Pedro Villafuerte Ramírez

Expediente 648/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
648/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Pedro Villafuerte Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintitrés de noviembre del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por xxxxxx, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que a la letra dice: Por recibida la demanda de amparo a nombre de Pedro Villafuerte Ramírez, en contra de actos del juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículo 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 648/2020-VII. Desechamiento de la demanda. En términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y sus anexos; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto1 . Premisa normativa. Al respecto, en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo2 . 1 Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 890 del tomo VII, mayo de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." 2 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]"En efecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Se arriba a la conclusión que antecede, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia, consiste en concebir al sumario constitucional como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acudiera a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y solo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo, cuando la violación reclamada produjera una violación de las referidas garantías individuales y se afectaran los derechos fundamentales del gobernado. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.". Sentada la premisa normativa, procede ahora puntualizar que el quejoso acude a esta instancia constitucional doliéndose de los actos de autoridad consistentes en: - La diligencia de notificación de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, y en vía de consecuencia la resolución de liquidación de intereses de nueve de noviembre de dos mil diecisiete; así como, - La diligencia de notificación de treinta de septiembre de dos mil veinte, y en vía de consecuencia, la resolución de liquidación de intereses de veintiuno de octubre de dos mil veinte. Esto es, toralmente reclama las notificaciones citadas, no así los aludidos fallos por vicios propios sino en vía de consecuencia; pues, incluso, los conceptos de violación únicamente atacan las diligencias de notificación respectivas. Actos que tilda de inconstitucional, en su calidad de parte formal (demandada) dentro del juicio 91/2016 de la estadística del Juzgado Quinto de Partico Civil de esta ciudad; dado que de los propios antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra, fue emplazado a dicho controversial e incluso se apersonó a juicio e hizo valer acciones de defensa; por lo que es válido afirmar que fue incorporado al procedimiento en su calidad de parte reo. La anterior afirmación, se evidencia con los siguientes antecedentes, obtenidos de lo narrado bajo protesta de ley por la parte accionante de la tutela federal: a) José Luis González Villaseñor y otro, demandaron en la vía ejecutiva mercantil al aquí quejoso Pedro Villafuerte Ramírez, el pago de diversas prestaciones. b) Dicha demanda fue radicada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, por el juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad, bajo el número M91/2016. c) Se emplazó a la parte demandada, quien compareció a juicio mediante diversos escritos, ofreció pruebas y seguidos los cauces procesales se dicto sentencia el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. d) La sentencia principal dictada causó estado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. En el mismo proveído se tuvo a la parte actora xxxxxx promoviendo incidente de liquidación de intereses, por lo que se dio vista a su contraria para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera. e) Dicha vista le fue notificada al demandado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. f) El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó resolución sobre el incidente de liquidación de intereses que promovió la parte actora, en la que se condenó al demandado. g) Luego, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al actor promoviendo de nueva cuenta incidente de liquidación de intereses, por lo que se dio vista al demandado a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera. h) Dicha determinación fue notificada el treinta de septiembre de dos mil veinte. i) El veintiuno de octubre de dos mil veinte, se dicta nuevamente resolución incidental sobre incidente de liquidación de intereses. Sentadas ambas premisas, y tras su contraste, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia en cita, pues se estima que el quejoso, previo a ocurrir a esta instancia, debió agotar el medio legal ordinario, conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, que establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través del incidente que ahí se prevé, en específico el de nulidad de notificaciones, de acuerdo al numeral 319 de dicho código. Dicho precepto señalan lo siguiente: "Articulo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." No se soslaya para la determinación de improcedencia, que el quejoso en su demanda de amparo formule diversos argumentos en los que sostenga que apenas se impuso de las actuaciones reclamadas, pues como se dijo las constancias de autos patentizan su emplazamiento y además, que compareció en el juicio, lo cual no permite otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación. Entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito de defitividad, exigido por de la Ley de Amparo, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida Dichas consideraciones se encuentran plasmadas el criterio IV.1o.C.52 C, novena época, registro 176916, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de 2005, página 2430 del contenido siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA. Si el quejoso plantea como violación procesal la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio mercantil instaurado en su contra y alega que tuvo conocimiento de la misma con posterioridad al dictado de la sentencia reclamada, empero, las constancias de autos patentizan su legal emplazamiento y además, que se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión, mediante el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, para considerar que sí se encuentra en posibilidad de combatir la alegada violación procesal, sin estar obligado a cumplir con los requisitos exigidos por el citado numeral 161, fracción I, de la ley de la materia." Tampoco obsta la circunstancia de que el quejoso impugne actos acontecidos después de dictada la sentencia principal, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto a que, con posterioridad a la sentencia, también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. Dichas consideraciones se encuentran en la jurisprudencia: 1a./J. 26/2005, novena época , registro 178685, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, abril de 2005, página 430: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Conclusión. En ese sentido, evidente resulta que al no haberse interpuesto el incidente relativo, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata y, por ende, resulta procedente desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo En conclusión, al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de cuenta. Sin que en el particular, se advierta alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la parte quejosa de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: I. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. No consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del menor quejoso, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; III. La parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña, pues es la parte demandada en el juicio de origen; y, IV. No se trata de un auto de vinculación a proceso. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 2603 , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de contenido: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su escrito inicial. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a xxxxxx, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Respecto a xxxxxx, se le tiene en términos restringidos por no ubicarse en dicho supuesto ni tampoco contar con inscripción en el sistema computarizado de Registro Único de Profesionales del Derechos para los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como lo exige el invocado numeral. 3 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, marzo de 2006, página 1816, La autorizacion concedida se hace con sustento en la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), publicada el siete de agosto de dos mil veinte en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Habilitación de días y horas para notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia en la que se negó la protección constitucional; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se negó la protección constitucional, debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto.

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