Pegasus Control S.A.D E C.V.
Expediente 829/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/11/2021
Partes del expediente
- Pegasus Control S.A.D E C.V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Del estado procesal de los presentes autos, así como de la certificación realizada por el Secretario, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el auto de *****, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en consecuencia, se provee: Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente juicio de amparo será depurable en un plazo de tres años. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza María Gabriela Ruiz Márquez, fungirá como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/1133/2021, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes.
- Principal
Se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos los escritos enviados electrónicamente por , autorizado de la parte quejosa en el presente asunto, y en atención al contenido del primero de los escritos, en el sentido de que se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del usuario que refiere; al respecto, con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se le autoriza dicha consulta a través de la liga correspondiente. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, en relación con el diverso 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se ordena la práctica de las notificaciones personales que le resulten, vía electrónica. Por otra parte, en el segundo de los ocursos de cuenta solicita copias de diversas constancias del expediente en que se actúa; con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de las copias que solicita, previo recibo y razón que se otorgue en autos. Ahora bien, dadas las medidas de seguridad tomadas con motivo de la emergencia sanitaria a nivel nacional causada por el virus COVID-19, se le hace de su conocimiento que podrá acudir a este órgano jurisdiccional ubicado en Anillo Periférico Manuel Gómez Morín 7727, edificio X1, piso 1, fraccionamiento Ciudad Judicial, Zapopan, Jalisco, Código Postal 45010, previa cita que realice para la consulta del presente juicio de amparo, en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite un código QR que, a su vez permitirá que él y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresarán a este órgano jurisdiccional, lo anterior en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes por auto de uno de diciembre de dos mil veinte, para que desahogaran la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración sólo las constancias que obran en este expediente y las manifestaciones aportadas por la citada autoridad. Efectos del fallo protector. En la especie, de autos se advierte que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: De lo resuelto por el Tribunal Colegiado en mención, son los siguientes: "Contra la fracción XI del artículo 27 de dicha legislación, pero por violación al principio de equidad tributaria y para que no se le aplique a la quejosa, en lo presente ni en lo futuro, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de las erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organizan los trabajadores sindicalizados como no sindicalizados." Asimismo, en la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, se desprende que se concedió para los siguientes efectos: Artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta: a) Para que se permita a la parte quejosa el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 127/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). El citado precepto al establecer que en ningún caso se darán efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que se permita al causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos." Artículos 27, fracción XI, y 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce: b) No se le apliquen ni en lo presente ni en lo futuro los artículos 27, fracción XI, y 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido y, c) En consecuencia, se le permita deducir la totalidad de aquellos pagos de previsión social y de aquellos realizados a sus trabajadores, que constituyan ingresos exentos para estos últimos, los cuales se encuentran enunciados en los referidos numerales. d) En congruencia con lo anterior, y tomando en consideración que la impugnación de los referidos numerales secundarios, fue a partir de su acto de aplicación, lo que aconteció mediante la presentación de la declaración normal correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, presentada el veintisiete de marzo de dos mil quince; entonces, la concesión de amparo debe abarcar dicho acto; por lo tanto, las autoridades fiscalizadoras competentes, le deben permitir a la quejosa deducir la totalidad de aquellos pagos de previsión social y de aquellos realizados a sus trabajadores, que constituyan ingresos exentos para estos últimos, que fueron enterados por la contribuyente en la referida declaración. Artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre Renta: e) Las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación de derechos fundamentales, esto es, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, no aplique a la quejosa la tasa homologada del treinta por ciento (30%) que prevé el régimen contenido en el artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil catorce. f) Lo anterior no implica que dejará de tributar, sino que lo hará conforme a la tasa del veintiuno por ciento (21%) inmersa en el precepto reclamado, en su límite inferior, que concuerda con la que ordinariamente tributaba. g) Habida cuenta que no importa que dichas autoridades no hayan sido señaladas como responsables en este juicio, pues cualquier autoridad, a pesar de no ser parte en este juicio, estará obligada a acatar el presente fallo protector, amén de la responsabilidad en la que pueden incurrir de no hacerlo. Artículo 9, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta Se permita a la quejosa disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagada en el ejercicio. Sustenta lo anterior, por el criterio que informa la jurisprudencia VI.3o.A. J/77, que dice: "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL EFECTO DEL AMPARO QUE SE CONCEDA CONTRA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SERÁ QUE LA QUEJOSA CALCULE LA RENTA GRAVABLE PARA DETERMINAR EL MONTO DE AQUÉLLAS CONFORME AL ARTÍCULO 10 DE LA PROPIA LEY. El efecto del amparo que se conceda contra el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo puede repercutir en la desaplicación de dicho precepto para la quejosa, mas no significa que ésta no se encuentre obligada a calcular la renta gravable a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos del cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, lo cual hará, en todo caso, conforme al artículo 10 de la citada ley, pues la renta gravable que debe tomarse en consideración para determinar el monto de aquéllas es la señalada en este último precepto, en tanto que es a la que debe aplicarse la tasa del impuesto." Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número P./J. 62/98, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra indican: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto." Así como la jurisprudencia número P./J. 112/99, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra indican: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.- El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que dichas autoridades realizaron lo siguiente: En proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado electrónicamente por el la Administradora Central de Amparos e Instancias Judiciales, en suplencia por ausencia de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, de cuyo contenido se aprecia que desincorporó de la esfera jurídica a la quejosa Pegasus Control, Sociedad Anónima de Capital Variable, el contenido del artículo 27, fracción IX, párrafos cuarto y octavo de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente a partir del año dos mil catorce, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes por auto de uno de diciembre de dos mil veinte, para que desahogaran la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración sólo las constancias que obran en este expediente y las manifestaciones aportadas por la citada autoridad. Efectos del fallo protector. En la especie, de autos se advierte que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: De lo resuelto por el Tribunal Colegiado en mención, son los siguientes: "Contra la fracción XI del artículo 27 de dicha legislación, pero por violación al principio de equidad tributaria y para que no se le aplique a la quejosa, en lo presente ni en lo futuro, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de las erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organizan los trabajadores sindicalizados como no sindicalizados." Asimismo, en la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, se desprende que se concedió para los siguientes efectos: Artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta: a) Para que se permita a la parte quejosa el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 127/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). El citado precepto al establecer que en ningún caso se darán efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que se permita al causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos." Artículos 27, fracción XI, y 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce: b) No se le apliquen ni en lo presente ni en lo futuro los artículos 27, fracción XI, y 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido y, c) En consecuencia, se le permita deducir la totalidad de aquellos pagos de previsión social y de aquellos realizados a sus trabajadores, que constituyan ingresos exentos para estos últimos, los cuales se encuentran enunciados en los referidos numerales. d) En congruencia con lo anterior, y tomando en consideración que la impugnación de los referidos numerales secundarios, fue a partir de su acto de aplicación, lo que aconteció mediante la presentación de la declaración normal correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, presentada el veintisiete de marzo de dos mil quince; entonces, la concesión de amparo debe abarcar dicho acto; por lo tanto, las autoridades fiscalizadoras competentes, le deben permitir a la quejosa deducir la totalidad de aquellos pagos de previsión social y de aquellos realizados a sus trabajadores, que constituyan ingresos exentos para estos últimos, que fueron enterados por la contribuyente en la referida declaración. Artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre Renta: e) Las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación de derechos fundamentales, esto es, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, no aplique a la quejosa la tasa homologada del treinta por ciento (30%) que prevé el régimen contenido en el artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil catorce. f) Lo anterior no implica que dejará de tributar, sino que lo hará conforme a la tasa del veintiuno por ciento (21%) inmersa en el precepto reclamado, en su límite inferior, que concuerda con la que ordinariamente tributaba. g) Habida cuenta que no importa que dichas autoridades no hayan sido señaladas como responsables en este juicio, pues cualquier autoridad, a pesar de no ser parte en este juicio, estará obligada a acatar el presente fallo protector, amén de la responsabilidad en la que pueden incurrir de no hacerlo. Artículo 9, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta Se permita a la quejosa disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagada en el ejercicio. Sustenta lo anterior, por el criterio que informa la jurisprudencia VI.3o.A. J/77, que dice: "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL EFECTO DEL AMPARO QUE SE CONCEDA CONTRA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SERÁ QUE LA QUEJOSA CALCULE LA RENTA GRAVABLE PARA DETERMINAR EL MONTO DE AQUÉLLAS CONFORME AL ARTÍCULO 10 DE LA PROPIA LEY. El efecto del amparo que se conceda contra el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo puede repercutir en la desaplicación de dicho precepto para la quejosa, mas no significa que ésta no se encuentre obligada a calcular la renta gravable a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos del cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, lo cual hará, en todo caso, conforme al artículo 10 de la citada ley, pues la renta gravable que debe tomarse en consideración para determinar el monto de aquéllas es la señalada en este último precepto, en tanto que es a la que debe aplicarse la tasa del impuesto." Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número P./J. 62/98, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra indican: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto." Así como la jurisprudencia número P./J. 112/99, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra indican: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.- El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que dichas autoridades realizaron lo siguiente: En proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado electrónicamente por el la Administradora Central de Amparos e Instancias Judiciales, en suplencia por ausencia de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, de cuyo contenido se aprecia que desincorporó de la esfera jurídica a la quejosa Pegasus Control, Sociedad Anónima de Capital Variable, el contenido del artículo 27, fracción IX, párrafos cuarto y octavo de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente a partir del año dos mil catorce, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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