Pedro Zúñiga López
Expediente 1580/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 64 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1580/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 64
- Última actuación
- 17/10/2023
Partes del expediente
- Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, Daniel Aguilar Patiño, ciudad
- Pedro Zúñiga López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 64.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, respecto de su contenido, se instruye a la Oficial Judicial "A", comisionada para la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización, vincule y deje disponible la consulta del expediente de manera electrónica. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el dos de agosto de dos mil veintiséis. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es conservable, al encuadrar en la hipótesis del artículo 17, fracción III, inciso b), del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el dos de agosto de dos mil veintiséis, debiéndose conservar la determinación por la cual se concedió la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción I, inciso d), del acuerdo en comento, en la inteligencia de que ya transcurrió el término de seis meses al que hace referencia el precepto en mención. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Finalmente, en cumplimiento al artículo 20 del acuerdo en comento, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1580/2018, promovido por Pedro Zúñiga López, de propio derecho y en representación del Gremio de Choferes Mexicanos de Tijuana, Asociación Civil, contra actos de la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, por estimar como derechos violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 1º, 14, 17, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. Pedro Zúñiga López, de propio derecho y en representación del Gremio de Choferes Mexicanos de Tijuana, Asociación Civil, promovió demanda de amparo, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. SEGUNDO. La demanda fue admitida bajo número 1580/2018 y tramitado el juicio, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. Cabe precisar que por Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se determinó que a partir del dieciséis de enero del presente año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, conserva su jurisdicción territorial y solo amplía su competencia original a mixta; asimismo, cambia de denominación a Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para los efectos legales conducentes. Sentado lo anterior; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que lo reclamado guarda consecuencias materiales dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, así como de las constancias obrantes en autos, se precisa que los actos de reclamo destacados son los siguientes: Autoridad responsable Actos reclamados Informe Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad Orden de restitución, lanzamiento, desalojo o desposesión, del inmueble identificado como: avenida Alfonso Reyes número 1102, Zona Urbana Río Tijuana, en esta ciudad Niega Foja 37 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad Solicitud de orden de restitución, lanzamiento, desalojo o desposesión Niega Fojas 58 y 59 Subprocurador de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en este municipio Ejecución Inexistente Fojas 53 y 54 Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona, de esta localidad Ejecución Niega Foja 36 Secretario de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana Ejecución Niega Foja 40 Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Policía Ministerial, de esta plaza Ejecución Niega Foja 35 Procuradora General de Justicia del Estado de Baja California, con domicilio en Mexicali Denominación actual Fiscal General del Estado de Baja California, en Mexicali Ejecución Niega Fojas 46 y 47 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, en la capital del Estado Ejecución Niega Foja 56 Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, con sede en Mexicali Ejecución Inexistente Fojas 53 y 54 Director de la Policía Estatal Preventiva, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali Denominación correcta Guardia Estatal de Seguridad e Investigación Ejecución Inexistente Foja 576 del Estado de Baja California, residente en esa ciudad Niega Foja 589 TERCERO. No son ciertos los actos reclamados al Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, así como los atribuidos a la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, ambos residentes en la localidad, consistentes en la orden de lanzamiento, desalojo y desposesión que se les reprocha, quienes así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara pruebas para desvirtuar dichas negativas, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Es así, pues de las constancias obrantes en autos, específicamente de las remitidas por la autoridad jurisdiccional y el fiscal señalados como responsables, así como, de las que fueron solicitadas por este juzgado, se desprende la inexistencia de los referidos actos reclamados; además, de las carpetas de investigación 0204-2018-34526 y 0204-2018-36177, en las cuales Pedro Zúñiga López, tiene el carácter de imputado, se advierte que efectivamente el fiscal investigador no efectuó solicitud alguna a la juez de control, y que sólo realizó actos de investigación propios de su función, en relación con diversos delitos que se atribuyeron al referido quejoso y a otras personas. Lo que se corrobora con las propias manifestaciones vertidas en el informe justificado rendido por el fiscal responsable, así como, con las constancias relativas al cuaderno preliminar 196/2018, en el que obra el escrito recibido en seis de diciembre de dos mil dieciocho, por la jurisdiccional responsable, del que se obtiene que Óscar Rafael Morales Marrón, solicitó audiencia general para debatir la restitución del bien inmueble ubicado en avenida Alfonso Reyes número 1102, Zona Urbana Río Tijuana, en esta ciudad. También, con las respectivas al cuaderno preliminar 359/2020, en el que, por acuerdo emitido por la juez responsable el cinco de agosto de dos mil veintiuno, se desprende que Irma Alicia Osuna Estrada, solicitó audiencia general para debatir la restitución del bien inmueble de que se trata, lo que además se concatena con el contenido del disco versátil digital exhibido. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, julio de 1994, número 79, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por otra parte, respecto de la orden de restitución emitida en el diverso cuaderno preliminar 359/2020, derivado de la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2018-36177, de las constancias previamente valoradas, así como de la reproducción del disco versátil digital recabado en autos, se advierte que la jurisdiccional responsable emitió proveído en el cual señaló día y hora para el desahogo de la audiencia general a fin de debatir respecto de la restitución del bien materia de la litis, diligencia que tuvo verificativo el dos de septiembre del mismo año, en la que determinó improcedente la petición formulada por la ofendida Irma Alicia Osuna Estrada, respecto de la restitución del inmueble de que se trata, y para tal efecto, expuso las consideraciones siguientes: "[.] este Tribunal considera que no es competente para resolver, ni está en aptitud de entrar al estudio de valorar los datos que sustenta la asesora jurídica, puesto que son registros de la carpeta de investigación que son únicamente deben ser valorados y analizados por la Fiscalía para resolver si se acredita el hecho y si se acredita la probable responsabilidad. Es en ese sentido que este Tribunal dice es improcedente la petición que hace la asesora jurídica, por los motivos antes establecidos. Esa solicitud la puede hacer con los mismos fundamentos a la Fiscalía, quien está obligada a contestar, a resolver sobre la procedencia o no de esta petición y en ese momento la asesora jurídica ofendida actuar en consecuencia, respecto a la resolución o a lo que resuelva la Fiscalía, al momento en que solicite le sea restituido su bien inmueble." Por tanto, tampoco existe la orden de restitución peticionada en el cuaderno preliminar, pues la misma se declaró improcedente por la juez de control. Informes justificados que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, goza de igual valor probatorio el disco versátil digital remitido por la responsable, continente del archivo digital relativo a la audiencia verificada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, pues éste posee el carácter de documental pública. CUARTO. Es cierta la materia de reproche atribuida a la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, residente en esta ciudad, consistente en la orden de restitución que se le reclama (cuaderno preliminar número 196/2018), tal y como se desprende de su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias exhibidas y las recabadas oficiosamente, así como del contenido del disco versátil digital allegado. Por otra parte, queda desvirtuada la negativa depuesta por las autoridades ejecutoras, quienes en cualquier momento se encontrarían en aptitud de acatar determinado mandato que al efecto emita la jurisdiccional ordenadora. QUINTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio por el juzgador, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, por cuanto hace a la orden de restitución que la jurisdiccional responsable emitió en el cuaderno preliminar 196/2018, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." Esto es así, pues el efecto y finalidad del juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, es que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada. Ahora, de la transcripción del ordinal 61, fracción XXII, del ordenamiento legal en cita, se advierte que el controvertido es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, dada la imposibilidad de materializar el referido fin del juicio de control constitucional, pues si la materia del acto reclamado deja de existir, no podría restituirse al agraviado en el pleno goce del derecho violado. Al armonizar los referidos preceptos legales, se colige que no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector. En el caso en estudio, se afirma la actualización de la causa de improcedencia invocada, pues del análisis a las constancias obrantes en autos se advierte que en el cuaderno preliminar 196/2018, la jurisdiccional responsable emitió un acuerdo en el que a petición formulada por la parte ofendida en la carpeta de investigación 0204-2018-34526, señaló día y hora para el desahogo de la audiencia general para resolver respecto de la restitución del bien inmueble que por esta vía constitucional defiende la parte quejosa. Sin embargo, del análisis de las constancias relativas al cuaderno preliminar 196/2018, se desprende que, si bien, en audiencia de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó la restitución del inmueble en comento, en diligencia de esa propia data, la notificadora de la Administración Judicial del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, dejó sin efecto la diligencia de restitución por no contar con las condiciones necesarias para llevarla a cabo. También, que ante la diversa petición del ofendido para llevar a cabo la diligencia de que se trata, por auto emitido el veintiuno de diciembre siguiente, la responsable no acordó de conformidad lo solicitado, por los motivos que expresó en dicha determinación (suspensión otorgada en el cuaderno incidental relativo a este juicio). Aunado a lo anterior, el hecho que de las constancias recabadas en autos, se obtiene que el fiscal investigador responsable, por resolución dictada el ocho de enero de dos mil veintiuno, decretó el no ejercicio de la acción penal, en la carpeta de investigación 0204-2018-34526. En tal sentido, en inconcuso que no obstante la existencia de lo reclamado -orden de restitución-, éste acto no puede surtir efecto material alguno en la esfera de derechos de la parte quejosa, pues al haberse decretado el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 0204-2018-34526, de la que derivó el cuaderno preliminar 196/2018, en el que se emitió la orden que por esta vía constitucional se combate, no se puede alcanzar el objetivo protector del juicio amparo, pues ha dejado de existir la materia u objeto de dicho acto de molestia. Por tanto, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la referida legislación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en la página 189, diciembre de 2006, tomo XXIV, Novena Época, Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." [Énfasis añadido]. Lo determinado en el presente fallo, se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados, al no haber sido reprochados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. SEXTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXII, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1580/2018, promovido por Pedro Zúñiga López, de propio derecho y en representación del Gremio de Choferes Mexicanos de Tijuana, Asociación Civil, contra actos de la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, en los términos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.
- Principal
hago constar que se notifica por medio de lista a la parte tercero interesada, la determinación de treinta de junio de dos mil veintitrés emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
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