Pedro Walle Jiménez
Expediente 1456/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1456/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/01/2022
Partes del expediente
- Pedro Walle Jiménez
- José López Pintor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera impugnado la sentencia definitiva dictada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por este órgano de control constitucional, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo de las autoridades responsables, pues conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido al haberse sobreseído y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: Notas Semanario Concordancia Descargar documento PDF "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Por lo tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 1456/2021-II, promovido por Pedro Walle Jiménez, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, y recibido en esa misma fecha ante este Juzgado de Distrito, Pedro Walle Jiménez, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridades responsables y actos reclamado señaló lo siguiente: Autoridades responsables: a) Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. b) Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ambos de esta ciudad. Acto reclamado: "4.1.- De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2.- De la autoridad señala en el numeral 3.1, se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral Gerardo Chapa Jaramillo, y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento." SEGUNDO. El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 1456/2021-II, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el titular del juzgado puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 00015/E06/2020; y, La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada Gerardo Chapa Jaramillo. La omisión del actuario adscrito a la citada junta de llevar a cabo el emplazamiento a la demandada. No escapa para este Juzgado de Distrito que el quejoso señala también como acto destacado: "La substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal." "Las notificaciones personales que se deba realizar durante todo el procedimiento." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que le son atribuidos, por lo que así se tienen para todos los efectos legales. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió la nombrada responsable con su informe justificado (foja 15), misma que por tratarse de documento público, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fueron expedidas por funcionarios públicos en el ámbito de sus ejercicios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se les dio para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja ocho; por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye, pues en términos del artículo 625, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los diversos 740, 741 y 742, dicha autoridad es la facultada para realizar el emplazamiento a la parte demandada y las notificaciones ordenadas en los expedientes laborales. Apoya lo anterior, en la parte conducente, la de jurisprudencia 279 constituida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 232 del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO).- Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." Así como la jurisprudencia 313, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SÓLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, misma que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ..." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que de las constancias que allegó la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con su informe justificado, se aprecia que el día seis de diciembre de dos mil veintiuno, una vez recibido el fallo relativo a la excusa planteada para conocer de la demanda presentada por la aquí quejosa, regularizó el procedimiento en el expediente administrativo laboral 15/E06/2020 de su índice, y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; de cuya falta de radicación se dolía la parte quejosa. Asimismo, no pasa por desapercibido que la autoridad que la parte quejosa denominó como Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificada para ello desde el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 8). Sin embargo, cabe precisar que de las constancias de autos se desprende que al momento en que se presentó la demanda de garantías, que lo fue el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Junta a la que se encuentra adscrita la Actuaria responsable, aún no admitía la demanda laboral que le fue presentada por la aquí quejosa, ello en virtud de que se había planteado excusa para conocer de la misma; por tanto, a la fecha en que se presentó el escrito que dio origen a este asunto no existía emplazamiento que realizar por parte de la Actuaria señalada como responsable. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 727/2021-II, promovido por Pedro Walle Jiménez, en contra de actos atribuidos a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y a la Actuaria de su adscripción. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la Presidenta por ministerio de ley, de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia, con la documental que remite para apoyar su informe. Por otra parte, visto el estado de autos, se aprecia que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta y ocho minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la que evidentemente con motivo de la recepción del informe justificado reseñado, a la llegada de ese día deberá marcarse nueva data para su desahogo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha revelada en el párrafo que antecede, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Por contener consideraciones aplicables al caso, lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.5o.C.1K, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Febrero de 2013, Materia Común, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, primero de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad y Actuaria adscrita a dicha Junta, no rindieron su informe justificado dentro del plazo de quince días como se les requirió mediante oficios 45371/2021 y 45372/2021, de los cuales quedaron debidamente notificadas desde el ocho de noviembre del año en curso, como se advierte de la constancia de notificación; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. Ahora bien, a efecto de que este Juzgado de Distrito se encuentre en aptitudes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que reclama el agraviado, en términos del artículo 75 de la ley de la materia, a fin de recabar de oficio los medios de prueba que permitan a éste juzgador integrar debidamente la litis y con ello, emitir el fallo que en derecho corresponda, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, para que dentro del término de tres días envíe copia debidamente certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado por la parte quejosa. Por las consideraciones que la informan, lo anterior encuentra apoyo en la Tesis VI.1°.85 K, visible en la página 521, tomo XV-II, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO. PROCEDE CUANDO FALTAN CONSTANCIAS NECESARIAS PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN. Cuando ante la autoridad responsable se aporta determinada prueba y ésta o su copia certificada no se acompaña con el informe justificado, siendo necesaria para la resolución del asunto, el juez de amparo debe diferir la audiencia constitucional y recabarla de oficio, en términos del artículo 78 de la Ley de la Materia, para no dejar en estado de indefensión al quejoso; y, si no se hace así, procede ordenar la reposición del procedimiento para ese efecto. " Apercibido que en caso de incumplimiento, o de no informar lo conducente, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, moneda nacional); ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad en lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por tales motivos, se difiere la audiencia constitucional que se encuentra señalada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con cincuenta y ocho minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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