Pedro Velasquez Vilchis
Expediente 1919/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1919/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Pedro Velasquez Vilchis
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos y al expediente electrónico el oficio ******************** signado por el Actuario del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite el testimonio de la resolución dictada el tres de febrero de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ******************** de su índice, misma que, en su punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es INFUNDADO el presente recurso de queja." Acúsese recibo correspondiente del oficio de cuenta y de su anexo. En virtud de lo antes expuesto, háganse las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Gobierno del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes transcurridos tres años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el tercer párrafo del numeral antes precisado. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa -o vía electrónica de así haberlo acordado-.
- Principal
Ciudad de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios de cuanta del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales remite el original del juicio de amparo en que se actúa y testimonios de las resoluciones de quince de diciembre de dos mil veintidós, relativas a los recursos de quejas Q.A. 255/2022 y Q.A. 256/2022. Acuse el recibo de estilo, háganse las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Gobierno del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes, que en los referidos recursos se resolvió lo siguiente: Q.A. 255/2022 "ÚNICO. Es INFUNDADO recurso de queja. Q.A. 256/2022 ÚNICO. Es SIN MATERIA el recurso de queja a que este." Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, se reanuda el procedimiento en el juicio de amparo al rubro citado. Asimismo, agréguense las actuaciones originales que obren en el toca aperturado en el presente juicio. Ahora bien, tomando en consideración los actos reclamados por la parte quejosa en su demanda de amparo, recibida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí el día treinta de abril de dos mil veinte (relacionados con la omisión de las autoridades responsables, de implementar medidas económicas y tributarias para hacer frente a la emergencia generada por el virus del COVID-19), y dada la realidad que actualmente vive el País a ese respecto, este órgano jurisdiccional advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que han cesado los efectos de los actos u omisiones reclamados. Lo anterior es así, pues es ya un hecho notorio y conocido que si bien la pandemia mencionada no se ha dado formalmente por concluida, existiendo incluso la posibilidad de que la enfermedad provocada por el COVID-19 sea reconocida como una enfermedad endémica o permanente, lo cierto es que la realidad social, económica y sanitaria que con motivo de ella enfrenta el país y el resto de la humanidad, es notoriamente diferente a la que existía en dos mil veinte y dos mil veintiuno (cuando la demanda de amparo fue promovida); pues en la actualidad todas las ramas de la economía y el comercio están ya abiertas a su realización sin mayores restricciones, por lo que cualquier medida de mitigación o condonación por parte de las autoridades federales sería, para este momento, innecesaria. En efecto, el catorce de mayo dos mil veinte, la Secretaría de Salud del Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reanudación de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias; en el que se dispuso la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando las siguientes etapas: 1. Primera etapa. Inició el dieciocho de mayo de dos mil veinte, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19; 2. Segunda etapa. Del dieciocho al treinta y uno de mayo del dos mil veinte, consistió en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud. 3. Tercera etapa. Inició el uno de junio de dos mil veinte, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Aunado a lo anterior, señaló que el semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias, determina mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros; de la siguiente forma: Posteriormente, el veinte de mayo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que establece las estrategias que se implementarán para la reanudación de las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que permitiera evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de actividades, y facultado para establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. A través del Sexto Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, y con la finalidad de contar con una estrategia para la reanudación de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema que permitiera evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de actividades de una manera gradual, ordenada, cuidadosa y eficiente, así como establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expidió los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México con el objeto de establecer las acciones generales de aplicación y coordinación entre las áreas involucradas del Gobierno, mediante un sistema de Semáforo determinado en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, basado en el riesgo epidemiológico y conforme al cual se pondrá en marcha la Nueva Normalidad de manera paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad de México. Además, se dispuso que el color del Semáforo se daría a conocer públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. En concordancia con lo anterior, los referidos Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México precisaron que el Semáforo es un sistema categorizado de colores: rojo, naranja, amarillo y verde, que se determina en coordinación con el Gobierno Federal, con base en indicadores, principalmente por ocupación hospitalaria, tendencia en hospitalización por sospecha o confirmación de COVID-19, conforme al cual se llevará a cabo el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales. Importa destacar que en el referido Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, se previó para las actividades esenciales relativas a la seguridad, un Protocolo de medidas sanitarias para el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que se establece, a partir del semáforo en color rojo, la preparación para la reapertura y regreso a laborar del personal de seguridad ciudadana que no lo estaba realizando de manera presencial. Asimismo, por lo que hace al semáforo en color amarillo, en el sector Gobierno, se estableció retomar actividades presenciales todas las oficinas de gobierno, continuando con el proceso de digitalización de trámites y el esquema de citas en las ventanillas de atención, indicando que las personas vulnerables pueden realizar salidas necesarias extremando precauciones de higiene y distancia. En relación con el semáforo color verde, "la nueva normalidad", el referido Plan, por lo que hace al sector Gobierno se estableció que todas las oficinas retoman actividades de manera presencial y que las personas vulnerables pueden salir libremente, manteniendo precauciones. De tal forma, atendiendo a los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, las actividades correspondientes al sector "gobierno" y "personas vulnerables", en la "etapa verde", se contempló la llamada "Nueva normalidad", en la que se continúa privilegiando la atención por canales digitales y con mantenimiento de medidas de distanciamiento e higiene para contención. Asimismo, mediante el Septuagésimo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el tres de septiembre de dos mil veintiuno, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a amarillo, a partir del seis de septiembre de dos mil veintiuno. Por su parte, mediante el Septuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Acciones de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el quince de octubre de dos mil veintiuno, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, ha determinado que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a verde. En tanto que, mediante el Octogésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanecería en verde, el cual subsistiría hasta que se emitiera una nueva determinación. Asimismo, la Secretaría de Salud actualizó el segundo Semáforo Epidemiológico de coronavirus (COVID-19) del año en curso, el cual estaría vigente a partir del día de siete de febrero de dos mil veintidós hasta el veinte de febrero del año en curso, situando a la Ciudad de México en un Semáforo Epidemiológico Amarillo. Finalmente, mediante el Octogésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Acciones de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cuatro de marzo de dos mil veintidós, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los datos epidemiológicos, así como la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentra en VERDE a partir del lunes siete de marzo de dos mil veintidós. Disposiciones éstas que, como hecho notorio, rigen también para el resto del país, donde el semáforo epidemiológico se encuentra también en color verde, con la permisión de llevar a cabo cualquier actividad económica o comercial sin ninguna restricción más allá de las simples medidas sanitarias. Así, como se dijo, debe estimarse que las omisiones reclamadas a las autoridades responsables, aun cuando se llegaran a considerar ciertas, para esta fecha habrían cesado en sus efectos, pues desde el año pasado se han reactivado todas las actividades económicas, gubernamentales, comerciales y sociales en el país, por lo que no impera ya la grave situación que acontecía en dos mil veinte y a inicios de dos mil veintiuno, y que había motivado a personas como la quejosa a considerar que las autoridades responsables estaban obligadas a implementar medidas económicas, financieras y tributarias que les permitieran afrontar una realidad que, se insiste, a la fecha ya no impera, lo cual es un hecho notoria e indiscutible. Así las cosas, al haber sobrevenido la causal de improcedencia en cuestión, este órgano jurisdiccional considera que debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia, en tanto que a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del juicio y llegar al dictado de una sentencia donde únicamente se reconocería que la realidad que imperaba en el país al inicio y en las fases críticas de la pandemia del COVID-19, ha quedado superada, por lo que no tendría ningún caso o efecto práctico llegar a condenar a las responsables a la implementación de medidas para enfrentar una realidad que ya no existe. Hágase únicamente del conocimiento de las autoridades responsables el presente acuerdo y realícese las anotaciones correspondientes en los Libros Electrónicos de Gobierno del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por lista a la parte quejosa de conformidad a lo ordenado en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós y vía electrónica al Fiscal Ejecutivo adscrito.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la quejosa, mediante el que interpone recurso de queja contra el proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de que se trata, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que este juzgado emitió el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós, por lo que de manera inmediata remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del mismo. En ese contexto, se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las habilitaciones necesarias para que el expediente electrónico se encuentre disponible para ser relacionado con el toca que corresponda al Órgano Colegiado revisor. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por * por derecho propio, contra actos de la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; fórmese el expediente electrónico respectivo con el número 1919/2022; háganse en la misma forma las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Gobierno del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO; y hágase del conocimiento de las partes que dicho instrumento dispone que, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente y que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Con motivo de lo anterior, se exhorta a las partes a que inicien, migren o continúen la tramitación del juicio, según sea el caso, mediante el esquema de juicio en línea, a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual podrán consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas, mediante la utilización de una firma electrónica vigente; y se les invita a proporcionar medios digitales de contacto, como número de teléfono o correo electrónico, a fin de agilizar la comunicación con este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por * ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la intención del quejoso es reclamar el siguiente acto: Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El referido artículo dispone... Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de Distrito tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia... Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional considera que debe ser desechada la demanda, puesto que el acto reclamado es de naturaleza intraprocesal y no causa a la parte quejosa un daño de imposible reparación. Con el fin de demostrar tal aserto es necesario conocer el contenido de dichos artículos, los cuales se citan a continuación para pronta referencia... En ese orden de ideas, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la sentencia de tres de enero de dos mil veintidós, emitida por la Sala responsable, mediante la cual, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la hoy quejosa, confirmando el proveído de fecha tres de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual, medularmente, se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto en contra del proveído por el que se desechan pruebas en un procedimiento administrativo. Atento a ello, debe precisarse que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión de algún medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, al momento de emitirse resolución definitiva, e impugnable por el medio ordinario de defensa. Así debe entenderse que a dicho acto le reviste el carácter de intraprocesal pues no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan a la sociedad quejosa el ejercicio de algún derecho, en la especie no se le impuso ninguna sanción o apercibimiento por el que se tenga que hacer procedente el juicio de amparo biinstancial, pues no se tiene certeza que con la emisión de dicho acto transcienda al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental. Conforme a lo descrito, es posible advertir que la resolución que se pretende impugnar en esta vía, pudiera constituir una violación procesal cuya afectación puede ser reparable, de ser el caso, mediante la resolución definitiva que se emita en el juicio de nulidad de que se trata. En efecto, dicho acto no tiene sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, dado que no le afecta algún derecho sustantivo, sino que únicamente le genera una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuya violación produce efectos meramente formales y reparables si quien resulta afectado, obtiene resolución en definitiva a su favor. Apoya lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia... En tales condiciones, de acuerdo con lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desecha de plano la demanda de amparo. Por otro lado, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de las copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos... Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el expediente electrónico, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa; por autorizados en términos amplios a ** de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo; por autorizados en términos de la última parte del precepto citado, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, al resto de las personas que menciona en su demanda, por así solicitarlo expresamente. Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto en la vía solicitada, en virtud que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que los nombres de usuarios * corresponden a ** Al respecto, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto; y, con apoyo en el acuerdo general inicialmente mencionado, se habilita también a dichos funcionarios para emplear medios tecnológicos como opción para la práctica de comunicaciones procesales, debiendo en esos casos certificarse la confirmación de la identidad de la persona involucrada, así como la recepción de la comunicación respectiva. Por otro lado, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de las copias simples o certificadas de las constancias físicas que obren en autos y sus anexos... Finalmente, en atención a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en tales ordenamientos; que las resoluciones que se emitan en el este asunto estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten; y que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
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