PEDRO VARELA PACHECO y Otros.
Expediente 1029/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- PEDRO VARELA PACHECO y Otros.
- Pedro Varela Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Visto el estado procesal de los autos, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se establece que el presente incidente de suspensión es destruible dado que se negó la suspensión provisional y la definitiva, por lo que -una vez transcurran tres años- es susceptible de destrucción. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de trece de abril del dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, ***, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años contados a partir del dictado de este acuerdo- pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia y carecer de relevancia documental para su conservación. Toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original, y procédase a la destrucción del duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero, y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Vistos los autos, así como del análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto, se observa que se actualiza una causa de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio. Lo anterior, en razón de que como se observa del escrito inicial de demanda promovida por ***, en representación de Pedro Varela Pacheco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con residencia en Cholula, Puebla. ACTO RECLAMADO "Reclamo de las responsables ORDENADORAS el acuerdo del día 6 de noviembre donde el juez de control no admite el recurso de revocación de acuerdo del día 26 de octubre del 2020 donde el día 22 de octubre se le solicita una prórroga de tres meses de la investigación complementaria tramitado por esta defensa." (sic). Ahora, del análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto, se observa que por auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente (***), remitiendo copia certificada de la causa penal ***, de su estadística, misma que se le concede pleno valor probatorio, ***, y de la que se advierte que por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal **, de la estadística de la responsable, se tuvo al agente del Ministerio Público formulando acusación en contra de Pedro Varela Pacheco, por la comisión del hecho que en su clasificación jurídica señala como delito de homicidio calificado, ***, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de *****. Además, se hizo del conocimiento a las partes en el proceso de origen que en esa data (9 de marzo de 2021) se apertura el inicio a la fase escrita de la etapa intermedia, para lo cual, con el escrito de acusación se ordenó entregar traslado a las partes intervinientes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 338 (ofendida a través de su representante legal), 340 (Defensor y acusado), y 37, párrafo tercero (plazo para realizar el descubrimiento probatorio), todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otorgando el plazo de tres días a la parte ofendida, diez días a la Defensa Pública y convocó a la partes para que comparezcan a las once horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de llevar a cabo la audiencia intermedia o de preparación a juicio relativo a la causa penal de referencia. Anterior determinación que fue notificada a ** defensora particular al correo lic.juanita73@gmail.com, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, mientras que al procesado Pedro Varela Pacheco, de forma personal el veintiséis de marzo siguiente, para lo cual adjunta diversas constancias con las que la autoridad responsable justificó su informe. En atención a lo que antecede, debe decirse que conforme al análisis de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a criterio de quien ahora resuelve, es evidente que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: **** De la interpretación de la citada causal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Por su parte, la segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, aunque puede estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza en el presente juicio. En el caso, se presenta la segunda hipótesis (sustitución) relativa a que un nuevo acto de autoridad incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, al ser sustituido procesalmente, de ahí que éste ya no puede ser materia de examen en un juicio de amparo biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente. Ahora, del análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto, se observa que el aquí quejoso ***, por conducto de su defensora, en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado el auto de seis de noviembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal ****, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente, mismo que no admitió el recurso de revocación interpuesto en contra el diverso proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, que negó la solicitud de la defensa del imputado aquí quejoso, de prorrogar por tres meses más para la investigación complementaria. Anterior determinación que fue superada al haberse dictado el auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable, por medio del cual, dio inicio a la fase escrita de la etapa intermedia, corriendo traslado a las partes con el escrito de acusación, en términos de los artículos 338 (ofendida a través de su representante legal), 340 (Defensor y acusado), y 37, párrafo tercero (plazo para realizar el descubrimiento probatorio), todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, otorgando y señaló las once horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de llevar la audiencia intermedia o de preparación a juicio en la causa penal ***, misma que fue notificada a **** defensora particular al correo lic.juanita73@gmail.com, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, mientras que al procesado ****, de forma personal el veintiséis de marzo siguiente, por lo que claramente se actualiza la causal de improcedencia en estudio, ya que se sustituyó procesalmente la que en esta vía se reclama, de ahí que esta ya no puede ser materia de examen en un juicio de amparo biinstancial sino la que vino a sustituirla procesalmente. **** Además, debe decirse que para este asunto, no se debe perder de vista lo estatuido por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que en el proceso penal es acusatorio y oral, debe estar regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, suyo objeto es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Ahora, dichos principio están divididos en etapas, las cuales tiene una función específica. Tales etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya precisamente en el principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. Por tanto, de dicho principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad, y una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior, razón por la cual se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. **** Lo anterior, permiten concluir que no resulta dable analizar la constitucionalidad del acto reclamado (auto de seis de noviembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal ***, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente), toda vez que anticipadamente se logra prever que la declaratoria de su inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al advertirse que la sentencia que se llegara a dictar vulneraría el principio constitucional de continuidad que rige el proceso penal, previsto en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Federal, al implicar que se obligue a la autoridad responsable a que lo retrotraiga las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de que decretara el cierre de investigación complementaria, pues como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable se ha dado inicia a la etapa intermedia mediante auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el cual está vigente el derecho para las partes a realizar el descubrimiento probatorio entre ellas; por ende, en observancia a la prohibición expresa contenida en el aludido mandato constitucional no puede realizarse ésta. Lo anterior, porque ordenar que al juez responsable retrotraiga las cosas hasta antes de que decretara el cierre de la investigación complementaria, pues como se vio en párrafo precedentes ha sido superada al emitirse el auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 115/2020/CHOLULA, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente, precisamente al encontrarse en etapa de juicio oral, traería consigo que la restitución en el goce del derecho violado que alega, llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del proceso penal acusatorio oral, al principio fundamental de continuidad que lo rige, y por ende, a la regularidad constitucional que el juicio de amparo busca preservar, actualizándose con ello, la causa de improcedencia invocada. ** Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio, actualizándose en forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en cita, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. **** En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Oficio ***, signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente (***). Mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento ordenado en proveído de diecisiete de marzo pasado, remite copia certificada de la causa penal *** de su estadística; asimismo, informa que *** (concubina), es quien representa a quien en vida llevó el nombre *** (víctima), tercero interesado en el presente asunto, y tiene su domicilio en: calle ***, **, ***, ***. En consecuencia, comisiónese al actuario para que emplace a juicio a la representante del tercero interesado en cita, en el domicilio señalado con antelación, debiendo correrle traslado con copia certificada de la demanda de amparo, así como del auto admisorio y de este proveído, haciéndole saber el derecho que tiene para apersonarse al presente juicio, haciendo valer lo que a su interés convenga; así como que están señaladas las DOCE CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo una vez que esté emplazada a juicio. Asimismo, se le requiera para que, en el término de tres días, contado a partir de que sea notificado señale domicilio en esta localidad o en zona conurbada para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fije en lugar visible de este juzgado, de conformidad con la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo.
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