Pedro Uriostegui Vela

Expediente 19/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
19/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Pedro Uriostegui Vela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera mediante recurso de revisión el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se sobreseyó; que no obran documentos originales; que con motivo de la petición formulada por la parte quejosa se abrió por duplicado un incidente, en el que se negó y concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; así también, que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima, fracción III y vigésima primera, fracciones II y III del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por otro lado, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es Jesús Eduardo Medina Martínez. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, con número de registro 164217, derivada de la contradicción de tesis 119/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página trescientos doce, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso c) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa el proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete que en lo conducente dice: "... Ensenada, Baja California, a diez de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y al advertirse del oficio registrado con el número 733 del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que el siete de enero del año en curso, se concedió al procesado Pedro Uriostegui Vela, el beneficio de libertad provisional bajo caución, previo el pago de una garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos moneda nacional), lo cual se ordenó agregar con vista a las partes, sin que se hubiera efectuado manifestación alguna. En razón de lo anterior, la suscrita advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio. Para advertirlo así, conviene tener en cuenta el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en el cual se prevé la causal de improcedencia que se actualiza en el caso que nos ocupa. Tal precepto legal dice así: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La lectura de ese numeral obliga a considerar improcedente el juicio de amparo, en los casos en que hayan cesado los efectos de los actos de autoridad reclamados en el propio juicio. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Con lo anterior se puede advertir que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, importa recordar que el inconforme reclamó, a través de esta vía, la orden de reaprehensión dictada en su contra fuera de procedimiento, sin embargo, de los informes justificados rendidos por las responsables únicamente fue posible advertir que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, libró en su contra orden de reaprehensión el seis de mayo de dos mil dieciséis, por incumplimiento de las obligaciones procesales contraídas dentro de la causa penal 24/2016 de su índice. En relación con lo anterior, debe tenerse presente que por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el aludido juez federal responsable canceló la orden de reaprehensión girada en contra del quejoso, debido a que exhibió la garantía que se le fijo para tal fin. Si esto es así, es inconcuso que cesaron los efectos de los actos atacados en este juicio, pues con tal actuación se destruyeron todos sus efectos de manera total e incondicional, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional, esto es, como si los actos no hubieran invadido la esfera jurídica del propio particular, o habiéndola irrumpido la cesación no dejó ahí algún rastro, con lo cual, sin duda, se actualiza la causal de improcedencia que nos ocupa. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos noventa y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección. Tesis: 404. Página: 425.) "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SOBRESEIMIENTO ANTES DE LA. Es cierto que el artículo 74 de la Ley de Amparo sanciona, en su fracción III, el sobreseimiento en el juicio, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional; pero esta práctica, que viene a cortar el juicio antes de que se hayan desarrollado sus etapas esenciales, sólo se justifica cuando las causas de improcedencia que la motiven sean evidentes, indiscutibles, puestas a salvo de toda posibilidad de contradicción y estén fundadas en elementos fehacientes que no den lugar a la duda." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LVIII. Página: 1006.) "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.) En relación al contenido del auto de nueve de febrero del año en curso, por el cual se ordenó dar vista al quejoso con la inexistencia de las autoridades señaladas por el quejoso como Comandante General de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Comandante de Tránsito Municipal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y dado lo acordado en precedentes, resulta ociosa la notificación personal respectiva, por lo que, se deja sin efectos la diligencia encomendada a la actuaria de la adscripción y se suspende la comunicación con las autoridades mencionadas, lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Finalmente, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...."

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a nueve de febrero de dos mil diecisiete. Vistas las constancias actuariales que anteceden de las que se advierte que las autoridades que el quejoso denomino como Comandante General de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Comandante de Tránsito Municipal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, no existen con esa denominación en esta ciudad, con lo anterior, dese vista al peticionario de amparo por el término de TRES DIAS, para que manifieste lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no hacerlo, en el término indicado, quedará precluído su derecho para hacerlo con posterioridad y se tendrán por inexistentes, las cuales no serán tomadas en consideración al momento de resolver el fondo del amparo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, 288 y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso c) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa el proveído de nueve de febrero de dos mil diecisiete que en lo conducente dice: "... Ensenada, Baja California, a nueve de febrero de dos mil diecisiete. Vistas las constancias actuariales que anteceden de las que se advierte que las autoridades que el quejoso denomino como Comandante General de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Comandante de Tránsito Municipal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, no existen con esa denominación en esta ciudad, con lo anterior, dese vista al peticionario de amparo por el término de TRES DIAS, para que manifieste lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no hacerlo, en el término indicado, quedará precluído su derecho para hacerlo con posterioridad y se tendrán por inexistentes, las cuales no serán tomadas en consideración al momento de resolver el fondo del amparo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, 288 y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 5,994 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano