Pedro Velázquez Bajeca

Expediente 98/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
98/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
10/02/2017

Partes del expediente

  • José Luis Hayashi Picos
  • Pedro Velázquez Bajeca

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, a través del cual comunica que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y registró la misma con el número de juicio de amparo 135/2017; por tanto, archívese como concluido, previa las anotaciones respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Intégrese el informe a la suspensión de plano rendido por la autoridad que lo suscribe; atento a ello, este juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar.

  3. Principal

    Intégrese el informe a la suspensión de plano rendido por la autoridad que lo suscribe; atento a ello, este juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar.

  4. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda promovida por ***, y regístrese bajo el número 98/2017-I-A. Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones de los quejosos Pedro Velazquez Bajeca y José Luis Hayashi Picos en el sentido de que las responsables se niegan a brindarle atención médica y medicamentos respecto de los padecimientos que aducen; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a efecto de que las autoridades responsables, dentro de sus atribuciones conferidas, de inmediato le brinden la atención médica general, básica y necesaria al alcance y posibilidades del centro preventivo en el que se encuentra privado de su libertad y, en su caso, le ministre los medicamentos necesarios; atendiendo las particularidades del caso, las autoridades responsables deberán realizar todo aquello que se encuentre a su alcance para procurar la estabilidad y bienestar físico del quejoso. Se previene a las autoridades señaladas como responsables, para que informen de inmediato acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas. En consecuencia, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, así como del Director del aludido centro de reclusión, que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]". Por tanto, se les apercibe que de no cumplir lo encomendado, serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal Federal, por el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, asimismo, se hará acreedora a la sanción que establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA De conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: A) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. C) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso A) se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso B) se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso C) prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que los promoventes reclaman la falta de atención médica y medicamentos para los padecimientos que presentan, por parte del centro de su reclusión esto, es el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece en el Estado de Oaxaca. Por tanto, de lo antes indicado se colige que el acto reclamado a las autoridades responsables, deberá tener ejecución en el Estado de Oaxaca; por tanto, el juez competente para conocer de dichos actos es aquel que tiene jurisdicción en ese lugar. Ahora, una vez establecidos los puntos precedentes se puede concluir que los promoventes señalan como acto reclamado uno que requiere ejecución material. Lo anterior es así, pues los quejosos bajo protesta de decir verdad manifestó que actualmente se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece en el Estado de Oaxaca; por tanto, al ser el acto reclamado la negativa a proporcionar atención médica, es indudable que dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentran recluidos, por lo que resulta competente para conocer del asunto el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Realizadas las acotaciones de mérito, se aprecia que no se surte la competencia por territorio de este juzgado de Distrito para conocer de la demanda de referencia, motivo por el cual se actualiza el supuesto precisado anteriormente, relativo a que es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, y que no corresponde a la demarcación territorial atribuida a este órgano jurisdiccional en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Atento a lo anterior, al no actualizarse ninguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es uno de Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, dado que el acto que combate el quejoso, se habrá de ejecutar en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que establece: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. En este orden de ideas, es evidente que este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, resulta legalmente incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al órgano de control constitucional residente en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, pues es dentro de su jurisdicción donde se llevan a cabo los actos que en esta vía se reclaman. Así las cosas y no existiendo acto de cumplimiento material que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en la jurisdicción asignada a este juzgado Federal, que daría competencia para conocer de la presente demanda de garantías, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase la misma, sus copias y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca, en turno, para los efectos que señala el segundo de los preceptos legales invocados, solicitándole se sirva enviar el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. También, sustenta lo anterior el criterio emitido por sustentada por la entonces Sala Auxiliar, con el título: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Sin que pase desapercibido para este juzgador que el quejoso dentro del aparatado de antecedentes de demanda, se duele de diversas inconsistencias y violaciones en pruebas apartadas por la Fiscalía de la Federación dentro de la causa penal 76/2010, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y como consecuencia la pretensión de traslado esgrimida en su contra; empero, de párrafos que anteceden, se advierte que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda, no obstante, dichas circunstancias se hacen patentes para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia del escrito inicial de demanda, así como del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. Dado que los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 en el Estado de Oaxaca, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído. De igual forma, se solicita atentamente al homólogo federal notifique el presente proveído a las autoridades responsables. Al efecto se le remite copia certificada de los oficios respectivos. Hecho lo anterior, se solicita de la manera más atenta remita a este órgano las constancias de notificación de los mismos, a efecto de integrar debidamente el juicio de amparo en que se actúa. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. .

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