Pedro Torres Arias

Expediente 400/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
400/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Pedro Torres Arias
  • Titular de la Mesa Cuarta de la Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el expediente principal, mediante proveído de once de abril de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo; se acuerda: En cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Capítulo Quinto del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó sobreseer y conceder la protección constitucional en el presente juicio. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales. En consecuencia, glósese al cuaderno incidental copia autorizada de este acuerdo para los efectos legales conducentes. Finalmente, tomando en consideración que se formó el ANEXO II con las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, Cuarta Mesa de trámite; en consecuencia devuélvanse a su lugar de origen.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con el que informa que recibió el escrito suscrito por Pedro Torres Arias y Ricardo Lozano Cerón que le fue enviado mediante oficio 917-II-A-1 el once de abril del año actual, y que ante la incongruencia respecto a la materia de impugnación solicitado en dicho escrito, lo remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de darle trámite como recurso de inconformidad, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por resolución de cinco de octubre de dos mil quince (fojas 60 a 72), se determinó sobreseer por una parte y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia federal al quejoso Pedro Torres Arias, para lo cual, el Agente del Ministerio Público de la Cuarta Mesa de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, con residencia en la ciudad de Puebla debía realizar lo siguiente: proceda, en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de dicha ejecutoria, a desahogar el trámite necesario (incluyendo, si procede, el apercibimiento y la aplicación de medidas de apremio), para que esté en aptitud legal de pronunciarse respecto al ejercicio o no de la acción penal dentro de la mencionada averiguación previa AP-201/2014/DGSP; esto es, para que dentro de ese término provea lo necesario para la recepción y desahogo del material de prueba que estime necesario para ese efecto, y hecho lo cual, determine en ella lo que corresponda." La anterior sentencia fue confirmada mediante ejecutoria dictada en el toca R-376/2015, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexo Circuito el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, por lo que en acuerdo de siete de marzo del año actual se requirió su cumplimiento. En ese entendido, por oficio recibido el treinta de marzo de dos mil dieciséis la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, Dirección General para la atención de los delitos relacionados con servidores públicos, cuarta Mesa de Trámite remitió copia certificada de la resolución dictada el de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa 201/2014/DGSP, de la que se advierte que la autoridad responsable desahogó el trámite necesario en aquélla, y se pronunció respecto al ejercicio de la acción penal dentro de la mencionada averiguación previa AP-201/2014/DGSP, determinando que autorizó el No ejercicio de la acción penal en dicha indagatoria. Consecuentemente, mediante proveído de treinta y uno de marzo del año que transcurre (foja 156), se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo fue notificado el cuatro de abril de dos mil dieciséis a la última de las partes, por lo que el plazo concedido transcurrió del seis al ocho de abril de dos mil dieciséis, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto (foja 159). Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En consecuencia, del examen de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo, en virtud de que, tal como se requirió a la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, por resolución dictada el de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa 201/2014/DGSP, la autoridad responsable desahogó el trámite necesario en aquélla y se pronunció respecto al ejercicio de la acción penal dentro de la mencionada averiguación previa AP-201/2014/DGSP, determinando que autorizó el No ejercicio de la acción penal en dicha indagatoria. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, y 214 de la nueva Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese este asunto como totalmente concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. En diverso aspecto, agréguense a los autos, únicamente para que obre como legalmente corresponda, copia simple del escrito signado por el quejoso Pedro Torres Arias y su autorizado Ricardo Lozano Cerón, pues aunque los antes nombrados tienen la calidad citada en el presente expediente, del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciséis que deseche algún recurso de reclamación del impetrante. Aunado a lo anterior, aunque el ocursante refiere que dicha promoción se encuentra dirigida al expediente en que se actúa, después de haber realizado la investigación correspondiente, se advierte que los datos asentados en dicho comunicado no pertenecen a los registros de este juzgado federal, pues como se desprende del contenido de la impresión certificada de la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), correspondiente al número de expediente único nacional 18668245, concierne al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito conocer del recurso de reclamación 5/2016, el cual se desechó por auto de nueve de marzo de dos mil dieciséis, datos que coinciden con los indicados en el escrito de cuenta. Consecuentemente, remítase el escrito de cuenta a dicho órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Tiene aplicación al caso la tesis I.1o.A.14 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por resolución de cinco de octubre de dos mil quince (fojas 60 a 72), se determinó sobreseer por una parte y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia federal al quejoso Pedro Torres Arias, para lo cual, el Agente del Ministerio Público de la Cuarta Mesa de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, con residencia en la ciudad de Puebla debía realizar lo siguiente: proceda, en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de dicha ejecutoria, a desahogar el trámite necesario (incluyendo, si procede, el apercibimiento y la aplicación de medidas de apremio), para que esté en aptitud legal de pronunciarse respecto al ejercicio o no de la acción penal dentro de la mencionada averiguación previa AP-201/2014/DGSP; esto es, para que dentro de ese término provea lo necesario para la recepción y desahogo del material de prueba que estime necesario para ese efecto, y hecho lo cual, determine en ella lo que corresponda." La anterior sentencia fue confirmada mediante ejecutoria dictada en el toca R-376/2015, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexo Circuito el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, por lo que en acuerdo de siete de marzo del año actual se requirió su cumplimiento. En ese entendido, por oficio recibido el treinta de marzo de dos mil dieciséis la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, Dirección General para la atención de los delitos relacionados con servidores públicos, cuarta Mesa de Trámite remitió copia certificada de la resolución dictada el de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa 201/2014/DGSP, de la que se advierte que la autoridad responsable desahogó el trámite necesario en aquélla, y se pronunció respecto al ejercicio de la acción penal dentro de la mencionada averiguación previa AP-201/2014/DGSP, determinando que autorizó el No ejercicio de la acción penal en dicha indagatoria. Consecuentemente, mediante proveído de treinta y uno de marzo del año que transcurre (foja 156), se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo fue notificado el cuatro de abril de dos mil dieciséis a la última de las partes, por lo que el plazo concedido transcurrió del seis al ocho de abril de dos mil dieciséis, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto (foja 159). Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En consecuencia, del examen de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo, en virtud de que, tal como se requirió a la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, por resolución dictada el de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa 201/2014/DGSP, la autoridad responsable desahogó el trámite necesario en aquélla y se pronunció respecto al ejercicio de la acción penal dentro de la mencionada averiguación previa AP-201/2014/DGSP, determinando que autorizó el No ejercicio de la acción penal en dicha indagatoria. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, y 214 de la nueva Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese este asunto como totalmente concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. En diverso aspecto, agréguense a los autos, únicamente para que obre como legalmente corresponda, copia simple del escrito signado por el quejoso Pedro Torres Arias y su autorizado Ricardo Lozano Cerón, pues aunque los antes nombrados tienen la calidad citada en el presente expediente, del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciséis que deseche algún recurso de reclamación del impetrante. Aunado a lo anterior, aunque el ocursante refiere que dicha promoción se encuentra dirigida al expediente en que se actúa, después de haber realizado la investigación correspondiente, se advierte que los datos asentados en dicho comunicado no pertenecen a los registros de este juzgado federal, pues como se desprende del contenido de la impresión certificada de la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), correspondiente al número de expediente único nacional 18668245, concierne al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito conocer del recurso de reclamación 5/2016, el cual se desechó por auto de nueve de marzo de dos mil dieciséis, datos que coinciden con los indicados en el escrito de cuenta. Consecuentemente, remítase el escrito de cuenta a dicho órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Tiene aplicación al caso la tesis I.1o.A.14 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

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