Pedro Zamora Lozada

Expediente 153/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
153/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Pedro Zamora Lozada
  • José Moisés Zamora Contreras, apoderado legal de

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho: Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de uno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 23 a la 31), por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda y escrito aclaratorio no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de uno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 23 a la 31), por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda y escrito aclaratorio no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de uno de marzo de dos mil dieciocho: Agréguese a los presentes autos el escrito signado por José Moisés Zamora Contreras en su carácter de representante legal de Pedro Zamora Lozada; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de febrero del año en curso, remitiendo para ello copia certificada del instrumento notarial veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, volumen cuatrocientos cuarenta y cuatro, de ocho de julio de dos mil diecisiete. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del diverso 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte inconforme deriva del hecho de que en contra del acto reclamado consistente en la resolución dictada dentro de la carpeta de investigación ********************del índice del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Chiautempan adscrito al Departamento de Investigación del Delito, por el que se determinó el no ejercicio de la acción penal; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la parte quejosa debió agotar los mecanismos ordinarios de defensa que establece la ley ordinaria, previamente a la interposición de la instancia constitucional. Los preceptos en mención establecen: Lo anterior pone de manifiesto lo siguiente: Las decisiones y omisiones del Ministerio Público, entre ellas, la resolución de no ejercicio de la acción penal, es susceptible de ser impugnada ante el Juez de Control. El Juez de Control convocará a una audiencia, en la cual se podrá dejar sin efectos la decisión del Ministerio Público, así como ordenarle abrir la investigación dentro de la Carpeta de Investigación y continuar con la persecución penal. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua Española define a la palabra podrá como una conjugación del verbo poder, también una derivación del latín potere creado sobre ciertas formas del verbo posse poder como potes "puedes", poteram "podía", potuisti "pudiste", etcétera. Además señala que es posible usarlo en expresiones como tener expedita la facultad o potencia de hacer algo o bien tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. Ahora, la porción normativa referida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que: "Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control.", lo cual se traduce en la potestad de esos sujetos para agotar el control judicial en contra de las determinaciones destacadas, derecho el cual no incide hasta el punto de considerarlo como una obligación de las víctima u ofendidos. Es decir, ese derecho al tener su génesis en lo dispuesto por la fracción VIl, apartado "C", del artículo 20 constitucional, se debe considerar como la prerrogativa de las víctimas u ofendidos de impugnar cierto tipo de omisiones y determinaciones del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación, lo cual engloba dos aspectos: El derecho del gobernado (víctima u ofendido) quien podrá o no agotar ese medio ordinario de defensa y, La obligación de la autoridad (Juez de Control), respecto la admisión y decisión en definitiva al ejercer un control judicial. Los dos puntos destacados, no pueden llegar al extremo de considerar al derecho de las víctimas u ofendidos como una imposición que dé cabida incluso a una interpretación restrictiva de esa prerrogativa. Ahora, los medios de impugnación son los instrumentos legales a través de los cuales se corrigen los errores cometidos tanto en el curso de un procedimiento como en el dictado de la resolución de un asunto, el más común es el recurso. La palabra recurso proviene del latín recursos, que significa cambio de vuelta, de regreso o retorno. La doctrina señala que el recurso es la institución jurídica mediante la cual, la persona física o moral, presuntamente afectada por una resolución jurisdiccional o administrativa, la impugna ante la propia autoridad o bien ante una diversa, al considerar que le causa los agravios que haga valer, concluyéndose con una nueva resolución confirmatoria, revocatoria o modificatoria de la resolución impugnada. Igualmente, se considera que son elementos de tal concepto los siguientes: El recurso es una institución jurídica en atención a que hay varias relaciones jurídicas unificadas con vista a una finalidad común: permitir que se examine la legalidad de resoluciones de autoridad para superar cualquier error que se hubiere cometido, mediante una nueva resolución. El recurso puede ser interpuesto por una persona física o moral, a quien afecta la resolución que se impugna. Las resoluciones impugnables mediante recursos lo son tanto las administrativas como las jurisdiccionales. Mediante el recurso se impugna los actos de autoridad. En el recurso es posible que se plantee la impugnación de la resolución ante la propia autoridad o ante autoridad diversa. En ambos casos, la ley señala la autoridad competente para conocer y decidir el medio de impugnación impuesto. El recurrente considera que la resolución impugnada le causa los agravios que hace valer. Puede o no tener razón. Si la tiene obtendrá una revocación total o parcial mediante el recurso. Si no la tiene el fallo será desfavorable. El recurso culmina con una resolución de la autoridad revisora, en la que modifica, confirma o revoca la resolución impugnada. Así, los recursos constituyen una especie dentro de los medios de impugnación, que se interponen ante la autoridad mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error; se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica. Por tanto, el recurso es un medio de impugnación que se interpone contra una resolución pronunciada en un proceso ya iniciado, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. Cabe agregar que al margen de la manera como el legislador aluda o designe a un "recurso" o a la acción de interponerlo (verbigracia, inconformarse, recurrir, etcétera), debe considerarse que lo relevante para determinar si se está en presencia de dicha figura jurídica es el hecho de que a través de la misma se pueden revocar o modificar los efectos jurídicos de la resolución impugnada. Ahora, el Control Judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, mismo que deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -control judicial-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión, abstención o resolución del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. En ese orden de ideas, cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen la determinación del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (Control Judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es decir, estarán obligados a agotar el principio de definitividad. Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia penal, y encuentra su justificación en el hecho de que al conocerse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora, es oportuno reiterar que el acto reclamado lo constituye la resolución dictada dentro de la carpeta de investigación ********************del índice del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Chiautempan adscrito al Departamento de Investigación del Delito, por el que se determinó el no ejercicio de la acción penal. En ese contexto, si en la especie la parte quejosa en su carácter de parte denunciante, reclama la resolución de no ejercicio de la acción penal, puede reclamar dicha determinación mediante el control judicial ante el juez de control, en los términos en que dispone el artículo 258 del citado cuerpo de leyes, acto el cual no constituye una excepción al principio de definitividad que impera en el presente procedimiento. De ahí que si la parte quejosa no agotó el principio de definitividad a que se encuentra obligada, debiendo ejercer el control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este el medio de defensa idóneo contra la resolución que determina el no ejercicio de la acción penal y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales, entonces, es notoriamente improcedente, según lo anotado en párrafos que anteceden, máxime que el sentido del control judicial previsto en el multicitado numeral, permite mediante la figura del Juez de Control y las audiencias a su cargo judicializar los actos ministeriales ejerciendo precisamente un control que además de velar la legalidad, garantice las formalidades esenciales del procedimiento, según lo dispone el artículo 14 Constitucional y lo dispuesto en la normativa en derechos humanos aplicable, pues mediante este control se garantiza también el control constitucional y convencional pero en forma difusa. Sobre tales bases, si el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la resolución dictada dentro de la carpeta de investigación ********************del índice del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Chiautempan adscrito al Departamento de Investigación del Delito, por el que se determinó el no ejercicio de la acción penal, es claro que el promovente debió controvertir dicha determinación a través del juez de control, interponiendo el recurso respectivo. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la tercera interesada Rosa Elvira Moreno Reyes; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 108 fracción I de la Ley de Amparo se tiene señalando como nuevo domicilio el ubicado en Avenida Xicohténcatl, número ciento seis, colonia Centro, Apizaco, Tlaxcala, asimismo autoriza a Alfonso Cuatecontzi Xochitiotzi, Ibeck Maldonado Flores y Miguel Ángel Cuatecontzi Tlachi para oír y recibir notificaciones, lo anterior para los efectos legales conducentes.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano