Pedro Villa Ibarría
Expediente 824/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 824/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 09/11/2018
Partes del expediente
- Pedro Villa Ibarría
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en el que transcribe el auto de siete del mes actual, dictado por el Presidente de este Tribunal, ante su Secretario de Acuerdos, a través del cual se aprecia que causó estado el auto que desechó el recurso de queja interpuesto por la responsable denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; al cual anexa el legajo certificado relativo a las constancias relativas a los autos del juicio de amparo 824/2018. Luego, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes el comunicado de cuenta signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el adeudo fiscal derivado de la multa impuesta a Ileana Paola Castillo y Juan Luis Chumacero Díaz, fueron dados de baja, en virtud de que los citados deudores efectuaron los pagos correspondientes, tal y como lo acredita con el anexo certificado que exhibe; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento a la multa impuesta en autos. Ahora bien, dado que en proveído de nueve del mes anterior (fojas 159 a la 161), este órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la sentencia de amparo, empero se reservó proveer lo que en derecho procediera hasta en tanto se tuviera el expediente original en comento, acuérdese lo que en derecho corresponda. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. ** *
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en el que transcribe el auto de siete del mes actual, dictado por el Presidente de este Tribunal, ante su Secretario de Acuerdos, a través del cual se aprecia que causó estado el auto que desechó el recurso de queja interpuesto por la responsable denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; al cual anexa el legajo certificado relativo a las constancias relativas a los autos del juicio de amparo 824/2018. Luego, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes el comunicado de cuenta signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el adeudo fiscal derivado de la multa impuesta a Ileana Paola Castillo y Juan Luis Chumacero Díaz, fueron dados de baja, en virtud de que los citados deudores efectuaron los pagos correspondientes, tal y como lo acredita con el anexo certificado que exhibe; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento a la multa impuesta en autos. Ahora bien, dado que en proveído de nueve del mes anterior (fojas 159 a la 161), este órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la sentencia de amparo, empero se reservó proveer lo que en derecho procediera hasta en tanto se tuviera el expediente original en comento, acuérdese lo que en derecho corresponda. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. ** *
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TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio en línea enviado por la Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual transcribe el acuerdo de quince del mes actual, dictado por la Magistrada Presidente del Tribunal de referencia, ante su Secretario de Acuerdos, mediante el cual, comunica que se desechó el recurso de queja que interpuso el Director General Jurídico en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, contra el proveído de doce del mes anterior, dentro del juicio de amparo 824/2018, el cual quedó registrado bajo el número 492/2018; consecuentemente, agréguense a sus autos para que surta los efectos legales conducentes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que el presente juicio de garantías, se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de veinticinco del mes anterior (foja 150), se les requirió a las partes para que señalaran las constancias que estimaran pertinentes para la resolución del recurso de queja promovido por el Recaudador de Rentas y Secretario, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, sin que ninguna de las partes lo haya desahogado en ese sentido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el informe con justificación correspondiente, en la inteligencia de que ES CIERTO EL ACTO RECURRIDO, toda vez que por auto de doce de septiembre de la presente anualidad (fojas 117 a la 118), se le impuso una multa a las autoridades de referencia, equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida, al haber sido omisos en dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; de igual manera, remítase el original del escrito del recurso de queja interpuesto y las constancias que se consideraron pertinentes en copias certificadas de los autos que integran el presente sumario constitucional, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, a efecto de que esté en aptitud de pronunciarse en relación a la oportuna presentación del recurso en cuestión. Por otro lado, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 124 a la 126), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veinticuatro del mes anterior (folio 127), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 53 a la 77), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la misma, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $8,141.69 (ocho mil ciento cuarenta y un pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), que resulta lo pagado por concepto de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual, en relación con los diversos conceptos de Fomento a la Educación, Asistencia Social y Universidad Autónoma de Nayarit, debidamente actualizada. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, en el mes de septiembre de dos mil dieciocho, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa, mientras que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, por lo que el periodo de actualización comprende dicho lapso, sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual inmediato anterior al período involucrado, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho de 132.009. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.761251126817111; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $8,141.69 (ocho mil ciento cuarenta y un pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional). Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Delegada, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia bancaria en favor de la parte promovente de garantías por la cantidad de $8,199.23 (ocho mil ciento noventa y nueve pesos con veintitrés centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (foja 125). Luego, al restar a la cantidad de previa mención la diversa correspondiente al remanente a devolver, se aprecia que devolvió un excedente de $57.54 (cincuenta y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional); empero, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de requerirla, así como los que efectúe el quejoso para entregarla, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, una vez que se resuelva el recurso de queja indicado en los párrafos que preceden, provéase en cuanto al archivo definitivo del presente sumario constitucional.
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