Pedro Villicaña Alva

Expediente 417/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
417/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Pedro Villicaña Alva

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de once de abril de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *******, apoderado jurídico de ****, carácter que acredita con el poder general para pleitos y cobranzas que adjunta a su escrito de cuenta y que este órgano jurisdiccional le reconoce de conformidad con el numeral 10 de La Ley de Amparo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán y otras autoridades, que hizo consistir en: ".Se reclama todo lo actuado, en el juicio Sucesorio Intestamentarío número 382/2008, promovido por ******, en el que no se le llamo a juicio a mi mandante *******, dado que los promoventes manifestaron ser las únicas personas con derecho a la Sucesión a bienes de MARIA LEONOR ALVA DELGADO, por lo que la autoridad responsable con fecha 25 veinticinco de marzo del año 2008 dos mil ocho, tuvo únicamente a*****, por su propio derecho denunciando Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ********O, e indicando bajo protesta de decir verdad, que además de la promovente no existen más personas con derecho al haber hereditario, y al señor *****, padre de mi mandante, no se le tuvo por denunciando el juicio, dado que imprime su huella digital y no ratifico el escrito ante el personal del juzgado, como lo exigen los artículos 57 y 121 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, por lo que en su momento se deberá decretar la Nulidad de la totalidad de las actuaciones realizadas en el referido expediente judicial, inclusive hasta las actuaciones habidas en la ejecución de sentencia. Impugnó la totalidad de las constancias que integran ese expediente y de manera específica las que enseguida se reseñan: 1.-Escrito de radicación de Juicio Sucesorio Intestamentario, de fecha 12 doce de marzo del año 2008 dos mil ocho, suscrito por *******, en el que los promoventes manifiestan lo siguiente: Que vienen a denunciar el intestado de nuestra finada esposa y madre, respectivamente, la señora *****, en los términos del presente escrito, fundándose para hacerlo en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho." En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 417/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues se estima que la parte quejosa ejerció su acción Constitucional de manera extemporánea. Es así, ya que el aludido precepto de la legislación de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Conforme a dicha disposición, la acción constitucional resulta inviable cuando se promueve contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, en el supuesto de que la parte quejosa omite solicitar la protección de la justicia federal dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el siguiente criterio, los requisitos para estimar cuando el justiciable aceptó tácitamente la actuación de la autoridad. "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En ese sentido, se tiene que se trata de una actuación consentida tácitamente, cuando: 1) El acto reclamado existe y la parte quejosa lo conoce. 2) Causa un agravio al justiciable, pues de lo contrario, aunque dicho impetrante se haya conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo; y, 3) El peticionario haya omitido instar el juicio Constitucional, dentro del plazo legal previsto. Luego, para efectos de aclarar el último punto señalado, es menester observar lo establecido en las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se obtiene que, por regla general, la demanda de amparo debe promoverse en un plazo de quince días, los cuales se computan a partir de tres momentos, a saber: a) Cuando la notificación del acto reclamado surta efectos, conforme a la ley aplicable; b) De que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) El promovente se haya ostentado sabedor del acto. Por lo que, si la demanda en modo alguno se presenta en ese lapso, el acto reclamado se estimará consentido. Empero, la regla general de ninguna manera aplica cuando se reclama la constitucionalidad de una ley autoaplicativa o el procedimiento de extradición; sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal donde se imponga pena de prisión; actos encaminados a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión, disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco cuando se trata de actos que pongan en peligro la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso concreto, se advierte la reunión de las exigencias necesarias para estimar la configuración de un consentimiento tácito de los actos reclamados, en razón a que se actualiza el supuesto previsto en el inciso b), antes citado, pues en el capítulo de fecha de conocimiento del acto reclamado, la parte quejosa, manifiesta bajo protesta de decir verdad que conoció de los actos reclamados el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a ello, por las razones que informa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Tercera Parte, página 80, registro digital 237114, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTE PROBADA LA NOTIFICACION FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Si bien es cierto que sólo se puede sobreseer en el juicio de amparo cuando la causal de improcedencia en que se apoya el sobreseimiento se encuentra plenamente acreditada, también lo es que para que se actualice la prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita." De igual manera, por las razones que informa la Tesis IV.2o.A.29 K, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2336, registro digital 177026, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley." De esta manera, al confrontar la temporalidad en que la parte quejosa conoció de los acto reclamados en la presente instancia constitucional (veintiocho de noviembre de dos mil veintidós), con la fecha de promoción del juicio de amparo (diez de abril de dos mil veintitrés), se advierte que transcurrieron más de cuatro meses, comenzando a transcurrir el término para la promoción del juicio de amparo al día hábil siguiente, es decir, trascurrió del treinta de noviembre al veinte de diciembre de dos mil veintidós, mientras que la demanda de amparo fue presentada el diez de abril de dos mil veintitrés, como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, de ahí que resulta inconcuso que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. Situación que revela un transcurso excesivo del término general de quince días previsto en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, lo cual se traduce en un consentimiento tácito de los actos reclamados, es decir, en la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del precepto 61, de ese ordenamiento jurídico. Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa reclame que se vulneraron los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucional, al considerar que se le violentaron dichos derechos, sin embargo, ello no es suficiente para justificar la interposición extemporánea de la demanda de amparo, por las razones que informa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 255, registro digital 228280, que dice: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORANEA, CASO EN QUE AUNQUE EL QUEJOSO DESCONOZCA LA FUNDAMENTACION DEL ACTO RECLAMADO, PROCEDE ESTIMAR LA. Si bien es verdad que en el citado capítulo de antecedentes, el quejoso no manifestó conocer las consideraciones jurídicas que sustentaron el acto reclamado, ese desconocimiento, en realidad, no justifica la extemporaneidad en la interposición de la demanda de amparo, pues, en los conceptos de violación sólo se denunciaron infracciones a las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que, sostuvo aquél, la perforación del pozo acuífero, se llevó a cabo, sin existir previo juicio y sin que se hubiese fundado y motivado la causa legal del procedimiento; luego entonces, no puede argumentarse, como sugiere el recurrente, que la ignorancia de la fundamentación del acto reclamado, fuese lo que ocasionó la tardanza en la incoación del amparo, si contra esa fundamentación, no se expresó motivo de queja alguno y sólo se denunció, la inexistencia de un juicio previo y de un mandato de autoridad constitucionalmente fundado y motivado que legitimara la ejecución del acto reclamado. La verdad es que, como pudo apreciarse, el quejoso sí estuvo en aptitud de impugnar oportunamente a través del amparo, la ejecución del pozo referido, sin que para ello, fuese necesario conocer las consideraciones jurídicas que sustentaron a la orden de dicha ejecución." Asimismo, por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, registro digital 2005717, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Y la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Aunado a lo anterior, el juicio de amparo procede contra la falta total o ilegal emplazamiento a un juicio sucesorio, cuando un posible heredero no fuere llamado a un juicio de esa naturaleza, o bien, de forma legal, y éste hubiere concluido, sin tener que ejercer previamente a su promoción la acción de petición de herencia, prevista para los herederos que no acudieron o no fueron llamados a la sucesión, de acuerdo con las disposiciones civiles aplicables; lo anterior, siempre y cuando no haya transcurrido, en su perjuicio, el término de diez años para que la prescripción del derecho a reclamar la herencia se contempla en el artículo 1509 del Código Civil del estado de Michoacán -aplicable según la temporalidad del juicio de origen-. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia la tesis número 676, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA)", visible en la página 754, Tomo II, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011. En el entendido de que sus consideraciones son aplicables al caso concreto, virtud de que los preceptos de las legislaciones de los estados de Jalisco y Tlaxcala contienen disposiciones similares a las de Michoacán, respecto de la acción de petición de herencia. En ese orden de ideas, resulta necesario traer a colación los antecedentes de la demanda de amparo, lo cuales fueron narrados bajo protesta de decir verdad y de los que se advierte: Mediante acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil ocho, la autoridad responsable tuvo a ********, denunciando juicio sucesorio intestamentario a bienes de ******; radicándolo y admitiéndolo bajo el número 382/2008, ordenando llamar al fisco del Estado de Michoacán, al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y ordenó hacer la publicación de un edicto por el termino de 30 días, convocando a personas que crean tener derecho al caudal hereditario de la de cujus, asimismo, designó como albacea provisional a la citada denunciante. Por resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil ocho, declaró como únicos y universales herederos a ********, de todos los bienes, acciones y derechos, que no se extinguen con la muerte y que en vida hubiesen pertenecido a *****, asimismo, designó como albacea definitiva a la citada ******. En data treinta y uno de enero de dos mil once, se declaró firme la citada resolución de la primera sección de dieciocho de junio de dos mil ocho. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte que del treinta y uno de enero de dos mil once -fecha en que se declaró firme la resolución que declaró únicos y universales herederos en el juicio de origen y se designó albacea definitivo - diez de abril de dos mil veintitrés -data en que se ejerció la presente acción constitucional-, transcurrieron más de doce años, es decir, más de los diez años a que hace alusión el citado numeral 1509, es evidente que el derecho a reclamar herencia del quejoso fue afectado de prescripción y, en consecuencia, la acción correlativa. Ahora, si bien es cierto que el precepto legal citado en último término, no señala en forma expresa cuál es el momento a partir del cual debe computarse el término de los diez años para ejercer la acción de petición de herencia, lo cierto es que debe realizarse a partir de la fecha en que se hace el reconocimiento de herederos por la autoridad competente, puesto que desde ese momento surte el efecto de tenerlos como legítima herederos y, en consecuencia, desde entonces comenzó a transcurrir el término de diez años para la prescripción extintiva del derecho para reclamar la herencia que se contempla a favor de aquellas personas que no asistieron a deducir sus derechos. Resulta aplicable la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXII, Cuarta Parte, página 337, con registro digital 272034, que refiere: "PETICION DE HERENCIA, PRESCRIPCION EN CASO DE (LEGISLACIONES DE MICHOACAN Y DEL DISTRITO FEDERAL). Aun cuando la ley no dice a partir de qué momento comienza a contarse el plazo de la prescripción para ejercitar la acción de petición de herencia, la cuestión se resuelve por la aplicación del principio elemental de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, y este momento no puede ser otro sin o aquél en que se pone en posesión al demandado de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria, mediante el reconocimiento de su calidad de heredero, por la autoridad competente. Por lo que si de acuerdo con el artículo 13 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán (igual al 18 del código de la misma materia del D. F.), la acción de petición de herencia se da contra el poseedor en concepto de heredero, es lógico concluir que el nacimiento de dicha acción empieza, no precisamente a partir del momento en que aquél se atribuye por sí y ante sí, el carácter de heredero que pretende ser exclusivo, sino a partir de la fecha de su reconocimiento como tal heredero, por la autoridad correspondiente" Así como la diversa tesis XI.2o.200 C emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, página 280, con registro digital 213838, de rubro y contenido: "PRESCRIPCION DE LA ACCION DE PETICION DE HERENCIA (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). El artículo 1509 del Código Civil del Estado de Michoacán establece que el derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años, pero ni en esa disposición ni en alguna otra de tal ordenamiento, se dice a partir de qué momento ha de contarse el término de la prescripción de la acción de petición de herencia; sin embargo, la cuestión se resuelve por aplicación del principio de derecho establecido, en el sentido de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, en el caso desde que el albacea es puesto en posesión de los bienes sucesorios, mediante el reconocimiento de su calidad de heredero a través de la declaratoria de herederos". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que proporciona, toda vez que esa figura no está prevista en la ley de amparo; por tanto dígasele que únicamente se tendrá como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. En ese orden de ideas; en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse al promovente, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista, toda vez que no se advierte que haya señalado domicilio en esta ciudad para tales efectos. Se autoriza, en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12, de la Ley de Amparo, esto es, en términos restringidos, a *****, toda vez que en esos términos fue designada por el promovente del presente juicio. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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