Pedro Toribio Martínez
Expediente 1248/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1248/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Pedro Toribio Martínez
Actuaciones
- Principal
... se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo en cita, se declara que ha causado estado el referido auto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 de la ley de la materia, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se desechó la demanda de amparo que lo originó, de conformidad con la fracción I del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de destrucción...
- Principal
... Xalapa Enríquez, Veracruz, treinta y uno de julio de dos mil quince. Vista; la demanda de garantías promovida por Pedro Toribio Martínez, Vicente Martínez Sánchez, Isabel Argüelles Osorio, Germán Martínez Bautista, Octavio Antonio Reyes y Eduardo Martínez Flores, en su carácter de Presidente, Síndico Único, Regidores Primero, Segundo, Tercero y Sexto respectivamente, del Ayuntamiento Constitucional de Chicontepec, Veracruz, contra actos del Congreso del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 1248/2015. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado el siguiente: "A).- Ordenadoras.- el acuerdo de fecha 25 de junio del año 2015 que contiene la ilegal e inconstitucional multa de quinientos días de salario mínimo vigente impuesta a los suscritos quejosos como ciudadanos y la cual deberá ser cubierta de manera inmediata a la Tesorería del Estado de Veracruz, multa decretada sin fundamentación ni motivación alguna derivada de la sentencia emitida por el pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en las expedientes SER-PSD-225/2015 y SER-PSD-228/2015 acumulados, mismo que quedo notificado en fecha 15 de julio del año 2015. B).- Ejecutora:- De la segunda autoridad señalada como ejecutora, le reclamo la ejecución de dicha orden emitida por la señalada como responsable ordenadora de hacer efectiva la ilegal e inconstitucional multa." De la transcripción anterior, así como de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado lo constituye esencialmente el acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, dictado por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual se impone a los aquí quejosos, una multa de quinientos días de salario mínimo vigente, ello, en cumplimiento a la sentencia emitida en los expedientes SER-PSD/225/2015 y SER-PSD-228/2015 acumulados, del índice de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Se hace necesario transcribir los artículos 61, fracción IV y 62, de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En ese orden de ideas, es evidente que el acuerdo emitido el veinticinco de junio de dos mil quince, por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia emitida dentro del expediente SER-PSD/225/2015 y acumulado SER-PSD-228/2015, del índice de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es improcedente, pues la imposición de la multa consistente en quinientos días de salario mínimo general vigente, que por esta vía reclaman, no proviene de una autoridad exactora o hacendaria, circunstancia que haría probable la procedencia del juicio de amparo; pero en el caso particular la sanción deriva directamente de una sentencia emitida por la citada Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que hace improcedente por disposición de ley el juicio de amparo, pues como se dijo, no procede contra resoluciones dictadas por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción IV de la Nueva Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción IV, del artículo 61 de la Nueva Ley de Amparo En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la citada Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Las tesis a que se hace alusión, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación tal, que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, y por autorizado en los términos restrictivos que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Genaro Armenta Tenorio y Víctor Bulmaro Hernández Flores, toda vez que como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, no tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente, por así haberlo señalado expresamente en su demanda. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria que autoriza y da fe.
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