Pedro Valeriano Vázquez Nochebuena
Expediente 898/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/05/2022
Partes del expediente
- Pedro Valeriano Vázquez Nochebuena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y conforme a la certificación, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda, dictado el veinte de octubre de dos mil veintiuno; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Asimismo, se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Por lo que, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 117/2021, de la que se desprende que el citado tribunal colegiado tuvo a bien resolver: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja a que se refiere este expediente se refiere." ....Ahora, en acatamiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado de mérito, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se deja insubsistente el auto de siete de julio de dos mil veintiuno en el que se admitió a trámite la demanda respecto del acto reclamado al Titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Pedro Valeriano Vázquez Nochebuena reclama al Titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, de manera esencial, la falta de pago y/o remuneración en su calidad de servidor público. De lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria Q-117/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, este juzgado de Distrito advierte que respecto de citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5°, fracción II, este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Los preceptos legales transcritos, en su conjunto, establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no sean ordenados, dictados o ejecutados por autoridad, ni contra sus omisiones. Además, destaca que tiene el carácter de autoridad, la que, con independencia de su naturaleza formal, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior, como lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.164/201112, consultable en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". De lo expuesto, se pueden advertir que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes circunstancias: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley o decreto, a través del cual se dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares. 4. Que para emitir tales actos no requiera acudir a los órganos jurisdiccionales ni precisar del consenso de la voluntad de los afectados. De tal suerte que, para que un ente sea considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, deberá ejercer actos equivalentes a los de autoridad previstos en una norma general, y para ser considerados como actos de autoridad deben situarse por encima del particular que está obligado a obedecer los actos, es decir, cuando la norma general les permite actuar en una relación de supra a subordinación con relación a otro particular, es decir, en los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, cuando en el actuar de un ente, falte alguna de las características que se mencionaron, se concluye que no se está en presencia de actos de autoridad, o de actos de particulares equivalentes a los de una autoridad. En ese contexto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste será improcedente contra actos de particulares que no ejerzan actos de autoridad o equivalentes a los de una autoridad; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las primeras (de coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Además, la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel y existe bilateralidad. En torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación; el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculación se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, o bien, puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular, como en la relación asimilada a la laboral que guarda con sus servidores públicos. Así las cosas, para determinar si los actos reclamados a las entidades responsables son o no impugnables a través del juicio constitucional, debe analizarse si los mismos fueron emitidos en una relación supra a subordinación o de igualdad, frente a la hoy quejosa, actuando como entes de derecho público o privado. En la especie, la parte quejosa reclama al Titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla sustancialmente, la falta de pago y/o remuneración en su calidad de servidor público, lo que no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues de dicho acto reclamado, como de sus antecedentes se desprende surge de una relación laboral entre las partes al tratarse de una controversia que nace de las relaciones de trabajo entre el poder público y sus trabajadores. Por lo anterior, se puede considerar que la autoridad señalada como responsable, de quien se reclama el no realizar el pago y/o remuneración al quejoso, en su calidad de servidor público, no actuó con facultades de imperio, dado que el origen del acto lo constituyó la referida falta de pago y/o remuneración al quejoso, en su calidad de servidor público, lo que generó un conflicto entre trabajador y patrón, más no un acto de autoridad. Por tanto, el quejoso al ser empleado al servicio de dicha Secretaría y referir que es ilegal la falta de pago y/o remuneración, en su calidad de servidor público, deriva en que se trata de una relación de naturaleza laboral, pues la actuación de la autoridad señalada como responsable fue en calidad de patrón y no como un acto de autoridad en términos del artículo 103 Constitucional. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria Q-117/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, por ser notoria e indudable la improcedencia del acto reclamado al Titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el primer párrafo de la fracción II del diverso 5º, interpretado en sentido contrario, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de la referida autoridad. Por otra parte, de autos se advierte que por proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno se reservó el escrito Abril Esther Rodríguez Maldonado, autorizada en términos amplios del promovente de amparo Pedro Valeriano Vázquez Nochebuena, hasta en tanto se resolviera la queja interpuesta, lo que ya aconteció. En ese sentido, del referido escrito se advierte que Abril Esther Rodríguez Maldonado, autorizada en términos amplios del promovente de amparo Pedro Valeriano Vázquez Nochebuena solicita el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa, por los motivos que del mismo se desprenden; sin que haya lugar a mayor pronunciamiento en razón de lo proveído en los párrafos que anteceden. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido vía electrónica el escrito de cuenta del ***Nochebuena, a través del cual hace diversas manifestaciones. Toda vez que mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno se suspendió el procedimiento con motivo del recurso de queja interpuesto en el presente juicio se reserva el acuerdo relativo al escrito de cuenta, hasta en tanto se resuelva la citada queja. ...
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que por auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, Alfredo Borzani Rojas, en su doble carácter de Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, así como Representante Legal de la citada Dependencia y del Titular de la misma interpuso recurso de queja en contra del proveído de siete de julio de dos mil veintiuno. Por tanto, toda vez que el sentido de la resolución del recurso de queja afecta directamente la sentencia que se dicte dentro del presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que establece el artículo 102 de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento reanudándose nuevamente hasta en tanto se resuelva lo concerniente respecto de la citada queja. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
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