Pedro Trujillo Dominguez

Expediente 662/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
662/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Pedro Trujillo Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta secretarial que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de su adscripción, relativa al recurso de queja 141/2020, de su índice, interpuesto por ----, contra el auto de seis de octubre de dos mil veinte, dictado por este órgano jurisdiccional; de la que se advierte que el Tribunal de Alzada resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por --------, en contra del proveído de seis de octubre de dos mil veinte, dictado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 662/2020-III." En consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, remítase el acuse solicitado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, vista la certificación secretarial de cuenta en la que consta que en el presente asunto no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, archívese como totalmente concluido, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de baja este expediente como asunto totalmente concluido. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En este sentido, se estima que el asunto en que se actúa es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, aunado de que no es considerado de relevancia documental. Notifíquese a las partes en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos el documento de cuenta firmado por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; por medio del cual acusa recibo del oficio y anexo remitidos por este Juzgado a efecto de substanciar el recurso de queja interpuesto por el quejoso ---------, en contra del auto de seis de octubre de dos mil veinte, emitido por este Juzgado Federal. Asimismo, de la misiva de cuenta se advierte que dicho medio de impugnación se admitió y fue registrado con el número de recurso de queja 141/2020, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso -----------, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de seis de octubre de dos mil veinte. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, 98 y 99, todos de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en la circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, en el oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/2182/2020 de veintinueve de julio de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico "A" de la Dirección General de Gestión Judicial, y en lo dispuesto por el artículo 391 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, remítase vía interconexión de manera digitalizada el oficio por medio del cual se remite al Tribunal de Alzada el recurso de mérito, así como el escrito que contiene los agravios presentados por ----------, y la constancia de notificación de la parte quejosa. En el entendido de que la acción de vinculación de expedientes entre el órgano de origen y el órgano de destino, se encuentra habilitada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico del presente juicio, y se esté en posibilidad de resolver el recurso que nos ocupa. Cúmplase.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -------, por su propio derecho, contra acto del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. En ese orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 662/2020-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la interlocutoria de nueve de septiembre de dos mil veinte, emitida por el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, que no le permitió nombrar un perito valuador de su parte a efecto de valuar de forma correcta el bien que se va a rematar. Lo anterior, porque resolvió la autoridad que el actor no exhibió un nuevo dictamen, sino sólo actualizado, pues respecto del primero ya habían transcurrido más de seis meses, por lo que esa actualización de precio, incluso, le beneficia; además, que no ofreció un perito en el primer avaluó. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra, pues, encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así, tenemos que en el presente caso la parte quejosa reclama, en esencia, la interlocutoria de nueve de septiembre de dos mil veinte, emitida por el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, que no le permitió nombrar un perito valuador de su parte a efecto de valuar de forma correcta el bien que se va a rematar. Lo anterior, porque resolvió la autoridad que el actor no exhibió un nuevo dictamen, sino sólo actualizado, pues respecto del primero ya habían transcurrido más de seis meses, por lo que esa actualización de precio, incluso, le beneficia; además, que no ofreció un perito en la primera oportunidad. En ese sentido, es evidente que el acto que en esta vía se reprocha, es después de concluido el juicio, es decir, en ejecución de sentencia; sin embargo, de las manifestaciones que realiza el quejoso en su demanda de amparo y de la resolución escaneada, no se advierte que en el juicio de mérito se haya dictado la última resolución del procedimiento de ejecución, para que sea procedente el juicio de amparo. Además, el supuesto acto de declarar infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de un auto que no permitió al quejoso ofrecer un avaluó actualizado, no se encuentra dentro de los casos de excepción; ya que dicha actuación en modo alguno goza de autonomía propia, pues deriva del trámite para cumplir con la sentencia. Motivo el anterior que actualiza la causa de improcedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, tomo XX, julio de dos mil cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Aunado a lo anterior, tampoco se puede entender que la interlocutoria de mérito, se identifique con aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material para darle cumplimiento o bien se pueda entender que se ha agotado el procedimiento de ejecución. Consecuentemente, al tratarse de actos en ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, aplicado a contrario sentido, 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. ---- Por otro lado, con fundamento en artículos 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la lista que se pública en internet (en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal), por así haberlo solicitado.--- De la misma forma, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que indica en su escrito de demanda, para los únicos efectos que precisa, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, valores y documentos e imponerse de autos, por así haberlo indicado expresamente. Se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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