Pedro Trujillo Palacios
Expediente 229/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.
- Pedro Trujillo Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera inconformidad contra el acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha lo haya hecho así, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se desprende de las constancias relativas; por tanto, se le tiene consentido dicho acuerdo. Por otra parte, devuélvase el presente expediente a la mesa II de trámite de este órgano jurisdiccional, a efecto de que provea lo conducente respecto el archivo del presente expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, informando el acatamiento al fallo protector; ello, a través del oficio 6475/2023, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el nueve de junio de dos mil veintitrés, al que adjuntó copias certificadas de los autos de trece de mayo y ocho de junio de dos mil veintidós, del citatorio de espera y constancias de emplazamiento de veinticuatro y veintisiete de marzo del año en curso, relativos al expediente laboral de su índice, con los que a su criterio, se justifica el cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. Por lo que este Juzgador ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se le notificó personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado el catorce de junio de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya desahogado dicha vista. Así es, al ser el cumplimiento de la ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto o si hubiera imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Lo anterior, porque no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplir la sentencia que concede la protección constitucional, ya que corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida. Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario precisar los efectos para los que se concedió la protección constitucional, siendo el siguiente: "De inmediato dicte pronunciamiento en el que ordene realizar las medidas pertinentes que conlleven a emplazar al demandado Ayuntamiento Constitucional, en el expediente laboral de origen." De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante oficio 6475/2023, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el nueve de junio de dos mil veintitrés, adjuntó copias certificadas de los autos de trece de mayo y ocho de junio de dos mil veintidós, del citatorio de espera y constancias de emplazamiento de veinticuatro y veintisiete de marzo del año en curso, respectivamente, relativos al expediente laboral 69/2022 de su índice. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitida por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. De las constancias anteriores, se advierte el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues la autoridad responsable se pronunció y ordenó realizar las medidas pertinentes para emplazar al demandado Ayuntamiento Constitucional del Municipio, al juicio laboral, y en auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, una vez analizadas las actuaciones realizadas por la autoridad exhorta, se tuvo a dicho demandado legalmente emplazado al juicio de origen. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, lo que procede es declarar cumplido el fallo amparador. Es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. En mérito de lo anterior, dese vista a las partes por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo; hecho lo anterior, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia.
- Principal
En treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario CERTIFICA: que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que todas las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio, les transcurrió del ocho al diecinueve de mayo del año en curso, descontados de dicho cómputo los días trece y catorce de mayo de dos mil veintitrés al haber sido inhábiles; sin que haya interpuesto el recurso de revisión aludido. De igual manera, se hace constar que obra en el expediente electrónico la sentencia de dos de mayo de dos mil veintitrés, misma que se resolvió bajo el siguiente punto resolutivo: "R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable mencionada en el resultando primero, por los motivos y para los efectos establecidos en los considerandos QUINTO y SEXTO de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando SÉPTIMO de esta sentencia. Notifíquese a todas las partes por lista.," Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Lic. Salvador Vázquez Galeana Secretario del Juzgado. En treinta de mayo de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa. Conste. Lic. Salvador Vázquez Galeana Secretario del Juzgado.Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por ende, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el presente asunto a efecto de que: "De inmediato dicte pronunciamiento en el que ordene realizar las medidas pertinentes que conlleven a emplazar al demandado ********************, en el expediente laboral de origen ********************." Por lo que, deberá remitir las constancias que así lo acrediten, apercibido que, de no hacerlo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 192, relacionado con el 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto, del ordenamiento legal invocado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Número 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 229/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el un de marzo de dos mil veintitrés, a este Juzgado Séptimo de Distrito, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La omisión de la responsable en emplazar en tiempo y forma al demandado en los términos señalados por la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, así como en el artículo 873 de la Ley Federal del trabajo, dentro del Expediente laboral ********************, provocando con ello dilación procesal de manera injustificada." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y el concepto de violación que se consideró pertinente. TERCERO. Admisión y Trámite. Por auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el presente asunto y se registró como juicio de amparo indirecto 229/2023-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, quien formuló el alegato ministerial 57/2023; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que actúa dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de emplazar al demandado Ayuntamiento Constitucional de Iguala, Guerrero, dentro del juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, acto que ha quedado identificado en el considerando segundo de este fallo, pues no obstante que al rendir su informe justificado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su presidente, negó que se estuvieran violando los derechos fundamentales del quejoso en su demanda; sin embargo, hizo manifestaciones posteriores que dejan ver la existencia del acto que se le atribuye. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral ******************** que remitió con su informe justificado la autoridad responsable (fojas 22 a 28), documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, aun cuando se haya reconocido la existencia de los actos reclamados, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentren probados los actos que se reclaman. En el caso en concreto, este juzgado no advierte que de oficio se actualice alguna causal de improcedencia, o bien, que las partes lo hayan hecho valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de fondo. Al no haberse hecho valer alguna otra causa de improcedencia del juicio de amparo, ni advertirse de oficio, se procede a examinar el fondo del debate planteado a la luz de los conceptos de violación vertidos. No se transcriben los motivos de disenso, atento a que dicha trascripción no es obligatoria para este Juzgador, además que con ello no se afectan las defensas de las partes, tal y como quedó sustentado en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De manera medular esgrime la parte impetrante, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que, la autoridad responsable no ha emplazado a juicio a la parte demandada. El motivo de inconformidad esgrimido, resulta esencialmente fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada, en mérito de lo siguiente: El artículo 17 de la Carta Magna, establece: "Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El dispositivo legal invocado, consagra una garantía de seguridad jurídica, al establecer el derecho que tienen las personas de que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; garantía constitucional a la que están obligados los órganos encargados de esa función, quienes a su vez, están constreñidos a la observancia de los demás derechos subjetivos públicos que consagra el artículo en comento, como lo son, que deben impartir justicia de manera completa, gratuita e imparcial. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página 209, Materia Común, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." También resulta aplicable a lo antes expresado la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Página 5, Materia Común, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." De los criterios jurisprudenciales transcritos, se advierte que la prontitud, comprende la rapidez del desarrollo del trámite o del procedimiento, cuya finalidad es la de realizar el pronunciamiento de la resolución respectiva que permita la continuación del procedimiento que conlleve a poner fin al juicio. En ese orden, se debe tomar en cuenta que el caso que nos ocupa la radicación del juicio laboral ********************, data del quince de marzo de dos mil veintidós (foja 22 de autos), por lo que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de febrero de dos mil veintitrés), ha transcurrido con exceso el plazo de tres días que establece el artículo 84 y 91 de la Ley 51; Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, para llevar a cabo el emplazamiento; numeral que es de la literalidad siguiente: "ARTICULO 84.- El tribunal ordenará correr traslado de la demanda por la vía más expedita y recibida la contestación, o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, a los testigos y peritos, para la audiencia de las pruebas, alegatos y resolución." "Artículo 91. Todos los términos serán de tres días con excepción de aquellos casos en que a juicio del tribunal deba autorizarse plazo mayor." Del contenido de los artículos en comento, se advierte que regulan el plazo que tienen los tribunales laborales para emplazar a los demandados en los juicios tramitados ante ellos, en los que se controviertan derechos laborales entre el municipio y particulares. No obstante ello, se observa de autos que, la autoridad responsable, si bien en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés (foja 25 de autos), ordenó girar nuevo oficio que contenga el exhorto para emplazar a juicio al demandado del expediente laboral ********************, del cual no se adjuntó constancia del depósito ante la oficina de correos de México, también lo es que estuvo obligado a dictar la medida correspondiente que conllevara a la finalidad buscada, que es la de emplazar a juicio al Ayuntamiento Municipal de Iguala, Guerrero, ya que no es suficiente que se hubiera girado el mismo, sino que, debió realizar los actos tendentes a verificar si el mencionado exhorto ya había sido recibido por su destinatario y de no haber acontecido esto, realizar lo conducente para ello, pues ni siquiera se sabe del depósito de ese oficio en correos de México. Ante la conducta omisiva de la autoridad responsable dejó de observar una de las características del procedimiento laboral, que es su celeridad y sencillez prevista en el artículo 81 de la Ley en comento, lo que genera la violación al principio de expedites, pues quedó establecido, que la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, no se ha ajustado a los plazos señalados en la ley burocrática antes mencionada, dentro del expediente laboral ********************, pues en autos no demostró que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, sí haya realizado el emplazamiento al demandado o, que ya hubiera realizado algún pronunciamiento para realizar el mencionado acto procesal (no adjuntó a su informe constancia de haber depositado ante correos de México o cualquier otra empresa de correos, el oficio don exhorto que ordenó enviar nuevamente en acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés), de cuya omisión se duele la parte quejosa. Con lo anterior, resulta claro que se vulnera lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna, relativo a la garantía de administración de justicia pronta en perjuicio del disconforme, ante la inactividad procesal que reclama. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Con base a lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad: De inmediato dicte pronunciamiento en el que ordene realizar las medidas pertinentes que conlleven a emplazar al demandado ********************, en el expediente laboral de origen ********************. En la inteligencia que la sentencia de amparo se entenderá cumplida hasta que se lleve a cabo el emplazamiento a la mencionada demandada, y obren en los autos del juicio de amparo las constancias respectivas. SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, se hizo de su conocimiento lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de Estrados publicada el tres de marzo de dos mil veintitrés, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable mencionada en el resultando primero, por los motivos y para los efectos establecidos en los considerandos QUINTO y SEXTO de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando SÉPTIMO de esta sentencia.
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