Pedro Tomas Lopez Rodriguez

Expediente 378/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
378/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Pedro Tomas Lopez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA VIII. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la determinación de nueve de agosto del año en curso, sin que lo hubiesen hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. (...)

  2. Principal

    MESA VIII. Se sobresee fuera de audiencia.

  3. Principal

    MESA VIII. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese a los autos, el oficio signado por la autoridad ministerial responsable, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento de veintinueve de julio pasado y remite el resultado de la diligencia de veintiséis de julio del año en curso. Ahora bien, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: a) La omisión de dar respuesta al escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que se señalara fecha y hora para que el asesor jurídico se impusiera de los registros que integran la carpeta de investigación. Atribuida al Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación 5 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, de la Fiscalía General de la República. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA La improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad, al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Ahora, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la Ley de Amparo, consistente en "Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, para que se actualice, se requiere de lo siguiente: a) Desde luego, de un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; d) De una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, ha sustentado que para su configuración, no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tomo XCIX, visible en la página 2443, de epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De igual forma, la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, Tomo LXXXIX, visible en la página 731, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". En el caso, la Agente del Ministerio Público de la Federación, en auxilio de la Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros Número Cinco, en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, de la Fiscalía General de la República, al rendir informe justificado, negó el acto reclamado, pues precisó que mediante oficio UEIDFF-5-434/2022 de quince de junio de dos mil veintidós, dio contestación a la petición del quejoso formulada mediante escrito de once de marzo pasado, en la que solicitó lo siguiente: ".solicito tenga a bien señalar fecha y hora a efecto de que el suscrito se imponga de los registros que integran la carpeta con el objeto de proponer datos de prueba pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, que se repare el daño y que el culpable no quede impune". Ahora bien, del diverso UEIDFF-5-434/2022 de quince de junio del año en curso, se advierte que la representación social acordó lo siguiente: "(.) Se le hace del conocimiento que su escrito ha sido agregado a la carpeta de investigación y se tienen por realizadas sus manifestaciones para que sean tomadas en consideración así mismo se enuncian los registros de investigación que resultan medulares en el presente acuerdo. Así mismo se hace de su conocimiento que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de la Dirección General de Delitos y Sanciones de emitió Opinión de Delito en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo anterior y a efecto de que manifiesto lo que su interés convenga, y a fin de no violentar derechos humanos, se solicita comparezca con la suscrita el próximo martes 26 de julio de 2022, a las 10:00 horas, cabe señalar que para el desahogo de la diligencia deberá presentar identificación oficial vigente y podrá asistir de un asesor jurídico, quien deberá ser licenciado en derecho. (sic) (.)" Por otra parte, de la diligencia efectuada el veintiséis de julio pasado, se desprende que el quejoso compareció ante la autoridad responsable junto con su asesor jurídico, en la cual, se le permitió la consulta de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CDMX/0002068/2021. Lo cual se acredita con las constancias que remitió la autoridad responsable; documentales que merecen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, resulta indudable que los efectos del acto reclamado por la parte quejosa desaparecieron y ha cesado en sus efectos, por lo cual se concluye que se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues se restituyó al justiciable en el pleno goce del derecho de petición que adujo violado, dado que obtuvo una respuesta favorable de la autoridad responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en concordancia con la diversa fracción XXI del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio, puesto que la aludid causal el manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Asimismo es aplicable la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes."

  4. Principal

    MESA VIII. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, precisó que mediante oficio UEIDFF-5-434/2022, dio respuesta a la petición formulado por el quejoso (cuya falta de contestación constituye el acto reclamado); asimismo, que lo citó a comparecer el veintiséis de julio pasado. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la ley de la materia, requiérase a la autoridad ministerial responsable para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de esta determinación, informe el resultado de la referida diligencia, para lo cual tendrá que remitir copia certificada o auténtica de las constancias correspondientes. (...) En el entendido que de no hacerlo o de no informar el impedimento legal que para ese efecto tenga, se hará efectivo el apercibimiento con que se le conminó en autos.

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