Pedro Torres Jiménez
Expediente 155/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 61 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 61
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Pedro Torres Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 61.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra trascurriendo el término de quince días concedido al quejoso en el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintitrés, en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del seis de febrero de dos mil veinticuatro, para su celebración. Sin que pase inadvertido que el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada fuera del plazo que establece la ley de la materia; sin embargo, dicha circunstancia obedece a la carga de trabajo que a la fecha existe en este órgano jurisdiccional y que genera la saturación de la agenda de control de audiencias, así como al aviso derivado de la sesión de veinticinco de septiembre de este año, donde la Comisión de Carrera Judicial aprobó el punto de acuerdo relativo al calendario de vacaciones de los juzgados de Distrito, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintitrés, en términos del artículo 16 sexies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que la notificación a las autoridades, ya sea en su carácter de responsables o de terceras interesadas, se hará por lista que se publica en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las 1 Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) (Registro 2002576), publicada en la página 1253, Tomo 2, libro XVI, enero de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese.
- Incidental
***VISTOS los autos para dictar sentencia interlocutoria en el incidente de suspensión del juicio de amparo 155/2021 promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución nacional de banca de desarrollo y otras autoridades y, R E S U L T A N D O: Primero. Escrito de ampliación a la demanda. Del escrito de ampliación a la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables las siguientes: Director General Adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero de Fomento "A", dependiente de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, ahora Coordinación de Política del Sistema Financiero de Fomento "A". Director General del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito. Director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito. Subdirector de Remuneraciones del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito. Gerente de Gestión de Nóminas y Prestaciones del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito. Jefe de departamento de Nóminas y Obligaciones de Seguridad Social del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito. Los actos que se atribuyen en la ampliación de demanda a las citadas autoridades son los siguientes: La emisión del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Los efectos y consecuencias del oficio mencionado. Segundo. Suspensión provisional. Por auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente a la suspensión provisional solicitada en el escrito de ampliación a la demanda, se requirió informe previo a las autoridades y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. La Jueza Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en la circular SECNO/29/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de actos. Este órgano resolverá lo relativo a la suspensión definitiva respecto a los siguientes actos reclamados: El oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve emitido por el director general adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero A, dependiente de la Secretaría de Hacienda Crédito Público. Los efectos y consecuencias del oficio mencionado. Tercero. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos que se les atribuyen al director general, director general de Factor Humano, subdirector de Remuneraciones, gerente de Gestión de Nóminas y Prestaciones, y jefe de departamento de Nóminas y Obligaciones de Seguridad Social, todos del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, consistente en los efectos y consecuencias del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve emitido por la Coordinación de Política del Sistema Financiero de Fomento "A" de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, que se traduce en que no atienda el diverso 100.278 firmado por el titular de dicha secretaría, referente al otorgamiento de remuneraciones, prestaciones y participación de utilidades de las entidades en términos del presupuesto de egresos de la Federación, ya que así lo manifestaron al rendir informe previo y el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades mencionadas, se niega la suspensión definitiva solicitada. Cuarto. Certeza de actos. Es cierto el acto que se le atribuye a la Coordinación de Política de Sistema Financiero de Fomento "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consistente en la emisión del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, ya que así lo manifestó al rendir informe previo, además de que en autos obra copia certificada del mismo. Quinto. Fijación de efectos. Conviene precisar que el quejoso solicitó la suspensión definitiva para el siguiente efecto: "(.) la suspensión de los actos se solicita respecto de los efectos y consecuencias, es decir, en que las autoridades responsables no apliquen las citadas normas generales (sic), así como el oficio ********************emitido por el Director General Adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero A, dependiente de la Secretaría de Hacienda Crédito Público. Se estima procedente la concesión de la suspensión provisional y en su momento la definitiva ya que se colman los extremos del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que solicitada (sic) por el quejoso en esta ampliación de demanda y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que de conformidad al artículo 131 de la Ley de la materia se solicita la suspensión en la que se aduce un interés legítimo, además de que se acredita que con la negativa de pago de la prestación consistente en el pago de utilidades correspondiente a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 se causaría un daño inminente e irreparable a mi pretensión en caso de que se (sic) señoría negara dicha medida cautelar. (.) Quiero indicar que siempre se me habían pagado las utilidades, tal como lo acredito con las documentales que adjunto a mi escrito de demanda (sic); sin embargo, a partir del 2020 y ahora 2021, no se me han pagado. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, es que el Banco del Ejército está obligado a pagarme y, por tanto, solicitó (sic) se me conceda la suspensión para el efecto de que no se me apliquen los efectos y consecuencias de las normas reclamadas y, en consecuencia, se establezca la obligación de la autoridad responsable de hacerme el pago de las remuneraciones en los mismos términos que se han venido haciendo. (.)" Al respecto, debe precisarse que esta juzgadora no se pronunciará por cuanto hace a las normas generales que refiere el quejoso ya que no son materia de Litis en esta ampliación a la demanda, por lo que, en este incidente solamente se pronunciará respecto de los efectos y consecuencias del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Así, el pronunciamiento de la medida cautelar atenderá exclusivamente a dicha solicitud, lo que se traduce en que: Único efecto: No se aplique el oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Amparo, esta juzgadora se pronunciará respecto de la suspensión solicitada. Sexto. Estudio. Este órgano jurisdiccional fijará la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, por lo que si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. En ese contexto, y para determinar si procede o no conceder la medida cautelar para suspender los actos reclamados, debe realizarse en términos de lo previsto en el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un análisis, ponderándose la apariencia del buen derecho con el interés social, así como en relación con los presupuestos y requisitos legales contenidos en el artículo 128 de la Ley de la Ley de Amparo que a continuación se indican: La certeza de los actos reclamados. Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. En virtud que, el otorgamiento de la suspensión requiere la integración de cada uno de los supuestos y requisitos anotados, conviene realizar el estudio de éstos en el orden apuntado, en atención a que la falta de una de las condiciones mencionadas implica que deba negarse la suspensión y, por ende, que sea innecesario el estudio de los demás requisitos legales. En la especie, respecto de los efectos para los cuales se solicita la suspensión, se cumple con el requisito en estudio 1), ya que la existencia del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, está acreditada con la manifestación de la autoridad responsable Coordinación de Política del Sistema Financiero de Fomento "A" de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, al rendir su informe previo lo que se corrobora con la copia certificada que obra agregada en este incidente, a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Al quedar satisfecha la premisa analizada, corresponde el estudio del siguiente requisito, esto es, determinar si la naturaleza del acto reclamado permite su paralización. En este contexto, el quejoso solicita la medida cautelar respecto a los efectos y consecuencias del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, lo que se traduce en que las autoridades responsables del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, no atiendan el diverso oficio 100.278 firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, referente al otorgamiento de remuneraciones, prestaciones y participación de utilidades de las entidades en términos del presupuesto de egresos de la Federación. Al respecto, a consideración de esta juzgadora no se cumple con el segundo requisito (naturaleza del acto reclamado), ya que a dicho acto le reviste el carácter de consumado, por lo que de concederse la medida cautelar en los términos solicitados se estaría dando efectos restitutorios, y con ello, se dejaría insubsistente los efectos y consecuencias del oficio reclamado, lo cual es materia de la sentencia que se dicte al resolver el juicio de amparo, ya que en caso de obtener el amparo y protección de la justicia Federal, las autoridades deberán restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, de conformidad con lo que se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Son aplicables en lo conducente los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros y textos siguientes: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." "SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados". Máxime que el quejoso reconoce que desde el treinta de mayo de dos mil veinte no se le pagaron las prestaciones que refiere. Cabe destacar que si bien es cierto que es obligación del juez de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esa manera tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, lo que como ya se apuntó, no ocurre en este caso, dado que la medida cautelar no tiene el efecto de constituir o autorizar acto alguno, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de una sentencia favorable que el quejoso llegara a obtener en el fondo del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, por tanto, se niega la suspensión definitiva porque el acto motivo de estudio tiene efecto exclusivo de la sentencia de amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva por motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta interlocutoria. Notifíquese.***
- Principal
Ciudad de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención Agréguese a los autos el escrito del apoderado legal del quejoso por el que desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de veintisiete de septiembre de este año y al efecto exhibe la totalidad de las copias del escrito de ampliación de demanda, en ese sentido se acuerda: Visto el escrito registrado con el folio 15049 por el que el apoderado del quejoso amplía la demanda de amparo respecto al oficio 368.-A-188 emitido el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 111, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo se admite a trámite la ampliación de demanda. Requerimiento de informes justificados En términos de lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables informe justificado que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias correspondientes, por tal motivo remítaseles copia del escrito de demanda para ese efecto. De igual manera, se solicita a las autoridades responsables que, en caso que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en el informe justificado señalen el último período vacacional del que gozaron, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendieron labores, desde la emisión de los actos reclamados hasta la fecha de la presentación de la ampliación de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal, se apercibe a las autoridades que en caso de que omitan rendir informe justificado, o bien, no remitan las constancias correspondientes, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente. Actualización de causas de sobreseimiento Conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en el supuesto que tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas veces la unidades de medida y actualización vigente, en términos de lo establecido en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Señalamiento de audiencia constitucional Comuníquese a las autoridades responsables que se encuentran señaladas las diez horas con treinta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Incidente de suspensión En razón de que así lo solicitó el quejoso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo se ordena proveer respecto a la suspensión del nuevo acto reclamado y agregar copia autorizada del oficio 368.-A-188, del escrito de ampliación de demanda, del escrito aclaratorio y de este auto para que obren en el cuaderno incidental como legalmente corresponde. Pruebas De conformidad con lo que se establece en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la quejosa las documentales que anexó al escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia. Sin tercero interesado En el caso, el quejoso señaló que no existe tercero interesado, de igual modo, esta juzgadora no advierte existencia de alguno en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación al fiscal Ejecutivo Asistente Conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al fiscal Ejecutivo Asistente adscrito. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. Tramitación del incidente Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo previsto en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 147, 148, 157 y 158 de la Ley de Amparo, así como 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, tramítese el incidente de suspensión relativo a la ampliación de la demanda del juicio de amparo 155/2021 promovido ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, contra actos del director general Adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero A, de la Secretaría de Hacienda Crédito Público y otras autoridades. Requerimiento de informes previos Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo con copia de la ampliación de la demanda y escrito aclaratorio se requiere a las autoridades responsables informe previo, que deberán rendir dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. En ese informe de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, con fundamento en lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Amparo se requiere a las autoridades responsables para que acompañen al informe previo cualquier documento que estimen necesario para que esta juzgadora se pronuncie sobre la suspensión definitiva. En caso que las autoridades responsables sean omisas en rendir informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 142 de la Ley de Amparo y con excepción de las autoridades legislativas, se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo previsto en los numerales 237, fracción I y 260, fracción I, del ordenamiento citado. De igual forma, se hace de su conocimiento que en términos de lo que se prevé en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Señalamiento de audiencia incidental Con fundamento en lo previsto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial y excepcionalmente la testimonial, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, de reclamarse actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Determinación sobre suspensión provisional Es importante destacar que del escrito de ampliación de demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclamó lo siguiente: El oficio 368-A-188 de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve emitido por el director general adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero A, dependiente de la Secretaría de Hacienda Crédito Público. Los efectos y consecuencias de oficio mencionado. Establecido lo anterior, conviene precisar que el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado en los términos siguientes: "(.) la suspensión de los actos se solicita respecto de los efectos y consecuencias, es decir, en que las autoridades responsables no apliquen las citadas normas generales (sic), así como el oficio 368-A-188 emitido por el Director General Adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero A, dependiente de la Secretaría de Hacienda Crédito Público. Se estima procedente la concesión de la suspensión provisional y en su momento la definitiva ya que se colman los extremos del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que solicitada (sic) por el quejoso en esta ampliación de demanda y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que de conformidad al artículo 131 de la Ley de la materia se solicita la suspensión en la que se aduce un interés legítimo, además de que se acredita que con la negativa de pago de la prestación consistente en el pago de utilidades correspondiente a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 se causaría un daño inminente e irreparable a mi pretensión en caso de que se (sic) señoría negara dicha medida cautelar. (.) Quiero indicar que siempre se me habían pagado las utilidades, tal como lo acredito con las documentales que adjunto a mi escrito de demanda (sic); sin embargo, a partir del 2020 y ahora 2021, no se me han pagado. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, es que el Banco del Ejército está obligado a pagarme y, por tanto, solicitó (sic) se me conceda la suspensión para el efecto de que no se me apliquen los efectos y consecuencias de las normas reclamadas y, en consecuencia, se establezca la obligación de la autoridad responsable de hacerme el pago de las remuneraciones en los mismos términos que se han venido haciendo. (.)" Al respecto, debe precisarse que esta juzgadora no se pronunciará respecto a las normas generales que refiere el quejoso ya que no son materia de Litis en esta ampliación a la demanda. Además de que este órgano jurisdiccional el veintisiete de julio de dos mil veintiuno y trece de junio de dos mil veintitrés, al resolver la suspensión definitiva de los actos reclamados en el escrito inicial y ampliación a la demanda hizo el pronunciamiento correspondiente, por tanto, en este incidente solamente se pronunciará respecto de los efectos y consecuencias del oficio 368-A-188 de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Así, el pronunciamiento de la medida cautelar atenderá exclusivamente a dicha solicitud, lo que se traduce en que: Único efecto: No se aplique el oficio 368-A-188 de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. En ese contexto, y a efecto de determinar su es procedente o no conceder la medida cautelar para suspender los efectos y consecuencias del acto reclamado, debe realizarse en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un análisis, ponderándose la apariencia del buen derecho con el interés social, así como en relación con los presupuestos y requisitos legales contenidos en el artículo 128 de la Ley de la Ley de Amparo que a continuación se indican: La certeza de los actos reclamados. 2) Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo (que la solicite el quejoso -fracción I- y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -fracción II-). 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. En virtud que, el otorgamiento de la suspensión requiere la integración de cada uno de los presupuestos y requisitos anotados, es conveniente realizar el estudio de éstos en el orden apuntado, en atención a que la falta de una de las condiciones anotadas implica que deba negarse la suspensión y, por ende, que sea innecesario el estudio de los demás requisitos legales. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." En la especie, respecto de los efectos para los cuales se solicita la suspensión, se cumple con el requisito en estudio 1), debido a que la emisión del oficio 368-A-188 de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, se encuentra acreditada, toda vez que obra agregado en este incidente en copia certificada, a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 197, 202 y demás que resulten aplicables en materia probatoria del código adjetivo supletorio. Al quedar satisfecha la premisa analizada, corresponde el estudio del siguiente requisito, esto es, determinar si la naturaleza del acto reclamado permite su paralización. En este contexto, el quejoso solicita la medida cautelar para el efecto de que no le se aplique el oficio 368-A-188 de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, lo que se traduce en que el director general adjunto de Finanzas del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, no atienda el diverso oficio 100.278 firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, referente al otorgamiento de remuneraciones, prestaciones y participación de utilidades de las entidades en términos del presupuesto de egresos de la Federación. Al respecto, a consideración de esta juzgadora no se cumple con el segundo requisito (naturaleza del acto reclamado), ya que a dicho acto le reviste el carácter de consumado, por lo que de concederse la medida cautelar en los términos solicitados se estaría dando efectos restitutorios, y con ello, se dejaría insubsistente los efectos y consecuencias del oficio reclamado, lo cual es materia de la sentencia que se dicte al resolver el juicio de amparo, ya que en caso de obtener el amparo y protección de la justicia Federal, las autoridades deberán restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, de conformidad con lo que se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Son aplicables en lo conducente los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros y textos siguientes: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." "SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados". Máxime que, el quejoso reconoce expresamente que desde mayo de dos mil veinte no se le ha pagado el reparto de utilidades que reclama. Cabe destacar que si bien es cierto que es obligación del juez de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esa manera tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, lo que como ya se apuntó, no ocurre en este caso, dado que la medida cautelar no tiene el efecto de constituir o autorizar acto alguno, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de una sentencia favorable que el quejoso llegara a obtener en el fondo del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, por tanto, se niega la suspensión provisional porque el acto motivo de estudio tiene efecto exclusivo de la sentencia de amparo. Notifíquese.
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- Pedro Villafuerte Alvarado59/2019
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- Penelope Esmeralda Sanchez Barba1120/2017