Pedro Velasco Antonio

Expediente 123/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
123/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/04/2018

Partes del expediente

  • Pedro Velasco Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio 11876/2018, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, remitido vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); mediante el cual acusa recibo del oficio 781, con el que se remitió la demanda de amparo promovida por Pedro Velasco Antonio; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada. Ahora, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve Pedro Velasco Antonio, contra actos del agente del Ministerio Público, fiscal en Jefe de la Fiscalía de María Lombardo de Caso, Cotzocón Mixe, Oaxaca; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número 123/2018, que le corresponde. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia presupuesto procesal de orden público, previamente, se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo interpuesta por Pedro Velasco Antonio, da motivo para que este órgano de control constitucional se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: .. El numeral transcrito establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juez de distrito, es decir, es juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los jueces de distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, el peticionario de amparo, esencialmente, reclama a través de este juicio de amparo las órdenes de detención, aprehensión, arresto, privación ilegal de la libertad y presentación libradas en su contra, por el agente del Ministerio Público, fiscal en Jefe de la Fiscalía de María Lombardo de Caso, Cotzocón Mixe, Oaxaca. De igual forma, el aquí quejoso en la demanda de amparo señala que tiene su domicilio en la calle Cinco de Mayo, sin número, de La Trinidad Santiago Yaveo, Oaxaca, en el cual ha sido buscado por personas que se identificaron como policías. En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tiene ejecución en la población de La Trinidad Santiago Yaveo, Oaxaca, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza. En ese orden, en términos del punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por ser éste el que tiene competencia en el lugar de residencia del aquí quejoso, del lugar donde la autoridad responsable tiene su residencia y donde se ejecuta o deba ejecutarse el acto reclamado, al establecer: . Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero, así como el ordinal 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde al juez de Distrito en el estado de Oaxaca en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, conocer de este juicio de amparo, motivo por el cual, este Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, declara carecer de competencia legal para resolver este asunto; por lo que, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al juez de Distrito en el estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec. En consecuencia, remítase el original y las cinco copias de la demanda de amparo, exhibidas por el quejoso, así como el original de la papeleta de turno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en aquella localidad; para que, por su conducto, lo turne al juez de Distrito en el estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo de cuenta y de la papeleta de turno respectiva. Como la parte quejosa señala los estrados de este juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26 fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del juzgado, por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, téngase por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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