del adolescente de identidad reservada con iniciales A.J.L., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del [1] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, otras autoridades, por la omisión de vacunar al adolescente directo quejoso, y la norma general consistente en la Política Nacional de Vacunación. 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Federal. 3. Trámite del juicio. Por auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, este juzgado admitió la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no se ordenó el emplazamiento de parte tercera interesada alguna, pues no le surgía dicho carácter a persona alguna, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando este Juzgado que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente; fijó día y hora para celebración de la audiencia constitucional, y determinó negar la suspensión de plano. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional el día presente día veintinueve de junio de dos mil veintidós, con el resultado asentado en el acta de antecede, y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra actos emitidos por autoridades administrativas, las cuales tienen ejecución material en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en este juicio se reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos [2] Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos [3] Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México [4] Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud [5] Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud [6] Titular de la Dirección General de Promoción de Salubridad General [7] Titular Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General [a] La norma denominada "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México", en función de su primer acto de aplicación. [8] Instituto Nacional de Salud Pública [9] Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos. [10] Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias. [11] Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. [12] Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Morelos. [13] Director General de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Morelos. [14] Secretaría del Bienestar, a través de los centros de integradores del bienestar y los Servidores de la Nación [b] La omisión de vacunar al adolescente de identidad reservada con iniciales A.J.L. [con dieciséis años de edad], lo cual constituye el primer acto de aplicación de la norma reclamada. Con la precisión de que si bien la parte quejosa señaló como actos destacados la omisión lineamientos o normativas de observancia general para la aplicación de la vacuna; la omisión de incluir a las personas de doce años hasta antes de los dieciocho; la discriminación sin sustento, así como los efectos y consecuencias de tales actos, entre otras omisiones, todo ello se hizo depender de la omisión reclamada de vacunar a la persona directa quejosa; además, en los conceptos de violación se precisó por la parte quejosa que dichos actos son consecuencia de lo contenido en la "Política Nacional de Vacunación contra el Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; de allí que, del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene como actos destacados los que han quedado precisados. III. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; [4] Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; [5] Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, y [7] Titular Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General, a pesar de que fueron omisas en rendir su respectivo informe justificado, en razón de que en realidad no son ciertos los actos que se le atribuyen, pues la norma impugnada no fue emitida por dichas autoridades. Ahora, por cuanto al [8] Instituto Nacional de Salud Pública; [10] Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias; [11] Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos; [12] Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, y [13] Director General de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, se tiene que negaron la omisión de vacunar al adolescente de identidad reservada con iniciales A.J.L., aunado a ello, a pesar de tratarse de un acto omisivo se encuentra acreditado que no tienen facultades para tales efectos. Cabe precisar que también es inexistente el acto atribuido a la [14] Secretaría del Bienestar, a través de los centros de integradores del bienestar y los Servidores de la Nación, a pesar de que no se cuenta con su informe justificado, conforme a lo precisado en la audiencia constitucional, en razón de que se encuentra acreditado que no tiene facultades para aplicar la vacuna. Es así, puesto que ante la ausencia de la intervención en la política de vacunación, por parte de las autoridades responsables [1], [4], [5] y [7], por tratarse de un acto positivo, corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba de su existencia, lo que se puede probar durante el juicio mediante el ofrecimiento de las pruebas conducentes y hasta la audiencia constitucional, lo cual no hizo, pues no ofreció medio de convicción alguno para acreditar ese acto. Mientras que, en cuanto a la omisión de vacunar al adolescente de identidad reservada con iniciales A.J.L., al tratarse de un acto omisivo, para acreditar su existencia, debe demostrarse que las autoridades responsables señaladas con los numerales [8], [10], [11], [12], [13] y [14] cuentan con facultades para llevar a cabo la actividad cuya inatención se reclama, siendo aplicable la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196080, del contenido siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En ese sentido, se tiene que las autoridades responsables precisadas con los números [1], [4], [5] y [7], no tuvieron intervención en la emisión de la norma denominada "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México", en razón de que la política de vacunación impugnada fue emitida por las autoridades federales especializadas en materia de salud, por lo que las señaladas con esos números no tuvieron injerencia en su elaboración. Lo cual se encuentra corroborado, ya que respecto de la política de vacunación en cuestión, al tratarse de una norma general, no está sujeta a prueba, y dado que se encuentra disponible para su consulta en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, constituye un hecho notorio la misma, resultando aplicable al respecto la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR", siendo que de su contenido no se advierte que las autoridades responsables en mención hayan participado en su elaboración, ni que estén facultadas vacunar a la persona menor quejosa, tal como se expuso en párrafos precedentes. En otro aspecto, se tiene que las autoridades señalas con los números [8], [10], [11], [12], [13] y [14] carecen de facultades para aplicar la vacuna, toda vez que en dicha norma se precisa que para su aplicación en cada entidad federativa se nombró una persona coordinadora estatal designada por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México; de allí que no se acreditó el acto reclamado a las autoridades precisadas en el presente punto considerativo. Ello además, porque conforme al artículo segundo, del "ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)" emitido por el Consejo de Salubridad General, es a esa autoridad y no a otras, a quien le corresponde determinar las acciones para atender la emergencia sanitaria producida por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de allí que sea la mencionada quien cuenta con facultades para la emisión del mismo, y que por ello, a ella le sea imputable su dictado, más no la emisión de la Política Nacional de Vacunación. Por ende, al no haber participado las autoridades responsables [1], [4], [5] y [7], en la emisión de la política de vacunación, es que resultan inexistentes los actos que se le reclaman, por lo que conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente asunto respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad. En otro aspecto, se corrobora que las autoridades responsables [8], [10], [11], [12], [13] y [14] carecen de facultades para aplicar la vacuna, por lo que la omisión reclamada es inexistente; de ahí que, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente asunto respecto de la omisión reclamada a dichas autoridades. IV. Existencia de los actos reclamados. Se tiene por cierto el acto reclamado respectivamente a las autoridades responsables [2] Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; [3] Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México, y [6] Titular de la Dirección General de Promoción de Salubridad General, pues además de que fueron omisa en rendir sus informes justificados, como se dijo, dicha política nacional de vacunación estuvo a cargo de tales las autoridades de Salud en materia federal, quienes tuvieron intervención en la misma. Además, al tratarse de una norma general, no está sujeta a prueba, aunado a que se encuentra disponible para su consulta en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." En otro aspecto, igualmente es cierto el acto reclamado al [4] Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, consistente en [b] la omisión de vacunar al adolescente de identidad reservada con iniciales A.J.L. [con dieciséis años de edad], lo cual constituye el primer acto de aplicación de la norma reclamada, mediante la omisión de aplicar la vacuna, puesto que independientemente de que negara la existencia de dicho acto al rendir su informe, con base en sus atribuciones, se advierte de que se trata de una autoridad con facultades en materia de salud pública del Estado. Además, conforme al documento denominado "Operativo Correcaminos. Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México", se precisó expresamente que "los servicios estatales de salud, específicamente los responsables del programa de vacunación y los enlaces institucionales de los COEVA, fungirán como apoyo técnico en la recepción y conformación de paquetes por unidad de vacunación. Además, podrán auxiliar en la identificación y capacitación de vacunadores, así como en la verificación de instalación de los puestos de vacunación acorde a los lineamientos establecidos", de lo que se obtiene que tal autoridad estatal participa en dicha estrategia de vacunación. De igual forma, el "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN BRIGADAS ESPECIALES, COMO UNA ACCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL, PARA LLEVAR A CABO LA VACUNACIÓN COMO MEDIDA PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD COVID-19, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL", estableció brigadas especiales para llevar a cabo la vacunación para la enfermedad de COVID-19, en todo el territorio nacional, y en el artículo tercero de dicho documento se precisó que en cada una de las entidades federativas del país, sería nombrado un coordinador de las brigadas especiales, quien tendrá a su cargo tal estrategia operativa. En cumplimiento a lo anterior, en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México", en su versión 7.0 publicada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se precisó en el anexo 1, quien sería la persona titular de la Coordinación del Operativo Correcaminos en el Estado de Morelos, lo cual confirma su intervención en el programa de vacunación aludido, y por ello, la omisión de vacunar a la persona adolescente quejosa, lo cual resulta cierto por el contexto en particular en que ocurrieron tales actos, pues en virtud de la existencia de la norma prohibitiva que le impedía otorgar el acceso a dicha vacuna a la persona menor de edad [directa quejosa] al momento en que promovió el juicio de amparo, corroborado con el hecho de que no ha sido vacunada, se tiene por demostrado el acto reclamado. Tiene aplicación para ello la tesis 1a. IV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022760 y de contenido siguiente: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos." En consecuencia, no se actualiza la causa de sobreseimiento que hizo valer en su informe justificado la autoridad responsable [4] Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a que no se probó la existencia del acto reclamado, pues como se precisó, dicha autoridad tiene a su cargo la estrategia para la aplicación de la vacuna en el Estado de Morelos. V. Improcedencia del juicio de amparo. El análisis de la actualización de alguna causa de improcedencia en el juicio de amparo, es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, respecto de los actos reclamados consistentes en 1) la norma denominada "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México" y como consecuencia de la misma, [b] la omisión de vacunar al adolescente de identidad reservada con iniciales A.J.L. [con dieciséis años de edad], ha sobrevenido durante el trámite del juicio de amparo la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, relativa a cuando subsiste el acto reclamado, pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, por las siguientes razones. En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, ningún sentido tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del ciudadano, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Asimismo, se tiene que de conformidad con la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196442, la diferencia entre la causa de improcedencia en estudio, y la diversa de cesación de efectos contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, radica en que la primera surge por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, mientras que la segunda acontece por la actividad o participación de ella, como se advierte del contenido de tal criterio, el cual es del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora bien, en el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la emisión de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; y con fundamento en la misma, la omisión de aplicarle la vacuna contra el virus SARS-COV-2 o la enfermedad COVID-19, al adolescente de identidad reservada con iniciales A.J.L. [con dieciséis años de edad], sustentando tal reclamo en que al momento de la promoción del juicio de amparo no se encontraba permitida tal inoculación ya que la política de vacunación aludida no contemplaba el grupo etario al que pertenecía esa persona adolescente. Ahora bien, constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del referido artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el Gobierno Federal, desde el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se abrió el registro de menores que tengan doce años o más, para su vacunación contra el virus SARS-COV-2 o la enfermedad COVID-19, como se puede consultar en el portal web "https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php ", en la que se visualiza el siguiente formulario de registro: / De lo anterior, se tiene que si bien los actos reclamados subsisten -"Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México" y la omisión de vacunar a la persona adolescente directa quejosa-, los mismos ya no surten efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia de ellos -el impedimento para que una persona menor de edad con dieciséis años, sin comorbilidades, solicite la vacuna en cuestión-. Precisamente, el reclamo de la parte quejosa se perfila a cuestionar que la política de vacunación aludida, y la omisión de vacunar a la persona directa quejosa con base en ella, resultan inconstitucionales, ya que con ellos en sustancia se le impidió que como un adolescente, ahora con dieciséis años, accediera a dicho insumo al momento en que promovió el juicio de amparo. Empero, bajo el contexto vigente, es que puede concluirse que el objeto o materia de esos actos dejaron de surtir efectos, pues actualmente las personas a partir de los doce años de edad, tienen acceso a la referida vacuna; tan es así que esa política de vacunación ya no implica un impedimento para que personas con dicha edad soliciten la aplicación de la vacuna, y por lo mismo, la omisión reclamada por la parte quejosa también dejó de carecer de sustento, al dejar de existir el fundamento que le impedía acceder al insumo en cuestión. En esos términos, es que un eventual fallo protector carecería de efectos, pues la concesión de amparo que podría darse en este juicio, sería para el efecto de que se desaplicara la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; y en ese sentido, se le permitiera a la persona menor de edad quejosa solicitar la vacuna, siendo que actualmente se insiste, la misma ya puede ser peticionada por personas que cuenten con al menos doce años en adelante, incluso, desde los cinco años [dada la apertura del registro para ese rango etario desde el dieciséis de junio del año en curso]. De allí que se actualice la causa de improcedencia en estudio, resultando aplicable por sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 173858 y de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Ahora, en este punto es necesario precisar que del acta de nacimiento exhibida por la parte quejosa, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que actualmente cuenta con dieciséis años de edad; por lo que se encuentra dentro del grupo etario con posibilidades de registrarse para solicitar su respectiva vacunación. Lo anterior, aunado a que, en todo caso, también se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico o legítimo, puesto que el que no se le contemple con su rango de edad en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; no le causa actualmente afectación alguna, puesto que al ya poder registrarse para acudir a recibir la vacuna aludida, resulta irrelevante que esté o no establecido su grupo etario en tal documento. Así, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Peggy Sue Lepine y Nervaez, en representación del adolescente de identidad reservada con iniciales A.J.L. [con dieciséis años de edad], contra los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en los puntos considerativos III y V de esta sentencia. Notifíquese, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe. veintinueve de junio de dos mil veintidós

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por recibido el oficio enviado por el Secretario del Consejo de Salubridad General en representación del Consejo General, por medio del cual hace diversas manifestaciones respecto de la suspensión y refiere que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a la suspensión, en razón de que no está dentro sus facultades cumplir con la misma: en consecuencia agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, toda vez que en la presente pieza incidental se determinó negar la suspensión definitiva a la parte quejosa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Incidente 1324/2021-4 Audiencia Incidental En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las nueve horas con cuatro minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, hora y día fijados para que tenga verificativo la audiencia incidental derivada del juicio de amparo número 1324/2021, ante la presencia de Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe, declaran abierta la audiencia sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria procede a realizar de manera oral la relación de las constancias que obran en autos. Enseguida la jueza refiere: Se emite la siguiente resolución por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, la Secretaria hace constar que no obran en autos los informes previos de las autoridades señaladas como responsables [1] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, [2] Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, [3] Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, [4] Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, [5] Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, así como [6] Titular de la Dirección General de Promoción de Salud, con sede en la ciudad de México, a pesar de encontrarse debidamente notificadas. Enseguida la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Se declara abierto el periodo probatorio, en el que con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables que así lo efectuaron; se cierra el periodo probatorio. Abierto que es el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Con lo que se da por concluida la presente diligencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1324/2021, y, R E S U L T A N D O: Único. Como se ordenó en el juicio de amparo, por auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se decretó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo, se señaló este día y hora para el desarrollo de la audiencia incidental, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La promovente del amparo señala como acto reclamado La omisión de las autoridades responsables para aplicar la vacuna con el biológico Pfizer-BioNTech a la persona menor de edad de iniciales A.J.L. Segundo. Las autoridades responsables [7] Secretario de Salud y en su carácter de Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud, [8] Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, [9] Subdirectora Jurídica del Organismo Público denominado Secretaría de Salud de Morelos, [10] Titular del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Salud pública, [13] Apoderado Legal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y [14] Secretario del Consejo de Salubridad General en Suplencia por ausencia del Presidente de dicho Consejo, al rendir sus informes previos negaron la existencia del acto reclamado. En otro aspecto, las autoridades responsables [1] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, [2] Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, [3] Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, [4] Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, [5] Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, así como [6] Titular de la Dirección General de Promoción de Salud, con sede en la ciudad de México, fueron omisas para rendir sus respectivos informes previos solicitados, no obstante de estar debidamente notificadas, como se desprende de las constancias de notificación que obran en autos, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. De igual manera, por cuanto a la autoridad [15] Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, se tiene por cierto el acto reclamado, al rendir su informe previo negó categóricamente el acto que se le atribuye; sin embargo, se tiene por cierto el acto reclamado, pues con base en sus atribuciones, se advierte que se trata de una autoridad con facultades en materia de salud pública del Estado, la cual se encuentra encargada de la distribución de las vacunas en cuestión dentro de esta Entidad Federativa, ya que el "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN BRIGADAS ESPECIALES, COMO UNA ACCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL, PARA LLEVAR A CABO LA VACUNACIÓN COMO MEDIDA PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD COVID-19, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL", estableció brigadas especiales para llevar a cabo la vacunación para la enfermedad de COVID-19, en todo el territorio nacional, y en el artículo tercero de dicho documento se precisó que en cada una de las entidades federativas del país, sería nombrado un coordinador de las brigadas especiales, quien tendrá a su cargo tal estrategia operativa. No obstante, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139, 150, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, pues de concederse la medida cautelar, se contravendría el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, pues la suspensión otorgada no tendría el efecto de restablecer "provisionalmente" a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, sino que su concesión agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia de fondo en amparo, lo que se traduce en una imposibilidad jurídica y material de otorgar la medida cautelar, aunado a que de concederse la medida cautelar se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en tanto que se impediría la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter, contraviniendo así el artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, hasta en tanto se comunique la sentencia ejecutoria que llegue a dictarse en el juicio principal de donde emana la presente pieza incidental. Con base en lo anterior, debe considerarse que los actos reclamados, tienen efectos positivos y, por ende, sí es procedente pronunciarse sobre la concesión de la medida cautelar solicitada, pues el hecho de que no les sea aplicada la vacuna implica que, conforme a las particularidades de la directa quejosa y el entorno en que se desarrolla, podría vulnerarse o no su derecho a la salud. Se tiene la certeza del acto reclamado, pues se tuvo por cierto. La parte quejosa acreditó indiciaria o presuntivamente su interés suspensional, con la copia certificada del acta de nacimiento exhibida, de la que se advierte que el menor quejoso de iniciales A.J.L. [con dieciséis años de edad], así como con sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad. No obstante lo anterior, como ya se adelantó debe negarse la suspensión definitiva pues de concederse la medida cautelar se contravendría el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo. Precisamente, la disposición precitada al establecer que el juzgador de amparo al conceder la medida suspensional únicamente puede dar como efecto el restablecimiento provisional a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo cuando ello sea jurídica y materialmente posible, se obtiene que, de una interpretación en sentido contrario, tal disposición establece que no puede concederse la medida suspensional cuando con ella se otorgue un restablecimiento definitivo del derecho que se aduce violado, pues ello se traduce en una imposibilidad jurídica y material de otorgar la medida cautelar. Así pues, es que si bien en contra de los actos negativos y omisivos, puede concederse la medida cautelar como una tutela anticipada con efectos restitutorios de forma provisional y transitoria, ello no implica que en esos casos pueda concederse la medida cautelar a favor del quejoso para otorgarle un beneficio, que al final del día, ya no pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, pues en ese caso se agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia de fondo en amparo. Y ello es acorde con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), con registro 2021263, en donde señaló que si bien la naturaleza de los actos -positiva, declarativa o negativa-, no representaba un factor que determinara en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, no obstante, se tenía que analizar entre los requisitos, "la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida", y que lo relevante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radicaba en que la suspensión no coincidiera exactamente, agotara o dejara sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, como se desprende de su texto que es del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Luego, en el caso, de concederse la suspensión definitiva para el efecto que peticiona la parte quejosa consistente en que les sea aplicada la vacuna al menor de edad de iniciales A.J.L. [con dieciséis años de edad], se le estaría restableciendo de forma definitiva el derecho que se aduce violado, pues en una eventual sentencia de amparo dicho efecto ya no podría revocarse, por lo que en este caso la medida cautelar peticionada agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia de amparo, lo que implica que existe una imposibilidad jurídica y material para otorgarla. De allí que debe negarse la suspensión definitiva, al no cumplirse con el requisito que de una interpretación en sentido contrario, establece el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo. Lo anterior además, como ya se anticipó, porque de concederse la medida cautelar, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en términos del artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo. Pues si bien, es verdad que mediante comunicado 23/2021, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó el uso de emergencia de la vacuna de "Pfizer-BioNTech" para personas de 12 años en adelante; hasta el momento no se tiene constancia de que el menor quejoso, se hubiera vacunado, sin embargo, es un hecho notorio que en el estado de Morelos, a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós se abrió el registro de doce años o más, mismo que puede realizarse en el siguiente enlace https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; edad en la que se encuentra el menor referido (dieciséis años de edad). Cabe decir, que el gobierno mexicano ha informado que debido a la situación epidemiológica que existe a nivel mundial, en contraste con la disponibilidad de las vacunas contra la Covid- 19, su aplicación en el país, debe realizarse de manera escalonada, atendiendo a parámetros clínicos y sociales, que han recomendado los diferentes expertos en el tema, siendo un hecho notorio que aún no se ha terminado de vacunar a sectores de población con mayor edad, entre los cuales se encuentran diversas personas con distintos padecimientos y un mayor grado de vulnerabilidad. Aunado a que el Subsecretario de Salud, informó que los adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidad serian incluidos en el Plan Nacional de Vacunación COVID, y el pre registro inició desde el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el sitio mivacuna.salud.gob.mx. Así es que, no puede concederse la suspensión para que las autoridades canalicen los recursos disponibles a las personas que obtienen la concesión de una suspensión dentro de un juicio de amparo, desatendiendo a sectores vulnerables, o aquellos que requieran una atención prioritaria, pues el empleo de recursos, debe realizarse atendiendo al interés común, para lo cual se tiene que asegurar una distribución equitativa de los mismos, y para ello deben considerarse las especiales necesidades de todas las personas afectadas, buscando asegurar el interés común. Lo expuesto tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1/2020, denominada "Pandemia y Derechos Humanos en las Américas", en la que recomendó a los Estados parte que al adoptar medidas de emergencia y de contención frente a la pandemia del COVID-19 deberían "velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y servicios de salud sin discriminación alguna, sean públicos o privados, asegurando la atención de las personas con COVID-19 y los grupos desproporcionalmente afectados por la pandemia, así como personas con enfermedades preexistentes que las hacen especialmente vulnerables al virus" lo cual además es acorde con lo manifestado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, en la "Declaración sobre la pandemia de Covid19 y los derechos económicos, sociales y culturales", en la que señaló ".dado que esta pandemia y las medidas adoptadas para combatirla han tenido un impacto negativo desproporcionado en los grupos más marginados, los Estados deben hacer todo lo posible por movilizar los recursos necesarios para combatir la COVID-19 de la manera más equitativa posible, a fin de evitar imponer una mayor carga económica a esos grupos marginados. En la asignación de recursos se debe dar prioridad a las necesidades especiales de esos grupos." De allí que, actualmente no es factible conceder la suspensión solicitada para el efecto de que el quejoso menor de edad sea vacunado en este momento, pues dicha medida cautelar alteraría el plan que el Estado mexicano ha diseñado para la aludida vacuna, donde se prioriza a diversos grupos en desventaja, lo que impediría la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, norma que además se trata de una disposición de orden público que persigue la satisfacción del interés de la colectividad. Máxime que, en el caso particular, la promovente del amparo no aduce o demuestra que el menor de edad de iniciales A.J.L., tenga alguna enfermedad o circunstancia particular que pudiera considerarse para ordenar, en forma apremiante, la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-COV-2, con la finalidad de salvaguardar su salud y vida, en tanto que, la circunstancia de que cuente con una minoría de edad (a la presentación de la demanda) no es razón suficiente para ser vacunada conforme al esquema establecido antes de quienes están contemplados para ello, violando el programa nacional de vacunación, pues de ese sólo hecho no se advierte un inminente peligro a su vida, aunado a que, como ya se vio, la menor se encuentra en el rango de doce, población a la que ya se está aplicando la vacuna. Por lo expuesto, debe negarse la suspensión solicitada, pues en la mayoría de los casos, el acto reclamado ya no existiría y en consecuencia, tampoco la materia para otorgar la medida cautelar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA al menor de edad de identidad reservada con iniciales A.J.L., quien es representada por Peggy Sue Lepine y Nervarez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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