Pedro Tolentino Gatica

Expediente 505/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
505/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Pedro Tolentino Gatica

Actuaciones

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído en que se desechó la demanda de garantías, promovida por Pedro Tolentino Gatica, por su propio derecho. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase al promovente del amparo, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los discos ópticos que exhibió en el presente juicio de amparo. En el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...

  2. Principal

    I. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el aviso de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de veintitrés del citado mes y año (enero de dos mil diecinueve), que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído en que se desechó la demanda de garantías, promovida por Pedro Tolentino Gatica, por su propio derecho. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase al promovente del amparo, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los discos ópticos que exhibió en el presente juicio de amparo. En el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Téngase por recibido el oficio OCC/C11/JDM/291/2018, suscrito por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común B, de los Juzgado de Distrito con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo 484/2018; comunicado del que se advierte que el veintisiete de septiembre de la presente anualidad, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dicho tribunal determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver la demanda de garantías que lo originó y ordenó remitirla a éste Juzgado de Distrito. Lo anterior, en razón de que, el citado Órgano Jurisdiccional, determinó carecer de competencia legal para conocer de la referida demanda de garantías, toda vez que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 49, de la Ley de Amparo Consecuentemente, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, asume el conocimiento de la presente demanda de garantías. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 505/2018-I. Ahora, apreciada íntegramente el contenido de la demanda de garantías, se estima que debe desecharse de plano al existir motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en razón de que se encuentra en trámite diversa demanda de garantías promovida por el mismo quejoso, en contra de la misma autoridad responsable e igual acto reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo, indica que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría, la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En efecto, la causa de improcedencia contenida en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible a foja 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio". Asimismo, el término "litispendencia", se define como la existencia de algún otro juicio pendiente de resolver, y se actualiza cuando un Juez conoce ya del mismo negocio. De igual forma, la palabra "mismo" exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que intervienen las partes. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en: "A. Del C. GENERAL SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL; reclamo el ilegal e inconstitucional acuerdo número 54880 de fecha diecisiete de junio del dos mil diecisiete, en el que ordeno a la Dirección General de Justicia Militar se me iniciará tramite de retiro por padecer Epilepsia, así como la inconstitucionalidad de los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en cuanto hace al refrendo, firma y aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. B. C. DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR; reclamo las ilegales e inconstitucionales: declaración provisional de retiro que emitió en fecha cuatro de febrero del dos mil quince mediante oficio número SGB-III-20945 y declaración definitiva de retiro en fecha dieciocho de enero del dos mil dieciocho contenida en oficio número SGB-III-1024, ambas por que el suscrito padece EPILEPSIA ANEXO 2 Y 3; así como la aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. C. La H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, reclamo la resolución provisional emitida el siete de marzo del dos mil dieciocho dentro del expediente 379335, en la que resuelve concederme por seis años y veintidós días de servicio efectivos y estar incapacitado para el Servicio activo de las armas (Epilepsia), una compensación con cuota única de $42,639.03 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100) ANEXO 4 y la resolución definitiva emitida el veintidós de mayo del dos mil dieciocho dentro del expediente 379335, en la que resuelve concederme por seis años, tres meses y ocho días de servicio efectivos y estar incapacitado para el servicio activo de las armas (Epilepsia), una compensación con cuota única de $42,639.03 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) ANEXO 5; así como la aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. D. La DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA, le reclamo la emisión del mensaje F.C.A. No. SAMR-18952 de fecha catorce de septiembre del dos mil dieciocho, documento con el cual, el comandante del 82/o Batallón de Infantería, me comunico el oficio número 11221 de fecha dieciséis de septiembre del dos mil dieciocho, haciendo de mi conocimiento que con fecha quince de septiembre del dos mil dieciocho cause baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y alta en situación de Retiro, ANEXO 6; así como la aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 24, fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. E. COMANDANTE DEL 82/o BATALLÓN DE INFANTERÍA. le reclamo la ejecución del acto de autoridad emitido en oficio número 11221 de fecha dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho haciendo de mi conocimiento que con fecha quince de septiembre del dos mil dieciocho cause baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y alta en situación de retiro, mismo que emitió la DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA en mensaje F.C.A. No. SAMR-18952 de fecha catorce de septiembre del dos mil dieciocho. F. La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, le reclamo el cumplimiento que le dé a las órdenes de baja que emita la Dirección General de Infantería, con las cuales me dejará de pagar las percepciones ordinarias y extraordinarias que conforme a mi empleo me corresponden; así como la aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. G. La DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, le reclamo el cumplimiento que le dé a las órdenes de baja que emita la Dirección General de Infantería, con las cuales me dejará de considerar como miembro activo del Instituto Armado y con ello me quitará los beneficios de Seguridad Social que a mi favor establece la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas incluyendo el servicio médico integral; así como la aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. H. El H. CONGRESO DE LA UNIÓN, reclamo por vicios propios la inconstitucionalidad de los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicana en cuanto hace a la aprobación y expedición de los citados Preceptos. I. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, le reclamo por vicios propios la inconstitucionalidad de los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en cuanto hace a la aprobación, promulgación y publicación de los mismos. J. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 24, fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en cuanto hace el refrendo, firma y aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra, que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia." Ahora, del diverso juicio de amparo 478/2018-III, del índice de éste órgano jurisdiccional, se desprende que el veinticinco de septiembre del año en curso, Pedro Tolentino Gatica, promovió demanda de amparo, en la que reclamó: "A. Del C. GENERAL SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL; reclamo el ilegal e inconstitucional acuerdo número 54880 de fecha diecisiete de junio del dos mil diecisiete, en el que ordeno a la Dirección General de Justicia Militar se me iniciará tramite de retiro por padecer Epilepsia, así como la inconstitucionalidad de los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en cuanto hace al refrendo, firma y aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. B. C. DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR; reclamo las ilegales e inconstitucionales: declaración provisional de retiro que emitió en fecha cuatro de febrero del dos mil quince mediante oficio número SGB-III-20945 y declaración definitiva de retiro en fecha dieciocho de enero del dos mil dieciocho contenida en oficio número SGB-III-1024, ambas por que el suscrito padece EPILEPSIA ANEXO 2 Y 3; así como la aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. C. La H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, reclamo la resolución provisional emitida el siete de marzo del dos mil dieciocho dentro del expediente 379335, en la que resuelve concederme por seis años y veintidós días de servicio efectivos y estar incapacitado para el Servicio activo de las armas (Epilepsia), una compensación con cuota única de $42,639.03 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100) ANEXO 4 y la resolución definitiva emitida el veintidós de mayo del dos mil dieciocho dentro del expediente 379335, en la que resuelve concederme por seis años, tres meses y ocho días de servicio efectivos y estar incapacitado para el servicio activo de las armas (Epilepsia), una compensación con cuota única de $42,639.03 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) ANEXO 5; así como la aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. D. La DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA, le reclamo la emisión del mensaje F.C.A. No. SAMR-18952 de fecha catorce de septiembre del dos mil dieciocho, documento con el cual, el comandante del 82/o Batallón de Infantería, me comunico el oficio número 11221 de fecha dieciséis de septiembre del dos mil dieciocho, haciendo de mi conocimiento que con fecha quince de septiembre del dos mil dieciocho cause baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y alta en situación de Retiro, ANEXO 6; así como la aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 24, fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. E. COMANDANTE DEL 82/o BATALLÓN DE INFANTERÍA. le reclamo la ejecución del acto de autoridad emitido en oficio número 11221 de fecha dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho haciendo de mi conocimiento que con fecha quince de septiembre del dos mil dieciocho cause baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y alta en situación de retiro, mismo que emitió la DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA en mensaje F.C.A. No. SAMR-18952 de fecha catorce de septiembre del dos mil dieciocho. F. La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, le reclamo el cumplimiento que le dé a las órdenes de baja que emita la Dirección General de Infantería, con las cuales me dejará de pagar las percepciones ordinarias y extraordinarias que conforme a mi empleo me corresponden; así como la aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. G. La DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, le reclamo el cumplimiento que le dé a las órdenes de baja que emita la Dirección General de Infantería, con las cuales me dejará de considerar como miembro activo del Instituto Armado y con ello me quitará los beneficios de Seguridad Social que a mi favor establece la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas incluyendo el servicio médico integral; así como la aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia. H. El H. CONGRESO DE LA UNIÓN, reclamo por vicios propios la inconstitucionalidad de los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicana en cuanto hace a la aprobación y expedición de los citados Preceptos. I. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, le reclamo por vicios propios la inconstitucionalidad de los artículos 24 fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en cuanto hace a la aprobación, promulgación y publicación de los mismos. J. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 24, fracción IV y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en cuanto hace el refrendo, firma y aplicación de todas y cada una de las disposiciones legales que se aplicaron al suscrito en diferentes actos de autoridad emitidos en mi contra, que dieron lugar a que causara baja del servicio activo de las armas por padecer Epilepsia." Por consiguiente, se advierte de forma manifiesta que el juicio de amparo que ahora promueve (505/2018-I), es improcedente, si se considera que en él reclama los mismos actos que en el diverso juicio de amparo 478/2018-III. De igual manera, de las copias simples del referido juicio de garantías, se obtiene que ese procedimiento constitucional, se encuentra en trámite, pues el veinticinco de septiembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda, señalándose las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional, encontrándose pendiente de integrar; lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, que incide de manera determinante para argumentar en los términos del presente proveído; apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Por lo que, se advierte de forma manifiesta que el juicio de amparo que ahora promueve Pedro Tolentino Gatica, es improcedente, si se considera que en él reclama los mismos actos que atribuye a iguales autoridades responsables, respecto del cual se tramita el diverso juicio de amparo 478/2018-III del índice de este juzgado, el que actualmente se encuentra en trámite. Por todo lo anterior, es indudable que la demanda de amparo que origina el presente juicio de garantías es notoriamente improcedente, por lo que corresponde a los actos reclamados que anteceden, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apoyo en el referido precepto 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha, por manifiesta e indudable improcedencia la demanda de garantías promovida por Pedro Tolentino Gatica. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, el ubicado en la calle Nicolás Bravo número 225, colonia San Francisco, en esta ciudad. De igual forma, se tiene como persona autorizada para oír y recibir notificaciones con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Iris Karina Torres Vallejo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que la acredita como licenciada en derecho. Y únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del citado precepto legal, a Carime y María Guadalupe, ambas de apellidos Cruz Juárez y Sabelio Ramírez Soto, toda vez que así lo solicita. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa...

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